Acuerdo entre ERC y el PSC para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2024. Después de semanas de discretas negociaciones, ambas formaciones reeditan el pacto de 2023 a la espera de que los republicanos logren también el visto bueno de En Comú Podem, necesario para sumar mayoría. El president Pere Aragonès y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, se verán a las 16.00 para poner su firma al acuerdo.

Si el año pasado fueron los comuns los que cerraron primero un acuerdo con la formación del president Pere Aragonès y luego se sumó el PSC, en el que fue el primer gran gesto de ruptura de bloques entre formaciones enfrentadas por el procés, esta vez serán los morados los que cierren la mayoría. No será sencillo, puesto que una de sus líneas rojas es el veto al complejo de ocio Hard Rock, que los socialistas piden que se desencalle como condición para aprobar las cuentas del Govern de Pere Aragonès. 

De hecho, la presidenta del grupo de En Comú Podem, Jessica Albiach, ya ha dejado claro que su partido no votará a favor de los presupuestos hasta que el Govern descarte definitivamente el plan urbanístico del macrocasino. “Es una condición indispensable para iniciar las negociaciones”, ha dicho Albiach, que ha apuntado que, hasta ahora, sólo están “en conversaciones” y que el acuerdo “todavía está muy lejos”.

Por su parte, Illa ha comparecido en el Parlament para presentar los detalles del pacto y ha defendido que su formación demuestra así que no se recrea “en las dificultades”, sino que apuesta por dar herramientas al ejecutivo para que pueda gobernar. “No somos partidarios de complicar la situación todavía más privando a la ciudadanía de recursos para hacer frente a la sequía o a la mejora de la calidad de la educación”, ha reivindicado el socialista, que ha hecho un llamamiento a las demás formaciones para que contribuyan a hacer realidad los presupuestos. “Le damos una pelota de gol [al Govern]. A ver si rematamos”, ha resumido el socialista. 

Sin mención al polémico Hard Rock

En las cuentas catalanas del año pasado destacaban los tres grandes proyectos económicos que los socialistas quisieron abanderar: el casino Hard Rock, avanzar en la “transformación” –así constaba textualmente– del Aeropuerto del Prat y completar la autovía B-40. En esta ocasión, no hay mención a ninguna de estas tres cuestiones en el documento pactado, pero Illa ha querido quitarle importancia y ha asegurado que no hacía falta incluirlo porque entiende que sus trámites siguen su curso. 

La ausencia del Hard Rock la ha esgrimido el Govern con la vista ya puesta en convencer a los comuns. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha remarcado que el presupuesto no incluirá “ni un euro” para ese complejo de ocio proyectado en el Camp de Tarragona y que está pendiente de una evaluación ambiental. En el Govern saben que, sea como sea, la tramitación del proyecto sigue su curso, pero preguntada sobre ello, Vilagrà no ha querido responder. “Nada que añadir”, se ha limitado a afirmar.

Es precisamente eso lo que mantiene todavía lejos el 'sí' de los 'comuns', que requieren pruebas de que el Hard Rock no se va a llevar a cabo y, por eso, exigen que el Govern descarte el plan urbanístico antes de sentarse a negociar. “No tiene sentido dar más dinero para afrontar la sequía y tener un proyecto que gastaría 8 millones de litros de agua al día”, ha remachado Albiach.

Si el Govern no abandona el proyecto del Hard Rock, los 'comuns' no descartan presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos. “Ya saben lo que tienen que hacer para que no lo hagamos”, ha asegurado Albiach.

Prioridades en educación y vivienda

Las cuentas de 2024 prevén un aumento de 2.400 millones, un incremento del 6,3%, que incluiría unos 1.040 destinados a infraestructuras y ayudas para combatir la sequía. El documento consensuado por Govern y PSC, de 17 páginas, se centra en cuatro prioridades de los socialistas: educación, vivienda, seguridad y políticas de gestión del agua. Además, se le añade la intención de alcanzar el 25% de la inversión de Salud para atención primaria, una demanda histórica del sector.

En materia educativa, el presupuesto será de 7.435 millones de euros, un incremento del 10% respecto a 2023, con partidas como 35 millones para ofrecer más recursos para la educación inclusiva, 25 para equiparar salarios de la concertada y la pública y 50 millones para las medidas que salgan del Grupo de Impulso de Mejoras Educativas.

El PSC ha logrado también el compromiso de crear 25 unidades judiciales nuevas para descongestionar los juzgados, y para dar continuidad, según ha defendido Illa, a la ampliación de agentes de Mossos d’Esquadra pactada en cuentas anteriores. También ha hecho énfasis el primer secretario del PSC en las políticas de lucha contra sequía. Si Aragonès prometió 1.040 millones de euros para este fin, Illa ha concretado que 120 irán a subvenciones para entes locales y 86 para mejoras en el riego agrícola. 

En cuanto a la vivienda, aseguran que el pacto permitirá incorporar al parque de vivienda asequible un total de 4.000 pisos durante 2024. El incremento saldría de la promoción de viviendas nuevas por parte del Incasòl (424), la compra a grandes propietarios o la financiación para promocionar 2.350 pisos a través de operadores públicos y sociales.

El Govern celebrará el miércoles un Consejo Ejecutivo extraordinario para aprobar los presupuestos y llevarlos a tramitación del Parlament. Vilagrà ha insistido en que las cuentas deben aprobarse con el mínimo tiempo posible para aplicar las partidas. Así, los presupuestos podrían entrar en vigor en abril, según cálculos del propio ejecutivo.

Republicanos y socialistas estrechan de esta forma unos lazos que van más allá de la Plaza Sant Jaume de Barcelona, y que esperan que tenga efectos de cara a las cuentas del Gobierno central. De hecho, ambas formaciones han protagonizado recientemente el deshielo de sus relaciones en el Ayuntamiento de la capital catalana, donde ERC ha apoyado los presupuestos del gobierno de Jaume Collboni. 

Si Aragonès logra la mayoría parlamentaria para las cuentas, serán las terceras consecutivas que saque adelante el president (las de 2022 las aprobó con Junts, todavía en el Govern, y los comuns). Ello le daría a su Ejecutivo un balón de oxígeno casi definitivo para completar la legislatura. 

La ruptura de Podemos con Sumar se tradujo el martes en el paso de los cinco diputados del partido de Ione Belarra al Grupo Mixto. El objetivo del movimiento es según sus líderes recuperar la autonomía política y abrir un escenario nuevo con nuevas alianzas en el próximo ciclo electoral. Su líder Ione Belarra llegó a decir esta semana que su fin es recuperar el liderazgo en el espacio político a la izquierda del PSOE.

Precisamente a raíz de las discrepancias internas surgidas por la relación que debe mantener la formación fundada por Pablo Iglesias con el proyecto de Yolanda Díaz, que se remontan meses atrás, esta misma semana se produjeron además nuevas salidas del partido de importantes dirigentes, que se suman a las dimisiones que llevan produciéndose gota a gota desde hace tiempo.

El martes, apenas unas horas antes de que el portavoz de Podemos Javier Sánchez Serna anunciara en el Congreso que Podemos se desligaba de Sumar, Jesús Santos, vicealcalde de Alcorcón y hasta ese momento líder del partido en la Comunidad de Madrid, explicaba en una dura carta por qué había decidido dejar la formación en la que lleva militando el último lustro. Ese mismo día por la tarde se conocía que Jéssica Albiach, la líder de los comuns, también había dejado Podemos una semana antes. Dos de los pesos pesados de la formación en Madrid y Barcelona lo dejan pero no son los únicos: Santos y Albiach son los últimos caídos de un partido sumido en una profunda crisis de resultados pero sobre todo a nivel interno.

“Con esta carta presento la dimisión de todas las responsabilidades en Podemos y confirmo que abandono el proyecto morado”, escribió Santos en la carta que hizo pública en X, la antigua Twitter. Santos, que hasta esta semana era el principal cargo público que le quedaba a Podemos, señaló en su misiva sus “enormes diferencias” con el núcleo interno del partido y que los caminos entre la dirección de Ione Belarra y él son “diametralmente opuestos”.

En el texto quiso dejar claro que se ha producido un “choque total e incomprensible” entre Podemos y Sumar y que esa es la razón principal de su salida. “En vez de hacer valer su capital político para influir sobre el rumbo estratégico de esta nueva herramienta”, señaló, en alusión al proyecto de Yolanda Díaz, “la dirección de Podemos entendió este proceso como una competición por la propiedad del espacio”. Santos señala, como ejemplo de esas diferencias, que “la política” que él ha practicado en Alcorcón y “cómo lo han hecho ellos”, el equipo de Belarra, no tiene nada que ver.

Santos: “No creo que los espacios políticos 'preexistan'”

En opinión de Santos, “la negativa del núcleo morado a participar en Magariños [donde tuvo lugar el lanzamiento de Sumar] se hizo basándose en una profecía autocumplida que ha terminado con un choque total e incomprensible para la amplia mayoría de la población”. La persona a la que la organización designó en junio de 2020 para liderar el partido en Madrid se muestra tres años y medio después especialmente crítico con lo ocurrido en las últimas citas electorales. “Los resultados de esta línea política son reveladores, con un derrumbe tanto autonómico como municipal”, señala, en su carta. “Mi discrepancia principal radica en que no creo que los espacios políticos 'preexistan' a la voluntad del pueblo y que baste con ocuparlos, sino que es la gente, con su voto, la que acaba validando o rechazando las diferentes propuestas estratégicas y políticas”, escribe en su despedida.

Albiach, la presidenta del grupo En Comú Podem en el Parlament, también dejó de ser miembro de Podemos la semana pasada. A diferencia de Santos, ella no hizo un anuncio público de su salida que se produjo, según su equipo, para sortear el veto que la formación puso a la doble militancia, una situación que Albiach mantenía con naturalidad desde hace años, perteneciendo a la vez al espacio de los comuns y al de Podem Catalunya. De hecho, la marcha de Albiach del partido de Belarra la reveló el martes Conchi Abellán, secretaria general de Podem, en una entrevista en El Periódico.

Tras conocer la decisión del equipo de Belarra de romper con Sumar y marcharse al Grupo Mixto, los comuns se desmarcaron de Podemos reafirmando su compromiso con el proyecto de Yolanda Díaz. “Creemos firmemente que no es el momento de poner los intereses de partido o las siglas por encima de los de la ciudadanía”, señaló la ejecutiva del partido en una carta a las bases en la que afirma que la decisión de la dirección de Podemos les “decepciona profundamente”. 

Igual que hizo Sumar, la dirección de Catalunya en Comú consideró que la salida de Podemos del grupo parlamentario supone “incumplir” los acuerdos firmados con las demás fuerzas políticas de cara a las elecciones del 23J, así como una “falta de compromiso” hacia los 500.000 votantes que apostaron por la candidatura que en Catalunya encabezaba Aina Vidal y que quedó segunda, por detrás del PSC. “La decisión de Podemos supone también un incumplimiento de los acuerdos que con tanta generosidad alcanzamos en Catalunya, un hecho que nos entristece profundamente”, añadieron. 

Reacciones de Sotomayor y Jacinto

Los comuns reprochan a los cinco diputados de Podemos que no hayan abandonado la Cámara. “Más allá de razonamientos políticos, cuando alguien abandona un proyecto o rompe los acuerdos firmados, la respuesta coherente es devolver el acta de diputado o diputada para respetar la decisión de las urnas”, añadieron, en su carta. En realidad, la formación de Ada Colau siempre ha mantenido mejores relaciones con Yolanda Díaz que con Podemos, sobre todo desde que las discrepancias entre la vicepresidenta segunda y Belarra se hicieron insalvables.

Los últimos movimientos han generado reflexiones también dentro de Podemos protagonizadas por quienes han sido sus últimos referentes electorales. Roberto Sotomayor, que fue el candidato del partido a la Alcaldía de Madrid pero que no obtuvo representación en los comicios del 28M, reaccionó a la marcha de Santos alabando su gestión. “La política de las ”pequeñas cosas grandes nos acerca a lo que nunca tenemos que alejarnos. Y tú lo has sabido, y lo has hecho. Un parque, un instituto, un centro de salud, una biblioteca, una papelera, una farola... MUNICIPALISMO. El barrio, el municipio. Las personas“, escribió en X.

También hubo reacciones a la marcha de los diputados de Podemos al Grupo Mixto por parte de la que hasta hace poco fue la máxima referente del partido en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, que el 28M concurrió como candidata a la Presidencia de la región, tampoco obtuvo representación en la Asamblea y dejó el partido en octubre. “Hoy no es vicepresidente en nuestro país el fascista que se ha ido a felicitar a Netanyahu por su genocidio [en alusión al líder de Vox, Santiago Abascal], entre otras cosas, porque Sumar y Podemos fueron juntos a las elecciones”, sentenció en la antigua Twitter. 

En otro mensaje Jacinto, que abandonó Podemos hace unas semanas, remarcó que “juntas en julio es como se consiguió frenar un Gobierno de derecha y ultraderecha. A partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que tengo claro es que todas las decisiones deben estar guiadas por el bien común”.

Con todo, desde el equipo de Belarra se han esforzado en las últimas horas en defender su nueva estrategia al margen de Sumar. “Desde que nacimos hemos hecho lo posible para que este país avance en derechos sociales, en fortalecer los servicios públicos y en democratizar las instituciones. Eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el Parlamento, con voz propia”, aseguró este jueves la portavoz de Podemos Isa Serra, en declaraciones a ETB. “El mes pasado en Podemos tuvimos un debate que concluyó en un documento que definía nuestra autonomía y fue votado por 31.000 inscritos”, añadió.

“Se necesita en el Congreso de los Diputados una voz valiente y que diga las verdades. A partir de ahora podremos tener total libertad y autonomía para presentar iniciativas que mejoren sustancialmente la vida de la gente”, añadía, horas antes, el también portavoz y diputado de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, en Onda Cero.

“Una decisión difícil pero imprescindible”

El miércoles, aprovechando el acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso, la propia Belarra defendió la ruptura con Sumar. “Ha sido una decisión difícil pero imprescindible para cumplir con el mandato de la gente que cree en Podemos”, dijo. Su partido, añadió, “tiene que seguir siendo una herramienta útil para seguir transformando” el país. “Es muy evidente que necesitamos una voz que hable claro, alto y claro”, dijo, poniendo como ejemplo la situación de Oriente Medio. La adoptada por ella misma, agregó, fue una decisión que les habría gustado “no tener que tomar”. “Pero no nos ha quedado más remedio”, zanjó.

Belarra evitó responder por qué el paso al Grupo Mixto no ha sido consultado a la militancia. “Podemos ha pasado página, deja atrás un momento difícil”, se limitó a decir, antes de remarcar que el partido tiene “fuerzas renovadas para seguir abordando transformaciones” en España. Según desvelaron desde su partido, la propia Belarra se puso el martes en contacto con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para dejarle claro que su nuevo rumbo estratégico no afectará a la estabilidad del Gobierno progresista, al que Podemos tiene pensado seguir respaldando.

