Guerra sucia contra los ecologistas: “Somos molestos y estamos acostumbrados a que nos pongan trampas”

Los grupos ecologistas son un objetivo. Las propias asociaciones como Greenpeace, Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción admiten que saben que son vigiladas, además de por la policía, también por grandes corporaciones que les espían como ha ejemplificado la supuesta infiltración contratada por Iberdrola al excomisario José Manuel Villarejo contra una plataforma ambientalista, según han publicado El Confidencial y Moncloa.com.

“Somos molestos y estamos acostumbrados a que nos pongan trampas”, cuenta más de 15 años después de la oposición a la térmica de Iberdrola en Arcos de la Frontera (Cádiz), José Luis de las Heras, uno de los ecologistas de la plataforma. “No noté nada entonces, pero los movimientos sociales son algo abierto y con los medios tecnológicos que hay para vigilar, nosotros no podemos hacer nada”, cuenta tras enterarse de las operaciones atribuidas a la energética. “Ser ecologista es correr un riesgo en España”, sentencia.

La plataforma ecologista en la que participaba José Luis Heras trataba de impedir la construcción de una central eléctrica a base de gas en Arcos de la Frontera. La calificaban de “innecesaria, contaminante e ilegal por la cercanía de núcleos habitados”. El proyecto de Iberdrola sumaba unos 800 millones de euros y, finalmente, se puso en marcha en 2005. La empresa solicitó permiso para desmantelar una parte de la central en 2013 por la bajada de rentabilidad ante la caída de la demanda y la proliferación de plantas de energía renovable. Le fue denegado.

La operación descrita en las grabaciones del expolicía atañe, entre otras, a las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace. La segunda tiene en su haber –al menos en sus ramas internacionales– con algunos de los casos más sonados: en 2011, la justicia francesa condenó a la energética EDF a pagar 1,5 millones de euros (500.000 de ellos directamente a la organización) por haber espiado a Greenpeace durante su campaña antinuclear. En Gran Bretaña, el policía encubierto, Robert Lambert, se infiltró en la organización durante años y estuvo implicado en un caso de difamación contra dos activistas por parte de McDonalds. Tras ser condenados en Gran Bretaña, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos amparó a los ecologistas.

“Aquí en España no tenemos pruebas, aunque podamos sospechar en algunas ocasiones en las que la policía ya está en lugares donde pensábamos desarrollar alguna campaña”, explican. “Damos por hecho que hay interés en vigilarnos y tratamos de ser precavidos. No podemos hacer mucho más”, reflexionan en la organización, que también se enteró por la prensa a principios de 2019 de que el mismo Villarejo explicaba otras prácticas similares de vigilancia sobre ellos.

En este sentido, el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, admite que “es el pan nuestro de cada día. Es bastante habitual. Al final esas prácticas de cloaca no se han limitado a la política, sino que se han extendido a los movimientos sociales”. Y luego añade que “es tremendamente sencillo infiltrarse en organizaciones como la nuestra en la que hay mucho trabajo voluntario y abierto. Cada uno aporta lo que puede, por lo que es francamente fácil”. Y no todo es espionaje: “También entran para generar conflictos internos”. Una de las estrategias que aparecen en las grabaciones de Villarejo sobre la plataforma contra la central de Iberdrola se centra en que estén pendientes de sus propios conflictos y se olviden de la infraestructura.

'Los verdes son los nuevos rojos'

“Los verdes son los nuevos rojos”. Con esa frase definía el escritor estadounidense Will Potter en 2011 cómo los grupos ecologistas se habían convertido en objetivo de los servicios de inteligencia del país norteamericano. Potter describía la vigilancia de activistas contrarios a la industria peletera, cárnica o de experimentación con animales. Y hablaba incluso de penas de cárcel para los activistas. ¿Impensable en España? No para Juan Clavero, miembro de Ecologistas en Acción en Cádiz. Él sabe de lo que habla: tuvo que desmontar una trampa tendida por los guardas de una finca que pretendieron hacer pasar a Clavero por traficante de drogas. Le plantaron estupefacientes en su coche mientras realizaba una protesta. De hecho, el juez que le tomó declaración como imputado fue contundente: “A usted le han puesto una trampa”.

Clavero llevaba a cabo una campaña para reclamar el derecho de paso por caminos (algunos dueños de fincas vallan en ocasiones pasos sin potestad para facilitar el aprovechamiento cinegético o garantizarse el uso exclusivo de la vía). Un juzgado gaditano lleva ahora adelante un caso contra los guardas. “Ese tipo de actuaciones mafiosas sí que han decaído al comprobar que fallaban”, calcula Clavero mientras espera que los múltiples recursos de los imputados terminen y comience el juicio. “Otra cosa es que sí me parece que el movimiento ecologista en general y climático en particular está en el punto de mira de la represión”.

Asambleas accesibles

Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra relata que “sabemos que esto puede pasar, pero también es cierto que es más fácil que suceda en un movimiento puntual como en el caso de la central de Cádiz, que es más abierto y necesita más gente y movilización”. De las Heras coincide: “Cuando hacemos una asamblea somos conscientes de que estamos siendo vigilados. Por eso llevamos siempre argumentos y no quebramos la ley. No podemos permitírnoslo: si nos cayera una condena por una denuncia de una gran corporación, significaría la desaparición. Ni con todo el patrimonio de los ecologistas podríamos hacer frente”.

Ruibal admite que “es algo problemático, pero no nos frena, claro”. Además, añade que es una prueba del valor de sus acciones: “Estos sectores, más allá del discurso de desprecio que suelen manejar con el 'son cuatro piojosos, cuatro gatos', luego te ponen un espía”.

“Muchas de nuestras campañas confrontan con intereses corporativos, eso es evidente”, reflexiona Segura. “Buena parte de nuestra actividad ecologista es exigir que se cumpla la legalidad y eso puede conllevar pérdidas de beneficio económico”. La coordinadora de Amigos de la Tierra comenta que, al tener presente esta situación, “intentamos protegernos. Por ejemplo, al hacer una asamblea pedimos que se apaguen y se dejen fuera los teléfonos móviles”. Segura no ve claras ese tipo de precauciones. “En algún momento sopesas adoptar medidas, pero luego piensas que va a generar un clima de desconfianza que puede hasta ser contraproducente, generar rechazo y frenar el activismo”.

Blanca Ruibal aporta un aspecto positivo: “Esto demuestra que si un grupo de ciudadanos se organiza para conseguir unos objetivos se convierte en un problema y una preocupación para los que defienden proyectos como esa central. Se consiguen cosas”.