Los casos de represión contra el derecho a protesta que se dieron en movilizaciones españolas durante el año 2025 han ascendido un 66,7% con respecto al año 2024. De entre todas las movilizaciones, una cuarta parte de las intervenciones se produjeron durante protestas en solidaridad con Palestina (90 casos), seguidas de vivienda y okupación (67 casos) y antifascismo (61 casos). Son datos que recoge el informe anual de la plataforma Defender a quien defiende, defensora de los derechos humanos y que cada año estudia la situación del derecho a la protesta en el Estado español de forma cuantitativa y cualitativa.

El informe, presentado este jueves por Bernat Aragó (de la asociación NOVACT), Cèlia Carbonell (de la asociación Irídia), Gabriela López Neyra (psicóloga del Centro Sira) e Ibán Vazquez (de BDS Madrid), recoge que la represión se intensifica cada año y lo hace de manera más visible y más sistemática —a más protesta y movilización popular, más represión—. En total, según los datos que ha podido conseguir la plataforma Defender a quien defiende, en 2025 se dieron un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en contexto de protesta.

Tipos de vulneraciones del derecho a protesta

La organización diferencia entre tres tipos de datos. Los casos, según detalla la plataforma, hacen referencia a los episodios concretos vinculados “a una protesta o situación relacionada con el ejercicio del derecho a la protesta” (por ejemplo, una manifestación, un desalojo). Las vulneraciones son intervenciones concretas realizadas “por una autoridad pública o por un actor privado que afecta o restringe el ejercicio de alguno de los derechos que conforman el derecho a la protesta”. Por ejemplo, una carga policial, una detención, una multa administrativa o la apertura de un procedimiento judicial. Y las personas afectadas “se contabilizan por caso y por vulneración”, es decir, una persona identificada y detenida es una persona contabilizada; en cambio, “si se produce una carga policial desproporcionada contra un grupo de personas, pero no se reporta ninguna persona herida, contará como una sola persona”. Si una persona resulta afectada en distintos casos, se contabiliza en cada uno de ellos en los datos de la plataforma.

También se distinguen distintos tipos de vulneraciones. El estudio indica que en 2025 adquieren mayor peso las vulneraciones contra la integridad física y moral (147 casos con 419 personas afectadas) y las detenciones (76 casos con 324 personas afectadas), lo que se traduce en más de una tercera parte de las vulneraciones detectadas, mientras que en 2024 fueron más comunes lss identificaciones y sanciones administrativas (más del 50 % del total de casos registrados). El informe recoge distintos tipos de intervenciones contra el derecho a protesta: multa, identificación, ataques a la integridad física y moral (agresiones, uso desproporcionado de la fuerza, cargas, registros y cacheos, golpes no reglamentarios, amenazas, insultos, coacciones o vejaciones), detención, infiltración (presencia encubierta de agentes de paisano en manifestaciones o actividades en espacios sociales), represión judicial, censura, retención, burorrepresión (obstáculos administrativos, trabas burocráticas o exigencias desproporcionadas que dificultan la organización y participación en movilizaciones), policía sin identificar y otros.

Un cuarto de las retenciones fueron en protestas por Palestina

Las retenciones durante las protestas en solidaridad con Palestina fueron las más recurrentes (el 24,7 % de los casos), y han aumentado casi un 65 % frente al año anterior, sobre todo en casos de ataque a la integridad física y moral. Estos casos de represión se dieorn principalmente en tres acontecimientos del año 2025: el boicot a la celebración de La Vuelta Ciclista entre los meses de agosto y septiembre, las protestas por el secuestro de los activistas de la Global Sumud Flotilla, y la huelga general por Palestina el día 15 de octubre del mismo año. Durante La Vuelta Ciclista en Madrid, la Red de Observación de vulneraciones en contexto de protesta de Madrid registró más de una veintena de manifestantes heridos, “de los cuales cuatro referían heridas graves en cargas desproporcionales ocasionadas por la Policía Nacional”, según el informe de Defender a quien defiende.

Estas intervenciones fueron ejercidas en su mayoría por los cuerpos policiales (54,5%), donde los Mossos d’Esquadra son responsables de un 25,8% de los casos, y la Policía Nacional de un 22,6%. “Este patrón refuerza la tendencia observada en años anteriores, donde las fuerzas policiales representan el principal actor en la represión de la protesta”, explican desde Defender a quien defiende.

Por otro lado, las instituciones públicas y judiciales son responsables del 26,3 % de los casos (111), y el 19,2 % de las vulneraciones documentadas son de actores privados, que entran en juego en protestas como las de vivienda, con la intervención de empresas de desocupación como Desokupa.

El informe también distingue un análisis territorial de los casos, donde se aprecia que Catalunya es la comunidad autónoma donde más casos se han registrado en 2025 (194 de los 380), seguido de Madrid (61 casos) y la Comunidad Valenciana, donde, además de protestas en solidaridad con Palestina, la vivienda y movilizaciones antifascistas, se produjeron muchos episodios vinculados a las protestas por la gestión de la DANA.

El recuento no corresponde a la totalidad de casos existentes pues, según explican en su informe, “en el Estado español no existe ningún mecanismo oficial de recuento o sistematización de vulneraciones del derecho a la protesta”, por lo que la recopilación de estos datos se ha conseguido mediante “observación directa por parte de redes de monitoreo en el terreno, testimonios y documentación aportada por personas afectadas, así como el seguimiento sistemático de medios de comunicación y redes sociales de movimientos sociales”. Defender a quien defiende explican que esta información es “una radiografía basada en los casos detectados y documentados por la plataforma, sin posibilidad de contraste con datos institucionales equivalentes. El volumen real de afectaciones es necesariamente superior”.

Diez años de la Ley Mordaza

El informe de Defender a quien defiende de 2025 coincide con el décimo año desde la aprobación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana) en España, que entró en vigor en julio de 2015. Esta ley ha supuesto el aumento y endurecimiento de las sanciones en los espacios públicos, principalmente en manifestaciones, y que limitan los derechos de los ciudadanos (libertad de expresión y protesta). Desde la plataforma apuntan que “no se debería haber aprobado nunca” y aseguran que fomenta malas prácticas con el material policial.

Este aumento de malas prácticas se ha podido apreciar en el incremento del uso de gases pimienta, pelotas de goma, bastones policiales, proyectiles de foam y otros materiales antidisturbios. La organización afirma que hay casos en los que los cuerpos los utilizan sin seguir los protocolos establecidos para ello, llegando incluso a provocar en activistas fracturas óseas en brazos, piernas y costillas. La plataforma denuncia que en numerosas ocasiones el uso de este material está “injustificado” y exigen la prohibición de los gases y los proyectiles.

De la misma forma, desde Defender a quien defiende critican las nuevas técnicas de control y vigilancia de la ciudadanía en el espacio público, como cámaras de seguridad, cámaras térmicas y de reconocimiento facial, y defienden que “solo una sociedad informada, que comprende los riesgos reales y se reconone como sujeto político en el espacio público, puede resistir la normalización de la vigilancia y movilizarse para construir alternativas democráticas y justas”.

Más de medio centenar de personas han recibido notificaciones de expedientes sancionadores a raíz de su participación en la huelga por la gestión de la dana convocada el pasado 29 de mayo por sindicatos como CGT, CNT o Intersindical. “Todo eso solo porque el 29M decidieron ejercer sus derechos”, asegura Alerta Solidària en un comunicado.

La entidad también indica que más de un centenar de personas fueron identificadas y registradas por la Policía Nacional durante la jornada de huelga, cuyos piquetes informativos se sumaron a la multitudinaria manifestación contra el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón coincidiendo con el aniversario de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos.

Los expedientes de sanción, según Alerta Solidària y el Grup de Suport a les Represaliades del 29M, constituyen un “ataque al derecho a la manifestación y a la huelga”.

La entidad, que reitera la petición de la “inmediata” derogación de la Ley Mordaza, exige el archivo de los procedimientos sancionadores.

“Vulneración de los derechos fundamentales”

El comunicado denuncia la “vulneración de los derechos fundamentales” por parte de un cuerpo policial “a las órdenes de un partido supuestamente de izquierdas, el PSOE”.

También sostiene que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, “que ha intentado proyectar una imagen contrapuesta a la gestión nefasta del Gobierno valenciano el 29 de octubre, es responsable de actuar precisamente contra las personas afectadas por la riada y contras las que exigen responsabilidades políticas y judiciales”.

La nit cau sobre Son Banya: carrers de terra, portals mig oberts, cotxes que entren i surten sense fer massa soroll i mirades que es creuen amb la rapidesa de qui no vol deixar rastre. En aquest poblat xabolista situat als afores de Palma, on la compravenda de droga forma part del paisatge quotidià i la presència policial és tan habitual com la desconfiança, un vehicle crida l'atenció dels agents de la Policia Nacional a la sortida del considerat major 'supermercat' de la droga a Mallorca. En inspeccionar-lo, troben diversos grams de cocaïna i, al maleter, uniformes de la Policia Local de Capdepera. Al turisme viatja un policia que, pel que sembla, acaba d'abastir-se de substàncies estupefaents, una circumstància que, malgrat estar fora de servei, li passarà factura.

Els fets van tenir lloc el passat mes de novembre. Després de tenir coneixement del succeït, l'Ajuntament d'aquest municipi va decidir suspendre d'ocupació i sou durant 102 dies l'agent a l'empara de la Llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears. En el seu article 69 q., aquesta norma considera una falta greu -com la que s'ha aplicat en aquest cas- “emborratxar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques fora del servei quan sigui amb caràcter habitual o afectin a la imatge del cos”. El precepte afegeix que “s'entén que hi ha habitualitat quan s'acrediten tres o més episodis d'embriaguesa o consum d'aquestes substàncies en un període d'un any”.

La resolució dictada pel Consistori, avançada per Última Hora i a la qual ha tingut accés elDiario.es, s'acull, així mateix, a l'article 69 y., que apunta a la “infracció de deures o obligacions legals inherents al càrrec o a la funció policial, quan es produeixin de forma greu i manifesta”. El document municipal inclou com a sanció accessòria la imposició d'un canvi de destinació de l'agent -integrant de la unitat nocturna- a una unitat sense accés a armes de foc si no s'acredita que ha deixat el consum. Una clàusula que no és habitual en tots els cossos, però sol aplicar-se en el cas d'agents amb accés operatiu a armes, com succeeix en aquest cas.

L'Ajuntament de Capdepera ha suspès d'ocupació i sou l'agent durant 102 dies a l'empara de la Llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, que considera una falta greu 'emborratxar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques fora del servei quan sigui amb caràcter habitual o afectin a la imatge del cos'

Un debat incòmode per a les institucions

El cas reobre un debat incòmode per a les institucions: fins a quin punt l'exigència d'exemplaritat recau sobre els membres dels cossos policials fins i tot quan estan fora de torn i com es gestiona la confusa frontera entre la vida privada i la credibilitat pública dels qui porten una arma i representen l'Estat. Una circumstància, a més a més, que esdevé un desafiament en regions com Balears, que combinen un flux constant de turisme internacional amb rutes afavorides per la logística marítima, i on el transport, la distribució i el consum de drogues s'entrellacen amb la vida quotidiana de zones com Son Banya, un dels principals focus de venda d'estupefaents i escenari d'operacions policials com la que, a l'agost de l'any passat, va desarticular una de les xarxes de narcotràfic més grans que han operat a Mallorca.

De fet, el cas del policia local de Capdepera no és aïllat. A l'octubre de 2022, el Tribunal Suprem va confirmar la sanció imposada a dos guàrdies civils que, al gener de 2019, van ser interceptats per la Policia Municipal de Madrid a la sortida d'una barraca “sospitosa” de la Cañada Real per “ésser-hi emprada per al tràfic de drogues, consum i menudeig”. Els dos agents, que es trobaven fora de servei, van donar positiu en drogues i alcohol, per la qual cosa se'ls va obrir un expedient com a autors d'una falta “molt greu” d'“abús i atribucions que causi greu dany als ciutadans o a l'Administració”. La sanció va ser confirmada pel Tribunal Militar Central. Els funcionaris van recórrer davant el TS en considerar que s'havia vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva, la seva presumpció d'innocència i el seu dret a un procés amb totes les garanties. Els magistrats van avalar la mesura disciplinària.

A l'octubre de 2022, el Tribunal Suprem va confirmar la sanció imposada a dos guàrdies civils que van ser interceptats a la sortida d'una barraca "sospitosa" de la Cañada Real (Madrid) per "ser-hi emprada per al tràfic de drogues, consum i menudeig". Els dos agents, que es trobaven fora de servei, van donar positiu en drogues i alcohol, per la qual cosa se'ls va obrir un expedient com a autors d'una falta "molt greu"

Al desembre de 2022, un guàrdia civil va ser identificat al barri de La Tafalera d'Elda (Alacant): portant una xeringa, es va identificar com a agent de l'Institut Armat i “toxicomaníac” i va manifestar als policies que es trobava sota la síndrome d'abstinència i que anava a comprar droga. El funcionari va ser sancionat per falta greu per haver protagonitzat “conductes greument contràries a la dignitat de la Guàrdia Civil”, mesura que va ser confirmada pel Tribunal Militar Central. La sentència assenyalava que “els membres de la Guàrdia Civil han de mostrar un comportament irreproxable en tot moment, no només en acte de servei, també en relació amb tercers”.

Per contra, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va anul·lar el 2017 una ordre de suspensió d'ocupació imposada a un agent de la Policia Nacional que va donar positiu en drogues en una prova capil·lar: l'anàlisi va determinar que havia consumit substàncies psicotròpiques després d'assistir a un macrofestival a Arganda. La sentència, consultada per elDiario.es, no posa en dubte els fets -que considerava “incontestables”-, ni les proves -es van dur a terme i fins i tot l'agent va prestar el seu consentiment exprés per a les mateixes-. La sanció va quedar sense efecte, tanmateix, per un motiu que els magistrats consideraven clau: l'Administració no havia acreditat l'element que exigeix el tipus disciplinari aplicat, és a dir, que el consum fos habitual -definit habitualitat com a tres o més episodis en un any- o que hagués afectat la imatge del cos, tal com exigeix la llei que regula el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia.

En el cas dels policies nacionals, la normativa que regula el seu règim disciplinari exigeix que l'Administració acrediti que el consum és habitual -tres o més episodis en un any- o que afecti la imatge del cos

El límit entre el públic i el privat

La lògica que sol sostenir les resolucions judicials que sí han confirmat sancions d'aquest tipus rau en el fet que la via disciplinària no sanciona únicament el fet de consumir, sinó el que aquest comportament projecta sobre la institució: la idea que un agent pot estar vulnerant, encara que sigui en la seva esfera privada, allò mateix que té el deure de prevenir i combatre, erosionant amb això la confiança pública i l'autoritat del cos. Fonts sindicals consultades per aquest periódic asseveren que aquesta confluència de factors no només situa el consum de drogues com a preocupació de salut i seguretat, sinó que intensifica la sensibilitat pública sobre la conducta dels agents encarregats de fer complir la llei.

La lògica que sol sostenir les resolucions judicials que han confirmat sancions d'aquest tipus rau en el fet que la via disciplinària no castiga únicament el fet de consumir, sinó el que aquest comportament projecta sobre la institució: la idea que un agent pot estar vulnerant, encara que sigui en la seva esfera privada, allò mateix que té el deure de prevenir i combatre, erosionant amb això la confiança pública i l'autoritat del cos

Les Policies Locals, a més de regir-se per les lleis generals, se sotmeten a reglaments disciplinaris propis de cada comunitat autònoma o municipi. En el cas de Balears, la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals regula de forma exhaustiva les faltes i sancions que poden imposar els ajuntaments als seus agents, des de les lleus fins a les molt greus. Els cossos policials a Espanya compten, a més, amb estatuts de conducta que, a més de sancionar actes delictius, regulen conductes que poden afectar la imatge institucional. Encara que consumir drogues fora de servei no és necessàriament un delicte -en molts casos pot constituir únicament una infracció administrativa- sí que pot ser considerat una falta disciplinària, especialment quan es tracta de personal la feina del qual és fer complir la llei.

