El Gobierno pide a las comunidades que revisen sus censos del lobo porque algunas “no cumplen con el rigor científico”

El Gobierno considera que los informes sobre el estado de lobo en España que ha recibido de algunas comunidades autónomas “no cumplen con el rigor científico” por lo que ha solicitado que se revisen los censos de manadas antes de poder reportar a la Comisión Europea cómo está el Canis lupus en España.

“No podemos enviar el informe tal cual está ahora en este momento”, explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica que ha remitido por escrito una petición de más información a las comunidades donde se hayan detectado ejemplares: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Madrid, La Rioja, Aragón y Catalunya.

La carta, a la que ha accedido elDiario.es, explica que la especie ha sufrido dos golpes durante 2025: por un lado, las autorizaciones de caza por parte de algunos gobiernos regionales y por otro los incendios de agosto. Así, señala el escrito, se hace necesario recabar la información sobre la superficie del hábitat y área de distribución de la especie que se ha visto afectada por los incendios forestales que han tenido lugar durante el pasado año en España“. Y, al mismo tiempo, sobre ”el número de ejemplares que han sido extraídos letalmente del medio natural en tu comunidad autónoma durante el último año, incluyendo su edad y sexo y, en su caso, si se trataba de hembras gestantes“.

En el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, entienden que actualizar los censos “es más necesario que nunca” porque “ha habido eliminación de ejemplares” y que los fuegos devastadores del verano han podido tanto “provocar muertes como desplazamientos de poblaciones”.

La cuestión es que la Comisión Europea acaba de abrir un expediente sancionador a España por no remitir el informe sexenal sobre el estado de sus especies de interés comunitario y en Transición Ecológica argumentan que, tal como están ahora, esos informes del lobo no son presentables.

En junio pasado, el ministerio presentó el último censo de población –basado en los datos que remiten las comunidades autónomas– que reflejaba que el número de manadas está un tercio por debajo del umbral de seguridad. Los grupos estables, según ese documento, habían pasado de 297 a 333 en una década lo que supone un total entre 1.600-1.700 ejemplares.

Lo que sostiene el Gobierno es que, esos datos no reflejan la realidad porque se han quedado, como poco, antiguos. Por un lado, la enmienda introducida por el PP en la ley contra el desperdicio alimentario (apoyada por Vox, PNV y Junts) desprotegió las manadas al norte del Duero. Eso permitió que comunidades como Cantabria y Asturias autorizaran matar entre el 15% y el 20% de las poblaciones. Se dio licencia para acabar con más de 90 lobos.

Luego llegaron las llamas que cruzaron, entre otras regiones, Castilla y León y Galicia, precisamente, dos de los territorios donde se concentran un buen número de manadas lobunas. “La situación de estos últimos meses es extraordinaria”, rematan fuentes de Transición Ecológica.

El periplo de la desprotección

Sin embargo, desde Bruselas se ha seguido presionando sobre el estatus del lobo. La situación comenzó cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen se abrió a revisar el nivel de protección de la especie –una decisión condicionada por la muerte de su poni favorito en un supuesto ataque de lobo–.

El proceso culminó en junio de 2025 cuando la UE eliminó la protección estricta de la especie y rebajo su nivel. Eso activó una de las cláusulas incrustadas por la derecha política en la ley del desperdicio alimentario: la activación de la modificación del listado de especies de protección especial para sacar al lobo. Cuando ese se complete, en teoría, podrá cazarse lobos en todo el territorio español, no solo al norte de la raya que marca el río Duero.