El Gobierno ata el apoyo del PNV al decreto anti chiringuitos universitarios y deja solo al PP en su rechazo

El Ministerio de Universidades ha atado el apoyo del PNV a su propuesta anti chiringuitos universitarios. El organismo que dirige Diana Morant ha pactado con el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco que la modificación del real decreto 640/2021 que prepara el Gobierno, por la que pretende elevar las exigencias necesarias para abrir nuevas universidades, permita a las comunidades autónomas gestionar las universidades online si estas cumplen ciertos requisitos.

En la propuesta inicial del ministerio las competencias para aprobar centros que impartan la mayoría de la docencia a distancia pasaban de ser controladas por las asambleas regionales a necesitar la aprobación del Congreso para operar, por entenderse que su ámbito es estatal independientemente de dónde estén radicadas. Con este acuerdo, calificado de “mejora significativa” por el Ejecutivo vasco a través de una nota de prensa, el Gobierno lleva a su bando a uno de los pocos actores que se oponían al endurecimiento de los requisitos y deja solos al PP y Vox en su rechazo.

La mayoría del arco parlamentario, rectores, sindicatos y estudiantes apoyan el cambio, ideado para elevar el listón universitario ante la eclosión de centros privados en los últimos años, que había llevado al Gobierno a calificar de “fábricas de títulos” a ciertos centros (sin nombrar ninguno específicamente). El Gobierno prevé que la norma esté lista a finales de junio.

Tres excepciones

El pacto alcanzado entre Universidades y el consejero, Juan I. Pérez Iglesias, contempla tres excepciones al cambio de competencias respecto a las universidades online, y aquellos proyectos que cumplan alguna de las tres seguirán siendo controladas por la comunidad autónoma donde residan.

Quedarán fuera del control del Congreso: las universidades que cuenten con precios públicos fijados por cada comunidad autónoma; las que tengan su sede en territorios con lengua propia cooficial y cuando al menos el 50% de la docencia se vaya a impartir en dicha lengua; y las que tengan financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del presupuesto de la universidad.

El Ejecutivo vasco ha celebrado que el cambio acordado supone una serie de “mejoras para Euskadi”, entre ellas que “acota la competencia estatal a las universidades online con ánimo de lucro”, que “incorpora la docencia en la lengua propia –euskera, en el caso del País Vasco– como criterio de atribución de la competencia sobre las universidades telemáticas” y “permite la configuración y consolidación de un sistema universitario vasco diverso y con universidades complementarias”.

Además, se han incorporado al texto otras dos propuestas del PNV. Por un lado, han informado ambos Ejecutivos, se ha acordado que, en el desarrollo del proceso de evaluación de las propuestas de creación de nuevas universidades y de reconocimiento de las universidades ya existentes, las agencias de calidad de las comunidades autónomas podrán incorporar sellos de calidad como parte de los criterios establecidos en el proyecto de modificación del Real Decreto.

Por otro, ambas administraciones han acordado también incorporar al texto la posibilidad de constituir centros que se asocien a una universidad con la denominación de Centro de Altos Estudios.

Un nuevo informe obligatorio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 31 de marzo que su intención de endurecer las condiciones para crear universidades privadas ante la eclosión de centros de dudosa calidad en los últimos años y el fracaso del intento del exministro Manuel Castells, que abrió ese camino hace cuatro años pero su normativa se reveló insuficiente. “La universidad no puede ser una fábrica [de títulos] sin garantías”, defendió.

Desde que hizo el anuncio Sánchez, el Gobierno se ha esmerado por explicar que no hay que meter a todas las universidades privadas en el mismo saco y que las medidas anunciadas que se exigirán a todos los centros –un nuevo informe vinculante de la Aneca, nuevos requisitos de investigación, un mínimo de 4.500 estudiantes o tener al menos tres programas de doctorado– van dirigidas a lo que calificó de “academias” venidas a más con el lucro como principal afán. Hay universidades privadas, Deusto o Mondragón son dos ejemplos, sin ánimo de lucro, lo que casi automáticamente las saca de la crítica gubernamental.

El Gobierno apunta a proyectos como el de una universidad en un edificio de oficinas en un polígono industrial, otra en un antiguo concesionario de coches o una tercera en un local de un centro comercial, todos ellos casos reales que se han presentado para ser aprobados en alguna comunidad autónoma. También a la (últimamente) costumbre de algunas comunidades autónomas de aprobar propuestas con informes de sus propios técnicos en contra.