La sesión de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Parlament de Catalunya ha estado llena de momentos de tensión. Tras las protestas ultras organizadas frente a la sede del PSOE en Madrid, el diputado de Vox Ignacio Garriga ha hecho un discurso amenazador y lleno de reproches hacia los 'comuns', el PSC y el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Unas amenazas que han sido respondidas con aspavientos entre los diputados de estos partidos y con una peineta por parte de la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach.

“Hoy no le voy a hacer ninguna pregunta. Directamente le voy a hacer una advertencia”. Así ha empezado Garriga, dirigiéndose a Aragonès, su intervención en la sesión de control del Parlament. Ha acusado al president de ser el responsable de “la peor época de la historia de Catalunya”, repleta de “corrupción” y “falta de libertad”.

El de Vox también se ha dirigido a Salvador Illa, primer secretario del PSC, por ser “cómplice” de Aragonès. “El PSC ya no es el Partido Socialista, sino el Partido Separatista”, ha dicho Garriga a Illa, a quien ha amenzado asegurando: “Catalunya está en peligro. Han traicionado a millones de catalanes y pagarán por ello”.

Garriga también ha tenido palabras para los 'comuns', a quienes ha acusado de ser “comunistas hiperventilados” y ha amenazado con “defender el legado de nuestros abuelos en legítima defensa”, declaraciones que han sido respondidas con una peineta por parte de Albiach.

Esta afirmación ha sido en respuesta a la intervención previa de la líder de los 'comuns' en el Parlament, que ha empezado su comparecencia afirmando: “No pasarán, porque a pesar de su odio y su violencia, este país tendrá amnistía y un gobierno progresista”. Con estas palabras, Albiach ha hecho referencia a uno de los cánticos escuchados durante las manifestaciones ultras de estas últimas noches en Madrid, en que se aseguraba “sí pasaremos”.

“Catalunya y España son mejores que su fascismo”, ha añadido Albiach, quien también ha mostrado su apoyo a “las compañeras socialistas” por “los ataques que están sufriendo estas noches”.

Aragonès también ha salido en defensa de los diputados de los 'comuns' y del PSC, alertando de las “graves amenazas” proferidas por Garriga y ha apuntado que sus palabras “fuera de esta cámara parecerían el anuncio de un golpe de estado”

Rifirrafe de propuestas de declaración en el Parlament de Catalunya sobre la guerra en Oriente Medio. Este martes Junts y Ciudadanos presentaron sendos textos para apoyar a Israel, reafirmar su “derecho a defenderse” y condenar la actuación de Hamás. Pero En Comú Podem ha respondido con su propia iniciativa, en la que quiere que el Parlament condene, en pie de igualdad, tanto a Hamás como a Israel por su respuesta en Gaza, a la vez que rechaza los ataques contra la población civil palestina e israelí y llama a ambas partes a respetar las normas del derecho internacional humanitario.

Después de registrarse esos textos, que van en direcciones opuestas, los grupos en el Parlament de Catalunya negocian ahora una síntesis que pueda reflejar las posturas de la mayoría de ellos. Las declaraciones de la Junta de Portavoces se aprueban por mayoría simple. A la vez, Junts ha retirado la moción que había presentado el pasado 9 de octubre, justo después de los ataques de Hamás en territorio Israelí, y que debía debatirse la próxima semana. La idea es que todo se substancie en la propia declaración de la Junta, que podría aprobarse antes del debate sobre la moción.

La propuesta de Junts reclama al Parlament una condena “sobre el ataque terrorista de Hamás perpetuado en territorio israelí” al tiempo que reclama al grupo que una “liberación inmediata de los rehenes sin condiciones previas”. “El Parlament reconoce el derecho de Israel a defenderse de esos ataques indiscriminados dentro de los límites que marcan el derecho humanitario y los tratados internacionales”, propone el texto, avanzado por Nació Digital, que también llama a “garantizar la atención humanitaria” a la población civil de Gaza.

Por su parte, el texto de los comuns al que ha tenido acceso este diario, “condena la violencia y los ataques contra la población civil en Israel y Palestina y hace un llamamiento al cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario”. Asimismo, el texto de En Comú Podem “rechaza los ataques atroces que ha lanzado Hamás contra la población civil israelí, así como la represalia masiva e indiscriminada sobre la población civil de Gaza, que supone un intento de exterminio y genocidio contra la población palestina, generando miles de muertes y heridos, y manteniendo a más de dos millones de personas sin acceso a luz, agua y ayuda humanitaria”.

Los comuns reclaman además “un alto al fuego que garantice la protección de la población civil con la liberación de todos los rehenes, el cese de los ataques armados, los cortes de suministros y los bombardeos en Gaza”, piden que la UE y la comunidad internacional impulse la negociación, y exige que Europa suspenda la venta de armas a Israel, al considerar que incumple la normativa internacional.

Sumar ya tiene avanzada su propuesta sobre la ley de amnistía. La formación pretende que se perdonen penalmente “todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Catalunya tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley”, según ha avanzado El Periódico y han confirmado a este diario fuentes conocedoras de la propuesta. Sumar ha enviado el borrador a Junts, que ha asegurado este viernes que lo estudiará.

En paralelo, la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, presentará el próximo martes en un acto en Barcelona un informe jurídico sobre la constitucionalidad de la amnistía para los encausados del procés, la medida que se ha convertido en el nudo de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez. Díaz, de visita a la capital catalana, ha anunciado en una entrevista en TVE que se tratará de un documento elaborado por un equipo de juristas que han recibido el encargo de su espacio político, liderado por Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Los autores del informe son un grupo de profesores y expertos en derecho penal. Según sus impulsores, esta iniciativa contribuirá a “clarificar el debate sobre la amnistía”. “Es un paso necesario para culminar el camino de la desjudicialización del conflicto político entre Catalunya y España que se inició con los indultos y la reforma del código penal”, apuntan fuentes del espacio político.

Díaz regresará así a Barcelona después de una intensa agenda en la ciudad esta misma semana, con reuniones con sindicatos y patronales, y lo hará para poner sobre la mesa la argumentación jurídica en la que viene trabajando su plataforma política para avalar una ley de amnistía. El documento técnico para “abordar” la medida se presentará en un acto en el Ateneo Barcelonés organizado por Sumar y por En Comú Podem, y que estará encabezado por Díaz y por Jaume Asens, el exdiputado morado que sirve de interlocutor con Junts y quien ha coordinado la elaboración del texto, según fuentes de los comuns.

Desde que las elecciones del 23J dejaron la presidencia de Sánchez en manos de los partidos independentistas, y en especial del Junts de Carles Puigdemont, Díaz ha tratado de interceder para facilitar las conversaciones. El mayor ejemplo de ello fue su viaje a Bruselas para reunirse con el expresident de la Generalitat, así como el papel desempeñado por Asens como interlocutor. Ahora, Sumar va un paso más allá y detallará su idea de cómo debe ser la ley de amnistía para que encaje en la Constitución. 

En paralelo, Sumar sigue negociando con el PSOE los términos de la reedición del acuerdo de Gobierno. Durante sus encuentros con sindicatos y patronal esta semana, Díaz ha manifestado que espera poder cerrar un acuerdo de gobierno con el PSOE este mismo mes. 

“Yo quiero alentar la esperanza y creo que el acuerdo es factible”, ha insistido en la entrevista en TVE. “En campaña electoral la puesta en escena era que el PSOE y Sumar transmitíamos que caminábamos juntos, y esto es lo que estamos haciendo en una negociación que es muy compleja, en la que hay muchas partes y en la que trabajamos todos para que salga bien”, ha recalcado la vicepresidenta. 

En cuanto a las carteras ministeriales, ha planteado que hay que llegar antes a un acuerdo. Por lo que ha asegurado que ni el equipo de Sánchez ni el suyo están hablando actualmente del reparto de cargos. 

Por otra parte, la también ministra de Trabajo en funciones ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya estado llamando a participar en la manifestación del domingo en Barcelona que ha convocado a Sociedad Civil Catalana contra la amnistía y la autodeterminación en Barcelona. “Quien quiera manifestarse, mientras no sea de forma violenta, puede hacerlo, por supuesto. Pero a mí nunca me verán incendiando una parte contra la otra. Si yo alentara como ministra una manifestación, no quiero pensar en lo que pasaría. Hay presidentes y presidentes que llaman a la manifestación y no pasa nada”, ha criticado.

El secretario primero de la Mesa del Congreso y representante de los comuns en ese órgano en la última legislatura, Gerardo Pisarello, defiende una amnistía para desbloquear la situación política en Catalunya y también para asegurar una mayoría progresista en la investidura. En una tribuna que publica elDiario.es, Pisarello, diputado electo de Sumar, considera que el Estado debe “renunciar a la persecución criminal” del independentismo para plantear una “alternativa de futuro”.

“Después del 23 de julio, hay una mayoría parlamentaria que está en condiciones propicias para poner en marcha este tipo de medidas de desjudicialización y de desbloqueo institucional”, asegura el número dos de Sumar En Comú Podem, quien recuerda que su formación ya defendió en marzo de 2021 desde la Mesa admitir a trámite la proposición de ley de amnistía, que acabó siendo bloqueada.

Pisarello entiende que, pese a ese antecedente, en este momento sí se dan las condiciones para volver a plantear esta vía, que ha sido defendida como plenamente constitucional por diversos expertos jurídicos como el expresidente del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol, también Javier Pérez Royo desde este mismo diario o José Antonio Martín Pallín, también en una tribuna en elDiario.es, entre otros, aunque también existen expertos juristas que han expresado sus dudas.

La amnistía es, para Pisarello, un paso lógico tras los indultos a los políticos independentistas condenados. Una medida que, a juicio del miembro de Catalunya en Comú, no supondría el olvido político del pasado, sino “renunciar a una lógica punitiva que ha impedido repensar ese pasado con libertad, aprendiendo de los errores, y planteando nuevas alternativas de futuro”.  

La amnistía es una de las reivindicaciones que el independentismo y también sectores soberanistas catalanes han defendido desde el inicio de la causa penal en octubre de 2017 y que ahora afectaría a decenas de altos cargos y numerosos activistas pendientes de juicio. Los comuns además fueron los impulsores de la reforma del Código Penal que derogó la sedición, una formula propuesta por el exdiputado Jaume Asens que la mayoría progresista y el Gobierno de Pedro Sánchez acabó haciendo suya la pasada legislatura.

Sin cese de hostilidades a la vista. Este es el estado de la confrontación abierta en Catalunya entre ERC y los comuns de cara a las elecciones generales. Dos partidos habituados a cooperar en el Parlament, el Congreso y el Ayuntamiento de Barcelona (al menos la pasada legislatura) pero que han agudizado los ataques en vísperas de los comicios del 23 de julio debido a la pugna por los votantes que dudan entre ambas papeletas.

A doce días de las elecciones generales, no hay jornada en que las fuerzas de izquierda en Catalunya no se hayan atizado, lo que no impide que reconozcan que deberán repetir colaboración en el Congreso para evitar un Gobierno PP y Vox. A los reproches cruzados entre ERC y comuns se ha sumado la CUP, con críticas a ambas formaciones, mientras el PSC lo mira desde la barrera, instalado en la primera posición de los sondeos y centrado en movilizar y aglutinar al votante progresista más que en la confrontación con las fuerzas a su izquierda.

En línea con las críticas que ya había vertido durante la legislatura –las negociaciones por la reforma laboral dejaron maltrechas las relaciones entre ambas formaciones–, el candidato de ERC, Gabriel Rufián, ha pasado la primera parte de la campaña centrado en Yolanda Díaz. De la vicepresidenta ha dicho que le da más miedo que el líder de Vox, Santiago Abascal. También ha considerado que “votar a Sumar es votar a una mentira piadosa”.

Las discrepancias no son solo entre cabezas de cartel, sino también sobre los proyectos y políticas que proponen ambas formaciones. Los comuns empezaron la semana con una enmienda a la principal apuesta de ERC la pasada legislatura, la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno. La cabeza de lista de En Comú, Aina Vidal, abogó por añadir carpetas de infraestructuras y económicas a la mesa, lo que fue censurado con contundencia por la exconsellera Teresa Jordà, número dos de Rufián el 23J.

ERC y comuns se tantean y buscan el flanco débil del adversario. Las formaciones lo vinculan a que en estas elecciones tanto las encuestas que se han publicado en los medios como las que manejan internamente los partidos desde hace meses identifican a votantes indecisos entre ambas opciones y una bolsa importante de votos 'de frontera' entre los dos.

Los republicanos buscan en especial frenar las eventuales fugas de sus votantes más izquierdistas en los comicios al Parlament que ven con mejores ojos la papeleta de Sumar en el Congreso. Fuentes de ERC resaltan que han sido los propios comuns los que han evidenciado que son un proyecto “sucursalista” con sus vaivenes sobre si el referéndum en Catalunya debía ser sobre el acuerdo de la mesa de diálogo o una consulta de autodeterminación al uso.

“No nos han sorprendido para nada los ataques de Rufián”, sintetizan fuentes de los comuns, que recuerdan que el cabeza de lista de los republicanos ya protagonizó críticas similares hacia los anteriores líderes del espacio de En Comú, Jaume Asens y Xavier Domènech, lo que no impidió que luego colaboraran en el Congreso.

Sí ven los comuns una mayor intensidad y fijación de Rufián en Yolanda Díaz que con sus antiguos candidatos, algo que el cabeza de lista de ERC desmintió en una entrevista con elDiario.es. El jefe de filas republicanas en el Congreso remarcó que no tiene ningún “problema personal” con la vicepresidenta y ministra de Trabajo y que sus críticas simplemente forman parte de la “confrontación política”.

Pero los comuns lo consideran un poco más grave. De ahí que su respuesta también haya sido más contundente. La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en parecidos términos que el candidato de ERC, también echó mano de la ultraderecha el pasado domingo para replicar al republicano: “Señores tan diferentes como Rufián o Abascal dicen que Yolanda Díaz es peligrosa. Estos 'señoros' no han hecho nada para mejorar la vida de la gente”.

Desde los comuns enmarcan la contundencia de Colau en parar los pies a Rufián como “una forma de decir que 'ya basta'”. Con todo, en el partido aliado de Sumar ven que la confrontación tiene fecha de caducidad en el final de la campaña. “Nos tendremos que seguir entendiendo en el Parlament, donde les hemos aprobado a ERC los Presupuestos, también en el Congreso y ojalá que en el Ayuntamiento de Barcelona”, expresan.

“En el Parlament hemos tenido cierta sintonía, pero en el Congreso y en Barcelona es diferente, para empezar porque los comuns todavía nos tienen que explicar sus dos 'pactos de la vergüenza' con la derecha, en 2019 con Manuel Valls y en 2023 con el PP”, replican fuentes de ERC.

Termine como termine la pugna entre republicanos y comuns el 23J, ningún sondeo indica que los dos partidos estén en disposición de arrebatar el primer puesto al PSC, que más de una década después tiene todas las de volver a ganar unas generales en Catalunya tras las victorias de En Comú en 2015 y de ERC en 2019.

