La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha declarado desierta el proceso de enajenación del Centro de Menores Infractores de Menores (CIMI) de San Miguel Alto en la ciudad de Granada al no concurrir ninguna oferta a la subasta del inmueble.

Así se desprende del acta de la Mesa de Contratación del referido órgano hecha pública por la administración autonómica y consultada por Europa Press, en la que se recoge que “no se han presentado ofertas en primera ni en segunda subasta”, y por tanto se declara desierto el Lote número 5 del inmueble en calle de la Ermita, 15, después de que el BOJA del 31 de marzo anunciara la convocatoria de licitación del enajenamiento del inmueble.

Se trata de una finca en de 1.660 metros cuadrados que cuenta con un edificio y dos espacios menores que suman 958 metros cuadrados construidos y que está calificado como equipamiento comunitario SIPS-religioso, y que en la actualidad se encuentra en tramitación dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín, que hace una propuesta de cambio de la parcela para uso hotelero.

La construcción del centro de menores data del año 1970 y en 2024 el valor catastral del suelo era de 8.918 euros y el de la construcción de 154.043, por lo que el valor catastral total estaba en 162.962 euros. Fue en ese año cuando la Dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento el cambio de calificación para uso terciario, en concreto, hotelero. La Junta es propietaria del 100% de la finca. Las condiciones económicas de la subasta fijaban un tipo de 2,5 millones de euros para la primera subasta y 1,8 se tenía que realizar la segunda. La fianza para optar era de 126.203 euros.

Polémica política y social

La noticia de la subasta del antiguo CIMI y especialmente el hecho de que se abriera la posibilidad de un futuro uso hotelero del inmueb le ha contado con la oposición de varios partidos políticos y colectivos sociales, e incluso ha sido “arma arrojadiza” por parte de formaciones que han concurrido a las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así, por ejemplo, el PSOE, a través del grupo municipal en la capital granadina, pidió que se paralizara la venta y propuso a la Junta que cediera el espacio para uso cultural y vecinal. Lo mismo pidió IU y la coalición Por Andalucía, que al igual que los socialistas advirtieron de la que calificaron como nuevo “pelotazo hotelero” en un Albaicín “ya fuertemente tensionado”.

Podemos fue más allá y presentó un recurso de alzada. El portavoz de los morados en Granada, Salvador Soler, afirmó sobre esta subasta que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas”.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca, tal y como publicó esta cabecera. No quieren que la gentrificación siga ganando camino y señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble.

Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas, pese a las preguntas de este periódico.

Un centro de interpretación

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado una moción al pleno de este viernes para exigir al gobierno municipal una moratoria urgente en la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, “con el objetivo de frenar la pérdida de patrimonio y evitar la expulsión vecinal de los barrios históricos de la ciudad”. Esta urgencia, según ha destacado el viceportavoz del PSOE, Eduardo Castillo, cobra más fuerza tras conocerse la noticia.

“Esto es una buenísima noticia para nuestro Cerro de San Miguel y para toda Granada, porque deja el camino despejado para que el Ayuntamiento solicite su titularidad a la Junta y podamos ver el demandado Centro de Interpretación del Albaicín”, ha celebrado Castillo, quien ha agradecido el trabajo de la Asociación de Vecinos del barrio y de Albayzín Habitable, “en esto asunto y en todos los que tiene que ver con la protección y defensa del barrio”.

Ante este nuevo escenario, el edil socialista ha exigido a la alcaldesa que actúe con contundencia. “Ya no hay excusa. Si nuestro Ayuntamiento mirara realmente por nosotros, solicitaría de forma inmediata la cesión de este inmueble a la Junta de Andalucía para destinarlo a uso comunitario y cultural. Eso sí que sería una noticia redonda y no la entrega sistemática de nuestra ciudad a los fondos de inversión”, ha aseverado.

El viceportavoz socialista ha dicho que “este tipo de operaciones especulativas son precisamente las que la moción del PSOE busca frenar”. Así, ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada la aplicación de la moratoria turística y el compromiso firme para “preservar nuestro patrimonio inmobiliario de forma que no recaiga en grupos de inversión, provocando una pérdida irrecuperable para Granada”.

Como ejemplo contrario a San Miguel, Castillo ha recordado la venta del convento de Santa Inés, que aloja un centro de referencia nacional como el Centro Albaicín de Artesanía, a un fondo de inversión con fines turísticos. En este contexto, el edil del PSOE ha puesto el foco en el reciente “varapalo judicial” del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado las medidas impulsadas por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo para, supuestamente, frenar la proliferación de viviendas turísticas.