Els informes oficials sobre consum de substàncies estupefaents, com l'enquesta ESTUDES del Pla Nacional sobre Drogues, mostren a més que l'ús de substàncies és una realitat estesa en la societat, cosa que no equival automàticament a una activitat delictiva organitzada. No obstant això, en el cas dels cossos policials, el focus no es limita a l'eventual responsabilitat penal, sinó que es desplaça al terreny administratiu i disciplinari: a més de la Llei de coordinació de policies locals en el cas de Balears, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) empara que les administracions imposin mesures disciplinàries als seus funcionaris per accions incompatibles amb els deures del càrrec, fins i tot si es produeixen fora de servei, precisament per l'impacte que poden tenir en la confiança pública i en la credibilitat de la institució.

Aquest mateix criteri de responsabilitat reforçada es reprodueix també en els cossos policials d'àmbit estatal. La Llei Orgànica 4/2010, de règim disciplinari del Cos Nacional de Policia permet sancionar conductes que no necessàriament constitueixen un delicte o que es produeixen fora de l'horari de servei quan es considera que comprometen la dignitat del càrrec, el prestigi de la institució o la correcta prestació del servei. En la pràctica, aquest marc disciplinari parteix d'una idea comú a la funció pública, però especialment exigent en cossos armats: la conducta privada d'un agent pot tenir conseqüències professionals si afecta la confiança ciutadana o planteja dubtes sobre la seva idoneïtat per exercir funcions policials.

Un problema laboral -fins i tot fora de torn-

Encara que a Espanya consumir drogues no sempre condueix a una condemna penal, el marge de tolerància s'estreny quan qui ho fa porta una placa. En els cossos policials, el consum pot convertir-se en un problema laboral i disciplinari fins i tot fora de torn, perquè entra en joc la seguretat -pròpia i de tercers- i la credibilitat d'una institució armada. Per això, en determinats contextos i sota protocols interns, un agent pot ser sotmès a controls toxicològics si hi ha indicis, sempre amb garanties i límits lligats a drets com la intimitat.

Mentre el Codi Penal reserva els seus càstigs per al tràfic i altres conductes més greus, la resposta més habitual davant el consum en espais públics es mou en el terreny administratiu: la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana -més coneguda com la llei mordassa-, sanciona la tinença o el consum a la via pública amb multes que poden anar de 601 a 30.000 euros, fins i tot quan es tracta de quantitats per a ús propi.

En aquest marc, una instrucció del Ministeri de l'Interior de 2025 va establir que no s'han de denunciar ni sancionar la tinença i consum de drogues en vehicles privats estacionats si no hi ha indicis de tràfic, en asseverar, a l'empara de la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, que l'interior d'un vehicle és “un espai dotat de certs caràcters de privacitat”. Aquesta mesura ha generat controvèrsia, especialment entre els sindicats policials i associacions de la Guàrdia Civil, que obvien la finalitat garantista de la mateixa i creuen que aboca a una “normalització” implícita del consum.

Una instrucció del Ministeri de l'Interior de 2025 va establir que no s'han de denunciar ni sancionar la tinença i consum de drogues en vehicles privats estacionats si no hi ha indicis de tràfic, en asseverar, a l'empara de la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, que l'interior d'un vehicle és "un espai dotat de certs caràcters de privacitat"

Per altra banda, l'European Code of Police Ethics del Consell d'Europa assenyala que la legitimitat d'un cos policial no només depèn de la seva capacitat per mantenir l'ordre, sinó també que la seva conducta -i la percepció d'aquesta conducta- respecti la dignitat humana i els drets fonamentals. Aquest codi, que no és vinculant com a tal a Espanya però serveix de marc ètic per a les policies en societats democràtiques, sosté que la confiança pública està íntimament lligada al comportament dels agents, tant en servei com en la seva imatge davant la ciutadania.

Així mateix, l'últim European Drug Report 2025, l'informe anual més complet sobre la situació de les drogues a Europa elaborat per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues (EUDA), descriu un mercat il·lícit amb alts nivells d'oferta de substàncies com cànnabis i cocaïna i un creixent nombre de noves drogues sintètiques, cosa que representa una pressió persistent sobre les polítiques de seguretat i salut pública a tot el continent.

En el cas de Capdepera, l'escena no s'atura al maleter, on van aflorar els uniformes municipals al costat d'una presumpta compra de droga al lloc més vigilat de Mallorca. L'expedient disciplinari obert busca, com en altres casos similars registrats, delimitar fins a on arriba la responsabilitat d'un policia quan apaga l'emissora, es treu el propi i torna a ser un ciutadà més. La sanció imposada per l'Ajuntament no és únicament una resposta punitiva: és també un missatge cap a dins i cap a fora, un recordatori que la credibilitat del cos pot, en qüestió de minuts, quedar en entredit.

La noche cae sobre Son Banya: calles de tierra, portales a medio abrir, coches que entran y salen sin hacer demasiado ruido y miradas que se cruzan con la rapidez de quien no quiere dejar rastro. En este poblado chabolista situado a las afueras de Palma, donde la compraventa de droga forma parte del paisaje cotidiano y la presencia policial es tan habitual como la desconfianza, un vehículo llama la atención de los agentes de la Policía Nacional a la salida del considerado mayor 'supermercado' de la droga en Mallorca. Al inspeccionarlo, encuentran varios gramos de cocaína y, en el maletero, uniformes de la Policía Local de Capdepera. En el turismo viaja un policía que, al parecer, acaba de abastecerse de sustancias estupefacientes, una circunstancia que, pese a estar fuera de servicio, no le saldrá barata.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de noviembre. Tras tener conocimiento de lo sucedido, el Ayuntamiento de este municipio de 13.200 habitantes situado en el extremo oriental de la isla decidió suspender de empleo y sueldo durante 102 días al agente al amparo de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears. En su artículo 69 q., esta norma considera una falta grave -como la que se ha aplicado en este caso- “embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio cuando sea con carácter habitual o afecten a la imagen del cuerpo”. El precepto añade que “se entiende que hay habitualidad cuando se acrediten tres o más episodios de embriaguez o consumo de dichas sustancias en un periodo de un año”.

La resolución dictada por el Consistorio, adelantada por el diario Última Hora y a la que ha tenido acceso elDiario.es, se acoge, asimismo, al artículo 69 y., que apunta a la “infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. El documento municipal incluye como sanción accesoria la imposición de un cambio de destino del agente -integrante de la unidad nocturna- a una unidad sin acceso a armas de fuego si no se acredita que el agente ha dejado el consumo. Una cláusula que no es habitual en todos los cuerpos, pero suele aplicarse en el caso de agentes con acceso operativo a armas, como sucede en este caso.

El Ayuntamiento de Capdepera ha suspendido de empleo y sueldo al agente durante 102 días al amparo de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears, que considera una falta grave 'embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio cuando sea con carácter habitual o afecten a la imagen del cuerpo'

Un debate incómodo para las instituciones

El caso reabre un debate incómodo para las instituciones: hasta qué punto la exigencia de ejemplaridad recae sobre los miembros de los cuerpos policiales incluso cuando están fuera de turno y cómo se gestiona la confusa frontera entre la vida privada y la credibilidad pública de quienes portan un arma y representan al Estado. Una circunstancia, además, que se torna un desafío en regiones como Balears, que combinan un flujo constante de turismo internacional con rutas favorecidas por la logística marítima, y donde el transporte, la distribución y el consumo de drogas se entrelazan con la vida cotidiana de zonas como Son Banya, uno de los principales focos de venta de estupefacientes y escenario de operaciones policiales como la que, en agosto del pasado año, desarticuló una de las mayores redes de narcotráfico que han operado en Mallorca.

El caso del policía local de Capdepera no es aislado. En octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la sanción impuesta a dos guardias civiles que, en enero de 2019, fueron interceptados por la Policía Municipal de Madrid a su salida de una chabola “sospechosa” de la Cañada Real por “ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo”. Los dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, dieron positivo en drogas y alcohol, por lo que se les abrió un expediente como autores de una falta “muy grave” de “abuso y atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración”. La sanción fue confirmada por el Tribunal Militar Central. Los funcionarios recurrieron ante el TS al considerar que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, su presunción de inocencia y su derecho a un proceso con todas las garantías. Los magistrados avalaron la medida disciplinaria.

En octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la sanción impuesta a dos guardias civiles que fueron interceptados a su salida de una chabola "sospechosa" de la Cañada Real (Madrid) por "ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo". Los dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, dieron positivo en drogas y alcohol, por lo que se les abrió un expediente como autores de una falta "muy grave"

En diciembre de 2022, un guardia civil fue identificado en el barrio de La Tafalera de Elda (Alicante): portando consigo una jeringuilla, se identificó como agente del Instituto Armado y “toxicómano” y manifestó a los policías que se encontraba bajo el síndrome de la abstinencia y que iba a comprar droga. El funcionario fue sancionado por falta grave al haber protagonizado “conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”, medida que fue confirmada por el Tribunal Militar Central. La sentencia señalaba que “los miembros de la Guardia Civil deben mostrar un comportamiento intachable en todo momento, no solo en acto de servicio, también en relación con terceros”.

Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en 2017 una orden de suspensión de empleo impuesta a un agente de la Policía Nacional que dio positivo en drogas en una prueba capilar: el análisis determinó que había consumido sustancias psicotrópicas tras asistir a un macrofestival en Arganda. La sentencia, consultada por elDiario.es, no pone en duda los hechos -que consideraba “incontestables”-, ni las pruebas -se llevaron a cabo e incluso el agente prestó su consentimiento expreso para ello-. La sanción quedó sin efecto, sin embargo, por un motivo que los magistrados consideraban clave: la Administración no había acreditado el elemento que exige el tipo disciplinario aplicado, es decir, que el consumo fuese habitual -definiendo habitualidad como tres o más episodios en un año- o que hubiera afectado a la imagen del cuerpo, tal como exige la ley que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

En el caso de los policías nacionales, la normativa que regula su régimen disciplinario exige que la Administración acredite que el consumo es habitual -tres o más episodios en un año- o que afecte a la imagen del cuerpo

El límite entre lo público y lo privado

La lógica que suele sostener las resoluciones judiciales que sí han confirmado sanciones de este tipo radica en que la vía disciplinaria no sanciona únicamente el hecho de consumir, sino lo que ese comportamiento proyecta sobre la institución: la idea de que un agente puede estar vulnerando, aunque sea en su esfera privada, aquello mismo que tiene el deber de prevenir y combatir, erosionando con ello la confianza pública y la autoridad del cuerpo. Fuentes sindicales consultadas por este periódico aseveran que esta confluencia de factores no solo sitúa el consumo de drogas como preocupación de salud y seguridad, sino que intensifica la sensibilidad pública sobre la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

La lógica que suele sostener las resoluciones judiciales que han confirmado sanciones de este tipo radica en que la vía disciplinaria no castiga únicamente el hecho de consumir, sino lo que ese comportamiento proyecta sobre la institución: la idea de que un agente puede estar vulnerando, aunque sea en su esfera privada, aquello mismo que tiene el deber de prevenir y combatir, erosionando con ello la confianza pública y la autoridad del cuerpo

Las Policías Locales, además de regirse por las leyes generales, se someten a reglamentos disciplinarios propios de cada comunidad autónoma o municipio. En el caso de Balears, la Ley 4/2013 de Coordinación de las Policías Locales regula de forma exhaustiva las faltas y sanciones que pueden imponer los ayuntamientos a sus agentes, desde las leves hasta las muy graves. Los cuerpos policiales en España cuentan, además, con estatutos de conducta que, además de sancionar actos delictivos, regulan conductas que pueden afectar a la imagen institucional. Aunque consumir drogas fuera de servicio no es necesariamente un delito -en muchos casos puede constituir únicamente una infracción administrativa- sí puede ser considerado una falta disciplinaria, especialmente cuando se trata de personal cuyo trabajo es hacer cumplir la ley.

Los informes oficiales sobre consumo de sustancias estupefacientes, como la encuesta ESTUDES del Plan Nacional sobre Drogas, muestran además que el uso de sustancias es una realidad extendida en la sociedad, lo que no equivale automáticamente a una actividad delictiva organizada. Sin embargo, en el caso de los cuerpos policiales, el foco no se limita a la eventual responsabilidad penal, sino que se desplaza al terreno administrativo y disciplinario: además de la Ley de coordinación de policías locales en el caso de Balears, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ampara que las administraciones impongan medidas disciplinarias a sus funcionarios por acciones incompatibles con los deberes del cargo, incluso si se producen fuera de servicio, precisamente por el impacto que pueden tener en la confianza pública y en la credibilidad de la institución.

Ese mismo criterio de responsabilidad reforzada se reproduce también en los cuerpos policiales de ámbito estatal. La Ley Orgánica 4/2010, de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía permite sancionar conductas que no necesariamente constituyen un delito o que se producen fuera del horario de servicio cuando se considera que comprometen la dignidad del cargo, el prestigio de la institución o la correcta prestación del servicio. En la práctica, este marco disciplinario parte de una idea común a la función pública, pero especialmente exigente en cuerpos armados: la conducta privada de un agente puede tener consecuencias profesionales si afecta a la confianza ciudadana o plantea dudas sobre su idoneidad para ejercer funciones policiales.

Un problema laboral -incluso fuera del turno-

Aunque en España consumir drogas no siempre conduce a una condena penal, el margen de tolerancia se estrecha cuando quien lo hace lleva una placa. En los cuerpos policiales, el consumo puede convertirse en un problema laboral y disciplinario incluso fuera del turno, porque entra en juego la seguridad -propia y de terceros- y la credibilidad de una institución armada. Por eso, en determinados contextos y bajo protocolos internos, un agente puede ser sometido a controles toxicológicos si existen indicios, siempre con garantías y límites ligados a derechos como la intimidad.

Mientras el Código Penal reserva sus castigos para el tráfico y otras conductas más graves, la respuesta más habitual ante el consumo en espacios públicos se mueve en el terreno administrativo: la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -más conocida como ley mordaza-, sanciona la tenencia o el consumo en la vía pública con multas que pueden ir de 601 a 30.000 euros, incluso cuando se trata de cantidades para uso propio.

En este marco, una instrucción del Ministerio del Interior de 2025 estableció que no se deben denunciar ni sancionar la tenencia y consumo de drogas en vehículos privados estacionados si no hay indicios de tráfico, al aseverar, al abrigo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que el interior de un vehículo es “un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad”. Esta medida ha generado controversia, especialmente entre los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que obvian la finalidad garantista de la misma y creen que aboca a una “normalización” implícita del consumo.

Una instrucción del Ministerio del Interior de 2025 estableció que no se deben denunciar ni sancionar la tenencia y consumo de drogas en vehículos privados estacionados si no hay indicios de tráfico, al aseverar, al abrigo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que el interior de un vehículo es "un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad"

Por otro lado, el European Code of Police Ethics del Consejo de Europa señala que la legitimidad de un cuerpo policial no solo depende de su capacidad para mantener el orden, sino también de que su conducta -y la percepción de esa conducta- respete la dignidad humana y los derechos fundamentales. Este código, que no es una vinculante como tal en España pero sirve de marco ético para las policías en sociedades democráticas, sostiene que la confianza pública está íntimamente ligada al comportamiento de los agentes, tanto en servicio como en su imagen ante la ciudadanía.

Asimismo, el último European Drug Report 2025, el informe anual más completo sobre la situación de las drogas en Europa elaborado por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), describe un mercado ilícito con altos niveles de oferta de sustancias como cannabis y cocaína y un creciente número de nuevas drogas sintéticas, lo que representa una presión persistente sobre las políticas de seguridad y salud pública en todo el continente.

En el caso de Capdepera, la escena no se detiene en el maletero, donde afloraron los uniformes municipales junto a una presunta compra de droga en el lugar más vigilado de Mallorca. El expediente disciplinario abierto busca, como en otros casos similares registrados, delimitar hasta dónde llega la responsabilidad de un policía cuando apaga la emisora, se quita el chaleco y vuelve a ser un ciudadano más. La sanción impuesta por el Ayuntamiento no es únicamente una respuesta punitiva: es también un mensaje hacia dentro y hacia fuera, un recordatorio de que la credibilidad del cuerpo puede, en cuestión de minutos, quedar en entredicho.