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Jaume Asens ha anunciado este viernes que abandona la política y no liderará la lista de los comuns el 23J. De esta forma, Aina Vidal encabezará la lista de los comuns para las próximas Elecciones Generales. Aunque el nombre de ambos había sonado como posible ticket para las posiciones de salida, tal como ocurrió en el año 2019, Asens finalmente ha decidido no continuar para facilitar un relevo de cargos, según ha explicado.

“Nadie es imprescindible”, ha asegurado Asens en una carta que ha distribuido. “Hay momentos en los que hace falta saber dar un paso al lado”. El diputado ha asegurado además que Aina Vidal es una mujer a la que admira. “No hay nadie en esta organización que se haya dejado la piel más que ella”, afirma, por lo que asegura que es “la mejor candidata”.

En los últimos días, una parte de la formación defendía que Vidal debía acudir como número uno, a la inversa de lo que pasó en 2019. El máximo órgano del partido debía ratificar este mismo viernes las listas, en un Consejo Nacional en el que se preveía que podría haber habido un choque entre los partidarios de Asens y quienes apostaban por Vidal. Finalmente, el hasta ahora líder del espacio en el Congreso, ha optado por retirarse.

La propuesta de lista que presentará la dirección al Consejo Nacional incorpora otros nombres conocidos del espacio de los comuns. Como número dos acudirá Gerardo Pisarello, que también repite como diputado, seguido de Gala Pin, la exconcejal de Barcelona que dejó su cargo en 2019 y que ahora ha sido repescada. Tal y como avanzó este diario, Lilith Verstrynge irá en el número cuatro como cuota de Podemos, mientras que en el quinto lugar estará otro exconcejal de Barcelona, Eloi Badia. La exalcaldesa de Castelldefels, Candela López, ocupará el sexto lugar de la candidatura.

En la formación se ha especulado largamente sobre el primer puesto. El nombre de Ada Colau figuraba en todas las quinielas, pese a que la alcaldesa saliente ya había expresado tanto en público como en privado que el Congreso no entraba en sus planes. Pero también el eurodiputado Ernest Urtasun, que se ha incorporado recientemente como portavoz de Sumar al lado de Yolanda Díaz, podría haber encabezado la plancha de los comuns, aunque entrar en las Cortes españolas le hubiera obligado a dejar el acta del Parlamento Europeo.

Abogado de profesión e involucrado con los movimientos sociales catalanes desde los años 2000, Jaume Asens fue uno de los fundadores de Barcelona en Comú y ocupó una tenencia de alcaldía en el primer Gobierno de Ada Colau, antes de presentarse para liderar la lista de En Comú Podem en el año 2019. Como diputado, durante la pasada legislatura ha sido el presidente del grupo confederal que ha agrupado a Podemos y sus confluencias, y ha liderado el espacio de los comuns en Madrid.

Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina, 1970) acaba de publicar ‘La República Inesperada’ (Escritos Contextatarios), un libro sobre la Primera República española, un periodo injustamente olvidado por la historia, sostiene, pero del que se pueden extraer algunas conclusiones que siguen vigentes en la actualidad. Esa primera experiencia republicana, defiende, tuvo un recorrido efímero no tanto por la dinámica interna sino por la oposición de las fuerzas conservadoras que se opusieron a las innovaciones democráticas que trajo el fin de la Monarquía.

El diputado de En Comú Podem, secretario primero de la Mesa del Congreso, atiende a elDiario.es en su despacho de la Cámara Baja para hablar del libro y repasar los asuntos que ordenan la actualidad de esta etapa final de la legislatura. Pisarello cree que la apuesta por un bloque plurinacional, con Esquerra Republicana y EH Bildu, debe mantenerse en el futuro si se quiere frenar la llegada al Gobierno de la derecha y la ultraderecha. Para que eso ocurra, debe también darse la unidad dentro de su propio espacio político. “Hemos intentado ser puente entre las fuerzas progresistas y apostar siempre por el reconocimiento mutuo entre los diferentes integrantes del espacio”, afirma sobre la posibilidad de una candidatura unitaria entre Sumar y Podemos para las generales. 

El impulso republicano ha tenido momentos álgidos en los últimos años, pero ahora mismo el fin de la monarquía no aparece como una de las principales preocupaciones de los españoles en este momento. ¿A qué cree que se debe?

Cada vez que se hacen encuestas independientes a la población se muestra que la desafección con la monarquía es creciente. Incluso en Reino Unido, que siempre se pone como una monarquía consolidada, hemos visto cómo el entusiasmo con Carlos III es bajo, cómo hubo protestas republicanas. En el caso español, la crisis del juancarlismo también es innegable, como no se había vivido desde la transición. Es una crisis prácticamente terminal. Es cierto que hay un intento de separar a Felipe VI de su padre, pero entre Juan Carlos y Froilán nos van a echar una mano para que eso sea difícil. 

Estamos en un momento en el que la monarquía, como régimen de gobierno, resulta cada vez menos inteligible sobre todo para las generaciones más jóvenes, que no entienden que alguien pueda ser jefe de Estado simplemente por ser el hijo de alguien. Y eso pasa en España, pasa también en el Reino Unido, donde incluso estamos viendo cómo algunos de los países que pertenecían a la Commonwealth como Jamaica y tantos otros están abriéndose a propuestas claramente republicanas. 

¿Pero no cree que las fuerzas políticas de izquierda han soslayado este debate? En la presentación de las primeras conclusiones del proyecto de país de Sumar, los portavoces de la plataforma reconocían el espíritu republicano del proyecto pero asumían que no era un debate a corto y medio plazo. 

Nunca habíamos tenido tantos diputados y diputadas republicanos como en esta legislatura. No solamente entre las fuerzas políticas de izquierda. Yo escucho a mucha gente del PNV que ha llegado a la conclusión de que la monarquía no es un instrumento útil ni para modernizar el país ni para dar una solución a la cuestión territorial o poder combatir la corrupción. 

Otra cosa es que haya una preocupación entre las fuerzas de izquierda por mostrar que el republicanismo no solo es el cambio de régimen, sino que exige preocuparse por las conquistas y por los cambios cotidianos. Cuando Yolanda Díaz insiste en eso, lo que está diciendo es que el republicanismo exige mostrarle a la ciudadanía que eso implica también cambios concretos: mejorar los derechos laborales de las personas, acabar con la precarización. Y lo mismo Irene Montero o Ione Belarra en sus ministerios. Están practicando el republicanismo de las cosas concretas, que es imprescindible para que la ciudadanía vea en algún momento el republicanismo como cambio de régimen, como algo natural.

Eso es algo que plantea al comienzo del libro que acaba de publicar. ¿Por qué decidió escribir un libro sobre la Primera República en este momento?

Cuando se denunciaron los casos de posible corrupción de Juan Carlos, escribí un primer libro que se llamaba ‘Dejar de ser súbditos’, que era una historia de la tensión entre monarquía y democracia a lo largo de la historia. Y ahora quería centrarme en esta experiencia muy concreta, porque es desconocida. Me parece que ha sido deliberadamente olvidada y, sin embargo, es muy rica en todo lo que supuso. Fue la primera etapa que permitió mostrar que era posible vivir sin monarquía y sin todo lo que la monarquía implicaba. Porque no es solo la monarquía, es lo que la monarquía implica: el centralismo exacerbado, el militarismo, la confusión entre Iglesia y Estado, las oligarquías rentistas gobernando a través de la Corte. 

Todo eso fue lo que la Primera República mostró que se podía poner en cuestión. Fue una utopía democrática que es poco conocida aunque la derecha suele evocarla de manera periódica. Isabel Díaz Ayuso [presidenta madrileña] siempre dice: cuidado, que viene la gente que quiere la república federal y laica. Es lo mismo que decía [el exlíder del PP] Pablo Casado: se vienen los cantonalistas. Hay mucha conciencia en la derecha de que aquellas experiencias de democratización tienen muchísima actualidad y para ellos siguen representando un peligro.

¿Ha sido denostada injustamente por los historiadores?

No fue un fracaso, fue derrotada por adversarios muy poderosos. Hubo cosas que no se le perdonaron, como que hubiera un presidente de origen obrero como Francisco Pi y Margall, que no solamente era republicano sino que era federalista y además socialista. No se perdonó, por ejemplo, que el 22 de marzo de 1873 la Primera República aprobara una ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, que supuso que 30.000 personas que eran esclavas quedaran en libertad. Eso para el partido rentista esclavista fue algo imperdonable y por eso se implicaron en el golpe contra la República.

Hoy que tenemos un debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de personas migrantes pensaba mucho en aquella ley. Quienes están frente a este tipo de iniciativas como la regularización de las personas migrantes son las fuerzas políticas herederas de lo que era ese viejo partido rentista, esclavista, colonialista que hoy tiene su máxima expresión en Vox. Pero el solo hecho de haber durado un año en ese contexto, el solo hecho de que algunas experiencias cantonales como la de Cartagena, donde gente de origen muy humilde decide autogobernarse hayan durado seis meses, eso es algo que desde el punto de vista democrático no se debería olvidar.

¿Tiene más que ver con la oposición de todos estos sectores que con la propia gestión interna difícil de ese momento republicano?

Había discrepancias internas entre las propias fuerzas republicanas que tenían proyectos que no siempre eran coincidentes. No entendían el federalismo de la misma manera. Hubo republicanos como [Emilio] Castelar, que defendían una línea más conservadora que en última instancia fue la que hizo que la República girase a la derecha y la que abrió el camino al golpe de Pavía. Existieron esas discrepancias internas, pero lo que tenemos que mirar es que los adversarios que tuvieron fueron efectivamente poderosísimos. Sin la implicación de los sectores reaccionarios del ejército, de los grandes terratenientes, de la gran aristocracia, la República seguramente podría haber resistido.

Como en la Segunda República. 

Exacto. Lo mismo que pasó en la Segunda República. El pueblo republicano resistió heroicamente durante tres años. Nadie en Europa entendía cómo era posible que esa gente modesta pudiera resistir durante tres años al embate no solamente de las fuerzas franquistas, sino del fascismo italiano o del nazismo alemán. 

En la Primera República ocurrió algo similar. De hecho, quienes no olvidaron esa experiencia fueron los republicanos y las republicanas de 1931, que sabían que tenían por delante ese tipo de retos. No son retos muy distintos a los que tenemos ahora, porque si hoy no somos capaces de desarmar a esas ultraderechas electoralmente, financieramente, legalmente, como en parte se intenta hacer con la ley de memoria democrática, es muy difícil que los procesos de democratización puedan avanzar. 

Como decía al principio, ahora mismo hay un sentimiento republicano en la sociedad que está latente, pero que no estalla. En el libro cuenta que la Primera República es fruto también de los levantamientos populares de 1854 y de 1968. ¿Dejamos pasar la oportunidad del 15M? ¿Hará falta un nuevo levantamiento popular para acabar con la monarquía?

Hay algún historiador contemporáneo que habla del levantamiento de 1854 como una especie de 15M anticipado. Debe recuperarse. Deben recuperarse dos cosas. La primera es la movilización republicana para conquistar derechos, como se expresa por ejemplo en las nuevas movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Eso es una movilización típicamente republicana que se está produciendo. Ni los derechos ni algo como la República será una concesión caída del cielo. Exige un cierto conflicto con esas pequeñas oligarquías que no quieren que un régimen así se abra camino. 

Y también exige acuerdos. La Primera República fue posible también porque en 1869, en diferentes regiones de la península se celebraron pactos federales en el ámbito local y regional para reformar de abajo hacia arriba el Estado por completo en clave democrática. La Segunda República no podría haber sido posible sin el Pacto de San Sebastián de 1930, que fue un acuerdo entre fuerzas republicanas, algunas progresistas, pero también algunas conservadoras, que llegaron a la conclusión de que dentro de la monarquía ya no era posible avanzar. Ese tipo de pactos se están intentando ensayar en esta legislatura entre lo que ha sido la mayoría que llamamos plurinacional, progresista y feminista, que es la que, a mi juicio, ha permitido esos avances republicanos también hoy.

El republicanismo que está por venir tiene que ser municipalista, tiene que ser federal-confederal, tiene que ser plurinacional o no será

Uno de los elementos de tensión en esa época, y esto lo recoge al final del libro, fue la pulsión federalista. La cuestión territorial sigue marcando la actualidad política. ¿Cree, como Ian Gibson, en la necesidad de tratar de reformular la tradición republicana federal?

Lo interesante que se planteó durante la Primera República, que planteó Pi y Margall, es que la única forma de reconstituir democráticamente el Estado era a través de un régimen que fuera simultáneamente federal, que fuera social y que fuera democrático. Y él entendía que ese federalismo tenía que provenir de la libre adhesión de los individuos, de los municipios y de los distintos pueblos que conformaban la península. Yo creo que eso sigue siendo actual.

La única forma de que haya una alternativa, un proyecto común de convivencia que pueda ser federal o que pueda ser incluso confederal, tiene que estar basado en la libre decisión, en el refuerzo del municipalismo y en el reconocimiento de que eso solo podrá consolidarse si viene acompañado de algún tipo de justicia social. Y en los tiempos en los que vivimos hay que añadir la justicia ecológica e incluso el feminismo, que es otro de los temas que el republicanismo clásico no se planteó de igual forma. El republicanismo que está por venir tiene que ser municipalista, tiene que ser federal-confederal, tiene que ser plurinacional o no será.

Esta legislatura ha estado marcada por una relación novedosa entre el Gobierno central y dos apoyos fundamentales en Catalunya y Euskadi que son independentistas. ¿Ustedes, como En Comú Podem, rivales de ERC allí, entienden que esta es una estrategia acertada?

Consolidar un bloque plurinacional y social de apoyo al Gobierno fue un gran acierto. Si el Partido Socialista hubiera conseguido pactar con Ciudadanos, tendríamos una realidad muy diferente y sin duda no se hubieran producido algunos avances importantes que tuvieron lugar. Apostar por ese bloque plurinacional, progresista y republicano fue un gran acierto y sigue siendo un camino de futuro. Hemos tenidos discrepancias puntuales, legítimas. Pero han sido muchos más los acuerdos republicanos y sociales.

En Catalunya somos adversarios electorales con Esquerra Republicana, pero en el Ayuntamiento de Barcelona se ha gobernado con el apoyo de Esquerra Republicana y con el apoyo del Partido Socialista. Hay gente como Joan Tardà o Ester Capella con los que tengo enormes coincidencias. Y de la tarea de compañeros como Mertxe Aizpurua, Oskar Matute o Jon Iñarritu solo puedo decir cosas positivas. La confrontación electoral es un tema menor si hay acuerdo respecto a algunos objetivos o proyectos políticos y sociales compartidos, que son muchos.

Se lo pregunto porque Yolanda Díaz ha marcado una distancia más profunda que la que mantuvo Pablo Iglesias con estos socios. ¿Cree que la estrategia puede cambiar en el futuro?

Yo creo que no y sería un error que no se mantenga eso. Las alianzas posibles son las que son y me parece que es clarísimo que la única manera de evitar o de frenar un gobierno donde esté presente la ultraderecha es a través de alianzas de las fuerzas progresistas, de las fuerzas republicanas e incluso de algunas fuerzas nacionalistas democráticas como el Partido Nacionalista Vasco o las fuerzas conservadoras catalanas que dieron apoyo a algunas medidas importantes. Ese es el tipo del tipo de acuerdo que hay que profundizar dialogando lo máximo posible. Las grandes leyes que se aprobaron en esta legislatura tienen ese sello.