A Juan Ramón Ferreira nadie le pudo recriminar nunca que no atendiese a las palabras ajenas. Quienes más le conocían coinciden en que era un hombre siempre dispuesto a escuchar y menos dado a hablar. De hecho, su verbo, casi siempre pausado, le otorgó la categoría de “caballero” en los mentideros políticos de la ciudad, no sólo por su capacidad de expresión, sino por su voluntad constante de entenderse con todos. Discreto, pero activo en lo institucional, Ferreira falleció el pasado 31 de diciembre a causa de un infarto cuando se preparaba para la cena de Nochevieja junto a su familia. Una noticia tan inesperada como impactante en Granada, la ciudad que le acogió -nació en Alcalá la Real (Jaén) en 1961- y que explica la conmoción no sólo por su personalidad, sino por una dilatada y coherente trayectoria pública.

Su origen y su final al servicio de la ciudadanía están, paradójicamente, unidos. En 1995 accedió al Ayuntamiento de Granada como concejal del Partido Popular y asumió la responsabilidad de Turismo bajo el mandato de Gabriel Díaz Berbel; un cargo que retomó, junto al de Cultura, en 2023, cuando Marifrán Carazo confió en él para liderar ambas áreas. Y no lo hizo para pasar de puntillas por el puesto. En el año y medio que ocupó la concejalía, Juan Ramón Ferreira se volcó en dos cuestiones estratégicas para la ciudad: la celebración de la primera ceremonia de los Premios Goya en Granada y el impulso decidido a la candidatura para que la ciudad andaluza sea Capital Europea de la Cultura en 2031.

Un sueño que dejó prácticamente atado antes de fallecer. Tan sólo unos días antes de su muerte, Ferreira protagonizó el envío a la Comisión Europea de los documentos clave de la candidatura, el conocido ‘Bid book’, que recoge el proyecto estratégico elaborado de forma conjunta por las principales instituciones y agentes culturales de la ciudad. Un hito que, de materializarse, tendrá buena parte de su mérito en el trabajo desarrollado por el concejal, que convirtió esta aspiración en una de sus principales luchas políticas, asumida con convicción y una ilusión que quienes compartieron con él los últimos meses describen como contagiosa.

No era la primera vez que Ferreira dejaba huella en la proyección exterior de Granada. En los años noventa, durante su primera etapa como edil, revitalizó el área de Turismo hasta situar a la ciudad en el foco internacional, siendo testigo de visitas como las de Bill Clinton o las Spice Girls. Fue un periodo de modernización y apertura al exterior en una ciudad que, pese a su enorme patrimonio cultural, aún no había terminado de creerse su potencial. Tras aquella etapa como responsable de Turismo y Empleo, permaneció en la oposición municipal hasta 2003.

Un hombre de partido

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Ferreira ejerció como procurador de los tribunales y mantuvo una vinculación constante con el Partido Popular, formación en la que militó desde el final de su etapa universitaria. Fue concejal en tres mandatos y diputado del Parlamento de Andalucía entre 2012 y 2023, donde llegó a ostentar la portavocía de Justicia de los populares. Un cargo que desempeñó con solvencia y que no le hizo perder de vista un bagaje cultural y social que ya había intentado aplicar previamente como vicepresidente primero de la extinta Caja Granada, desde 2008, apostando de forma decidida por la obra social y la proyección cultural de la entidad.

Crítico con el expresidente provincial del PP, Sebastián Pérez, Juan Ramón Ferreira se mantuvo fiel a su partido incluso en los momentos más complejos para la organización en Granada, aportando experiencia y estabilidad cuando el proyecto atravesaba su peor etapa. Esa trayectoria, y el respeto cosechado a lo largo de los años, explican la confianza que Marifrán Carazo depositó en él para incorporarlo a su equipo de gobierno, con mayoría absoluta, como concejal de Cultura y Turismo, cargo que ostentaba en el momento de su fallecimiento.

Entre sus logros más recientes también destaca que Granada acogiera su primera Bienal de Flamenco o que, en el ámbito turístico, se impulsara una normativa para endurecer la apertura de nuevos pisos turísticos en la ciudad. En esa misma línea de firmeza institucional, Ferreira tuvo que gestionar decisiones incómodas, como el traslado de un trabajador de la casa museo de Federico García Lorca tras conocerse la publicación de mensajes enalteciendo la figura de Franco en sus redes sociales. Como responsable de Cultura y Turismo, ordenó su salida del centro y lo hizo también con discreción alegando que fue el propio empleado el que pidió su relevo.

Su fallecimiento ha generado una oleada de mensajes de reconocimiento que trascienden siglas. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, lo ha definido como “un hombre especial, buen compañero, padre y amigo que tanto empeño y voluntad ha puesto en su vida pública, al servicio de su ciudad, Granada”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que lo tuvo en el grupo de los populares en el Parlamento de Andalucía, dice que era “una de esas personas que honraba la política con su presencia”. Y desde el propio equipo de gobierno municipal, el portavoz Jorge Saavedra ha recordado que “compartir un rato con él era un placer” y que “a todos nos hacía mejores”.