Naiara está inmersa en tres causas penales por participar en una campaña que pretendía frenar el desahucio de una familia con dos menores en Zaragoza. Uno por acceder a una oficina de CaixaBank, otro por concentrarse reiteradamente a las puertas del local y uno pendiente por interponerse entre la policía y la vivienda el día del lanzamiento, que acabó ejecutándose. “Como los hechos se condensaron en seis meses y los procesos van a la par, hubo un momento en que a casa no paraban de llegarme cartas del juzgado”, relata la mujer, de 25 años, y de baja por un estrés que achaca al calvario judicial. “Que se junten los antecedentes penales lo llevo fatal y estoy en terapia haciendo hincapié en esto”, explica.

Los hechos que relata Naiara sucedieron en 2023 y por ellos ya ha sido condenada, junto a otra compañera, a una multa de 2.500 euros y a antecedentes penales durante seis meses, que todavía arrastra. Pero aclara, a ella no la juzgaron por la ley mordaza, sino por el código penal, que también fue modificado en 2015 para ampliar la persecución a las protestas. “Se habla de ley mordaza, pero en realidad son leyes, porque también se reformó el Código Penal ordinario y, aunque en 2022 se palió parte de esos cambios, en ocasiones se sigue pasando por esa vía”, explica el investigador de Amnistía Internacional, Daniel Canales, que cita casos como la condena a los seis antifascistas de Zaragoza por una protesta en un acto de Vox o los activistas de la PAH de Guadalajara.

Gustavo lleva años vinculado al movimiento por el derecho a la vivienda. En 2018, desde la PAH de Guadalajara estaban intentando negociar con una entidad bancaria la paralización de un desahucio, también con dos menores. “Llevábamos un año, así que fuimos a una sucursal y nos negamos a salir hasta encontrar una solución. Llamaron a la Guardia Civil y, sin ningún tipo de violencia, hicimos resistencia pasiva, pero nos llevaron al calabozo. Comenzó un proceso judicial en el que Caixabank nos pedía tres años y medio de cárcel y la Fiscalía dos años y medio”, relata. Finalmente, la condena, que tienen recurrida, quedó en tres meses de cárcel por desobediencia. “Nuestras armas eran unos bocadillos de jamón, un juego de dominó y unos sacos de dormir”, recuerda.

Pero pese a la condena, Gustavo, de 53 años, indica que hay otra pena que ha pesado más: la de banquillo. “Ha sido un procedimiento muy largo que, para mí, responde a una estrategia organizada a nivel estatal por parte del Gobierno, con la Fiscalía como acusación en connivencia con los bancos, para tenernos en vilo 7, 8 o 9 años”, considera. “Tuve que explicarles a mis hijos, que entonces tenían 15 y 13 años, por qué su padre estaba en un juicio. Aunque mi mujer y mis padres han estado asustados, yo siempre he estado tranquilo, porque sé que esto es una farsa que ha acabado con lo mínimo”, dice.

Según el informe anual de la plataforma Defender a quién defiende, en 2024 se registraron 1.140 vulneraciones de derechos en contextos de protesta, que engloban detenciones, multas, amenazas, censura, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos. Y el de Vivienda fue el tercer grupo con más vulneraciones recogidas (235), por detrás de las protestas en solidaridad con Palestina (282) y las ecologistas (249). “Parece claro que se está tratando de desincentivar este movimiento luchando contra la realidad: las personas que no pueden acceder a un techo lo van a seguir haciendo, porque no tienen otra opción vital, y seguirá habiendo colectivos que los acompañen”, señala el portavoz de No somos delito, Daniel Fernández.

Israel lleva acumulados en los últimos meses 3.000 euros en multas por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Cinco en total. “Tengo 44 años y un trabajo estable, pero te parten el mes y los meses siguientes. De momento estoy recibiendo las mínimas, de 600, pero temo que puedan ser superiores. Da respeto, pero a no ser que me lleven preso, no voy a parar de hacerlo [intentar frenar desahucios] porque es algo en lo que creo. Si no seguimos luchando, van a salirse con la suya”, advierte, a la espera de un proceso por resistencia y atentado contra la autoridad en el marco de un altercado con la policía durante la manifestación por el derecho a la vivienda del pasado 5 de abril.

“Las organizaciones no nos equivocábamos cuando alertábamos del impacto en Derechos Humanos que podía tener esa ley [mordaza]”, afirma el investigador de Amnistía Internacional, que señala tanto el impacto negativo de las multas como “las narrativas que han permeado en la sociedad y por una impunidad de las actuaciones policiales arbitrarias”. Por ejemplo, ¿se puede grabar o no a los agentes? “Pensar que no se puede tiene que ver con esa ley, pero cuando el Constitucional dijo que sí, empezaron a pedir la documentación por si ven las imágenes publicadas o te sancionan en esa interlocución por preguntar por qué te piden la identificación”, explica Canales, que ha documentado casos de movimientos por el derecho a la vivienda en el que los activistas han sido multados en el marco de acciones pacíficas.

Una derogación “paralizada”

El marco legal actual es heredero del Gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto de fuerte contestación social en las calles, antes la políticas de recortes, las decenas de miles de desahucios que provocó la crisis financiera e inmobiliaria o los escándalos de la monarquía. “Aquellas reformas partían de la filosofía de que el ciudadano que protesta es el enemigo, algo totalmente preocupante, porque si la protesta es pacífica es positiva para una sociedad democrática y pluralista”, analiza el magistrado Joaquim Bosch, que recuerda que antes de la Ley Mordaza, “no había presunción de veracidad de los agentes, regía el principio de presunción de inocencia, se tenía que practicar un juicio y las multas las imponían los jueces y eran proporcionales”.

Para el juez, “es realmente llamativo que una regulación tan restrictiva de libertades siga vigente 10 años después, pese a tantas promesas de derogación”. Este era un compromiso ya en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2019, pero seis años después sigue en vigor. En 2023, ERC y Bildu tumbaron un intento de derogación al considerar que los cambios pactados por PSOE, Unidas Podemos y PNV eran “insuficientes”. El pasado mes de julio, Yolanda Díaz anunció un acuerdo con el PSOE para derogar una parte de la norma, pero un año después los socios del Ejecutivo piden que se acelere porque sigue atascado en el Congreso.

En el horizonte, las organizaciones tienen el décimo aniversario de la entrada en vigor de la norma, en julio. “Hace unos meses, durante el aniversario de la aprobación, pensamos que no iba a ser posible [llegar a los 10 años], que habría un acelerón y se tramitaría su derogación de forma rápida, pero nos encontramos con el bochorno para el Gobierno de que continuemos con ella parada en el Congreso, con la ponencia sin convocar y con negociaciones no demasiado transparentes”, lamenta Fernández, que pide que “se derogue, pero que se derogue bien”. “Hay pequeños avances, pero también cosas bizarras, como la posibilidad de pedir disculpas ante la policía para retirar una sanción”, añade.

Desde 2016, se han puesto unas 20.000 multas al mes con la ley mordaza y se han recaudado unos 1.000 millones de euros, de los que cerca de 250 fueron por desobediencia o resistencia a la autoridad y otros 60 por faltas de respeto a miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o por causar desórdenes en espacios públicos u obstaculizar la vía pública.

Aunque el efecto disuasorio está ahí, desde Amnistía Internacional celebran que “afortunadamente, muchos de estos movimientos, por su trayectoria y ayuda han podido seguir ejerciendo esta labor tan importante y loable, pero si genera un desgaste a nivel individual”, explica Canales. Por ejemplo, en Zaragoza cuentan con una pequeña caja de resistencia e Israel explica que en su caso alguna se han pagado con esta fórmula y otras se han recurrido. Pero el apoyo no es solo económico. Naiara lo explica: “Aunque condicione mi día a día, lo que me hace tirar para adelante es que cada martes tenemos Asamblea, nos invitan a otras ciudades, a actos... y vemos que no estamos solas, que no está todo perdido. El impulso, la solidaridad y el apoyo hace que, lejos de amedrentarnos, estemos más fuertes”.

Las señales estaban ahí para quien las quisiera ver. “Nosotros siempre defendemos que la política debe quedar fuera de las aulas. Desde la Comunidad de Madrid vamos a hacer todo lo posible para que esto sea así”, dijo el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, hace apenas un año. Más recientes, no tienen ni dos meses, son otras declaraciones en un acto público, cuando calificó de “necesario” establecer un régimen sancionador en la universidad. “Es importante garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, la libertad de expresión, de cátedra y de asociación. Una cosa es una concentración pacífica… Y otra cosa es impedir la libre circulación de vehículos o personas que impidan la libertad de cátedra. Hay límites fundamentales que no se pueden cruzar”.

El pasado noviembre, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, protestó porque, dijo, “toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense de Madrid”. Antes había sufrido en sus carnes un amago de escrache cuando fue a recoger su distinción como alumna ilustre de la Complutense y se topó con la protesta de cientos de jóvenes.

Los estudiantes y profesores que vienen participando en las protestas de la comunidad universitaria también lo venían advirtiendo porque lo han sufrido de primera mano: la represión en los campus madrileños está aumentando para cortar las manifestaciones y acciones reivindicativas.

El rastro de migas de pan ha llevado finalmente hasta el borrador de la ley de educación superior de la Comunidad de Madrid, que contempla multas de hasta 15.000 euros por colgar una pancarta sin permiso o de hasta 100.000 euros por organizar escraches que impidan celebrar otra actividad previamente autorizada, según adelantó El País y ha podido confirmar este diario.

Al más puro estilo del presidente norteamericano, Donald Trump, Ayuso apunta a estudiantes y responsables universitarios con su normativa. “Creo que está siguiendo la estela contra la universidad del señor Trump y nos recuerda mucho el 'muera la inteligencia' de hace muchos años”, afirmó el miércoles la ministra de Sanidad y antigua figura de oposición política a Ayuso, Mónica García. “Como Trump, quiere silenciar la disidencia y blindarse frente al rechazo ciudadano”, coincidió CCOO. El presidente de EEUU se embarcó nada más acceder al cargo en una guerra contra la universidad en general y Harvard en particular, centros a los que exige que se alineen con sus políticas. “La dirección de Harvard ha creado un entorno inseguro en el campus al permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a individuos, incluidos numerosos estudiantes judíos, y alteren el que fue un entorno académico prestigioso. Muchos de estos agitadores son estudiantes extranjeros”, ha sostenido el Gobierno norteamericano. Excepto en la parte de los extranjeros, el discurso es muy similar en Washington DC y en Madrid.

Miles de euros en sanciones

La Comunidad ha defendido este miércoles que el texto se basa en la ley de Convivencia universitaria que aprobó el Gobierno en 2022. Pero esta norma, que fija el marco para sus desarrollos autonómicos o por cada universidad, no contempla sanciones económicas en su régimen disciplinario. Para las sanciones muy graves propone la expulsión de entre dos meses y tres años de la universidad o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o un semestre en el peor de los casos.

Madrid ha optado por la vía de la sanción económica con multas que pueden ascender hasta el millón de euros para los casos más graves. Te pueden caer 15.000 euros por colgar una pancarta o 100.000 por impedir, escrache mediante, que se celebre un acto previsto. Las diferentes faltas que propone su borrador tampoco guardan mucha relación con las de la ley estatal. Esta se centra en las conductas de los estudiantes, mientras las madrileñas incluyen también a la administración universitaria, a la que hace responsable por acción u omisión de lo que suceda en sus campus.

La normativa de la Comunidad habla de sanciones si se incumple la Constitución o se impide por acción u omisión el trabajo de las fuerzas armadas en los campus. ¿Quién establece un incumplimiento constitucional? Si un rector decide que no hace falta llamar a la policía para que resuelva un problema en el campus, y por tanto esta no puede acceder a él, ¿está impidiendo su trabajo?

Por ejemplo, cuando cataloga de falta muy grave “impedir o dificultar la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario”, una medida que tiene que solicitar el rectorado y que podría interpretarse que está “impidiendo” si no lo hace (¿cuándo corresponde llamar a la policía y cuándo no?), o cuando adjudica a las autoridades académicas la responsabilidad de “garantizar la seguridad e integridad física en el campus universitario, por acción u omisión” (si un estudiante agrede a otro, ¿es culpa del rector?).

No tiene tan claro el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que el régimen sancionador madrileño se ajuste a la legalidad vigente. Fuentes del departamento que dirige Diana Morant han expresado su preocupación por el contenido. “Contiene elementos preocupantes, que podrían invadir competencias del Estado. El Gobierno de España va a proteger a la universidad pública española, velando porque se respete la libertad de expresión y de manifestación en sus campus, así como exigiendo una correcta financiación por parte de las comunidades autónomas. Es llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las Universidades que de cómo financiarlas mejor”, explican las fuentes.

El régimen sancionador elaborado por algunas universidades en los últimos meses a raíz de la ley estatal se limita a trasponer lo que establece la normativa estatal y también sin sanciones económicas, como sucede por ejemplo en la Universidad de Lleida o en la Politécnica de Catalunya.

Menos dinero que en 2009

Pese al rastro que iban dejando los responsables del Gobierno regional, toda la atención se estaba fijando en la financiación. La Comunidad de Madrid lleva años, desde la crisis de 2008 y los recortes que la siguieron, asfixiando a sus campus públicos a la vez que promociona privados de todo tipo, cumplan o no los requisitos para ser universidades. Los rectores, que en los últimos meses han cambiado de estrategia para alzar la voz y denunciar que no llegan a fin de mes, han explicado hasta en tres ocasiones que las cuentas no salen. Que tienen prácticamente la misma financiación pública que en 2009, pero la vida ha subido un 34%. En términos reales han perdido dinero.

La cuestión económica se exacerbó cuando se filtró que el borrador, que se ha ido conociendo por entregas, incluía un artículo por el que la Comunidad de Madrid fijaba por ley que no aportaría más del 70% de la financiación regular de las universidades, una cifra que los rectores consideran “inasumible”.

Estudiantes y profesores advirtieron de lo que venía: "No es solo que haya detenciones e identificaciones constantes o que aparezca la policía. Es que cada vez se permiten menos cosas, hasta poner pancartas es un problema. Está habiendo políticas indiciarias del control que quieren aplicar en el espacio universitario", contaba una doctoranda hace un mes

Y el dinero se llevó todo el foco. Pero quienes llevan meses protestando por la situación de las universidades lo estaban viendo venir y trataron de advertirlo. Lo explicaba María Prieto, doctoranda en la Complutense y miembro de UCM x por la Pública hace más de un mes. “Ya la vimos crecer [la represión] en las acampadas pro Palestina. No es solo que haya detenciones e identificaciones constantes, o que aparezca la policía. Es que cada vez se permiten menos cosas, hasta poner pancartas o un cartel es un problema. Está habiendo políticas indiciarias del control que quieren aplicar en el espacio universitario, que va desde lo más cotidiano a cuestiones de más violencia”.

No era una queja exclusiva del estudiantado, siempre más proclive tanto a la protesta como a sufrir las consecuencias de hacerlo. Fernando Varas, profesor de la Politécnica de Madrid, hablaba en el mismo reportaje de “la continua amenaza del Gobierno regional de poner medidas disciplinarias a las universidades cuando se produzcan protestan y manifestaciones. Quieren una universidad callada”, advierte. Las palabras de ambos parecen proféticas hoy.

El consejero Viciana sostuvo este miércoles que la ley de la comunidad de Madrid “protege la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y cátedra. Se protege el ejercicio de los derechos fundamentales. No solo no atenta contra autonomía universitaria y libertad de cátedra, viene a garantizarla”.

No encontrarás una ley con un articulado tan extenso y detallado como este. Casi triplica el de la LOSU. Va tocando todos los ámbitos, regula toda una serie de cuestiones que entendemos como un cuestionamiento del funcionamiento regular de las universidades

Santiago Cuesta — Responsable de Universidad de Comisiones Obreras

Santiago Cuesta, responsable de Universidad de CCOO, lamenta que el borrador de ley madrileño hace justo lo contrario de lo que dice la Comunidad. “El conjunto de la ley tiene un matiz claramente ideológico. No busca defender el interés de la universidad pública y atender sus necesidades, es una normativa que responde a un determinado modelo de universidad”. Según el sindicalista, la ley madrileña implica “una supervisión de carácter político del funcionamiento de la universidad. Por la indefinición de la redacción, que queda abierta a la interpretación de lo que se puede entender o no respecto a una serie de medidas que se regulan en ese marco”, advierte, y cita el artículo que habla de “cumplir la Constitución” o del que alude a las fuerzas armadas. “Se sitúa a la universidad en un marco de alegalidad e inseguridad jurídica”, sostiene.