¿Creen que si las fuerzas independentistas intensifican la pugna política por un referéndum esta relación y la estrategia del bloque de investidura se puede complicar?

En esta legislatura se hicieron algunos avances importantes en la desjudicialización de la política. Esos pasos fueron importantes: los indultos, las reformas que se hicieron, el delito de sedición, etc. Naturalmente hay un debate de fondo que habrá que dar en materia de orden territorial. Somos una fuerza republicana que siempre hemos defendido la plurinacionalidad, el derecho a decidir y creemos en alguna fórmula federal, federal-confederal, plurinacional, pero que solamente puede basarse en el ejercicio del derecho a decidir. Es un debate que no solamente no nos asusta, sino que nos parece que tiene que tener su papel. La clave son las coincidencias republicanas, sociales, y en defensa del derecho a decidir. A partir de aquí, hay que buscar cómo acordar un proyecto de convivencia en común.

A Podemos le fue mal electoralmente en Catalunya en los momentos de mayor auge del soberanismo, pero sin embargo llegó a ser primera fuerza en Catalunya en unas generales. Parece que cuando la conversación gira alrededor de la independencia les va peor en las urnas a pesar de que cosechan simpatías en ese electorado. 

Podemos fue enormemente valiente porque sin ser una fuerza independentista defendió con mucha coherencia en diferentes lugares de España su posición a favor del derecho a decidir primero y, luego, después de los hechos del 1 de octubre [de 2017], apoyó una salida política que no pasaba por la judicialización ni por la utilización de medidas de salida puramente represivas. Fue muy valiente y muy coherente y esa valentía y esa coherencia es la que facilitó precisamente el entendimiento con EH Bildu y con Esquerra y, en parte, con el PNV para poder sumarlos al bloque de gobernabilidad. Es un camino correcto, propio de una fuerza como la nuestra, un espacio que ahora llamamos el espacio confederal, que tiene vocación transformadora en lo social, en lo ecológico, que es una fuerza feminista pero que quiere buscar un acomodo a esa realidad plurinacional.

En Barcelona somos los únicos que estamos diciendo que si hay un acuerdo tiene que ser entre fuerzas de izquierda para profundizar en un modelo de ciudad que es referencia internacional

Ahora mismo quien mejor está rentabilizando el discurso progresista no nacionalista es el PSC, que ganó las pasadas autonómicas. Usted fue vicealcalde de Barcelona con Ada Colau. ¿Qué expectativas tienen para el 28M? ¿Creen que van a poder revalidar la Alcaldía de Barcelona?

Soy moderadamente optimista porque lo que se ha demostrado en estos ocho años es que la alcaldesa Ada Colau y Barcelona En Comú tienen un proyecto de ciudad con una apuesta clarísima por la inversión social, por tomarse en serio la cuestión de la emergencia climática, por poner límites al turismo desbocado, por plantar cara a los grandes poderes especulativos. Y es difícil ver una alternativa medianamente sólida. Vemos al Partido Socialista a veces flirteando con Junts per Catalunya. Esquerra no acaba de encontrar su lugar. Somos los únicos que estamos diciendo que si hay un acuerdo tiene que ser entre fuerzas de izquierda para profundizar un modelo de ciudad que es referencia en el ámbito internacional. 

Me gustaría que eso se pudiera extender a Valencia y a otras ciudades, también a Madrid. Que la suma de las diferentes fuerzas de izquierdas y progresistas sea lo suficientemente fuerte para que ese cambio se pueda producir. Con una perspectiva que es clara y que es lo que dicen todas las encuestas: que pasadas estas elecciones, si entre Sumar, Podemos y las diferentes fuerzas progresistas y de izquierdas hay acuerdos, podemos llegar a ser la tercera fuerza política por encima de Vox. Eso me parece que es un incentivo importante para hacer las cosas bien y colocar otras discrepancias que se puedan tener en un segundo plano.

En Comú Podem es una confluencia consolidada. ¿Qué pasa en la izquierda catalana que no ocurre a nivel nacional o que no ocurre en Madrid o Valencia?

Desde la primera experiencia de los comunes en Barcelona ya teníamos muy claro que era necesaria una confluencia lo más amplia posible en la que estuvieran presentes fuerzas políticas de izquierdas que ya tenían una tradición y también las nuevas energías que aportaban el 15M y los movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de donde viene la alcaldesa Ada Colau. Y hemos mantenido esa idea de que necesitamos una confluencia unitaria, valiente políticamente y respetuosa con esa pluralidad.

Ese modelo de confluencia es el mejor antídoto para el regreso de las derechas. Estamos orgullosos de eso y en este contexto hemos intentado ser puente entre las diferentes fuerzas, apostar siempre por el reconocimiento mutuo entre los diferentes integrantes del espacio. Cuando uno se fija en los liderazgos que tenemos en este momento, en Yolanda Díaz, en Ione Belarra, en Irene Montero, en Mónica García, en Alejandra Jacinto, en Ada Colau, lo que uno ve es que tenemos una serie de dirigentes de lujo como para conseguir frenar a la derecha y evitar que esas derechas radicalizadas puedan abrirse camino.

¿Está intentando mediar para que haya un acuerdo de cara a las elecciones?

No se trata de mediar, se trata simplemente de participar en esa tarea de reconocimiento mutuo que es importante. De que seamos conscientes de que todas las fuerzas políticas que tenemos ahora en nuestro espacio son necesarias, de que hay gente muy valiosa, de que hay gente que tiene que estar, que ojalá los espacios para el acuerdo sean lo más amplios posible. 

Y, sobre todo, hacer una pedagogía para mostrar que el problema fundamental no es tanto de tipo programático, aunque pueda haber matices, sino que tenemos que tomar conciencia clara de que lo que no podemos permitir es que se produzca una regresión encabezada por un partido como el PP de [Alberto Núñez] Feijóo o de Ayuso y Vox, que sería una catástrofe desde todos los puntos de vista.

El modelo de confluencia es el mejor antídoto para el regreso de las derechas. Estamos orgullosos de ello y en este contexto hemos intentado ser puente entre las diferentes fuerzas

¿Cuál es su problema si no es programático? 

Hay matices programáticos e incluso tácticos, diferencias de tradiciones… Todo eso existe, pero quizá no hemos hecho el ejercicio suficiente de reconocimiento mutuo del valor de las diferentes fuerzas, de los diferentes actores. Creo que ahora se está haciendo más. A medida que se acercan las últimas semanas de las elecciones veo cambios importantes. Hay muchos más actos unitarios que se están haciendo en todo el territorio. Hay más conciencia de que lo que nos está diciendo la ciudadanía es que si llegamos a un acuerdo podemos ser una fuerza fundamental para transformar este país y para obligar al Partido Socialista a hacer cosas que quizás no haría o no hubiera hecho si nosotros no tuviéramos eso. Se está avanzando en la dirección correcta. La clave es el reconocimiento mutuo y pensar un esquema de acuerdos en el que todo el mundo quepa y donde prime el bienestar de las mayorías sociales. Ese es el objetivo por el que entramos en política y que debemos cumplir porque si no, la ciudadanía no nos lo perdonaría. 

¿Es optimista de cara a las generales para una candidatura unitaria?

Yo voy a trabajar en la medida de mis posibilidades y creo que hay mucha gente que va a trabajar para que, respetando la diversidad, no obligando a nadie a renunciar a su identidad, podamos conseguir la mayor unidad para obtener los mejores resultados y pensar en un horizonte en el que podamos tener presencia en un gobierno progresista con mucha más fuerza de la que tuvimos ahora.

Si esto pasa, si hay un gobierno de coalición progresista durante cuatro años más, ¿será el momento para tratar de buscar esa república inesperada?

Las dos repúblicas anteriores, tanto la de 1873 como la de 1931, llegaron en momentos inesperados. Nadie pensaba que eso podía ocurrir. Cuando cayó Isabel II, en la Revolución de 1868, un día antes todo el mundo pensaba que era la reina más querida y la más popular. Y un día eso se acabó. Y en 1931 pasó lo mismo. Las elecciones municipales dieron unos resultados que obligaron a Alfonso XIII a reconocer que había perdido el amor de su pueblo. Si las dos repúblicas anteriores fueron inesperadas pero llegaron, eso quiere decir que lo inesperado puede ocurrir. Tenemos que prepararnos para ello, desarrollando políticas republicanas, conciencia republicana, pedagogía republicana, pero sabiendo que eso que parece imposible a veces es algo que tarda un poco más en llegar.

Catalunya está a punto de superar la barrera de los 100.000 apartamentos turísicos, una cifra que ha crecido vertiginosamente en la última década y a la que no ha puesto freno ni siquiera la pandemia. Así lo evidencian los datos de los balances anuales de turismo del Departamento de Empresa de la Generalitat, que han recogido desde En Comú Podem en un informe con el que quieren exigir una regulación más estricta. 

Desde que el Govern de Artur Mas reguló en 2011 esta actividad turística, con el objetivo de hacerla aflorar y de facilitar su proliferación, el número de apartamentos no ha dejado de aumentar. Primero, de poco más de 5.000 en 2012 a 24.000 en 2013. Desde entonces fueron creciendo aproximadamente a razón de 10.000 al año hasta alcanzar los 83.802 en 2019. A partir de ese ejercicio, el aumento se ha ido ralentizando aunque no se ha detenido, hasta llegar a los 95.688 registrados en el último informe, de 2022. 

El documento de los Comuns añade incluso datos de 2023, que han obtenido de la base de datos del Registro de Turismo de Catalunya, y que haría ascender la cifra a 97.696.

El documento de En Comú Podem permite comparar el crecimiento “exponencial” de viviendas de uso turístico en Catalunya con el de Barcelona. En la capital catalana pasaron de 4.730 en 2012 a 9.606 en 2014, solo en dos años, tras lo que se aprobó una moratoria para frenar su proliferación. La normativa la sacó adelante el alcalde Xavier Trias, durante cuyo mandato se dispararon las licencias, y el siguiente ejecutivo municipal, el de Ada Colau, consolidó la prohibición de concesiones de permisos a estos pisos. 

Desde entonces, Barcelona en Comú ha sacado pecho de haber mantenido a raya las viviendas de uso turístico e incluso de haber cerrado miles de apartamentos ilegales en la ciudad. Pero en las últimas semanas han sufrido su mayor revés en este ámbito: un juez ha les ha obligado a admitir 120 pisos turísticos en un solo bloque porque su propietario hizo la solicitud justo cuando la Justicia tumbó el primer plan de alojamientos turísticos del Gobierno de Colau (y antes de que se elaborara el segundo y definitivo). 

Desde el Ayuntamiento y los Comuns han redoblado en los últimos días su presión a la Generalitat para que regule de forma más estricta las licencias de estos pisos y se ponga límite a su crecimiento. Hasta ahora han sido solo algunos consistorios quienes han ido aprobando ordenanzas y moratorias para contener su proliferación, desde Lloret de Mar en 2019 hasta el caso más reciente de Girona. Esta última ha establecido que en un solo barrio no pueda haber más del 15% de viviendas de uso turístico sobre el total al al comprobar que su casco antiguo lo supera. 

En Comú Podem ha convocado una rueda de prensa en el Parlament este martes en la que participarán la diputada Jéssica Albiach y la teniente de alcaldía de Urbanismo de la capital catalana, Janet Sanz. Entre sus demandas se prevé la de pedir que también se puedan revocar licencias. Así lo manifestó de hecho la propia alcaldesa, Ada Colau, en una reciente entrevista con elDiario.es. “Lo que hay que hacer es cambiar la ley catalana. No puede ser que alguien se forre de forma desmedida con una vivienda y con licencias a perpetuidad”, aseguró la edil. 

El informe de En Comú analiza también el incremento de los pisos turísticos en Catalunya descontando los de Barcelona. Al congelar la concesión de licencias, la capital catalana ha pasado de aportar el 25% de estos apartamentos sobre el total de la comunidad, en 2014, a solo el 10% hoy. Sin tener en cuenta los pisos turísticos de la ciudad, y al margen del boom inicial de 2012, el crecimiento ha sido del 108% en Catalunya entre 2015 y 2019 y del 19% desde ese año hasta la actualidad. 

En mitad de las tensiones entre Sumar y Podemos, un gesto de distensión. El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, y la líder de esa coalición en Catalunya, Jéssica Albiach, acudirán este fin de semana a la inauguración de la Fiesta de la Primavera de Podemos, uno de los principales eventos del partido y que este año se celebra apenas semanas después del lanzamiento de la candidatura a las generales de Yolanda Díaz en un acto marcado precisamente por la ausencia de los de Ione Belarra. 

Tanto Asens como Albiach forman parte del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el principal órgano de decisión entre asambleas, pero la cercanía de esa coalición catalana a Yolanda Díaz desde hace meses ha alejado a ambos de la dirección nacional del partido que dirige la ministra de Derechos Sociales. Con la decisión de acudir a la inauguración del evento este fin de semana, En Comú Podem quiere enviar un “gesto”, una forma de trasladar la voluntad de la coalición de “trabajar por una candidatura unitaria” de cara a las elecciones generales. 

Según confirman fuentes de la coalición, ambos dirigentes estarán presentes en la inauguración de la fiesta, que se celebra entre el viernes y el sábado en el Parque del Agua de Zaragoza. Los actos principales se celebrarán el sábado, con un mitin central en el que estarán las principales caras del partido tanto a nivel nacional como territorial. Intervendrán la secretaria general, Ione Belarra, o la secretaria de Acción de Gobierno y ministra de Igualdad, Irene Montero, pero también la candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, o la líder del partido en Baleares, Antònia Jover. 

Tanto Asens como Albiach estarán presentes en la fiesta de bienvenida del viernes pero no participarán en ninguna de las diferentes charlas que se desarrollarán durante los dos días que dura el festival, que servirá como un gran acto político para lanzar la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. El año pasado, Asens sí estuvo junto a Belarra y Montero en el mitin principal, en un contexto completamente diferente al que ahora rodea al espacio progresista. El sábado irán también el diputado de ECP en el Congreso Gerardo Pisarello y Enric Bárcena, miembro de la ejecutiva de Catalunya en Comú.

En Comú Podem recuerda que, pese a las tensiones que se viven a nivel nacional en el espacio de la izquierda, los partidos de la coalición catalana (Catalunya en Comú, Podem y Esquerra Unida Catalunya) mantienen una buena relación que les ha permitido revalidar las candidaturas en toda la región de cara a las próximas elecciones. En Catalunya no se celebran autonómicas pero se renuevan todos los gobiernos locales. “En Comú Podem mantiene buenas relaciones con Podemos y Podem, por lo que creemos que esta puede ser una de las vías que lleve al entendimiento”, sostienen las mismas fuentes que ponen en valor ese acuerdo marco con Podemos para las municipales. 