Su transversalidad como político, ganándose el respeto de todas las visiones, ha hecho que también desde la oposición, la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, asegurase estar “desolada” por una pérdida que deja “en shock” a la corporación municipal, recordando a Ferreira como “una persona querida por todos, afable, amable, conciliador y amante de su ciudad”. Un retrato compartido también por quienes coincidieron con él en los tribunales, en el Parlamento andaluz o en la vida cotidiana.

Persona dialogante, generadora de consensos y vitalista, Juan Ramón Ferreira deja tras de sí una forma de entender la política basada en el respeto, la escucha y el servicio público. Una figura singular en tiempos de ruido, cuyo legado institucional y humano queda ya ligado de forma inseparable a la historia reciente de Granada.

Desde el silencio casi sepulcral por momentos en la Plaza del Carmen hasta el pasamanos con las autoridades antes de la visita a la Capilla Real, todo el ceremonial que se ha llevado a cabo en el marco de la conmemoración de La Toma de Granada por parte de los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492 ha estado marcado por el fallecimiento del concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, el pasado 31 de diciembre. Su inesperado deceso ha dado pie a una de las celebraciones menos festivas que se recuerdan.

No en vano, los actos, que recuerdan el fin de la llamada Reconquista de la península Ibérica por parte de los Reyes Católicos en el siglo XV, se han celebrado a pesar de la muerte del edil porque desde el Ayuntamiento de Granada se acordó un día de luto oficial, que se limitó al 1 de enero. Algo que no sucedió en 2022 cuando falleció José María Corpas, entonces concejal de Economía en activo, en cuyo caso sí se decretaron dos días de luto oficial.

Luto visible

Pese a la no suspensión, el deceso del edil se ha notado no solo en el silencio que ha cargado el ambiente de un evento que suele concentrar gritos y algunos enfrentamientos entre detractores y defensores de esta ceremonia. Por ejemplo, las vallas colocadas en la Plaza del Carmen para delimitar la asistencia de ciudadanos han sido de color negro y la evidencia más notable de lo duro del momento para muchos de los concejales, han sido los rostros tristes de los ediles que han compatido corporación con Ferreira hasta este pasado 31 de diciembre. Especialmente abatidos se ha visto a la alcaldesa Marifrán Carazo y al portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra.

En cuanto a la carga política de la cita, en esta ocasión tampoco han faltado quienes han portado banderas preconstitucionales en los actos de la plaza del Ayuntamiento. Aunque es cierto que otro año más la presencia de partidos y organizaciones de izquierdas ha sido nula por momentos, no se han gritado consignas especialmente polémicas, salvo algún 'Arriba España' que no ha tenido demasiado eco entre los asistentes. Sí se han producido vítores a la Legión, que ha vuelto a desfilar otro año más y algunos aplausos al paso de los concejales, que han sonado por momentos como un gesto de apoyo.

Como curiosidad, muchos de los ciudadanos que han seguido el recorrido por las calles de la ciudad hasta la Catedral han portado pequeñas banderas de España, que no se solían ver en años anteriores. Y al mismo tiempo, por casualidad o quizás no tanto, el Partido Popular ha levantado estos días una carpa informativa que se ha instalado en la Plaza de Isabel la Católica, punto clave visual en el desfile de la comitiva de camino a la misa en la Capilla Real.

Un ceremonial cada vez menos tenso

Lejos en el tiempo empiezan a quedar aquellos años en los que la Toma de Granada era un foco de enfrentamiento para los asistentes. Sobre todo desde la pandemia, el evento no congrega apenas a formaciones y colectivos progresistas que piden que el festivo local de Granada no sea el 2 de enero, sino que se celebre cuando se conmemora el asesinato de Mariana Pineda, símbolo de la lucha por la libertad. Una reclamación histórica que ha logrado algunos éxitos porque el PSOE sí adoptó dicho suceso como festivo local en 2022, aunque desde entonces no se ha repetido.

Y lejos quedan aquellos momentos de tensión que se solían producir en la Toma de Granada porque la última vez que sucedió algo destacable en ese sentido fue en 2020, cuando un grupo de personas protagonizaron una trifulca. En aquella ocasión un joven fue zarandeado por un hombre de mayor edad que le recrimibaba a él y a otros asistentes de izquierdas que estuviesen gritando consignas contra la conmemoración. La Policía Nacional los separó y, simbólicamente, acabó también con ese tipo de enfrentamientos que habían sido habituales en todas las celebraciones previas, que incluso el PSOE, mientras estaba en la oposición, había amagado con cancelar o resignificar. Algo que no llevó a cabo cuando gobernó en las dos últimas ocasiones (entre 2016 y 2019 y entre 2021 y 2023).