También apunta Cuesta al intervencionismo de la Comunidad con una normativa ultradetallada. “No encontrarás una ley con un articulado tan extenso y detallado como este. Casi triplica el de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). Va tocando todos los ámbitos. Este aspecto de las sanciones desproporcionadas es muy llamativo y está fuera de contexto, pero hay toda una serie de cuestiones que regula que entendemos como un cuestionamiento del funcionamiento regular de las universidades”, sostiene.

“Justo el día después”

El consejero de Educación, Emilio Viciana, defendió el miércoles que no hay novedad alguna en la ley y que el régimen sancionador está “anunciado y debatido desde 2024, no hay ninguna novedad desde entonces”. No está claro a quién se lo ha anunciado ni con quién lo ha debatido la Comunidad de Madrid. No a los rectores de las universidades públicas, que emitieron una nota negando conocer las propuestas sancionadoras del Gobierno regional y exigiéndole una copia íntegra del texto, que nunca han tenido pese a que se supone lo están negociando con la consejería. Tampoco a los sindicatos, cuentan fuentes de CCOO, que fueron convocados a una reunión antes de que hubiera borrador alguno y no han vuelto a saber nada.

Viciana prefiere hablar de universidades privadas. El miércoles denunció que se publicara su régimen sancionador justo “el día después de que la UCO haya registrado la casa de [el exministro socialista José Luis] Ábalos, de que el Fiscal General del Estado haya sido procesado por revelación de secretos y de que sepamos del pacto de [el presidente, Pedro] Sánchez con los nacionalistas para ir contra la universidad privada y controlar las online”, en alusión al acuerdo entre los Gobiernos central y vasco para incluir ciertas excepciones a la intención del Gobierno de que el Congreso se haga responsable de las universidades online en vez de las comunidades autónomas, como sucede ahora, un acuerdo que deja solo al PP en contra del proyecto del Gobierno para endurecer los requisitos para crear nuevos campus. La Consejería envió este miércoles una carta a la ministra Diana Morant exigiéndole que “dé marcha atrás en este atropello”.

Más de un año después de la pausa que se tomó Pedro Sánchez para valorar si seguía en el cargo, el plan de regeneración democrática que su Ejecutivo impulsó el Gobierno apenas ha tomado vuelo. El Consejo de Ministros ha aprobado un puñado de iniciativas, pero el grueso de las medidas tienen que pasar por el Congreso y apenas han dado pasos en los últimos meses ante la incomodidad de los socios de investidura, que piden a la coalición acelerar los trabajos parlamentarios para sacar adelante el plan. 

La idea de este paquete de medidas partió de la idea de que se deben reforzar algunos elementos de control del sistema democrático como el de los medios de comunicación ante la proliferación de pseudomedios de extrema derecha en los últimos años que basan su trabajo en la publicación de bulos, noticias tergiversadas o directamente falsas. La sensación entre los socialistas y también entre los socios de investidura es que hay una convergencia de intereses políticos y mediáticos para atacar a las fuerzas progresistas y en este caso también al Gobierno. 

Esa idea llevó a Sánchez a anunciar el pasado julio un paquete de medidas en esta línea, que cristalizó unos meses después en una lista de 31 puntos que anunció el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en el Consejo de Ministros. Medio año después y a pocas semanas de que termine el periodo de sesiones esa batería de propuestas está prácticamente en blanco. 

Entre las principales ideas que anunció el Gobierno está la creación de una ley para que los medios hagan pública su propiedad y detallen cómo se financian. En su comparecencia en julio, Sánchez también anunció la actualización de la Ley de Publicidad Institucional para “limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores”.

En aquel momento acababan de comenzar las informaciones sobre los supuestos negocios de la pareja de Sánchez, Begoña Gómez, que después el juez Juan Carlos Peinado ha llevado al límite en su causa contra ella. Un año después, el magistrado sigue buscando en todas partes sostenes para el proceso mientras la Audiencia Provincial de Madrid pone coto a la investigación por falta de indicios. Y el plan de regeneración anunciado apenas avanza ante las críticas de los socios de la investidura.

El pasado miércoles, 28 de mayo, en la sesión de control, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, pidió a Bolaños más detalles sobre el calendario para aprobar el conjunto de las medidas. “El lawfare, las campañas de desprestigio, la persecución judicial y política contra disidentes políticos no es algo nuevo en España. Lo conocemos bien, en Euskal Herria y en Catalunya. ¿Pero qué ocurría? Que hasta ahora algunos miraban para otro lado o incluso lo justificaban. Lo curioso, lo paradigmático en este momento, es que quien es la principal víctima de esa campaña es el propio Gobierno. Para derrocarlo”, le dijo. 

“Teniendo en cuenta que en este momento estamos en el momento álgido de esas campañas de persecución y de ataque, me gustaría saber qué calendario manejan, porque tenemos toda la maquinaria en marcha y tenemos a los mayores pirómanos que están detrás de toda esa campaña anunciándose como los bomberos de la situación”, le advirtió.

El ministro de Justicia le aseguró que ya están o en marcha o aprobadas casi la mitad de las 31 medidas que se anunciaron y que la voluntad del Ejecutivo es que la práctica totalidad estén en marcha en este 2025. También anunció que en las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará una de las medidas dentro del paquete, la reforma de la Ley de Protección de Derecho al Honor. “¿Para qué? Para que las personas que se vean difamadas injustamente puedan tener una reparación justa. Buenas noticias para los demócratas. Malas noticias para los acosadores y los difamadores”, dijo. 

El Gobierno ciertamente ha aprobado de forma definitiva algunas medidas, aunque son pocas y no están entre las más importantes del plan. Entre otras, ha puesto en marcha una autoridad independiente para proteger a quienes denuncien ilegalidades ante la Justicia, ha ampliado la plantilla de la Fiscalía con 79 plazas y la creación de dos nuevas fiscalías centradas en delitos económicos y contra la administración y ha impulsado el inicio de un paquete de ayudas para la digitalización de medios de comunicación, con un primer desembolso de 35 millones de los 125 previstos. También se ha empezado a poner en marcha la creación de una estrategia nacional contra la desinformación.

Todas estas medidas se han podido activar gracias a reales decretos que dependen exclusivamente del Gobierno; las medidas que dependen del parlamento van mucho más lentas aunque algunas todavía no han salido del Consejo de Ministros hacia el Congreso.

Sin ir más lejos, el plan para crear un registro de medios todavía está trabajándose en el seno del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, liderado por Óscar López, que en febrero aprobó un primer anteproyecto de ley que debe pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de viajar a las Cortes. La segunda parte del plan sobre medios, la ley para regular la publicidad institucional, figura en el plan normativo para este año, pero todavía no hay más noticias. 

En una situación parecida está la reforma de la ley electoral para hacer los debates obligatorios y forzar a las encuestadoras a que publiquen los microdatos de sus sondeos. Algo más avanzado va el texto con el que el Gobierno busca regular los grupos de interés, que llegó hace unas semanas al Congreso y pasó su primer trámite. 

Sin reforma de la ley mordaza

El Gobierno anunció el plan de regeneración democrática después de varias conversaciones con los grupos parlamentarios, que incluyeron algunas demandas. Muchas de ellas son reclamaciones que el bloque que sustenta la investidura lleva reclamando desde hace varios años, como la nueva ley de secretos oficiales, un empeño especial del PNV, sobre la que no hay ningún tipo de avance. 

Tampoco lo hay sobre la reforma de los delitos de libertad de expresión, una vieja reivindicación de la izquierda para despenalizar las injurias a la corona o las instituciones religiosas. De momento, hay una ley registrada pero en barbecho impulsada por Sumar. Este punto llegó a protagonizar un choque entre los dos socios del Gobierno durante las negociaciones para cerrar el plan de medidas. 

El Gobierno sí consiguió un gran avance a finales del curso pasado en la que es sin duda una de las grandes ambiciones de estos partidos, la ley mordaza que impulsó Mariano Rajoy para cercenar el derecho a la protesta y que está a punto de cumplir diez años en vigor. Aunque el compromiso que figuraba en el paquete de regeneración era muy escueto, el PSOE negoció con EH Bildu una amplia reforma que contenía las principales demandas de los independentistas vascos y también de ERC. 

El texto que ambos partidos registraron en el Congreso fue tomado en consideración, pero hasta ahora ha habido poco movimiento, según las fuentes al tanto de esas negociaciones. Todo ello pese a que la idea era que la norma no cumpla esa línea roja de los diez años desde su puesta en marcha. 

Críticas de los socios

Además de EH Bildu, los socios suelen recriminar en sus preguntas al Gobierno la falta de avances en muchas de estas medidas. Más allá de la complejidad parlamentaria, los grupos creen que es el PSOE el que tiene que empujar con más fuerza para armar los acuerdos necesarios en el Congreso. Mucho más en un aspecto, la regeneración democrática, en el que la mayoría de investidura está mucho más de acuerdo que en el flanco de las medidas sociales. 

La líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, recordó de hecho la pasada semana las tareas “pendientes” que el Gobierno tiene en este ámbito. “No son medidas frente a nadie, nuestro país tiene tareas pendientes, como las más de 19 recomendaciones del GRECO pendientes de sacar adelante”, dijo en una entrevista en Radio Euskadi sobre esas medidas contra la corrupción, precisamente en una semana en la que han aparecido publicados una serie de audios en los que una militante del PSOE maniobra para encontrar pruebas contra la Guardia Civil. 

“Tenemos que dar un paso adelante para tomar cuantas medidas sean precisas y evitar lo que estamos viendo. Es un problema estructural en nuestro país y ha llegado el momento de abordar este tema en serio”, redundó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. 

En otra sesión de control de mayo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advirtió a Sánchez de que la derecha estaba perpetrando un “golpe blando” con su ofensiva política, mediática y judicial. “¿Qué van a hacer? ¿Qué más les tiene que hacer la derecha y la otra derecha y la derecha catalana de este país para que reaccionen? De momento lo que hacen es repartirse los jueces con la derecha, comerciar con un Estado genocida como Israel, frenar la ley de viviendas con la derecha catalana y dejar que se carguen la reducción de la jornada laboral”, le apremió.

Podemos lamenta que no haya novedades tampoco en este frente y el BNG cree que las medidas contempladas en el plan tienen que “implantarse con celeridad”. “Ya no solo porque es un compromiso que ha asumido el Gobierno para caminar en la democratización del Estado, sino que es necesario avanzar en la conquista de derechos y libertades”, sostienen fuentes de la formación. 

El activista Luis Ocampo acudirá este jueves al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid tras recurrir una sanción económica por “desobediencia de las órdenes de los agentes denunciantes en el ejercicio de sus funciones”. Los hechos sucedieron en una concentración del 11 de mayo de 2022, en los que, según relata él mismo a elDiario.es, los agentes de la Policía Nacional impidieron la instalación de un sistema de megafonía y protestar desde la acera.

“Cuando llegué, algunos me dijeron que no les dejaban instalar la megafonía. Algún miembro de la Policía estuvo a punto de tirarla. Le dije al mando que la concentración estaba comunicada y que podíamos instalarla y subir a la acera. Ni me pidieron el DNI, me llegó una notificación a casa con el expediente y la sanción”, explica Luis Ocampo, médico y conocido defensor del Sistema Sanitario Público en Valladolid.

La plataforma protesta porque ni siquiera se le identificara en el momento de la concentración y ha convocado una nueva movilización a las 9.30 horas a la puerta del Juzgado de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. “Luis Ocampo era suficientemente conocido para el policía que realizó la denuncia, como así lo hizo saber. Creemos que es un caso más de acoso político y policial a una persona que se ha destacado especialmente por la defensa de la sanidad y en general de los servicios públicos y de los intereses de la colectividad”, suscribe la plataforma en favor de la Sanidad Pública de Valladolid en un comunicado.

Ocampo espera “ganar el juicio”. “El dinero, que fueron 600 o 700 euros, es lo de menos, aunque sea importante. Es por el prestigio de los militantes sociales, que cada vez molestamos más”, apunta en declaraciones a elDiario.es Ocampo, que ha sido procesado en una veintena de ocasiones por su activismo social y que critica la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', y la promesa que hizo el presidente del Gobierno de derogarla.

“Aunque seamos menos activistas de los que nos gustarían, somos suficientes para organizarnos a la izquierda del Gobierno. Si pretenden que esto sea un escarmiento, lo llevan claro”, zanja Luis Ocampo, que espera que el juez “dicte una sentencia conforme a derecho y a la verdad de los hechos ocurridos”.

En una carta abierta, Luis Ocampo reflexiona: “He tenido que pasar reiteradamente por los juzgados por denuncias que, aunque formalmente las hacían determinados miembros de las fuerzas policiales, estaban, no me cabe duda, inspiradas por las autoridades políticas de uno u otro de los partidos que han gobernado el Régimen en que vivimos. Desde denuncias en relación con la celebración de Villalar, pasando por otras relacionadas con movilizaciones en la calle contra el fascismo, en defensa de los derechos sociales y civiles o, como fue el último caso ante la Audiencia Provincial de Madrid, por un teórico 'atentado contra la autoridad'. En todos ellos fui absuelto porque el juez o tribunal, dependiendo del caso, consideró que mi versión tenía más credibilidad que la aportada por los policías denunciantes instigados por las autoridades políticas”.

En 2024 el Gobierno sacó adelante 25 leyes publicadas en el BOE. En 2022, en la anterior legislatura, con otras mayorías y una izquierda menos dividida, fueron 74 leyes, en 2021 fueron 65. Una constante es que lo que el Gobierno aprueba, el Congreso lo puede tumbar. Así cayó el Decreto Ómnibus, que lo llamaron así porque incluía muchas cosas, y así cayó el impuesto a las grandes energéticas. Hay muchas medidas que se anuncian y nunca salen adelante, que se pierden en el laberinto parlamentario.

Laura Olías nos cuenta el recorrido que le queda a la reducción de jornada y Alberto Ortiz las posibilidades que hay de que se derogue la Ley Mordaza. Además, Gabriela Sánchez nos explica una medida que ha salido adelante pero que ejemplifica la vulnerabilidad parlamentaria: la Ley de Extranjería. Acabamos con José Enrique Monrosi, con el que hablamos de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año.

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El Ministerio del Interior ha dictado una instrucción interna para que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no multen a los ciudadanos por consumir drogas dentro de un coche estacionado. La instrucción viene motivada por las dudas planteadas por Policía y Guardia Civil acerca de la falta de un criterio único de delegaciones y subdelegaciones de Gobierno para tramitar las multas, debido a que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana dejaba la infracción al “criterio de los agentes”, según fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La instrucción, firmada por el secretario de Estado de Seguridad, recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que considera que el interior de un vehículo privado “un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad”.

En este sentido, “se aclara que el consumo o tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, cuando no estuviera destinado al tráfico, en el interior de un vehículo particular exclusivamente utilizado como medio de transporte estacionado, no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas descritas por la citada ley [de seguridad ciudadana]”, recoge la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La instrucción del número dos de Interior especifica que “cuestión distinta es que se trate de vehículos en tránsito, en cuyo caso podría tratarse de una conducta subsumible en el Código Penal, concretamente un delito contra la salud pública o de un delito contra la seguridad vial”.

La Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada en 2015 con el fin de eliminar los delitos leves del Código Penal y convertirlos en infracciones administrativas, sancionadas con multa y de las que solo participara en el ámbito judicial si el sancionado recurría la multa de Delegación o Subdelegación del Gobierno, a quien daba traslado del expediente el agente que hubiera intervenido. Precisamente, la anulación de las multas por consumo de drogas dentro de un coche parado dictadas por la justicia ordinaria ha influido en la decisión del Ministerio del Interior, precisan las fuentes consultadas.

Sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil han obviado la finalidad garantista para criticar la instrucción del Ministerio del Interior y denuncia desde que fomenta los accidentes de tráfico después de que se haya producido al consumo a que produce impunidad. Jucil, la heredera en el instituto armado de Jusapol, ha llegado a sentenciar que “a más consumo, más narcotráfico”.

“Yo salía de casa y de lejos vi a un niño llorando y a dos policías locales delante”. La abogada Helena Vázquez asegura que nunca había vivido algo así. Tras interesarse por el menor y el trato que recibía por parte de los uniformados, terminó denunciada por dos agentes de la Policía Local de Sabadell (Barcelona) por una infracción “grave” de la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. “Fue totalmente arbitrario”, zanja Vázquez.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de febrero. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sabadell. La versión del consistorio y de Vázquez coincide en que los agentes se personaron en la plaza tras ser alertados por un vecino de que un grupo de chicos estaba destrozando unas vallas metálicas de un edificio municipal. A partir de aquí, los relatos son opuestos.