Los portavoces de En Comú Podem estuvieron en el pasado 2 de abril en el polideportivo Magariños de Madrid donde Yolanda Díaz lanzó su proyecto político, Sumar, y anunció su candidatura a las elecciones generales. Junto a Asens y Albiach estuvo la alcaldesa de Barcelona y líder de los comuns, principal activo de la coalición en Catalunya, que recibió un saludo especial de la vicepresidenta segunda. En estos meses en los que Díaz ha ido conformando su idea de plataforma política para agrupar a la izquierda, los comuns se han convertido en uno de sus principales puntales. En el grupo parlamentario, Asens también está alineado con las posiciones de Díaz cuando se producen divisiones. 

No obstante, la coalición quiere ejercer como nexo con Podemos en un momento en el que las tensiones con Sumar se han endurecido. “Para En Comú Podem, la unidad de la izquierda no es suficiente, queremos ir más allá, pero sí es un punto de partida importante si queremos que Yolanda Díaz tenga oportunidades de liderar el próximo gobierno de coalición”, defienden esas fuentes. 

Aunque en los primeros meses del año las posiciones entre Yolanda Díaz y la dirección de Podemos se acercaron, tras la decisión de la vicepresidenta de empezar a mantener reuniones con los diferentes partidos a los que quiere agrupar en Sumar para una candidatura conjunta de cara a las generales, todo se rompió de alguna manera con la convocatoria del acto de Magariños.

Podemos puso como condición para asistir ese día un acuerdo previo que garantizase entre otras cosas que las listas se decidirían por primarias abiertas, una concreción que el equipo de Díaz no quiso asumir bajo el argumento de que esos detalles se deben decidir en una negociación multilateral con el resto de partidos del espacio, que prefieren postergar esas conversaciones hasta después de las autonómicas y municipales. Yolanda Díaz lanzó finalmente su candidatura sin la presencia de la dirección de Podemos y desde entonces la tensión no ha dejado de crecer. 

Esta semana, la formación de Belarra estrenó un vídeo de precampaña, con un mensaje a la militancia para acudir a la Fiesta de la Primavera, en el que dejaron una serie de mensajes velados con críticas hacia la vicepresidenta segunda o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por ponerse de perfil en algunos asuntos como el envío de armamento a la guerra de Ucrania. 

La cuenta atrás ha terminado. Yolanda Díaz ha anunciado por fin su candidatura a las elecciones generales tras dos años de articulación del espacio político que ha lanzado este domingo, Sumar, con el que espera tejer la maltrecha unidad de la izquierda de cara a las próximas generales. “Quiero ser la primera presidenta de mi país, quiero ser la primera presidenta de España”, ha dicho en un multitudinario acto en el Polideportivo Magariños de Madrid empapelado con un lema: “Hoy empieza todo”. 

“He dicho que lo más importante para Sumar era levantar un proyecto de país, porque sí, sin imaginación, sin ideas, no podemos cambiar la vida de la gente (...) Me tomé mi tiempo. Sé que a veces no me comprendíais. Soy una mujer que dudo mucho, pero es verdad que creo que dudar es muy importante para tomar decisiones importantes en la vida”, ha defendido la vicepresidenta segunda del Gobierno ante unas 3.000 personas. “Y, hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Voy a dar un paso adelante”, ha desvelado.

Yolanda Díaz ha asegurado que se apoyará en la “fuerza de las mujeres” para llegar hasta Moncloa. “Es hora de que las mujeres seamos las protagonistas de la historia”, ha lanzado. “La España de las mujeres es imparable”, ha zanjado. Una fuerza femenina que, ha dicho, está cansada de “tutelas”. “Las mujeres no somos de nadie. Yo no soy de nadie”, ha recordado.

Arropada por unas 3.000 personas y un pabellón desbordado, Yolanda Díaz ha celebrado este domingo último acto de una gira que se ha alargado casi un año por diferentes territorios de España y el primero de los actos que encabezará ya con la decisión anunciada de que será candidata a la Moncloa.

Más de 20 ciudades, desde el primer acto en el Matadero de Madrid, en verano, en en una caravana de actos en los que ha ido recogiendo las preocupaciones y propuestas de la ciudadanía para articular una plataforma política transversal, que trascienda el espacio político actual que representa Podemos mermado, por méritos ajenos y propios, después de una década extenuante. La formación que lidera Ione Belarra ha sido la principal ausente, también en el discurso de Díaz, que si ha recordado a ese partido ha sido con alguna referencia velada.

La mayoría de los partidos, que según han afirmado no han puesto condiciones para asistir al contrario que Podemos, sí han estado en las primeras filas del Magariños este domingo. Ada Colau y todas las caras visibles de su proyecto político, Catalunya en Comú, entre ellos Joan Subirats, el ministro de Universidades; Íñigo Errejón, Mónica García y Rita Maestre, de Más País y su marca madrileña; Alberto Garzón y toda la plana mayor de Izquierda Unida, entre ella el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago. Juantxo López de Uralde, el líder de Alianza Verde que se mantuvo leal a Pablo Iglesias cuando el espacio de Podemos se dividió con la marcha de Errejón. Así, hasta sumar una docena de partidos como Compromís, Verdes Equo, la Chunta Aragonesista, Proyecto Drago, del ex número tres de Podemos Alberto Rodríguez, Baztarre o Iniciativa del Pueblo Andaluz. 

Díaz ha agradecido desde el escenario a todas y cada una de las fuerzas que la han acompañado. “Gracias a Alberto Garzón por estar donde hay que estar”, le ha dicho. Ha ido nombrado a uno por uno. A Colau, por convertir a Barcelona “en referente internacional”; a Mónica García, por la “dignidad de la sanidad pública”; a Íñigo Errejón, por la “inteligencia” para aportar a un nuevo proyecto de país.

 “La ilusión es real y envuelve a miles de personas”, ha declarado Colau antes de acceder al recinto. La alcaldesa ha añadido que Sumar no solo cuenta con personas “trabajando para ser un país mejor, para poner a los ciudadanos en el centro” sino también “para pararle los pies a la derecha”. “Creo que hoy era fundamental estar aquí. Hoy hay muchas presencias, está la presencia del espectro progresista”, ha afirmado Mónica García, en declaraciones a los medios a la entrada.

“Esta es la política con mayúsculas es dialogar con el que no piensa como nosotras para llegar a acuerdos, acordar, unir voluntades esperanzas y sueños”, ha sostenido. “A Sumar le toca ensanchar la democracia. Está en riesgo por el partido del odio, que tiene muchos nombres en Italia, Brasil, Chile, Estados Unidos. Uno de los grandes retos de Sumar es ensanchar la democracia. Hemos venido a algo muy grande. A ganar un país”, ha aseverado.

Entre las gradas del Magariños también ha habido una importante presencia de organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones profesionales y figuras de la cultura y la academia, como la escritora nicaragüense Gioconda Belli, que ha tomado la palabra antes del discurso de la ministra. 

La expectación por el anuncio de Yolanda Díaz ha desbordado las previsiones de los organizadores. A primera hora de la mañana, varios centenares de personas ya hacían fila para entrar al pabellón, cuna del Estudiantes de baloncesto, unido al colegio Ramiro de Maeztu de Madrid. En el corazón adinerado de las capital madrileña, se podía ver alguna bandera republicana y escuchar gritos de bienvenida a las líderes de la izquierda española, como Colau, García o Maestre. 

“Podían haber llenado un Vistalegre”, se lamentaba una chica al llegar y comprobar que, ya  a esa hora, le resultaría imposible entrar. Los organizadores han abierto uno de los patios adyacentes para desplegar allí una pantalla gigante donde proyectar el discurso, allí se han juntado otras 2.000 personas, según los organizadores. “Es muy ilusionante”, oponía otra chica a la entrada, admirada por la cantidad de gente que ha acudido al acto de lanzamiento de Sumar. Entre el público, flotaba el recuerdo de las ausencias. “Tienen que ponerse de acuerdo, porque lo que viene es terrible”, decía una asistente. 

“Las mujeres no somos de nadie y estamos cansadas de tutelas”

El acto se ha desarrollado como los que han caracterizado el proceso de escucha de estos meses. Primero ha intervenido Helio Roque, creador de contenido, Maite Navarro, una pequeña comerciante y una sindicalista, Teresa Fuentes. A continuación, han tomado la palabra la activista LGTBI Carla Antonelli y la escritora nicaragüense Gioconda Belli. 

Yolanda ha comenzado acto seguido un discurso en el que ha recopilado una suerte de programa de Gobierno, con las líneas políticas que ha ido lanzando en los diferentes actos de estos meses, una carta de presentación para la ciudadanía y para el resto de partidos de su espacio político, con fuertes críticas a la derecha, también veladas a Esquerra Republicana y con una reivindicación de las mujeres. 

Díaz ha citado a su compatriota Rosalía de Castro: “Yo soy libre. Nadie puede detener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino”. Lo ha hecho para defender el papel de las mujeres en la historia. “Las mujeres no somos de nadie”, ha dicho. 

“Es necesario que lo proclamemos, porque parece que aún hoy debemos llevar la preposición ‘de’ pegada a nuestro nombre, para marcar nuestras adhesiones y nuestras deudas. No. Estamos cansadas de tutelas, de ser ninguneadas. Estamos muy cansadas. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas”, ha lanzado sin mencionar a nadie pero tras dos años en los que su camino político ha estado marcado por las intervenciones de su antiguo amigo y compañero político Pablo Iglesias.

“No hace falta gritarlo más. Se nos entiende muy bien. Lo vamos a hacer como lo han hecho muchas mujeres en nuestro país”, ha prometido entre los aplausos de todo el auditorio.

La vicepresidenta segunda ha recordado a aquellas “madres de la Constitución invisibles”. “Lo hacemos por las maestras y por nuestras profesionales sanitarias que nos salvaron durante la pandemia y nos cuidan todos los días. Por las mariscadoras y las abogadas, por las trabajadoras de la cultura y las peluqueras, por las empleadas de hogar y las empleadas públicas. Por las agricultoras y las panaderas y por todas las mujeres que hacemos trabajos que no existen para las estadísticas”, ha repasado.

“Lo hacemos por esa España de las mujeres que se abre paso, el país que quiere ser pero todavía no ha sido. Un país fiel a su memoria y no a sus muchos olvidos. Y lo hacemos porque todos y todas tenemos una razón con nombres y apellidos para seguir defendiendo las cosas que nos importan”, ha reclamado. 

“Derrotar políticamente al neoliberalismo”

Igual que en el discurso de la moción de censura, antes de presentar su esbozo programático, Díaz ha enmendado las propuestas y las políticas del Partido Popular y la extrema derecha. “Frente a quienes hacemos política para mejorar la vida de la gente, están quienes practican las políticas del dolor”, ha dicho la vicepresidenta. “La austeridad causó mucho sufrimiento a nuestra gente y nos ahogó durante diez largos años. Hoy vivimos un auténtico cambio de época que merece una respuesta diferente”, ha opuesto Díaz. 

Para ese cambio de época, en la que las fuerzas políticas y la sociedad han conseguido “matar intelectualmente” al neoliberalismo, ahora, considera, hace falta “derrotarlo políticamente”. Y a continuación, ha puesto nombre y cara a “quien mejor representa las políticas del dolor”, de ese neoliberalismo. 

“Es el PP del señor Nuñez Feijóo en España defendiendo recortes para la mayoría y privilegios fiscales para los más ricos, como en el Reino Unido. - Un PP que prefiere una reforma de las pensiones a la francesa, que recorta derechos, frente a la reforma de este Gobierno que los recupera”, ha dicho. “Un señor Feijóo que recurre ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas. Porque quiere que los suyos paguen menos para que vosotros paguéis mucho más”.

“La política con mayúsculas”

Frente a ese contexto de “ruido”, de “polarización”, que exigía “dureza”, Yolanda Díaz ha contrapuesto su “política con mayúsculas”. “La política con mayúsculas es dialogar con el que no piensa como nosotras para llegar a acuerdos; la política con mayúsculas es acordar como hace cada día la gente en su centro de trabajo o en su comunidad de vecinos; la política con mayúsculas es unir voluntades, esperanzas y sueños”, ha exclamado. 

Es ahí cuando ha repasado esas razones que han convertido a Yolanda Díaz en la política mejor valorada del país, la subida del salario mínimo interprofesional un 47% en estos años, hasta los 1.080 euros, una ley riders “pionera en Europa”, un acuerdo de pensiones que recupera derechos y una promesa: “Regular los precios del alquiler”. 

Yolanda Díaz ha aprovechado para enviar un mensaje a quienes se opusieron a la reforma laboral, aprobada en el Congreso gracias al error de un diputado del PP tras oponerse Esquerra Republicana. “La política útil es lo contrario a hacer descarrilar la única reforma laboral que ha recuperado derechos para las personas trabajadoras. Votar en contra de la reforma laboral junto al PP y VOX no es política útil. Es puro politiqueo”, ha reprochado Díaz. “Esas personas tienen vidas estables. Quien hace eso se llama politiqueo, no es política de la grande”, ha respondido.

Un nuevo contrato democrático para España

La vicepresidenta segunda ha plasmado las líneas generales de su programa político, lo que ha denominado un nuevo “contrato social”. En ese contrato, Díaz propone una nueva “reforma empresarial” que democratice las decisiones en ese ámbito y una reforma fiscal para acabar con los “privilegios y las amnistías fiscales”. 

Sumar defiende, ha asegurado Díaz, “una transición de los cuidados”, una economía que ponga los cuidados en el centro, con educación infantil gratuita de 0 a 3 años, con un sistema de dependencia nuevo, con un nuevo modelo de residencias, “para que una familia no tenga que pagar 1.200 euros al mes”. “No es decente y desde Sumar lo vamos a cambiar”, ha prometido. También una nueva “jornada laboral”. “Llevamos más de un siglo con 40 horas de jornada laboral. Vamos a reducir la jornada laboral sin reducir el salario”, ha dicho: “Tenemos que trabajar menos para vivir mejor”.

En la reforma de la estructura económica, Díaz se ha preguntado por qué las un “puñadito” de empresas tecnológicas controlan la vida de los ciudadanos. “Queremos una transición digital justa y una economía de plataformas con derechos humanos y laborales. Porque los algoritmos forman para de nuestras vidas, no son neutros. Porque los algoritmos y los datos que tanto me gustan son el petróleo del siglo XXI pero tienen que estar al servicio de la democracia”, ha dicho.

Y además, una reconfiguración del sistema sanitario con la atención primaria en el centro. “Hay gente que no puede pagar una ortodoncia a su hijo o que no puede pagarse las lentillas. Tenemos la obligación de ensanchar nuestra sanidad pública: incorporando la salud bucodental, la óptica y la salud mental”, ha reclamado. “Necesitamos cuidar a quienes nos cuidan: los profesionales sanitarios, que ya no quieren aplausos, sino mejores condiciones de trabajo”, ha defendido.  

