PNV pide mantener la desobediencia a la autoridad como infracción grave en la ley mordaza

Madrid, 18 dic (EFE).- El PNV ha registrado 28 enmiendas a 36 artículos de la proposición de ley para la reforma de la ley de seguridad ciudadana pactada por PSOE, Sumar y EH Bildu, conocida como ley mordaza, entre las que se incluye mantener como graves las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad.

La propuesta de PSOE, Sumar y EH Bildu rebaja de infracción grave a leve las faltas de respeto a la autoridad; también será infracción leve la desobediencia a las fuerzas de seguridad, cuando sea “manifiesta, clara y objetivable” la resistencia a la autoridad utilizando oposición corporal o la negativa manifiesta y clara a identificarse.

La enmienda del PNV recupera los acuerdos de la pasada legislatura que, sin embargo, no fueron suficientes para sacar adelante la reforma que fracasó hace un año y añade el pacto alcanzado por PSOE, Sumar y EH Bildu sobre los artículos polémicos que no se lograron consensuar en 2023.

En el día que vence el plazo para presentar enmiendas a la norma, el PNV propone mantener las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y la negativa manifiesta y clara a identificarse, al entender que al dejarlas sin efecto si los acusados se retractan “se podrían realizar actos sancionables de forma recurrente e impune”.

En ese sentido, pide que sean infracciones leves los actos “humillantes” o las expresiones “despectivas y ofensivas” dirigidas a los agentes “que desacrediten objetivamente el ejercicio de las funciones que estos realicen” cuando no sean constitutivas de una infracción penal.

Y añade que para que se entienda como cometida esta infracción deberá tratarse de expresiones o actos “relevantes” sin que pueda ser sancionable “la sola disconformidad con un mandato legítimo” o “el proporcionado ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión”.

Respecto a la graduación de las sanciones, la formación vasca aboga por sancionar con multa en grado máximo sólo aquellas infracciones que revistan “especial gravedad” y “así se justifique teniendo en cuenta el número y la identidad de las circunstancias concurrentes”.

Aunque no se pronuncia sobre la eliminación de las pelotas de goma, añade una disposición adicional en la que establece la obligación por parte de las autoridades de desarrollar protocolos específicos sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones incluyendo el uso de la fuerza y el material antidisturbios, en aras de “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas”.

De la misma forma, el PNV apuesta por mantener como graves las infracciones relacionadas con las ‘kundas’, esto es, el traslado de personas con cualquier tipo de vehículo con el objetivo de facilitar su acceso a drogas, siempre que no constituya un delito.

Por su parte, Sumar ha registrado tres enmiendas a la proposición de ley relacionadas con las infracciones leves por insultos e injurias, el material antidisturbios y el Régimen Especial de Ceuta y Melilla.

En el caso de las sanciones leves por faltas de respeto, el grupo añade que las sanciones no se impondrán o se dejarán sin efecto “cuando el infractor acceda a rectificar o retirar sus expresiones”.

Sobre el material antidisturbios, Sumar aboga en una disposición adicional por establecer mecanismos para la “adecuada y eficaz identificación visual” de los agentes asignados en las unidades que lo utilicen, así como de las técnicas de aislamiento selectivo de grupos violentos y los sistemas de rendición de cuentas.

En ese sentido, la formación incide en que deberán elaborarse tras un periodo de consulta con expertos en la materia, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los agentes, y deberán estar sometidos a un sistema de transparencia, mientras que las autoridades competentes deberán rendir cuentas de forma anual ante el Congreso sobre el desarrollo y aplicación de los mismos.

Por último, sobre Ceuta y Melilla, Sumar incorpora que el registro de las solicitudes de protección internacional que quieran realizar las personas migrantes que hayan accedido a territorio español deberán llevarse a cabo antes de la “posible expulsión, devolución, retorno o rechazo en la frontera”.