El consistorio ha explicado que los agentes ya habían descartado que el menor hubiera dañado la valla cuando Vázquez llegó a la plaza. La minuta policial de la denuncia a Vázquez del día de los hechos, sin embargo, no recoge este extremo. El consistorio ha defendido que los agentes actuaron siguiendo los protocolos en intervenciones con menores y que fue la abogada la que “desobedeció” sus indicaciones.

El Ayuntamiento de Sabadell ha asegurado que los agentes estaban en el trámite de llamar a los padres del menor cuando apareció Vázquez, si bien en su denuncia los agentes reseñaron que trasladaron a la abogada que se trataba de un menor “sin tutor, padre o madre”.

Es más, el consistorio ha avanzado que ha trasladado una queja formal al Colegio de la Abogacía de Barcelona por la “mala praxis” en la que, a su juicio, incurrió Vázquez en su trato con los agentes, ya que quiso hablar con el menor a pesar de que los uniformados le indicaron que no podía. También aseguran que estudian denunciar a la abogada por las acusaciones de racismo que ha vertido contra los agentes en redes sociales.

“El niño lloraba y sollozaba”

Según la abogada, los dos uniformados estaban hablando con el menor, de 12 años y origen extranjero. “El niño lloraba y sollozaba”, recuerda la letrada. “El edificio está muy degradado, y las vallas reciben cada dos por tres los balonazos de los niños que juegan a pelota en la plaza”, contextualiza Vázquez.

Ante el estado de nervios del menor, que repetía una y otra vez que no había tocado la valla, Vázquez decidió intervenir y preguntar qué ocurría. “Veía que se estaba cometiendo una injusticia con un chaval”, asevera Vázquez, que apostilla: “A un chico del centro de Sabadell vestido de ropa de marca no le para la policía”.

La letrada asegura que los agentes le trasladaron que se querían llevar el menor a comisaría, extremo que niega el Ayuntamiento. “Aquí empecé a ver que algo no iba bien y le dije al chico si quería que lo asistiera porque era abogada. Para empezar, pregunté a los agentes si lo habían visto romper la valla, y me dijeron que no, pero que había llamado un vecino”, recuerda la laboralista.

En ese momento, expone Vázquez, los agentes le pidieron identificarse, por lo que les mostró su carné de abogada colegiada. Pero los agentes, agrega Vázquez, insistieron para que les mostrara su DNI. “Es absurdo, porque con mi número de colegiada, en la web del Colegio de la Abogacía puedes acceder a todos mis datos”, señala.

La letrada destaca que el menor insistía en que sus padres vivían al lado, por lo que ella preguntó a los agentes si habían ido a buscarles a su casa antes de plantearse llevar a un chico de 12 años a comisaría. Para desbloquear la situación, Vázquez pidió al chaval que le diera el número de su padre.

Su sorpresa fue total porque, según recalca Vázquez, el padre del menor le dijo que la Policía Local de Sabadell le había llamado minutos antes para decirle que su hijo estaba en comisaría. A los cinco minutos, añade la abogada, los padres del menor llegaron a la plaza, y pudieron llevárselo tras hablar con los agentes.

En ese ínterin hasta la llegada de los padres, Vázquez relata el diálogo con los agentes que desembocó en su sanción por la ‘ley mordaza’. Según la abogada, los agentes insistían en querer llevarse el menor a comisaría. “Les pregunté si a ellos les parecería un trauma que les subieran al coche patrulla con 12 años y se los llevaran a comisaría, y dijeron que sí”, cuenta la abogada.

“Fue un rato muy violento para el chaval porque la gente iba pasando por la plaza y veía toda la escena. El pobre niño me cogía de la mano y me decía que le sabía mal que tuviera problemas por su culpa”, rememora Vázquez. Pese a que la abogada insistió en que actuó como letrada porque se había identificado como tal, los agentes, asegura, le respondieron que sería denunciada “en su condición de ciudadana”.

A la espera de recibir la sanción

La ‘ley mordaza’ fue aprobada en 2015 por el PP y a día de hoy los trabajos para reformarla siguen tramitándose en el Congreso pese a que PSOE y el resto de partidos de izquierda se comprometieron a derogarla si llegaban al Ejecutivo en 2018. El caso de Vázquez vuelve a evidenciar el elevado margen de discrecionalidad que otorga la norma a los agentes, y la dificultad del ciudadano multado para contradecir la palabra policial, tal y como ha desvelado elDiario.es en casos de multas anuladas.

Vázquez ahora está a la espera de que se le notifique el importe de la sanción, que según el acta que le fue entregada por los agentes puede ir de los 601 a los 30.000 euros al tratarse de una infracción “grave”. En concreto, fue sancionada en base al artículo que castiga “los actos de obstrucción que pretendan impedir el ejercicio de sus funciones”.

La letrada ya avanza su intención de recurrir la sanción ante la Justicia una vez se la notifiquen. Además, solicitará al Ayuntamiento de Sabadell conocer los criterios de intervención policial por menores y si existe algún tipo de protocolo respecto a los migrantes. “Sabemos que los abusos policiales con gente racializada ocurren: les paran más, les piden más la documentación... En Sabadell, días después de los hechos otros chavales de la plaza me pararon y me dijeron 'no veas, es que la policía aquí va muy fuerte'”, concluye Vázquez.

“La Ley Mordaza y la reforma del Código Penal han sido aprobadas por el rodillo del PP. Las derogaremos cuando gobernemos”. Así se expresó el 26 de marzo de 2015 el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez. Una de las normas más representativas del mandato del PP de Mariano Rajoy cumple una década. La derogación prometida de la ley no se realizará al 100%, aunque el PSOE y parte de sus socios han logrado, tras años de desencuentros, un acuerdo para reformar sus aspectos más lesivos, cuya aprobación está pendiente en el Congreso.

“La ley ha tenido efectos devastadores en las libertades civiles, en especial el derecho a la protesta”, denuncia Cèlia Carbonell, miembro del Centro Irídia. “Es incomprensible que la ley todavía no se haya derogado ni se haya realizado una reforma profunda”, constata el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Maria Tamarit.

La experiencia de esta década, destaca el catedrático, ha mostrado “un uso bastante arbitrario de los poderes de la policía, con un amplio margen de tolerancia hacia ciertas conductas, sin poderse prever cuándo harán uso de sus poderes y por qué motivos”. “Y con el COVID, se realizó un uso injustificado de la ley para aplicar un control desmedido a la población”, denuncia Tamarit.

El empleo de la norma durante el estado de alarma y la posterior desescalada del COVID ha hecho que, tal y como muestran los datos del Ministerio del Interior analizados por elDiario.es, 2020 fuera el año récord en recaudación de multas por la ‘ley mordaza’, con un total de 252 millones de euros.

El siguiente año con mayor recaudación fue 2023, con 175 millones de euros, mientras que en los años restantes, las multas se sitúan en alrededor de los 150 millones anuales. Entre 2016 y 2023 (último año con cifras disponibles), las sanciones ascendieron a un valor de 1.250 millones de euros. El número de multas no presenta grandes variaciones tanto bajo Gobiernos del PP como del PSOE y sus socios a la izquierda.

Por motivos de sanción, tres artículos suponen el 90% de las multas de la 'ley mordaza': la más repetida fue el consumo de drogas en la calle, que ha acarreado multas por valor de 803 millones de euros. Le siguen la resistencia o la desobediencia a la autoridad (246 millones) y la exhibición de armas prohibidas (104 millones de euros).

“Hay aspectos de la ley, como el control de armas, que tienen un sentido y deben ser una prioridad”, apunta Tamarit, que recuerda además que la norma fue avalada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el catedrático también denuncia que la norma ha consagrado sanciones administrativas más graves “y con menos garantías” que las que antes imponían los tribunales con las antiguas faltas.

“Las sanciones previstas en la ley son desproporcionadas: puedan llegar hasta 600.000 euros”, recuerda Tamarit, que añade que las infracciones “no están definidas de forma suficientemente taxativa, se usa un concepto tan indeterminado y peligroso como 'alarma social' (o la 'seguridad ciudadana' en sí) y llegan a castigarse actos cuyo impacto en la seguridad no está claro si la entendemos en un sentido restrictivo, como el mero consumo de drogas”.

Uno de los aspectos más polémicos de la norma es la sanción administrativa por faltar al respeto a los agentes de la autoridad, inexistente en otros colectivos de funcionarios. Ello ha comportado sanciones tanto a jubilados anónimos que protestaron por una actuación racista como a premios Pulitzer como Javier Bauluz, multado por la ley mordaza mientras fotografiaba la llegada de migrantes a Canarias.

El camino político para la reforma

Durante estos diez años, los grupos de izquierda y las fuerzas nacionalistas han intentado hasta en cuatro ocasiones dar forma a un texto que modifique los aspectos más lesivos de la norma. El intento que más se acercó se produjo durante la legislatura pasada, a partir de un texto del PNV, pero entonces las tensiones entre el PSOE y partidos independentistas como ERC y EH Bildu dieron al traste con las negociaciones. 

Esas conversaciones chocaron en cuatro puntos: el uso de las pelotas de goma –que no regula esta norma–, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. ERC y EH Bildu exigían la eliminación de esos cuatro puntos, los más “lesivos”, según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba “excusas”.

En octubre del año pasado, el Gobierno alcanzó con EH Bildu un acuerdo para reformar la ley. Ese texto hablaba de sustituir las pelotas de goma por un material menos lesivo e incluye una disposición para que en el plazo de seis meses se aborde una modificación en la ley de extranjería. Este acuerdo sirvió para acercar también a ERC al acuerdo y facilitó su toma en consideración. 

Los partidos debaten ahora sobre ese acuerdo como base para la reforma que todos esperan que esté aprobada por el Congreso antes de que termine el periodo de sesiones. Para Carbonell, del Centro Irídia, ese pacto es “una oportunidad que presenta avances”, aunque resulta “insuficiente para la garantía total de los derechos y libertades”, y advierte de que las organizaciones por derechos humanos presionarán para que los cambios en la ley “sean una garantía y no una represión de los derechos y libertades”.

El 1 de julio, fecha en el calendario

Fuentes parlamentarias confirman que ha habido algunos encuentros entre los grupos para empezar a negociar un texto a partir de las enmiendas que registraron a finales del año pasado. Esos encuentros se han dado de forma bilateral entre algunos de los grupos que conforman el bloque de la investidura, aunque la sensación general es que apenas se han movido las cosas por ahora. 

Todas las partes tienen en la cabeza como límite el 1 de julio, cuando se cumplen diez años de la fecha en la que entró en vigor oficialmente la ley. Fuentes de Sumar hacen un llamamiento a la responsabilidad al resto de grupos para no permitir que se llegue a esa “ignominiosa fecha” sin acuerdo para derogar la ley y piden a algunas formaciones que no antepongan sus “intereses partidistas por encima de los generales”. Más aún, ante la posibilidad de que esta legislatura sea la última oportunidad para abordar esa reforma ante la perspectiva de una mayoría de derechas en unas próximas elecciones.

Los partidos que han puesto más pegas al texto en sus enmiendas son Podemos, Junts y el BNG. El partido de Ione Belarra dio su apoyo en octubre a la toma en consideración de la proposición de ley, pero ha reclamado que la prohibición de las pelotas de goma y de las devoluciones en caliente sea efectiva. En una de las enmiendas, a las que tuvo acceso este diario, incluyen una prohibición expresa de las balas de goma “o de cualquier otro instrumento o producto análogo que pueda producir para las personas graves lesiones, pérdidas, inutilidad o deformidad de órganos o miembros, pérdida de un sentido o incluso la muerte”. 

Junts y el BNG también registraron enmiendas que van en la misma línea. Los independentistas catalanes establecen que con fecha 31 de diciembre de este año “sea efectiva la prohibición total” de esos proyectiles y se establezca un nuevo modelo que “deberá garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas”.

La ley que ha empezado a tramitar el Congreso recoge sin embargo buena parte de los acuerdos que se alcanzaron en la fase de ponencia en la legislatura pasada y añade además dos aspectos que formaron parte del choque que rompió las negociaciones. Por ejemplo, objetiva lo que antes se consideraban faltas de respeto para que ahora se refieran a “insultos o injurias” que no sean delito.

Además, la desobediencia a los agentes pasará de una infracción grave a leve y se añade un criterio para que sea “manifiesta, clara y objetivable”. El PSOE ha asumido con esta redacción una posición prácticamente idéntica a la que defendían durante la legislatura pasada EH Bildu y ERC. Eso sí, esos puntos pueden suponer un choque en los próximos meses con el PNV, que ha registrado enmiendas para mantener como graves esas faltas.

El Congreso de los Diputados aprobó hace tres meses el primer trámite de la legislatura para reformar la ley mordaza. Se trata del cuarto intento de desmontar la ley que cercena el derecho a la protesta ciudadana desde su aprobación hace casi una década. Pero los grupos parlamentarios interesados en la reforma no han comenzado todavía a abordar los trabajos técnicos para ponerla en marcha y esperan poder abrir las negociaciones en el periodo de sesiones que comienza la semana que viene. 

Los grupos interesados en esta reforma son los que conforman el denominado bloque de investidura, más comprometido con los avances democráticos que con la agenda social. En este caso, incluso Junts está plenamente convencido de la necesidad de desmontar la norma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y que un editorial del diario The New York Times llegó a calificar como una ley con reminiscencias franquistas.

Pese a todo, el texto lleva en vigor mucho más tiempo con gobiernos progresistas que bajo el mandato del PP. El Congreso ha intentado reformarla en sucesivas ocasiones, en línea con las promesas electorales de diferentes partidos de la Cámara, incluido el PSOE. El amago que llegó más lejos se produjo durante la legislatura pasada, pero el choque entre ERC y EH Bildu con el PSOE por cuatro asuntos, principalmente la prohibición de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, frustró su derogación. 

Los partidos que trabajan en el texto tienen una fecha simbólica en la mente. El décimo aniversario de la entrada en vigor de la ley mordaza, denominada oficialmente ley de Seguridad Ciudadana, se cumplirá el 1 de julio. El Gobierno de Rajoy la aprobó en Consejo de Ministros el 31 de marzo y su mayoría absoluta en el Congreso le dio la luz verde definitiva unos tres meses después.

Fuentes de esos partidos sostienen que quieren evitar llegar a los diez años con la ley en vigor y por eso esperan activar en el periodo de sesiones que comienza la próxima semana las negociaciones para poner en marcha la reforma. Sería partir prácticamente de cero porque apenas han hablado desde que el Congreso la tomó en consideración, el 29 de octubre. Solo ha habido, según esas fuentes, conversaciones informales entre los grupos “sobre el contenido y el alcance de las enmiendas”. 

El texto que aprobó el Congreso parte con una ventaja respecto a la legislatura pasada: nace de un primer acuerdo entre el PSOE y EH Bildu. Ambas fuerzas pactaron eliminar el uso de las pelotas de goma y, por otro lado, incluir en la ley una disposición que inste a modificar la ley de extranjería en un plazo de seis meses para acabar con las devoluciones en caliente. También modifica las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. 

Esos cuatro puntos entorpecieron la última negociación con los socialistas, aunque algunos partidos como Podemos creen que esa redacción es ambigua y deja la norma en un mero retoque estético. El texto, tal y como lo aprobó en el Congreso hace tres meses, habla de “eliminar” las pelotas de goma y sustituirlas por otro material menos lesivo, pero no las prohíbe directamente. Los de Ione Belarra temen, por otro lado, que esa disposición sobre las devoluciones en caliente quede en nada, puesto que necesitaría los votos de nuevo de todo el bloque de investidura para reformar la ley de extranjería. 

Hace dos años, sin embargo, Podemos votó a favor de aprobar el texto sin esos cuatro puntos conflictivos en la Comisión de Interior donde cayó la reforma. EH Bildu y ERC están conformes con el actual redactado y creen que es el PSOE el que ha terminado cediendo. En la negociación de la legislatura pasada la portavocía en comisión por parte de Unidas Podemos la encabezó Enrique Santiago, en aquel momento alineado a Yolanda Díaz en la pugna interna con los de Ione Belarra. Podemos no llegó a criticar la negociación del diputado de Izquierda Unida –que cargó contra los independentistas por dejar caer la ley– pero sí reprochó al PSOE que no se hubiera movido lo suficiente en esos cuatro puntos. 