Sin acuerdo con Podemos

En el acto, no ha estado finalmente Podemos, que ha mantenido un firme pulso con la vicepresidenta segunda en las últimas semanas. Los equipos negociadores llegaron a redactar una declaración con junta, un texto con el nombre “Para ganar un país”, de unas tres páginas, en el que había consenso excepto por la redacción de un párrafo, en el que Podemos ofrecía unas primarias abiertas negociadas de forma bilateral y Sumar no quería concretar si abiertas, cerradas o qué tipo de mecanismo hasta una negociación multilateral, que por las exigencias del resto de partidos debía de ser después del 28M. 

Durante la semana, mientras las negociaciones seguían encalladas, se han producido algunos movimientos. Los líderes de Podemos en Galicia y Navarra, Borja San Ramón y Begoña Alfaro, anunciaron que acudirían al acto del domingo en una decisión que contravenía las líneas del partido. Mañana también estarán algunos miembros del partido, como el líder de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, o el secretario general de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, que hace tiempo que orbitan alrededor del liderazgo de la vicepresidenta segunda. Aunque en el entorno de Díaz se llegó a augurar una rebelión interna contra la dirección para acudir el domingo, la presencia de dirigentes de la primera fila de Podemos se limitado en principio a esas dos direcciones territoriales. 

Aunque finalmente no estarán el domingo, Díaz sí ha recibido el apoyo de otras personas de Podemos en los últimos días, como la secretaria de la mesa en el Congreso Gloria Elizo, el vicepresident del Govern Balear, Juan Pedro Yllanes, o la candidata autonómica en Asturias, enfrentada con la dirección, Covadonga Tomé, que no asistirá, según ha avanzado, por la crisis de los incendios que vive su región comunidad.

El discurso íntegro de Yolanda Díaz

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Yolanda Díaz recorre los últimos kilómetros de su proceso de escucha, la caravana de actos y reuniones con la que desde el verano ha ido dando forma a Sumar, la plataforma con la que aspira ensamblar a todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Uno de los hitos de esta última etapa ocurrió este sábado en Barcelona, en un acto con la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que fue una manera de exhibir su alianza con el espacio de los comuns, vital para cualquier proyecto político progresista con ambición de sacar un buen resultado en las próximas generales.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo organizó dos actos en ese territorio el fin de semana con una primera parada el viernes en Tarragona y un gran acto el sábado en Barcelona que desbordó la capacidad de aforo del Auditori con más de mil personas esperando fuera, según los organizadores. Allí estuvo sentada toda la cúpula de Catalunya en Comú, el nombre formal del espacio: además de a Colau, se pudo ver al diputado nacional Jaume Asens, al eurodiputado Ernest Urtasun o a los tenientes de alcalde Jordi Martí y Janet Sanz. 

“Me parece que todo el mundo estará de acuerdo en que Barcelona como ciudad comparte muchísimo con Yolanda Díaz”, arrancó la alcaldesa de la ciudad. “Me refiero al hecho de lograr muchas victorias sumando y juntando a la gente trabajadora y común”, añadió. 

Díaz recogió el guante en su intervención y puso a Barcelona como referencia mundial en “políticas públicas”, se metió en algunos asuntos que marcan la política catalana y pidió por último el voto para la alcaldesa en las próximas municipales. “Necesitamos sumar para Ada Colau, si no es así nos vamos a equivocar”, dijo Yolanda Díaz, que, como hizo la semana pasada en Madrid, afirmó que Sumar “es la llave” para “una década progresista” en España. 

La recta final del proceso de escucha arrancó precisamente en ese acto en el barrio madrileño de La Latina en el que los principales expertos volcados en nutrir de ideas al programa de Sumar para esa “próxima década progresista” expusieron sus avances. Díaz sintetizó las conclusiones y vaticinó después que “un cambio de época” no se hace “desde la esquina del tablero sino desde las mayorías sociales, desde la centralidad”. También advirtió de que para iniciar la década progresista es imprescindible sumar fuerzas. “En Sumar falta demasiada gente. Lo importante no es aquí. Lo importante es ahí fuera y todas esas personas son las que necesitamos para sumar mucho y sumar bien”, dijo.

La misma terminología que la vicepresidenta

El proyecto que está conformando Díaz ha aparcado así el protagonismo de los partidos con el objetivo de “ensanchar” el espacio. Esta estrategia es una de las razones por las que se ha abierto una brecha con Podemos, que pide respeto a sus siglas y cree que la idea sobre la que trabaja la vicepresidenta podría diluirlas. En esa pugna, los comuns, que mantienen una coalición en Catalunya con Podem (En Comú Podem, ECP), con siete escaños en el Congreso de los Diputados y ocho en el Parlament, han seguido una estrategia propia, con un apoyo firme a Yolanda Díaz como candidata y a Sumar como herramienta política para las generales de final de año. 

En el entorno de En Comú Podem en el Congreso destacan la buena sintonía de los líderes del espacio catalán con la vicepresidenta y reconocen que están “volcados al 100%” con el proyecto de Sumar, que representa, más que una plataforma electoral, un “proyecto de país para la próxima década”. Utilizan exactamente las mismas palabras con las que Díaz define la plataforma política con la que pretende no solo reeditar el Gobierno de coalición, sino cambiar la correlación de fuerzas existente actualmente en la izquierda. 

En ese perfil propio los comuns defienden que “no tendría sentido una concurrencia sin Podemos” ni que lo que lleva años unido se separe ahora. La confluencia catalana en el Congreso, que lidera Jaume Asens, se ve como una suerte de pegamento y nexo entre el equipo de Díaz y Podemos cuando las posiciones parecen más alejadas que nunca. En la formación de Ione Belarra dan por hecho que Díaz está montando un partido propio y diferenciado con el que tendrán que negociar para formar una coalición, como reconoció públicamente la semana pasada la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista en la Cadena SER. 

La figura de Coalu es importante por varios motivos. En primer lugar, por el valor político que representa el Gobierno de la segunda ciudad más importante de España. Pero también por el perfil de la propia alcaldesa, una activista antidesahucios que ha implementado desde el Ayuntamiento políticas públicas de referencia para el electorado progresista. Por último, porque con la salvedad de Kichi, en Cádiz, que ya ha anunciado que no se presentará a la reelección, es de las pocas alcaldesas del cambio que mantiene el poder de su ciudad y aspira a renovarlo. 

La conexión trasciende la relación con Colau

En el entorno de la vicepresidenta conceden que la relación con el espacio que lidera la alcaldesa es “muy buena”, pero aclaran que en la conformación del proceso de escucha no hay ninguna preferencia y las negociaciones para estructurar estos actos en los diferentes territorios por los que ha pasado la gira de Sumar se está dando con igualdad de trato a todas las fuerzas políticas que integran el espectro político a la izquierda del Partido Socialista.

La cercanía entre Díaz y Colau es innegable desde el punto de vista político y también personal, como se vio este fin de semana en el acto de Barcelona, pero la conexión entre el equipo de la ministra y los comuns trasciende la figura de la alcaldesa. Aunque su nombramiento no fue fruto de una alianza política sino de la sintonía en lo personal y en la forma de trabajar, en mayo de 2021 la ministra fichó como jefe de gabinete a Josep Vendrell, diputado en 2015 de En Comú Podem (como parte de Iniciativa per Catalunya) y, a partir de 2019, coordinador del grupo parlamentario de ECP en el Parlament. En su equipo también está Rodrigo Amírola, que fue durante años jefe de gabinete de Jessica Albiach, ahora portavoz de los comuns en el Parlament. 

Aunque los comuns han concurrido hasta ahora en coalición con Podem, y así lo van a hacer también en las municipales de mayo en aquellos lugares donde tiene presencia la facción catalana de Podemos, lo cierto es que la formación que dirige ahora Ione Belarra tiene poco peso en Catalunya y la fuerza que cuenta con mayor representación en esa izquierda progresista es la que lidera Colau, que es a su vez una alianza entre Barcelona en Comú, el espacio de la alcaldesa, Equo, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) e ICV. 

En las últimas generales, los comuns lograron siete diputados y se colocaron como la cuarta fuerza más votada, pero en 2015 y 2016 la confluencia de izquierdas consiguió una inédita hasta entonces primera posición en ese territorio, bajo la figura de Xavi Domènech, ahora fuera de la política. En aquellas citas, En Comú Podem obtuvo 12 escaños. Eran los años del auge de Podemos y la confluencia consiguió rentabilizar un discurso de difícil encaje en esos años en clave autonómica, con las elecciones planteadas como plebiscitos sobre el independentismo, pero interesante a nivel nacional: una postura contraria al soberanismo pero abierta a un eventual referéndum. 

Los guiños al procés

Seguramente consciente de ello, Díaz, que tiene muy buena imagen en el electorado catalán según la mayoría de encuestas, hizo una referencia velada en su acto del sábado al procés al pedir “respeto y reconocimiento” para Catalunya. “Dicen que en Catalunya habéis cerrado una parte de vuestra historia”, comenzó. “No sé, que el tiempo y la gente decida lo que quiere hacer con la historia de nuestro país. Tenéis en mí una amiga de Catalunya. Quiero que hablemos lenguas diversas, respeto y reconocimiento, y desde Sumar vais a tener el que os merecéis”, subrayó.

Otro dato que arrojan los sondeos recientes sobre el Parlament es que, mientras baja el sentimiento independentista, ERC mantiene a sus votantes. Es en esa bolsa donde los comuns, dentro de Sumar o el nombre que acabe teniendo el espacio liderado por Díaz, pueden encontrar las respuestas a esa necesidad de ensanchar el electorado con el que cuenta ahora la izquierda no soberanista. Los comuns son, además, conocidos por su pragmatismo a la hora de negociar coaliciones políticas, un activo que parece irrenunciable en un año con dos elecciones a la vista y una situación de extrema delicadez en una izquierda en plena reconstrucción. 

*Con información de Arturo Puente.

Primer acuerdo del Govern con un grupo político para sacar adelante las cuentas de la Generalitat en 2023. En Comú Podem ha cerrado este miércoles la negociación con el Ejecutivo de Pere Aragonès y pactado un paquete de choque social por valor de 555 millones de euros que se destinarán a aumentar en un 8% el índice que determina las ayudas sociales, en bonificaciones para el alquiler, en un aumento de la inversión en sanidad o a la promoción de energías renovables. El grupo de Jéssica Albiach suma 8 valiosos diputados a los 33 con los que cuenta ERC, pero la suma es aún insuficiente para llegar a la mayoría, por lo que el Govern sigue a la espera de cerrar acuerdos en los próximos días.

El acuerdo alcanzado incluye siete ejes temáticos. El más complicado de ellos ha sido el del incremento de las inversiones en Salud, que comportará que el gasto en sanidad primaria llegue al 20% del total del presupuesto, desde el 17% en el que se situó en las pasadas cuentas. Se habilitará un fondo de 100 millones de euros para garantizar el acceso a los centros de salud en menos de 5 días. Además se incorporan 40 millones de euros para dar servicio público de dentistas y 10 para la salud mental.

Otro de los ámbitos del acuerdo es el de las energéticas limpias. En total los comuns han conseguido un total de 245 millones de euros para que en 2030 más de la mitad de la energía producida venga de fuentes verdes. De estos fondos, la mayor parte se destinarán a ayudas para la instalación de instalaciones de autoconsumo, pero también habrá 25 millones de euros para el arranque de la compañía energética pública que está poniendo en marcha la Generalitat y que, según figura entre los compromisos, será una compañía comercializadora y no solo productora.

En el ámbito de la fiscalidad, el acuerdo también introduce algunas propuestas por las que En Comú Podem había batallado, como el impuesto a los cruceros de grandes dimensiones que hacen escala en puertos catalanes. También se incorpora un aumento del 33% en el impuesto a los grandes patrimonios, con el que pretenden recaudar hasta 12 millones. Y se establece una tasa sobre los alimentos ultraprocesados, una medida que tiene objetivos de salud.

“Después de una negociación que les confieso que han sido difíciles, hoy podemos concluir que hemos llegado a un acuerdo que permite redistribuir los costes de la inflación y proteger a las clases trabajadoras”, ha afirmado la jefa de filas de los comuns, Jéssica Albiach. “Hoy gana el sentido común”, ha insistido.

El equipo económico del Govern ha mantenido una negociación en paralelo con dos grupos más, además de En Comú: con el PSC y con Junts. Según defienden, es posible el entendimiento de las cuatro formaciones, también en la carpeta económica. Sin embargo, las conversaciones siempre han estado más avanzadas con los comuns, con quienes hay amplia coincidencia en diversas cuestiones, mientras que Junts ha sido hasta ahora la formación que más se ha resistido al Govern. Este mismo martes desde Junts afirmaban que las conversaciones sobre los presupuestos avanzaban “demasiado despacio”.

En vista de este escenario y sin cerrar la puerta a la formación de Laura Borràs, el Govern está a la espera de poder encarrilar la negociación con los de Salvador Illa, con quienes en las últimas semanas han mantenido más de una decena de reuniones. El PSC asegura que no hay diferencias insalvables, pero en los últimos días ha puesto sobre la mesa la necesidad de que los presupuestos favorezcan proyectos estratégicos para los socialistas, como es Hard Rock, la ampliación del aeropuerto de El Prat o el cuarto cinturón metropolitano.

En Comú Podem y el Govern han llegado a un primer acuerdo en el marco de la negociación por los Presupuestos para alargar durante 2023 la rebaja del precio del transporte público, la gratuidad para los menores de 16 años y la ampliación del abono T-Jove hasta los 30 años. Así lo ha anunciado la líder del partido, Jéssica Albiach, en una entrevista en 'La 2' y Ràdio 4.

No obstante, Albiach ve “inviable” llegar a un entendimiento por las cuentas este viernes, cuando se volverán a reunir con los responsables de la conselleria de Economía para que les hagan un retorno de sus propuestas sobre políticas de energía o vivienda. Conocidas también las ideas de Junts para los presupuestos, la dirigente de los 'comuns' ha advertido de que no tendría ningún sentido rebajar impuestos y que si el Govern acaba accediendo a ello no podrá contar con los votos de su grupo.

Albiach ha considerado que, a partir de este martes, el Govern “ha empezado a reaccionar” y ahora comienzan a tener “concreciones”. En este sentido ha explicado el primer acuerdo en el ámbito de movilidad, y ha añadido que los 'comuns' negocian otros ejes con el Ejecutivo. Entre sus demandas se encuentra un “rescate” de la sanidad pública, con el compromiso de que se destina un 25% del presupuesto de Salud a la Atención Primaria, y una mejora de las condiciones salariales de los profesionales.

La líder de los 'comuns' ha admitido que el Govern les está “presionando mucho” para llegar a un acuerdo lo antes posible, pero que cerrar algún tipo de pacto este mismo viernes es “inviable”. “Así no se hacen las cosas”, ha avisado, y ha apuntado que “no viene de un día”.

Entre las propuestas de los comunes hay varias sobre fiscalidad. Albiach ha pedido “coherencia” a ERC y ha dicho que no entendería que en el Congreso pidan “que los ricos paguen más” y en Catalunya “no quieran aplicar la misma política”. Sobre el decálogo de propuestas presentado el miércoles por Junts, Albiach ha dicho que “no son nada nuevo” y les ha reprochado que quieran “rebajar impuestos a quien más tiene” y que es necesario “blindar la escuela pública” en lugar de dar más recursos en la concertada.

Sobre las conversaciones del Govern con el PSC, Albiach ha dicho que éste era un “giro previsible”. “Se tenía que producir porque si tienes 33 diputados y tienes que aprobar unas cuentas, ¿con quién lo harás? Con tu ex socio que acabas de romper con él o con una fuerza en la que en el Estado o en Barcelona ya trabajas y ¿son tu socio de facto?”, se ha preguntado.

Los ocho bloques se van levantando, como si de un pequeño barrio se tratara, en los terrenos de la antigua fábrica Cosme Toda, en L’Hospitalet de Llobregat. La promoción, de 885 viviendas en total, está tan avanzada que muchos pisos ya están vendidos. Pero un informe pericial cuestiona ahora su legalidad. Los edificios, de hasta 13 plantas, se habrían construido demasiado juntos, incumpliendo así la normativa del Plan General Metropolitano (PGM), que obliga a que tengan un mínimo diario de luz natural.

Esta es la conclusión a la que ha llegado un análisis pericial encargado por el grupo municipal de En Comú, que ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento para que paralice de inmediato las obras. El documento, firmado por el arquitecto Isidre Santacreu, constata cómo las fachadas de varios de los edificios no reciben el mínimo de luz solar que estipula la normativa. Según el artículo 264 de la reglamentación metropolitana, por razones de higiene todas las plantas de los bloques construidos en nuevas urbanizaciones deben contar al menos con una hora de rayos de sol directos entre las 10 y las 14 horas. Pero no en un día cualquiera, sino a fecha 21 de enero. Según el perito, si el plan presentado parecía cumplir con la normativa es porque hizo el cálculo en base a “valores estivales”.

“Lo que hicieron fue falsear los datos para sacarlo adelante”, denuncia Dani R., portavoz de la Plataforma Stop Masificación en L’Hospitalet. Este colectivo se opuso ya desde que comenzaron los trabajos, en 2018, a las nuevas edificaciones, alegando que lo que necesita el municipio, y barrios como el de Sant Josep, son zonas verdes y servicios públicos. Pero no más pisos. “Somos una de las ciudades más densas de Europa, pero en este barrio ni siquiera hay un centro de Atención Primaria y solo dos guarderías. Es una locura”, lamenta este vecino.

El plan se remonta a antes de la crisis inmobiliaria. El proyecto urbanístico se aprobó en 2008 mediante una modificación del Plan General Metropolitano, y ya por aquel entonces la Comisión de Urbanismo de la Generalitat, que debe aprobar estos planes, receló de su viabilidad a nivel de iluminación y de preservación de la intimidad. Pidió al Ayuntamiento una mejor justificación de que se cumplía la norma, y fue entonces cuando se remitió el documento con los cálculos que hoy se ponen en duda. 

Debería reducirse la edificabilidad un 34%

“Se trata de una infracción muy grave”, apunta Anna González, concejala de En Comú. Su grupo lo ha llevado por ahora al consistorio para que revise el planeamiento, pero si no lo paralizan, están dispuestos a trasladarlo a la Justicia. Si se confirman las conclusiones del perito, dice, se habría incurrido en una “nulidad de pleno derecho”. 

Para los comuns, esta obra es de hecho un “pelotazo”, porque gracias a los cálculos equivocados del asoleamiento se ha podido edificar un 34% más de lo que se hubiese permitido. Consultados por este diario, desde el Ayuntamiento, que gobierna el PSC, han declinado hacer valoraciones. “Los técnicos municipales deben estudiar el recurso y verificar si lo que exponen los Comuns es así. En cuanto se haya hecho la revisión, el Gobierno local se pronunciará sobre el caso”, apuntan fuentes consistoriales. 

A pesar de que han sido los comuns los que han encargado este informe pericial, Dani R. cuenta que fue el colectivo vecinal Stop Masificación el que detectó esta irregularidad. Inicialmente, sus manifestaciones y campañas en redes sociales iban destinadas a criticar que se levantase un complejo con capacidad para 3.000 o 4.000 personas en apenas cuatro hectáreas de una antigua fábrica, sin ampliar equipamientos ni transporte público. Y con muy poca zona verde. “Desde la ignorancia técnica, aquello ya nos parecía exagerado”, expone. 

Pero un día les contactó una arquitecta que había estado atenta a sus movilizaciones y les puso en alerta sobre la cuestión de la iluminación. “En 2019, cuando todavía no se había levantado nada, ni había siquiera encofrados, ya fuimos a llamar a la puerta de la Agencia para el Desarrollo Urbanístico a decirles que aquello no se estaba haciendo bien”, relata Dani R., que lamenta que no les hicieron caso. 

Ahora el problema es que varios de los edificios ya están casi acabados. Dos de los tres de 13 plantas están prácticamente finalizados por fuera. Otros dos de ocho pisos, lo mismo. La zona es un enjambre de obreros y técnicos. Y las inmobiliarias hace meses que anuncian los pisos y que han vendido buena parte de ellos. A un precio entre 250.000 y 300.000 euros, la inmobiliaria Qualitat HS ha colocado ya el 86% de sus viviendas, por ejemplo. Otra promotora implicada es Culmia, con precios parecidos y con pisos de unos 100m², piscina comunitaria y garaje. 

En un estadio tan avanzado de edificación, quienes se oponen al proyecto son conscientes de lo complicado que puede ser paralizarlo, modificarlo o suspenderlo. “Piensa que son casi 900 pisos a más de 200.000 euros cada uno. ¿Te imaginas la cantidad de millones que supone eso?”, se pregunta Dani R. Para En Comú, lo primero es presentar el recurso y, a partir de ahí, ya decidirán. Aun así, añaden que se ponen a disposición de los “afectados”. “Es lo más triste de todo. Hay personas que han comprado un piso deficiente a un precio muy elevado”, afirma la edil.

Vecinos exigen más verde; comercios lo celebran 

“¿Te refieres a los pisos esos que no tienen luz, ¿no?”. Muchos de los vecinos que rodean esta gran manzana que es la antigua Cosme Toda conocen perfectamente la controversia que rodea la promoción. “En L’Hospitalet tenemos un problema de masificación, esto es evidente”, expresaba Sara Cabello, mientras paseaba a su perro al lado de las obras. Ella vive en la ciudad desde 2013. Cuando supo de las promociones, estuvo mirando precios para ver si se podía comprar uno. “Pero son demasiado caros. Por 300.000 euros me compro una casa en las afueras”, argumenta.  

Sant Josep es un barrio de tradición obrera, con bloques levantados durante el tardofranquismo y pocas zonas de recreo. De todos modos, Sonia, vecina desde hace 30 años, lo define como un “buen barrio”. “La gente es trabajadora. Se levanta temprano y se va a dormir temprano. Así que es tranquilo”, resume. Para ella, las 900 viviendas son un problema “muy grande”. Además, justo al otro lado de la Avenida Josep Tarradellas, a 50 metros de Cosme Toda, se han proyectado otros 500 pisos nuevos. “No estamos preparados para tanta gente cuando tenemos que desplazarnos hasta el centro para ir al centro de salud”, insiste esta vecina. 

Pero también hay opiniones favorables, sobre todo las de aquellos negocios que verán cómo se multiplican sus potenciales clientes. Frente a las obras, la dueña de un bar explica que incluso antes de que hayan llegado los vecinos les ha “cambiado la vida”. Antes, la calle donde apenas podía colocar una terraza de tres mesas estaba flanqueada por un carril de aparcamiento y el muro de la antigua factoría tapiada. Ahora le han ampliado la acera de tres a seis metros y tendrá unas vistas más agradables.

Nunca había habido un Govern con tan poco apoyo parlamentario, ni tampoco una oposición tan dispuesta a sostenerlo. La jefa de los comuns en Catalunya, Jéssica Albiach, tiene la mano tendida para llegar a acuerdos a los de Pere Aragonès, ahora que Junts ha abandonado el Govern, pero reclama que los republicanos demuestren la voluntad de dar carpetazo con la etapa anterior. Albiach tiene claro que la continuidad del Ejecutivo catalán dependerá de si ERC es capaz de ofrecer propuestas netamente progresistas y formar mayorías de izquierdas, para lo que necesita al PSC.

En el marco estatal, la diputada marca como prioridades igualadas en importancia la aprobación de los Presupuestos Generales y la reforma de la sedición. Sobre esta última, remarca que “debe quedar claro que una sedición es un levantamiento violento y con armas” y no otra cosa.

Estamos ante un Govern en absoluta minoría parlamentaría. ¿Esto es un problema o una oportunidad para su partido?

Principalmente, pensando en el país, es un problema. Y no solo porque esté en minoría absoluta sino porque hasta el momento ha demostrado ser incapaz de tejer alianzas con otras fuerzas progresistas. Creo que ERC tiene la oportunidad de demostrar si está por el cambio o por el continuismo, si este es el último gobierno de esta etapa o si aprovecha para hacer nuevas políticas. Si lo que se está abriendo una nueva agenda de cambio, nosotras estaremos.

¿Qué políticas cree que demostrarían que se abre esa nueva etapa?

En cuestiones como la vivienda, donde es urgente la ley para regular los alquileres desde el Gobierno central, también desde Catalunya tenemos herramientas para hacer que los 32.800 pisos vacíos que tenemos en manos de bancos o fondos buitre pueden ser sancionados o expropiados. Además, podemos salir de esta crisis gracias a los beneficios de los que más tienen y no a costa de los salarios de la gente trabajadora, cuando ahora mismo hay un millón de personas en Catalunya que tienen su salarios sin actualizar por el bloqueo de la patronal. Y necesitamos un escudo social, y cuando hablo de esto pienso en al menos 1.000 millones de euros y no de 300 como habló el president.

¿Cree que Aragonès podrá terminar la legislatura o ve elecciones pronto?

Ahora es momento de ver qué quiere hacer Aragonès. Y creo que dependerá de la actitud que tenga ERC acabar la legislatura o no. Ahora mismo lo que vemos es una ERC arrinconada y con la mirada demasiado puesta en la calculadora electoral, que le está impidiendo asumir que tiene 33 diputados y que necesita una cooperación de fuerzas parlamentarias.

¿Esa “cooperación de fuerzas parlamentarias” en la que están pensando es con ustedes y el PSC?

No se trata tanto de hablar de siglas sino de políticas. Creo que los catalanes tienen una clara necesidad de presupuestos y desde 2020 nosotros hemos demostrado con nuestro apoyo a las cuentas que con las cosas de comer no se juega y que aquí hace falta que las fuerzas parlamentarias atiendan a la ciudadanía. Pero es ERC la que debe demostrar que puede ofrecer en solitario algo diferente a los presupuestos que elaboró Jaume Giró y recetas diferentes a las de Junts. 

Durante la crisis de Gobierno dijeron que congelaban la negociación de presupuestos. 

Y menos mal que lo hicimos, porque a la semana siguiente de decirlo el conseller de Economía ya no era conseller. 

¿La han descongelado ya?

Nosotros ya hemos dicho que por nuestra parte quedan descongeladas en la medida que hay un Govern. Ahora bien, no ha habido nuevas reuniones para tratar sobre los presupuestos, porque el Govern no nos las han pedido. Ya estamos viendo que los presupuestos no estarán disponibles el 1 de enero, que sería lo deseable, por lo que ahora mismo estamos a la espera de que el Govern asuma que necesita de otras fuerzas. Y aquí yo planteo, con toda humildad: no somos suficientes, pero sí somos necesarios.

¿Los presupuestos deben subir impuestos para que los vote En Comú Podem?

Los presupuestos serán la prueba del algodón de si ERC sigue instalada en el continuismo o quiere cambio. Y si tiene algo que ofrecer que no sea el programa de Junts. A partir de aquí, en los presupuestos debe avanzarse hacia la soberanía energética, porque Catalunya hace cinco años que es un desierto energético. También queremos un escudo social de al menos 1.000 millones. Y evidentemente estos presupuestos tiene que ser más redistributivos. Aquí planteamos un impuesto de solidaridad que afectaría al 0,5% de los contribuyentes, es decir, 19.000 personas que ganan más de 175.000 euros al año. 

¿Está hablando de un aumento del IRPF en los tramos más altos?

Sí, subiendo un punto del IRPF a estos contribuyentes tan ricos podríamos tener más de 85 millones de euros. Pero también es importante que se cumplan los compromisos por parte de ERC, porque el acuerdo de presupuestos del año 2022 no se cumple con la urgencia que se necesitaría. Tenemos aprobado el impuesto a alimentos ultraprocesados, pero aún no se ha desarrollado ni la memoria, o el impuesto a industrias contaminantes, que no ha comenzado a desarrollarse la ley.

¿Entiende que Aragonès rechace la mano extendida del PSC para negociar las cuentas?

Lo que no se acaba de entender es por qué lo que sirve en Madrid no sirve en Catalunya. Si en los últimos años hay Presupuestos del Estado es porque ha habido acuerdos entre el PSC, Unidas Podemos y ERC. ¿Por qué en Catalunya es imposible? Sobre todo cuando sí ha sido posible para repartirse los sillones de ciertos organismos como la Sindicatura de Greuges, la de Cuentas o la dirección de TV3 y Catalunya Ràdio. 

Junts pide a Aragonès que se someta a una cuestión de confianza. ¿Cree que debería hacerlo?

Creo que es importante tener un respeto a los tiempos. Ahora mismo Aragonès lleva 15 días gobernando en solitario y creo que lo que tiene que demostrar es que es capaz de llegar a mayorías amplias para aprobar políticas. Si tenemos un Govern incapaz de sacar adelante unos presupuestos, entraremos en otra fase, pero creo que ahora mismo es importante ver hacia dónde se dirige y si es coherente. Escuchamos constantemente a Gabriel Rufián pedir impuestos a los ricos. Muy bien, ¿pero ERC cumplirá en Catalunya lo que exige en el Estado, o nos volverá a presentar los presupuestos de Junts?

¿Cree que podemos llegar al escenario en que no haya presupuestos porque ERC no quiera pactar con el PSC?

A mí lo que me cuesta muchísimo de entender es que ERC hable con alegría de una posible prórroga presupuestaria. Porque estamos en una situación muy diferente a hace un año, entonces estábamos en pandemia, ahora sufrimos el impacto de la inflación, derivada de la guerra de Ucrania pero también de que algunos están aprovechando para inflar sus beneficios. Por eso una prórroga presupuestaria no solo no sería adecuada al momento que vive el país sino que supondría la pérdida de 3.100 millones de euros que son necesarios.

¿Aragonès les ofreció entrar en el Gobierno? ¿Qué harían si esto ocurriera?

Ese debate no se ha dado en ningún momento. Pero más allá de eso, creo que lo que es importante es hablar sobre cuáles son las necesidades que tiene ahora mismo la gente, las familias, nuestro tejido productivo, la emergencia climática que produce 600 muertes en Catalunya por las olas de calor. Creo que es momento no de hablar del quién sino del qué. 

¿La entrada de Gemma Ubasart como consellera de Justicia es un guiño, o más bien lo contrario, un intento de ir a buscar votos en su espacio?