Podemos dio su apoyo en octubre a la toma en consideración del texto, pero ya ha presentado enmiendas que van en esa línea. En una de las enmiendas, a las que ha tenido acceso este diario, incluyen una prohibición expresa de las balas de goma “o de cualquier otro instrumento o producto análogo que pueda producir para las personas graves lesiones, pérdidas, inutilidad o deformidad de órganos o miembros, pérdida de un sentido o incluso la muerte”. 

Para prohibir las devoluciones en caliente Podemos propone eliminar la disposición adicional décima de la ley de extranjería que regula este tipo de expulsiones en frontera. Esa disposición la introdujo el PP precisamente en la ley mordaza, en 2015, y es por eso que el PSOE había pedido reformar directamente la ley de extranjería para abordar este asunto. 

También incluyen una modificación para que los agentes deban entregar a las personas que identifican un justificante con su número de carnet profesional y las explicaciones de las razones y otra enmienda para prohibir “los espectáculos públicos y actividades recreativas cuya actividad principal o única consista en el maltrato o muerte de animales”. 

La ley también llevaba la firma de Sumar, PNV y BNG, aunque los jeltzales ya han registrado una batería de enmiendas que vuelve en la mayoría de aspectos al acuerdo que se logró durante la ponencia la vez anterior. 

El texto que estuvo a punto de prosperar entonces nació precisamente de una iniciativa del PNV, que sirvió como base para el trabajo del resto de grupos. El grupo vasco, según las enmiendas que registró a finales de año, busca mantener como infracciones graves –y no leves como pactaron EH Bildu y PSOE– las faltas por desobediencia, resistencia a la autoridad y la negativa manifiesta y clara a identificarse. También mantiene como graves las llamadas “kundas”, los traslados a personas en cualquier tipo de vehículo “con el objetivo de facilitar a estas el acceso a drogas, siempre que no constituya delito”.

El texto que ya se tramita en el Congreso objetiva lo que antes se consideraban faltas de respeto para que ahora se refieran a “insultos o injurias” que no sean delito. “Hasta ahora funcionaba un criterio arbitrario, las faltas a la autoridad han sido portar una camiseta, un pin, una mirada o un tono de voz. Con la nueva ley serán sancionados los insultos o injurias que no sean delito, que sea algo objetivo, que sean expresiones relevantes”, explicó durante la presentación de la iniciativa el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

En cuanto a la desobediencia, pasará de una infracción grave a leve y se añade un criterio para que sea “manifiesta, clara y objetivable”. Se multará la desobediencia “cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal”, para la resistencia a la autoridad se valorará que exista “oposición corporal” cuando se trate de la “negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal”.

En estos dos últimos puntos el PSOE ha aceptado una redacción prácticamente idéntica a la que propusieron EH Bildu y ERC en la negociación del informe de la ponencia durante la legislatura pasada, que terminaron tumbando entre acusaciones al PSOE por su inmovilismo.

Junts y el BNG también han presentado enmiendas que van en la misma línea que las de Podemos a la hora de prohibir de forma expresa las pelotas de goma. Los independentistas catalanes establecen que con fecha 31 de diciembre de este año “sea efectiva la prohibición total” de esos proyectiles y se establezca un nuevo modelo que “deberá garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas”. La formación gallega establece la prohibición de “la utilización por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cualquier elemento arrojadizo susceptible de causar daños personales”. 

Existe en el mundo un esfuerzo creciente por parte del los estados por “criminalizar las protestas climáticas y medioambientales”. Y España destaca en esa corriente: es uno de los tres países –entre estados democráticos– que están aplicando las leyes contra el crimen organizado para reprimir activistas climáticos, según revela una investigación de la Universidad de Bristol (Gran Bretaña).

“Hemos encontrado tres casos de ese estilo: Estados Unidos, Alemania y España”, explica a elDiario.es el autor principal del trabajo, Oscar Berglund. “Nos parece completamente inaceptable, ya que estos activistas no pueden considerarse en ninguna circunstancia organizaciones mafiosas”.

El caso español es el del grupo Futuro Vegetal, cuyos activistas están imputados por el delito de organización criminal tras ser denunciados por la Policía Nacional. Varios de ellos tienen pendiente declarar el próximo mes de enero. El supuesto que se les achaca supone que se asocian con el objetivo de cometer delitos, según describe el Código Penal. Que hay una estructura y coordinación para delinquir.

Nos parece completamente inaceptable ya que estos activistas no pueden considerarse en ninguna circunstancia organizaciones mafiosas

Oscar Berglund — Catedrático de Políticas Internacionales Públicas y Sociales. Universidad de Bristol

La “criminalización” de la protesta y el activismo ambiental en general y climático en particular se ha endurecido a medida que aumentaban las manifestaciones. Detrás de este fenómeno, los investigadores han detectado “una combinación entre la respuesta al aumento en el número y las maneras de protestar y un esfuerzo por tomar medidas drásticas contra esas protestas”, explica Berglund. “Es un síntoma de nuestro tiempo –añade el catedrático– en el que los estados se muestran incapaces o sin ganas de actuar contra la crisis climática y, en su lugar, tratan de reprimir y despolitizar a quienes demandan esa acción”.

En su estudio subrayan que se está produciendo una “sobrecriminalización del activismo al tiempo que se descriminalizan los comportamientos que causan más daños climáticos y ambientales”.

Los investigadores han identificado cuatro fórmulas principales para reprimir el activismo.

Introducción de nuevas leyes antiprotesta. “Una ráfaga de nueva legislación ha sido aprobada en los últimos años”, describen. Esto puede criminalizar mediante nuevos tipos penales, incrementar las penas y aumentar los poderes de la policía para reprimir las protestas, además de “dotar de impunidad a los agentes a la hora de relacionarse con los activistas”.

Desde 2019 se han creado 22 tipos de legislaciones “diseñadas para limitar la posibilidad de protestar” en los 14 países que han monitoreado para el estudio entre los que hay democracias liberales como Estados Unidos, pero también autocracias como Rusia. Antes de esa fecha, España tuvo su propio episodio con la denominada ley mordaza.

Criminalización en los tribunales. Esto implica la utilización de legislación diseñada contra grupos terroristas u organizaciones criminales para un nuevo objetivo: recortar la protesta. También deriva, cuentan los investigadores de la Universidad de Bristol, en la “despolitización” de los activistas en los juzgados al “prohibirles hacer mención al cambio climático o los daños ambientales ante el tribunal”. En Gran Bretaña hay actualmente algunos activistas en prisión cumpliendo ya condenas de varios años de cárcel.

En España, 15 activistas están a la espera de que se celebre su juicio por arrojar agua tintada de remolacha a la fachada del Congreso de los Diputados en abril de 2022. La Fiscalía ha pedido una pena de 21 meses de prisión por un delito contra el patrimonio histórico.

Aumento de la vigilancia. Esto puede ser llevado a cabo tanto por fuerzas de seguridad del Estado como por empresas privadas, detalla el trabajo. Entre las prácticas que describe se cuentan el “impedir” que se produzcan los actos de protesta, detener, registrar y arrestar a activistas, amenazar y la “infiltración en los movimientos climáticos”. Aquí en España, organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace o Amigas de la Tierra han contado cómo dan “por hecho que son vigiladas”.

Una media del 3% de las protestas climáticas o ambientales se enfrentan a algún tipo de violencia policial, afirma este documento. En este sentido, Australia y Gran Bretaña se han destacado al acaparar el 20% y el 17% de todos los arrestados respectivamente.

Asesinatos y desapariciones. La represión llevada al extremo “es común en algunos países”. 2.000 “defensores ambientales” han perdido la vida entre 2012 y 2023, recuenta el informe. 401 casos fueron en Brasil, 298 Filipinas, 86 en India y 58 en Perú, según esta investigación.

¿Quiénes son los verdaderos radicales peligrosos?

En 2011, el autor estadounidense Will Potter publicaba su investigación sobre el acoso al movimiento social ecologista que denominó Los verdes somos los nuevos rojos –en referencia a la caza de brujas de comunistas en los años 50 en EEUU–. Once años después, en 2022, Potter reflexionaba para elDiario.es: “No me extrañaría que recibieran penas desproporcionadas por las protestas o que se les describiera como terroristas”.

Ese mismo año, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, concordaba públicamente con esa visión: “Los activistas climáticos son dibujados algunas veces como radicales peligrosos. Sin embargo, los verdaderos radicales peligrosos son los estados que están incrementando la producción de combustibles fósiles”, dijo tras conocer el último informe del Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCCC).

Ahora, el investigador Oscar Berglund cree que “algunos actores de la derecha y el empresariado han llegado a ver al movimiento climático como una amenaza real para la expansión económica continuada y eso recuerda de alguna manera a lo que vieron en su momento en el movimiento laborista o socialista”.

Con todo, la ofensiva contra las protestas –que ya no son contempladas con simpatía sino como disruptivas– sí está teniendo efecto. Algunos activistas han confesado tener miedo. “Muchos se han asustado”, ha llegado a decir desde el propio movimiento climático. “Espero que no los paren”, remata el investigador Berglund. 

El Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la reforma de la ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, propone la eliminación de las pelotas de goma del material de los antidisturbios y la desaparición de las devoluciones en caliente en la frontera. La mayoría del pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PP y Vox y eso implica que la reforma pasará ahora seguirá su tramitación en la cámara baja.

La enmienda del PP ha sido rechazada con 169 votos a favor y 176 en contra. La de Vox, con 33 votos de su partido a favor, 176 en contra y 137 abstenciones, tampoco ha salido adelante. La norma todavía tiene que tramitarse a través de una ponencia, en la comisión de Interior y nuevamente en el pleno antes de poner rumbo al Senado.

La reforma ha sido impulsada por PSOE, Sumar, EH-Bildu, ERC y PNV y pretende modificar más de dos docenas de artículos de la ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Una de sus principales modificaciones está al final de la norma, que con una nueva disposición adicional sobre el material antidisturbios obliga a ir sustituyendo “progresivamente” el uso de balas de goma “por otros menos lesivos”.

Otra de las nuevas disposiciones adicionales afecta a las denominadas “devoluciones en caliente” en la frontera, una medida migratoria avalada por el Tribunal Constitucional pero que ha recibido el rechazo constante de asociaciones y ONG desde su entrada en vigor. Si esta reforma termina entrando en vigor como ley, echará a correr un plazo de medio año para modificar la ley de Extranjería para que, antes de una posible expulsión, un migrante sea evaluado como posible solicitante de asilo en un lugar “habilitado al efecto en los pasos fronterizos”. Desaparecerá, por tanto, la devolución 'en caliente' en el mismo momento de la entrada.

Fotos a policías y manifestaciones

Otra de las medidas tiene que ver con uno de los puntos más controvertidos de la ley aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy y que también fue cuestionada por el Constitucional: la prohibición de fotografiar a policías en acto de servicio. El uso de imágenes o datos personales de un agente será sancionable cuando genere “un peligro cierto” al policía, algo que queda mucho más especificado: “Deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia”. Pero no será una infracción, explica, hacer o difundir fotos de policías en lugares públicos o manifestaciones si no generan ese peligro.

Muchas de las modificaciones que contiene esta reforma afectan también al derecho de manifestación o las identificaciones por la calle. Se añade que la obligación de una persona se base en “una sospecha razonable” tras analizar “el comportamiento individual” de la persona así como a “información o circunstancias objetivas”. Si alguien se niega a identificarse o no puede ser identificado, los policías podrán llevarle a comisaría pero por un máximo de dos horas, prorrogables al actual límite de seis horas en los supuestos más excepcionales.

En una manifestación la intervención policial estará dirigida por “el respeto al libre ejercicio del derecho de reunión”, con un “enfoque de derechos humanos” y con la obligación de advertir “de manera verbal claramente audible”, indicando plazos, antes de cargar o disolver una concentración.

El sistema sancionador en torno a las manifestaciones también cambia. Los responsables o convocantes de una concentración quedarán exonerados si, aunque se hayan producido disturbios o destrozos, previamente hubieran puesto en marcha las medidas de seguridad y cumplido con los requerimientos de la autoridad gubernativa, generalmente la Delegación del Gobierno del territorio. Sale de la lista de infracciones las perturbaciones de la seguridad ciudadana por manifestaciones frente al Congreso, el Senado o los parlamentos regionales en caso de que no incurran en algún delito.

Si los policías llevan cámaras de videovigilancia durante una actuación, su uso debe quedar tasado, constar en el atestado policial y sus grabaciones “custodiadas” por si algún juzgado las necesita. El valor de la declaración de un policía también queda matizado: la palabra de un agente seguirá siendo “base suficiente” para imponer una sanción, pero se añaden matices: “Siempre que la exposición de los hechos resulten coherentes, lógicos y razonables”.

“Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”

El pleno ha rechazado este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas ante la cámara baja por PP y Vox. La enmienda a la totalidad rechazada del partido de Santiago Abascal ha sido defendida por Javier Ortega-Smith: “El objetivo es el control de las calles, mantenerse en el poder cuando lo ven amenazado, controlar la desestabilización de las calles y el caos”, ha explicado. Sobre la eliminación de las pelotas de goma en los equipos de los antidisturbios, ha preguntado: “¿Cómo pretenden que se puedan enfrentar a manifestaciones violentas de la extrema izquierda, los separatistas en Cataluña o kale borroka en el País Vasco? ¿Lanzando flores, caramelos, con buenas palabras?”.

El portavoz de la extrema derecha en esta tramitación parlamentaria también se ha referido a la futura desaparición de las devoluciones en caliente. “Abrir todavía más la puerta de nuestras fronteras y que Ceuta y Melilla se conviertan en barra libre de entrada”, ha criticado. Su propuesta era “reforzar”, precisamente, estas devoluciones en caliente.

Por parte del PP ha sido Ana Vázquez quien ha comparecido para bautizar esta nueva norma como “ley de la kale borroka, de la responsabilidad cero, de seguridad arruinada, de impunidad criminal, de manos atadas, la ley Otegi” que, según dice, “pasará los grilletes a manos de los policías”. Sobre las pelotas de goma, la diputada del PP ha afirmado que su eliminación “obligará a los agentes a enfrentarse cuerpo a cuerpo”. “Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”, ha espetado al parlamentario de EH Bildu, Jon Iñarritu.

El parlamentario de EH Bildu ha contestado en su turno para fijar posición. “EH Bildu busca que no se vuelva a repetir lo que sucedió con Iñigo Cabacas, lo que buscamos es que no se vuelva a repetir algo así, porque las pelotas de goma son material antidisturbios propio del siglo XX, hay que buscar materiales menos lesivos y proporcionales”, ha dicho aludiendo al caso del joven muerto bajo pelotazos de goma de la Ertzaintza en 2012.

Desde la bancada de Podemos, la exministra Ione Belarra ha listado diversos casos judiciales y policiales para citar a quienes considera realmente “desprotegidos, y no la Policía”: “Los seis de la Suiza, el caso Altsasu, Tsunami Democràtic, los Jordis, operación Piñata y Pandora, Futuro Vegetal, Rodea el Congreso, la policía patriótica investigando ilegalmente a Podemos”, ha denunciado. “Mientras todo esto siga pasando en España nuestra democracia nunca va a ser plena”, ha dicho antes de citar a diversos jueces: Manuel García Castellón, Concepción Espejel, Carmen Lamela y el “sacrosanto” Manuel Marchena.

Esta mañana ha comenzado en Madrid el juicio a los 21 detenidos en el Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012, la mayoría de ellos acusados de delitos como desórdenes públicos, resistencia, daños, lesiones y atentado contra la autoridad. En total, para todos ellos el Ministerio Público solicitaba penas de cárcel que llegaban a los 112 años, con penas individuales de hasta ocho años de prisión. Antes de la apertura del juicio oral, seis de los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía a penas de prisión que se sustituirán por multas que ascienden a los 1.320 euros tras aplicarse, 12 años después de los hechos, una atenuante de dilaciones indebidas. 

En esta primera jornada del juicio, que se extenderá hasta el 28 de noviembre, se han llevado a cabo cuestiones previas y se ha escuchado el testimonio de varios agentes de Policía Nacional que intervinieron en el dispositivo de seguridad de aquel día. Según fuentes conocedoras del caso, algunos de ellos han sido mandos del Cuerpo y agentes que durante la protesta actuaron de paisano.