No lo interpreto ni de una manera ni de otra, creo que hay perfiles nuevos en el Govern que son potentes. Creo que Gemma es una mujer preparada y que tiene mucho que aportar. Pero eso no soluciona el problema que tiene este Govern, que solo tiene el apoyo de 33 diputados y diputadas. Por tanto, nos encontramos ante un gobierno que habla del 80% pero es el gobierno del 21%.

Esta reforma de la sedición debe garantizar el derecho de protesta

¿Entenderían que ERC condicionara la aprobación de los presupuestos generales a la reforma del Código Penal?

En la medida en que tú subordinas una cosa a la otra parece que una sea más importante que la otra. Y yo creo que ambas cosas son importantes. Creo que es necesario avanzar en la desjudicialización del conflicto que ha generado tanto sufrimiento, y creo que es vital también avanzar en unos presupuestos que son objetivamente buenos para la ciudadanía. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado tienen 600 millones de euros en dependencia, la rebaja o gratuidad del transporte público, la actualización de las pensiones, 100 euros al mes para las familias con hijos menores de 3 años.

¿Entonces cree que reformar la sedición es tan importante como los presupuestos?

La reforma del Código Penal que en su día ya propuso Jaume Asens en 2019 sigue siendo clave. Y no solo, aunque también, para los afectados por la sentencia del procés, sino también para garantizar derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la protesta. Quiero hacer hincapié en que esta reforma de la sedición debe garantizar el derecho de protesta. Hubo una interpretación muy ambigua y muy amplia por parte del Tribunal Supremo, por lo que se necesita una redacción del delito garantista ante cosas como protestas laborales, manifestaciones feministas o parar un desahucio, porque con la jurisprudencia que asienta esta sentencia nos dejan absolutamente vendidas.

¿Para ustedes, que habría que hacer con la sedición, derogarla, reformarla o bajarle las penas?

Nosotras nos presentamos a las elecciones de 2019 pidiendo la derogación, la eliminación de este delito. Yo entiendo que en la negociación entran otros actores y que hay que terminar de encajar las piezas. Para mí lo importante es que la reforma que se haga sea garantista y eso quiere decir que antes de hablar de las penas tenemos que hablar de qué es sedición. Para nosotros tiene que desaparecer la palabra “tumultuario”, que es muy ambigua, y debe quedar claro que una sedición es un levantamiento violento y con armas. De esta manera queda garantizado el derecho de protesta.

Feijóo ha demostrado no tener palabra y el Gobierno debe demostrar todo lo contrario

¿Se deben reformar más delitos o vale con el de sedición?

Creo que el Gobierno de coalición ha avanzado mucho en materia social pero ahora debe apretar en las reformas de la agenda democrática y el blindaje de derechos. Es clave la reforma del Código Penal, estamos trabajando también en una ley de libertad de expresión, porque no tiene sentido que haya raperos en el exilio y también es importantísima la renovación del Poder Judicial y creo que aquí está la madre del cordero, porque tenemos un gobierno de los jueces caducado desde años y que además intentan ganar desde la cúpula judicial lo que pierden en las urnas.

El PP ha anunciado que rompe la negociación con el PSOE, precisamente debido a la reforma de la sedición. ¿El Gobierno debería renunciar a reformar el Código Penal?

En ningún caso. Feijóo ha demostrado no tener palabra y el Gobierno debe demostrar todo lo contrario: que sí la tiene y que por eso cumplirá con su compromiso de reformar el delito de sedición. 

Después de 4 años con el bloqueo del Partido Popular, nadie puede creerse lo que a todas luces es una excusa que el líder del PP se ha sacado de la manga para justificar hacia afuera lo que ha sido una derrota ante los sectores más conservadores de su partido. Una vez más, queda claro que Feijóo no está preparado para gobernar España.

El independentismo denuncia constantemente ciertos incumplimientos, como el bajo porcentaje de inversiones o la situación de Cercanías. ¿Ustedes creen que se maltrata, especialmente a la ciudadanía de Catalunya?

Creo que tenemos un sistema de financiación autonómica lamentable, que está caducado y que castiga especialmente no solo a Catalunya sino también al Pais Valencià o les Illes, y creo que tiene que ser reformado urgentemente. Por eso no entiendo que el Govern catalán vaya siempre arrastrando los pies. Dicho esto, creo que el PP ha querido ganar en otros territorios a costa de Catalunya y castigando a los catalanes, por tanto arrastramos un déficit de inversiones que tienen que ser resuelto. El Gobierno central está en ello y lo demuestra presupuesto tras presupuesto, pero esto no se resuelve ni en dos ni en tres años.

La reforma del sistema de financiación autonómica está totalmente fuera del debate, pese a llevar más de ocho años caducada. ¿Por qué pasa esto?

Nosotras lo intentamos. El año pasado presentamos nuestra propia propuesta. Es un tema crucial porque se trata de los recursos de los que disponemos para blindar o para atender la sanidad pública o la educación, además de nuestra gente mayor. Creo que hay por un lado un calendario electoral que pesa pero, además, creo que hay que entender que la reforma del sistema de financiación debe ir acompañada de una reforma fiscal profunda. Si nos comparamos con la mediana europea, nuestro sistema impositivo es siete puntos inferior en recaudación. Creo que eso debe revisarse más allá del momento puntual.

La semana pasada se cumplieron 16 meses desde que el Consejo de Ministros llevó la ley catalana que limitaba los alquileres en el TC. En ese momento se dijo que habría una ley estatal, pero eso no ha ocurrido. ¿Por qué?

Hemos visto que al partido socialista le tiemblan las piernas. Escocia tiene un parque público de vivienda del 24%, mientras España lo tiene del 1%. En Escocia han aumentado los alquileres el último año un 3%, en España han subido un 10% de media. Hay motivos más que suficientes para solucionar este problema, esta ley es urgente, el Partido Socialista debe dejar de dilatar su aprobación. Y también digo: no nos sirve una ley de vivienda que no contemple la regulación del alquiler. Si no la contempla, no contará con nuestro voto favorable.

El espacio de Unidas Podemos vuelve a estar en un cruce orgánico por su conversión en Sumar. ¿Cómo cree que debería de configurarse esta reagrupación de fuerzas que hasta ahora estaban, en parte, dispersas?

Mi objetivo es ganar un país para la próxima década y esto pasa por profundizar en el proceso en el que estamos ahora mismo. Hay 35 grupos de persona que desde diversos ámbitos como modelo productivo, transición ecológica, universidades, transparencia… que está trabajando en el programa que necesita España para la próxima década y en eso tenemos que perseverar. A mi, las fórmulas me importan cero y, a la ciudadanía, aún menos. Nuestras energías están puestas en construir la esperanza que encarna mejor que nadie Yolanda Díaz y, a partir de ahí, atraer a toda la ciudadanía que quiera ser dueña de su futuro.  

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que los resultados electorales de la izquierda en las elecciones autonómicas de Andalucía de este domingo no han sido buenos, por lo que ha llamado a “reaccionar, tomar nota y hacer autocrítica”.

En rueda de prensa en Barcelona junto con la líder de los comuns en el Parlament, Asens ha asegurado que se deben “analizar los errores que se han cometido”, y ha apostado por abrir un tiempo nuevo que comenzará el 8 de julio con la presentación del proyecto 'Sumar' encabezado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Pese a que considera malos los resultados en Andalucía, Asens ha celebrado que “se ha frenado el avance de la extrema derecha” y Vox quede por tanto fuera del Gobierno andaluz.

Aunque ha lamentado que no haya sido gracias a las izquierdas, que cree que “o se han quedado en casa, o han ido divididas a votar o han optado por el voto útil”, ha dibujado el líder de UP.

Pide al PSOE que no vire a la derecha

Asens considera que “es arriesgado” extrapolar el resultado en Andalucía a nivel estatal, y ha apuntado que el camino para movilizar a la izquierda es cumplir con lo acordado para formar el Gobierno de coalición con el PSOE.

Para él sería un error que los socialistas apostasen por virar hacia la derecha: “La derecha está movilizada por la existencia del Gobierno de coalición y no se movilizará más porque se cumpla un acuerdo de cambios profundos”, ha dicho en referencia al acuerdo para formar el Gobierno entre PSOE y UP.

Considera que se ha “avanzado mucho en agenda social, pero queda mucho por hacer en la agenda democrática y territorial”, tras lo que ha apostado por derogar la conocida como 'Ley Mordaza' y la Ley de Secretos Oficiales, y aprobar una ley de libertad de expresión y otra de memoria democrática.

Ha lamentado que la coalición 'Por Andalucía' tuviese un inicio marcado por “el ruido”, pero ha apostado por la unidad que cree que se ha visto en los últimos días durante la campaña electoral, y ha insistido en que el 8 de julio se deben dejar atrás las dinámicas de partidos del pasado y se apueste por la unidad con el proyecto 'Sumar'.

Preguntado por si cree que podrían adelantarse las elecciones generales, Asens se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho en varias ocasiones que no tiene intención de adelantarlas: “Damos credibilidad a sus palabras. Entendemos que eso no sucederá”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reafirmado el apoyo de los comuns al proyecto política que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz de cara a las próximas generales, tras las que, ha confiado, la actual ministra de Trabajo sea la primera presidenta del Gobierno.

“Queridísima Yolanda, si algún día tienes un día complicado, recuerda esta imagen: somos centenares de concejales que ya caminamos a tu lado, desde abajo, para que seas presidenta. No solo vamos a sumar, ¡vamos a multiplicar y vamos a ganar!”, ha aseverado Colau en el cierre de las jornadas que En Comú Podem ha celebrado este sábado para presentar a algunos de sus candidatos a las municipales del año que viene.

El de Colau es uno de los apoyos más destacados de las confluencias de izquierda a Díaz en el proceso –denominado 'Sumar'– que la vicepresidenta segunda del Gobierno ha iniciado para lanzarse a liderar una candidatura electoral que se decidirá cuando concluya en diciembre sus contactos con distintos colectivos.

“Tengo el orgullo y honor de ser la primera mujer alcaldesa de Barcelona y confío en que tendremos el orgullo y honor de que Yolanda Díaz sea la primera presidenta del Gobierno”, ha apostillado Colau.

Muestra del cierre de filas total de los de Colau con Díaz es que el nombre escogido por En Comú Podem para el acto con el que el partido ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña de las municipales de mayo de 2023 ha sido 'Sumar para ganar'.

Tras un retroceso electoral en 2019 respecto a 2015, los comuns tienen a día de hoy 16 alcaldías, y de cara a los próximos comicios presentarán hasta 200 candidaturas. El objetivo, además de retener Barcelona, es crecer tanto en los municipios metropolitanos como del resto de Catalunya, y revalidar alcaldías como las de El Prat de Llobregat, Montcada i Reixac y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

“En 2023 sumamos para ganarlo todo, para volver a ganar. No solo sumaremos sino que multiplicaremos nuestra fuerza”, ha lanzado la alcaldesa a la militancia, en un acto que también ha contado con la intervención del actual portavoz de los comuns en el Congreso, Joan Mena, que será el alcaldable del partido en Sabadell (Barcelona).

Colau también ha querido reivindicar la expansión de políticas sociales bajo su mandato, como el dentista o el psicólogo municipal, la eléctrica de Barcelona y la vivienda social: “No solo hemos venido a plantar cara a los poderes fácticos a los que nadie había parado los pies antes, también estamos haciendo mucho más de lo que nos decían que se podía hacer desde el municipalismo”.

La nueva ley sobre el aprendizaje de lenguas en la escuela ha salido adelante en el Parlament con el apoyo del 78% de los diputados, tras varios meses de zozobra en los que el consenso ha estado muy cerca de romperse. Finalmente el texto ha llegado al pleno este miércoles, ya con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias, y ha recibido el apoyo de los cuatro partidos que la impulsaron, PSC, ERC, Junts y comuns. El objetivo es la norma modificar y actualizar el marco legal sobre el uso del catalán como lengua de referencia y, a la vez, reconocer por primera vez el castellano como lengua “curricular”.

Esta nueva regulación que llega en pleno choque del Govern con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la sentencia que impone un 25% de castellano en todas las escuelas catalanas. Esta ley no rechaza de forma explícita los mandatos de la sentencia, como sí lo hace el decreto ley que aprobó el Ejecutivo hace dos semanas, pero establece una regulación diferente a la que el tribunal invocaba para asegurar que el castellano debía garantizarse como lengua vehicular, a la vez que indica que el reparto entre la lengua catalana y la castellana debe determinarse en función de las necesidades pedagógicas y del entorno sociolingüístico de cada centro.

Pese al abrumador apoyo, los efectos de la ley son controvertidos porque los grupos tienen interpretaciones diversas. Para los partidos del Govern, la norma permite “blindar” la inmersión lingüística y continuar usando el catalán como única lengua vehicular. El PSC en cambio considera que la norma da cumplimiento a la sentencia del Constitucional que indica que el castellano debe ser vehicular y, por tanto, que permitirá un mayor uso del castellano en las escuelas. De esta misma forma lo interpreta el Consejo de Garantías Estatutarias, que en su dictamen de este martes indicaba que la normativa establece un uso “más amplio” de la lengua castellana.

Estas dudas sobre los efectos de la normativa no han empañado la satisfacción de todos los grupos por el amplio consenso alcanzado, un hecho que ha resaltado tanto el president Pere Aragonès como el líder de la oposición, Salvador Illa, y también los líderes de Junts y comuns. “Un consenso abierto”, ha defendido Aragonès, “que demuestra que el Parlament no dimite de su obligación de legislar”. “Lo mejor que podemos hacer por la lengua es llegar a acuerdos amplios”, ha convenido el líder socialista.

De entre los favorables a la inmersión lingüística, el único partido que ha cargado contra la ley ha sido la CUP. “Esta ley abre la puerta al uso del castellano más allá del aprendizaje del idioma”, ha asegurado el diputado anticapitalista Carles Riera. “Con la ley que hoy aprueban están dando la razón al Tribunal Superior de la Justicia de Catalunya, cuyos argumentos no son el 25%, sino convertir el castellano en lengua vehicular”, ha asegurado.

En el otro lado, también Vox, Ciudadanos y PP han cargado con dureza contra la ley y, muy especialmente, contra el PSC. “Es vergonzoso que ustedes por mantenerse en el poder sucumban a los discursos más supremacistas. No cuenten con nosotros para que callemos ante un nacionalismo catalán cada vez más desbocado y que no tiene un contra relato en un partido como el PSC”, ha asegurado Carlos Carrizosa, de Cs. Ignacio Garriga, por su parte, ha asegurado que la extrema derecha hará todo lo posible por paralizar esta regulación.

A partir de su aprobación, la nueva ley de usos lingüísticos en la escuela y el decreto sobre la elaboración de los proyectos lingüísticos –que no tiene apoyo del PSC– constituirán el nuevo armazón legal de los centros de enseñanza obligatoria en Catalunya. Una regulación que probará sus efectos ya a partir del próximo curso y que se enfrentará al examen del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, vigilante de que se cumpla el 25% de castellano.