Conocido como el 25S, ese día de 2012 se saldó con 35 personas detenidas. Muchas de ellas denunciaron malos tratos y torturas tras la detención. De hecho, España fue condenada por el Tribunal de Derechos Humanos en 2021 al considerar que no se investigaron adecuadamente estos presuntos abusos policiales.

Pactar para terminar con la incertidumbre

Doce años después, y sin haberse investigado las denuncias de malos tratos, seis de los acusados han reconocido un delito de desórdenes públicos, materializado en una pena de 11 meses de prisión que se sustituirá por una multa económica. De estos seis, dos de ellos han aceptado otra pena de 11 meses de prisión por un delito de atentado agravado con uso de instrumento peligroso, tal y como han informado fuentes jurídicas, quienes han añadido que otros tres de los acusados también han aceptado dos meses y 20 días de cárcel por un delito de atentado básico. 

“Las penas para aquellos que han aceptado 22 meses de prisión se conmuta por una pena económica durante ese mismo tiempo a razón de dos euros diarios”, ha especificado Daniel Amelang, abogado de Red Jurídica y defensor de tres de los acusados que han pactado con el Ministerio Fiscal.

El letrado ha explicado que “han preferido la conformidad ante las elevadas penas de prisión que solicitaban para ellos, que alcanzaban los ocho años de prisión”. También ha recalcado que este proceso judicial se inició hace 12 años: “Las circunstancias de estas personas han cambiado mucho. Algunas son padres y ante la remota posibilidad de entrar en la cárcel han elegido pactar con la Fiscalía. Así también se evitan seguir esperando, porque para que haya una sentencia firme puede quedar todavía otro año”.

Por su parte, los abogados de los demás acusados han pedido que sus defendidos declaren una vez haya concluido la prueba, por lo que su testimonio será el último que se escuche en esta sala de lo Penal. Todos ellos han decidido no aceptar el acuerdo ofrecido por la Fiscalía al mismo tiempo que, a través de sus letrados, han negado los delitos que se les imputan y han solicitado su libre absolución. En este sentido, los abogados ya han puesto a disposición del juez material documental diverso, como fotografías y vídeos, que demostrarían su inocencia.

La Fiscalía mantiene que aquel 25S en torno a unas 500 personas arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado en la plaza de Neptuno, a escasos metros del Congreso de los Diputados, tirando las vallas y arrojando objetos contundentes contra ellos. Esto “obligó a organizar el despliegue de diversas unidades de intervención policial para tratar de contenerlos”, ha expresado el Ministerio Público a través de un comunicado. Las cargas policiales llegaron incluso al interior de la estación de Atocha.

Desde su perspectiva, habrían sido diversos grupos “coordinados” y “organizados”, además de otros individuos, quienes se dedicaron “a causar destrozos en la vía pública, intentado rebasar los cordones de seguridad establecidos, arrojando objetos, no sólo contra las fuerzas de seguridad sino contra los vehículos policiales, así como en la calzada y accesos públicos, ocasionando cortes en la circulación”.

Esta versión de los hechos ha sido confirmada por los mandos policiales que hoy han declarado, según fuentes de la defensa de los acusados. “Uno de ellos ha llegado a decir que nunca había visto tanta violencia en una manifestación”, han añadido estas fuentes.

Asimismo, la testifical practicada este lunes ha servido para escuchar, por parte de uno de estos agentes de Policía Nacional, que son ellos quienes deciden en qué manifestaciones infiltrarse de paisano y que se llevó a cabo un seguimiento e investigación previa de los convocantes sin cobertura judicial, “pero una vez realizado el atestado lo pusieron a disposición de los juzgados”, han recalcado las fuentes consultadas.

La “escalada represiva” en el proceso penal

En este sentido, ocho de los presuntos convocantes de la concentración fueron procesados por la Audiencia Nacional días antes del 25S. Elena Martínez, actualmente portavoz de la Asamblea de Apoyo a los encausados, fue una de ellas. A sus ojos, este proceso judicial significa una “escalada represiva”, tal y como ha expresado antes del inicio del juicio, que comenzó cuando Cristina Cifuentes estaba al frente de la Delegación del Gobierno de Madrid, encargada de la planificación del dispositivo de seguridad en convocatorias de este tipo. 

El 25 de septiembre de 2012 llegaron a la capital más de 1.300 agentes procedentes de 30 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del total de 52 que existen en España. Según la Delegación del Gobierno, aquel día se manifestaron en Neptuno 6.000 personas. “Fuimos perseguidos e identificados. Hubo un despliegue policial como no ha habido en otras movilizaciones”, ha recalcado Martínez. Finalmente, ella y sus compañeros acusados fueron absueltos de un presunto delito contra altos organismos de la nación. El auto, emitido por el juez Santiago Pedraz, incidía en que en ningún momento se alteró el normal funcionamiento de la sesión parlamentaria del día 25.

Aquel 25 de septiembre de 2012 decenas de miles de personas se congregaron en la plaza de Neptuno, en Madrid. Convocados ante el llamamiento de rodear el Congreso, la noche terminó con duras cargas policiales que se prolongaron hasta en el interior de la estación de Atocha. Detuvieron a 35 personas y 64 más resultaron heridas. De ellas, 27 fueron agentes, aunque la Delegación del Gobierno no concretó sus dolencias. El próximo 18 de noviembre comenzará la vista oral para 21 de esos detenidos en lo que los organizadores de la protesta han tildado de “macrojuicio”. Más de 12 años después, la Justicia dirimirá lo ocurrido. La Fiscalía pide condenas que en algunos casos superan los siete años de cárcel y que, en total, suman 112 años entre todos los acusados

Decenas de vídeos inundaron las redes aquel martes, 25-S. Uno de ellos dejó una imagen que todavía se recuerda. Ante una de las cargas policiales, un agente de paisano comenzó a gritar “¡Que soy compañero, coño!” para zafarse de los golpes que sus propios colegas de profesión le estaban propinando en el suelo. A su lado, también sobre el asfalto, estaba Ángel García, al que acusan de desórdenes públicos y para quien el Ministerio Público solicita una pena de 3 años y 8 meses de prisión, la más baja de todas. 

Él será uno de los hombres y mujeres que los próximos días desfilarán ante un juzgado de lo penal de Madrid: “Éramos miles de personas en Neptuno, la Policía cargó y la gente echó a correr. Yo noté un fuerte empujón por la espalda y me tiraron al suelo”, comienza su relato.

Ángel asegura que fue arrastrado por dos agentes de paisano. “No hay que olvidar que aquella movilización estuvo infestada de este tipo de policías”, apuntilla Elena García, una de las promotoras de la convocatoria. Tras caer al suelo, este jardinero que por entonces tenía 39 años terminó siendo arrastrado unos metros por policías no uniformados. “Me llevaron cerca de los furgones policiales y ahí los antidisturbios se liaron a golpes conmigo y con ellos dos. Eso sale en las imágenes, en las que uno empieza a decir que es su compañero para que le dejaran de pegar”, ilustra.

Tras la detención terminó en los calabozos de la comisaría de Moratalaz. Asegura que allí sufrió maltrato psicológico por parte de los policías: “No nos dejaban ir al servicio a hacer nuestras necesidades y nos tuvieron todos los días con la luz encendida para impedirnos poder dormir”, denuncia. No es el único que denunció abusos policiales. Unas denuncias de maltrato policial que no fueron investigadas y que se han traducido en una condena para España por parte de la Justicia Europea.

Las calles, un polvorín

En 2012, con Mariano Rajoy y el PP al frente del Gobierno, las clases más humildes todavía no se habían recuperado del fuerte golpe que supuso la crisis financiera de 2008. Las protestas multitudinarias protagonizaban los fines de semana en una capital convertida en epicentro de la movilización. Era el tiempo de las Marchas de la Dignidad, la huelga general, la marcha de los mineros y la eclosión de las mareas en defensa de los servicios públicos. Para intentar aplacar y controlar ese descontento, el 25 de septiembre de 2012 arribaron a Madrid más de 1.300 agentes procedentes de 30 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del total de 52 que existen en España. Después aprobarían la Ley Mordaza.

Las imágenes de manifestantes ensangrentados coparon portadas al día siguiente, una jornada en la que también se celebró otro Rodea el Congreso. Por aquel entonces, el 77% de la sociedad española compartía los motivos por los que salir a la calle el 25-S. “Pedíamos un nuevo proceso constituyente. Negábamos el Régimen del 78 al completo y queríamos sentar unas nuevas bases sobre las que construir un nuevo modelo de Estado”, recuerda Elena.

Agresiones no acreditadas

Ahora, doce años después, Ángel tiene 51 años y una pena de banquillo que ha arrastrado desde entonces debido a la gran dilación del juicio. “Me acusan de haber pegado a un agente con un palo. Justo da la casualidad de que ese agente no está identificado, nadie sabe quién es”, recalca. Ertlanz Ibarrondo es su abogado e incide en que este se trata de un caso paradigmático al haber imágenes que objetivan todo lo sucedido. Además, señala que la narración de los hechos realizada por los agentes sitúa a su cliente en un lugar diferente al que en realidad se encontraba.

Por eso, durante la vista oral habrá que dilucidar si hubo enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios y quién los provocó, expresa el letrado. También considera que pasar tanto tiempo esperando un juicio es una forma de reducir la capacidad de acción política en aquellas personas con inquietudes que quieren defender sus derechos. “En mi opinión, eso es lo que buscan este tipo de procedimientos, que te pienses muy bien si participas después en otras movilizaciones”, en sus propias palabras.

Ángel confirma esta postura: “Más allá de que llevo más de una década sin saber qué va a ser de mí, todo este tiempo he tenido miedo de participar en otras movilizaciones. Si ya me detuvieron no habiendo hecho nada, podría volver a pasar”. En este sentido, Ibarrondo enfatiza la importancia de los vídeos que objetivan actuaciones policiales, convertidos en pruebas documentales esenciales en casos judiciales como este.

Desde su punto de vista, eso es lo que intentó prohibir el Gobierno de Rajoy con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y que en un primer momento censuraba la grabación de esas conductas por parte de los policías. “En el caso de Ángel y en el de los demás acusados se verá una carga documental muy elevada. Hay muchos vídeos que acreditan que los hechos no sucedieron como relatan los agentes”, determina el abogado.

El juicio se alargará durante nueve jornadas en la que los 21 procesados deben acudir a los tribunales. “Nos obligan a estar todos los días con lo que eso comporta para nuestra vida diaria. Hay gente que tendrá que dar muchas explicaciones en sus trabajos por algo que sucedió hace 12 años”, se queja Ángel. Cuando llegue su turno, ante el juez se declarará inocente, e Ibarrondo pedirá su absolución. “Quizá la Fiscalía ofrezca algún tipo de trato, pero yo me voy a negar. No voy a aceptar ninguna pena por algo que no he cometido”, zanja este acusado.

Los convocantes, exonerados por la Audiencia Nacional

Elena Martínez, por su parte, llegó a ser catalogada como una de las convocantes de aquel 25-S. Ella y otros siete activistas se enfrentaron en la Audiencia Nacional a la acusación de un delito contra altos organismos de la nación tipificado en el artículo 494 del Código Penal después de haber sido identificados en las asambleas públicas que realizaban los domingos en el Parque de El Retiro. Terminaron absueltos. “Eran tiempos de un gran malestar social y de cierto abandono por parte de las instituciones hacia las clases populares, como sucede ahora”, comenta esta activista. Y añade: “La gente se empezaba a dar cuenta que España arrastraba unas carencias democráticas muy grandes que provenían de la falta de ruptura con el franquismo, por eso pedíamos un nuevo proceso constituyente”.

Eligieron el 25 de septiembre de 2012 para rodear el Congreso y mostrar ese descontento. Las cargas comenzaron en torno a las 19.00 horas, cuando miles de personas atestaban Neptuno. Según la Delegación del Gobierno, dirigida entonces por Cristina Cifuentes, tan solo fueron 6.000 manifestantes. “Iba a ser algo pacífico y todo el mundo tiene derecho de reunión como bien fundamental sin necesidad de aprobación por ninguna institución, por eso comunicamos la movilización tan solo a nivel administrativo”, recuerda Elena.

Apenas unos días antes del 25-S, ella y otras siete personas recibieron citaciones judiciales: “Es la primera vez que se juzga un delito que todavía no ha ocurrido. Si decíamos que había carencias democráticas, esto nos lo confirma”, opina la activista. La movilización salió adelante. “Aquello fue un despliegue policial brutal. Cientos de personas ni siquiera pudieron llegar a Neptuno porque fueron interceptadas antes”, recuerda.

Elena rememora aquello como una muestra muy fuerte de poder popular, parafraseando sus términos. “Éramos miles de personas que no nos conocíamos, pero nos encontramos ahí como compañeros, codo a codo, y ese es el clima que esperamos que vuelva a haber para el juicio, que los 21 encausados no se sientan solos”, prosigue. Así enfrentan este “macrojuicio”, tal y como lo califica la propia Elena, que tendrá lugar del 18 al 28 de noviembre en Madrid y en el que la Fiscalía solicita condenas que implicarían la entrada en prisión de todos los activistas, acusados sobre todo de desórdenes públicos y atentado y resistencia a la autoridad.

El Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración para la reforma de la ley mordaza pactada en las últimas semanas entre EH Bildu y el PSOE. Los partidos que forman la mayoría que da apoyo al Gobierno han apoyado el primer trámite de esta ley, para que inicie su camino parlamentario, donde varias fuerzas han anunciado ya que presentarán enmiendas. Este intento es el cuarto que da la Cámara Baja para desmontar la normativa que puso en marcha Mariano Rajoy en 2015 para cercenar el derecho a la protesta y que lleva mucho más tiempo en vigor con la mayoría que prometió derogarla que con un ejecutivo del PP. La toma en consideración ha salido adelante con 176 apoyos y 170 votos en contra.

La nueva ley, que negociaron EH Bildu y PSOE pero que lleva la firma de Sumar, PNV y BNG, eliminará el uso de las pelotas de goma e insta a la modificación de la Ley de Extranjería en un plazo de seis meses para acabar con las devoluciones en caliente. También modifica las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. El acuerdo aborda así los cuatro puntos que bloquearon la negociación durante la legislatura pasada. Únicamente han votado en contra PP, Vox y UPN.

Sobre las pelotas de goma, el nuevo texto habla de una sustitución de ese material por “medios menos lesivos”. La nueva ley insta a las autoridades a desarrollar protocolos específicos “de acuerdo a estándares internacionales” sobre la gestión de manifestaciones y reuniones. Esos protocolos deben incluir la utilización del uso de la fuerza y material antidisturbios para utilizar “siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando que causen lesiones irreparables”. Los colectivos sociales han criticado históricamente las pelotas de goma por las lesiones causadas en muchos manifestantes, que han llegado a perder el ojo por el impacto de estos proyectiles.

Y para las devoluciones en caliente, el acuerdo incluye una disposición adicional para que en el plazo de seis meses se aborde una modificación en la ley de extranjería “estableciendo como criterios para la modificación el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”.

“Hoy puede ser un gran día para el conjunto de la sociedad. Hoy podemos poner la primera piedra para que el punto y final de la Ley de Seguridad Ciudadana, tal cual ustedes la contemplaban, finalice. Hoy podemos poner fin a una ley que ha recortado nuestra libertad de expresión”, ha deseado el portavoz socialista, David Serrada, durante el debate en el que ha defendido la proposición.

El diputado de Sumar y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, también ha reclamado a las fuerzas democráticas que no pierdan la oportunidad. “Y asistimos a un gran acuerdo de fuerzas democráticas, lo que no es habitual. Son. Son seis grupos parlamentarios los que han presentado esta propuesta, un importante aval para la toma en consideración y para comenzar una tramitación parlamentaria que ojalá sea urgente, porque no hay excusas entre los demócratas para acabar con la Ley mordaza que lleva más tiempo en vigor con el gobierno de coalición de izquierdas que el tiempo que estuvo en vigor por el Partido Popular”, ha dicho en la tribuna.

A continuación, ha exhortado a las fuerzas que tienen más reticencias. “Tenemos, por tanto, al alcance de la mano, lo que probablemente es la última oportunidad para acabar con la Ley Mordaza. Y las y los demócratas no tenemos excusa para dejarlo pasar”, ha añadido.

Algunas de esas fuerzas son Podemos y Junts, que en las últimas semanas han mostrado su escepticismo ante el acuerdo alcanzado entre el PSOE y EH Bildu. “Se trata de una versión light de la ley mordaza que ni la reformula ni la deroga. Se limita a pulir algunos de sus aspectos más lesivos con mucha precaución de no hacer enfadar a los sindicatos policiales”, ha lamentado el portavoz de los nacionalistas catalanes Josep Pagés.

Antes, la diputada de Podemos Martina Velarde había criticado a ERC y EH Bildu que hayan cedido en reclamaciones que hacían durante la legislatura pasada, algo que ambas formaciones han rechazado con gestos visibles desde la tribuna. “Señorías de ERC y EH Bildu, entendemos que necesiten explicar a su electorado el apoyo a un gobierno que solo sabe hacer cosas de derecha”, ha comenzado. “Pero no podemos permitir que nos vendan que esto es un avance cuando esto mismo se podría haber aprobado en 2023. No lo hicieron porque no se prohibían las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Podemos está justamente en ese sitio. Es una reforma parcial, por eso hay que mejorarla para poder cumplir con los estándares internacionales”, ha dicho.

Críticas a Tellado por no leerse la ley

El texto sale adelante pese al rechazo de la bancada de la derecha. PP, Vox y UPN han mostrado su oposición desde la tribuna. El debate ha entrañado la suficiente relevancia para los de Alberto Núñez Feijóo como para aprovechar a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que ha dedicado buena parte de su intervención a temas que nada tienen que ver con la ley que se ha empezado a tramitar este martes.

Antes de entrar en materia, ha hablado de la ley de amnistía, del pacto entre el PSC y ERC para una financiación singular en Catalunya, de los pactos con EH Bildu para la alcaldía de Pamplona, de la ley de antecedentes penales que benefician a presos de ETA (y que el PP apoyó en el Congreso) o de la violencia de la banda terrorista. También de la modificación del Código Penal para eliminar el delito de rebelión y así hasta completar la larga lista de “traiciones” que según Tellado el PSOE ha pactado con sus socios de Gobierno. Para sostener esta argumentación, incluso ha acusado a Mertxe Aizpurua de pasar de ser “la voz de una banda terrorista” a la “voz del Gobierno de España”.

Sin embargo, a la hora de analizar los motivos por los que su formación está en contra del texto, que ha calificado de Ley Otegi, Tellado ha entrado en algunas contradicciones que el resto de grupos le han reprochado. “¿Cómo responderán [los agentes] al caos a partir de ahora si su gobierno no les da herramientas? ”La ley Otegi les obligará a enfrentarse cuerpo a cuerpo con los delincuentes“, ha dicho el portavoz del PP.

El diputado socialista le ha recordado que la reforma que están proponiendo no elimina el material antidisturbios, sino que emplaza a las fuerzas de seguridad a sustituir las pelotas de goma por proyectiles menos lesivos, de acuerdo con el derecho internacional. También le ha recordado que la ley ya en vigor permite la celebración de algunas manifestaciones sin comunicación. “Si algo dice su ley es que hay manifestaciones que pueden ser no comunicadas. Lo mismo que dice esta norma. Para la siguiente léase la ley. Vengan aquí con un poco de criterio político y técnico y en ese caso podremos hacer un debate enriquecedor para los ciudadanos”, le ha espetado.

“Es obvio que no se ha leído la ley”, le ha dicho después el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, que se ha referido a las devoluciones en caliente. “La ley Otegi les obligará a actuar con las manos atadas en las fronteras de Ceuta y Melilla en un momento tremendamente complicado”, había dicho Tellado. El diputado de los independentistas vascos le ha contestado que precisamente una de las reivindicaciones policiales es la de tener los protocolos de actuación por escrito. “¿Eso es atar de pies y manos a los agentes? No tiene ni idea. Tiene compañeras que saben del tema porque han estado en la ponencia y tienen más capacidad”, le ha dicho. Entonces, alguien en la bancada del PP le ha llamado machista. “¿Machista por decir que ellas tienen más capacidad?”, ha ironizado Iñarritu desde la tribuna.

La semana parlamentaria no dejó mucho resquicio al optimismo. Con una reforma de la ley de extranjería pendiente de pactar entre el Gobierno y el PP que sirva de respuesta urgente a la situación de Canarias, el hueco que la agenda del Congreso tenía reservado para un amplio debate sobre política migratoria fue cubierto, una vez más, por la bronca de la oposición. Y sobre un tema no poco recurrente: la banda terrorista ETA. La intención del Ejecutivo, sin embargo, es aparcar esa crispación y presionar a los populares para que se avengan a firmar un acuerdo sobre la acogida a los menores migrantes. Y de paso acelerar reformas legislativas que sí puedan contar con amplios consensos parlamentarios, como la ley de familias o la reforma de la ley mordaza.

El orden del día de la Cámara fijaba el pasado miércoles, a petición del Partido Popular, una comparecencia del presidente del Gobierno sobre gestión migratoria. Pero después de 50 minutos de intervención de Pedro Sánchez, el líder de la oposición tardó exactamente tres segundos en cambiar de tema en cuanto tomó la palabra. “Señor Sánchez, ha hablado usted de la dignidad de los migrantes. Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA”. Y ya Feijóo no salió de ahí. 

Envuelto en una crisis política de primer nivel por el voto a favor a una reforma que ahora exige derogar, un Partido Popular acorralado por las críticas internas y externas decidió emplear el pleno en intentar tapar su tropiezo. Y la vía que encontró para ello fue la sobreactuación. Primero, los populares prepararon la escenificación de la llegada al hemiciclo de Mari Mar Blanco. La senadora y hermana de Miguel Ángel Blanco accedió al escaño contiguo al de Feijóo en mitad de la sesión, interrumpiendo al presidente y entre la ovación de una bancada popular en pie. 

Luego, el discurso y el tono del propio Feijóo solo giró en torno a una idea. “Usted pacta presos por Presupuestos”, dijo en referencia a EH Bildu. Y finalmente llegó la actuación del portavoz Miguel Tellado. Con fotografías de víctimas asesinadas por ETA increpó, vociferó e insultó a miembros del Gobierno entre risas de algunas compañeras de filas. Y llegó a ser amonestado por la presidencia de la Cámara por su comportamiento, que entre otras cosas provocó el rechazo de muchos de los familiares directos de las víctimas a las que aludió. 

Ya en el turno de réplica, Pedro Sánchez fue directamente a zarandear a Alberto Núñez Feijóo, alimentando el choque frontal entre el Gobierno y la oposición. “Negociar con usted es ineficaz porque usted no decide nada. La mayoría de sus votantes, muchos de sus barones y quizás hasta usted mismo quieren llegar a un acuerdo con el Gobierno para el reparto de menores, pero el problema es que la jefa no le deja”, dijo, en referencia a Isabel Díaz Ayuso. 

En mitad de ese ambiente de batalla campal entre el PP y el PSOE hay quien opina, no obstante, que el acuerdo para reformar la ley de extranjería no es imposible. En menos de 24 horas, de hecho, el Gobierno hizo el primer movimiento. Después de que Sánchez recibiera en la Moncloa al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el Ejecutivo utilizó ese encuentro como medida de presión a los populares en forma de tándem. El propio Clavijo aseguró sentirse “decepcionado” con la actitud de sus socios en el Pleno del Congreso, y el ministro de Política Territorial retó a los de Feijóo a volver a sentarse a la mesa de negociación de la que se levantaron. 

Hay en las dos partes quien señala que, aunque difícil, ese acuerdo se acabará por concretar por las necesidades de Canarias y por la presión del propio presidente Clavijo. Y que lo lógico es que las conversaciones a tres bandas entre el ministro de Política Territorial, el portavoz parlamentario del PP y el presidente canario se puedan reactivar en los próximos días de manera “discreta”. 

En paralelo, y como forma también de que pasen las semanas hasta los congresos de ERC y Junts para abordar la negociación de los Presupuestos, el Gobierno pretende activar su producción legislativa con reformas sociales capaces de suscitar amplios consensos. Ha sido el caso recientemente de la conocida como ley ELA, una demanda de años del colectivo afectado por esta enfermedad y que fue aprobada esta semana definitivamente con la unanimidad de todos los grupos políticos. Y el objetivo es seguir dando pasos en ese sentido. 

Con la mayoría que hizo factible su investidura espera Pedro Sánchez contar para sacar adelante sin apuros la reforma de la ley mordaza pactada con EH Bildu. Esa reforma, según los independentistas vascos, eliminará el uso de las pelotas de goma e instará a la modificación de la ley de extranjería en un plazo de seis meses para acabar con las devoluciones en caliente. Y modificará las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. Un acuerdo que aborda, por tanto, los cuatro puntos que bloquearon la negociación durante la legislatura pasada de una de las promesas pendientes del Gobierno de coalición. 

También anunció esta semana el presidente que el Gobierno se dispone a llevar de manera inmediata la ley de familias que se quedó colgada la pasada legislatura y que supone, en palabras de Pedro Sánchez, “ampliar los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas que tengan algún miembro con discapacidad”. En el texto aprobado por el Consejo de Ministros en la pasada legislatura se incluyen, por ejemplo, los permisos de maternidad y paternidad de 20 semanas, así como adelantar los permisos del padre para acompañar a la embarazada. 

El impulso a todas esas medidas ayudarían a hacer más digerible el tiempo que aún le queda en barbecho a la negociación sobre la senda de estabilidad y a la de los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de Junts, la interlocución continúa de manera discreta en asuntos como la cesión de las competencias migratorias comprometida en su día. Un tema que negocian directamente los de Puigdemont con el equipo de Elma Saiz en el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. 

También se negocia con Junts de manera bilateral desde el Ministerio de Hacienda una nueva propuesta de senda de estabilidad que en el Ejecutivo cifran que tiene un impacto de hasta 11.000 millones de euros en las cuentas de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Aunque por el momento no son públicos los avances, la consigna en la Moncloa es extremar la discreción y ofrecer el margen de tiempo necesario a los partidos independentistas catalanes para que puedan solventar sus situaciones internas. En cualquier caso, Pedro Sánchez aventuró esta semana que su Gobierno “sacará adelante” las cuentas e incidió en el mensaje de una legislatura larga.

La constante vigilancia es el precio de la libertad"

G.K. Chesterton

Las libertades y los derechos se pierden en un santiamén y recuperarlas se convierte en una batalla sin cuartel. Ese es el motivo por el que la ciudadanía debe resistirse como gato panza arriba a los ataques a sus derechos fundamentales encubiertos con la piel del cordero de la seguridad u otra aparentemente benéfica. 

Viene esto a cuento por la campaña que las derechas están estableciendo para acusar a Sánchez de haber vendido y humillado a la policía y la seguridad para pagarle un peaje a Bildu y conseguir su anuencia en una votación de los presupuestos. ¡Ja! Miren que he sido y soy crítica con los vaivenes ideológicos del actual Gobierno y con los virajes de 180º en sus afirmaciones o promesas cuando tocaba conseguir unos votos —¡aún me da lástima Montero negando ningún cambio en la financiación de Catalunya una semana antes del acuerdo!—, pero en este caso es una manipulación decir lo que se está diciendo. En esto de la abolición de la nefasta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por Rajoy —bautizada con motivo como Ley Mordaza— Sánchez no se ha plegado a nada, a Sánchez le han arrancado sus socios lo que motu proprio debería haber dado nada más llegar al Gobierno contando con una mayoría para ello. Así lo llevaba en su programa electoral el PSOE hasta las últimas elecciones en las que desapareció. Toda huella de la malhadada reforma de Rajoy debiera haber desaparecido hace años.

Una de mis primeras decepciones con el Gobierno progresista fue esta y así se lo conté ya hace seis años —Los principios no tienen precio— porque me parecía y me parece que no había prisa bastante para que se recuperaran los mínimos de libertad y respeto a los derechos humanos que habían sido recortados por los gobiernos de Rajoy y que tanto se habían atacado, con razón, desde la oposición. No fue así. No sé si por la nefasta decisión de agraciar con el ministerio del Interior a un tipo como Grande-Marlaska, ni progresista ni demasiado respetuoso con ellos en su actuar anterior, o porque cuando uno llega al poder se le pasan las ganas de retrotraer las cosas al estado anterior. 

Veamos el caso de la prohibición de las devoluciones en caliente que el Gobierno Rajoy intentó legalizar en una reforma realizada en 2015. El TEDH condenó a España por ello en 2017 y, siendo que el Gobierno progresista de coalición PSOE-Podemos se constituye en junio de 2018, ¿no podían haberse puesto manos a la obra para enmendar el paso de la derecha por este campo que afectaba al derecho de asilo? No lo hicieron. No sólo no lo hicieron sino que Marlaska mantuvo el recurso de España para defender las devoluciones en caliente hasta que la Gran Sala del TEDH varió su doctrina, en una controvertida sentencia, para de alguna forma avalarla. ¿Significa ese espaldarazo que el Gobierno más progresista de la historia estaba en el buen camino? No deberían de haber seguido por esa vía, cuando en la oposición decían lo contrario, cuando las organizaciones de derechos humanos o CEAR siguen propugnando la ilicitud de tales devoluciones que no permiten comprobar si hay merecedores de asilo entre los llegados. Que tenga que ser ahora Bildu quien arranque la promesa de volver a donde se estuvo no habla mal de Bildu precisamente. 

La derogación de las partes de la ley mordaza más sangrantes, ni siquiera de todas, también ha tenido que ser arrancada por Sumar a los socialistas que la denostaban. No veo ahí cesiones sino vuelta a unos principios de los que no se debió salir. Muchos pensábamos que precisamente ese regreso a las libertades y derechos perdidos sería la primera tarea tras la llegada de las izquierdas al poder. 

Otra cuestión de la que ni siquiera se debate: la prisión permanente adjetivada “revisable”. Cuánto no nos batimos contra lo que nos pareció una aberración de la derecha que inhabilitaba el mandato expreso del artículo 25 de la Constitución. No sé si se acuerdan pero fue el propio PSOE el que presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la norma. A pesar de que en 2021 un TC de mayoría conservadora la ratificó ¿qué pasó que no se derogó en esos cuatro años o incluso después? ¿Qué ata a un gobierno progresista con una pena que ataca el principio de resocialización y de reinserción? ¿Cómo es que ahora se sienten tan cómodos con ella? Supongo que porque les parece impopular quitarla y entonces deberíamos perdonar que al PP le pareciera popular instaurarla. Populismo punitivo en ambos casos. 

Con todo esto sólo quiero denunciar que una vez se produce el avance hacia un estado más policial, su reversión es muy compleja. Por eso me preocupa ese decretazo obtenido, de nuevo, por Grande-Marlaska que obliga a hoteles, apartamentos, alquiladores de coches y otros a recabar un número ingente de datos de los ciudadanos para incluirlos en bases de datos policiales. Que la policía tenga que tener nuestros teléfonos, el número de nuestra tarjeta, nuestro email, el número de cuenta, el número de soporte de nuestro DNI y tantas otras cosas reunidas es una pasada pero que además se obligue a los hoteles a guardar ellos mismos esos datos, de forma no segura, durante tres años puede dar lugar a una desprotección gigantesca de unos ciudadanos a los que se dice querer proteger contra el terrorismo y el crimen organizado. Mal papel hace el ministro del gobierno socialista en pretender restringir el derecho a la intimidad en un país que ha acabado con el terrorismo sin necesidad de tales desmanes y peor papel en la lucha contra el crimen si da pie a que un hackeo a una cadena hotelera ponga en manos de los criminales datos tan sensibles. Ahora parece que han frenado la entrada en vigor porque desde el sector turístico, incluido el europeo, estaban escandalizados. Yo no sé que sirocos le dan a Marlaska, mas no debe extrañarse de que pidamos no la paralización sino la derogación de tamaño ataque a las libertades individuales. Si mañana se lo tiene que arrancar alguno de sus socios, que no diga nadie que es un chantaje cuando no es sino justicia. 

Las libertades y los derechos se van con facilidad y vuelven con pelea si es que vuelven. Una de mis mayores esperanzas en el cambio se cifraba en esa reversión. No fue así. A Sánchez se la están arrancando sus socios con tenazas y no era preciso si los principios sirvieran para algo o si los gobernantes sirvieran a los principios.