El amplio dispositivo policial, que hace la vista gorda ante la presencia de banderas o símbolos preconstitucionales, y la cada vez menor asistencia de ciudadanos a la conmemoración, hacen que La Toma de Granada vaya perdiendo peso en importancia para la ciudad, al menos en cuanto a los actos en sí, que no provocan las mismas emociones que en otros tiempos.

Lo que se ha mantenido, como cada año, ha sido el acto alternativo que organiza Granada Abierta. Esta plataforma, que aglutina a parte de la sociedad civil y artística de la ciudad, lleva tres décadas pidiendo el fin de esta conmemoración al considerarla “anacrónica, sectaria y excluyente” por celebrar la expulsión de los musulmanes y judíos que vivían en Granada y que fueron perseguidos tras la llegada de los monarcas católicos. Para visibilizar su rechazo, este 2 de enero han vuelto a celebrar un acto alternativo en el que se ha leído un manifiesto contrario a esta cita.

Las cuatro escuelas infantiles municipales de Granada –Luna, Belén, Arlequín y Duende– contarán el próximo año con menos ingresos procedentes del Ayuntamiento. El Consistorio, gobernado en mayoría absoluta por el Partido Popular, ha decidido recortar en casi 600.000 euros la aportación que realiza anualmente para el sostenimiento de estos centros, que forman a unos 500 niños y niñas de entre 0 y 6 años. Un hecho que ha puesto en pie de guerra tanto a los representantes de las escuelas como a las familias de los menores porque consideran que se trata de un recorte que pone en peligro un modelo educativo que tiene más de 40 años de historia.

Porque no se trata sólo de que el Ayuntamiento de Granada haya decidido reducir en 597.500,05 euros su aportación (alrededor de un 15% del presupuesto total que ronda los 4 millones de euros), sino que ese dinero que deja de invertir en las escuelas infantiles irá a parar al servicio de transporte público para equilibrar las cuentas municipales. Una decisión criticada por la oposición de PSOE y Vox y rechazada por quienes gestionan estos centros, ya que la reducción presupuestaria hace que ese dinero que se deja de aportar deba salir de las arcas de la Fundación Granada Educa, que se encarga de su gestión, porque el Consistorio considera que esta institución cuenta con recursos financieros suficientes. Algo que se ha producido sin consultarlo con los patronos del organismo.

No en vano, los datos económicos desmienten el argumento del equipo de gobierno de que la fundación dispone de un amplio margen financiero. Según fuentes de la entidad, en 2024, la Fundación Granada Educa ingresó 3.918.211 euros y gastó 3.899.203, con un superávit de apenas 19.000 euros, destinados íntegramente al fondo de reserva. En 2023, el saldo positivo fue todavía menor: 823 euros. Esa mínima diferencia se ha venido repitiendo cada ejercicio, lo que demuestra que las escuelas trabajan con presupuestos muy ajustados y sin margen para absorber una reducción de esta magnitud. De hecho, los ingresos ya habían caído en torno a 88.000 euros entre 2023 y 2024, antes incluso del recorte ahora aprobado.

“Un ataque frontal a las escuelas municipales”

Para buscar una solución, el PSOE ha solicitado la convocatoria urgente de un consejo extraordinario de patronos de la Fundación Granada Educa para exigir explicaciones al equipo de gobierno de Marifrán Carazo. La portavoz socialista, Raquel Ruz, sostiene que la decisión es un “ataque frontal a las escuelas municipales” y un “auténtico atropello” por parte del PP, a quien acusa de “saquear las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos que está provocando”.

“El Ayuntamiento quita casi 600.000 euros a una institución que lleva cuatro décadas prestando un servicio público ejemplar, sin explicación ni justificación alguna. Con esta propuesta abocan a la fundación al déficit y ponen en riesgo su estabilidad económica”, denuncia Ruz. Desde el grupo socialista recuerdan además que, desde la llegada de Marifrán Carazo a la Alcaldía, las aportaciones municipales no se han actualizado ni adaptado al incremento de costes, lo que a su juicio evidencia “una falta de compromiso con la educación pública y con las familias granadinas”.

Las escuelas y las familias, indignadas

Dadas las circunstancias, el malestar entre las familias y el personal de las escuelas es evidente. Alhambra Nievas, patrona en representación de las familias que integran las escuelas, habla de “indignación y preocupación” por una decisión que se ha tomado “de espaldas a la comunidad educativa”.

“Esto no se ha consultado con el Consejo de Patronos. El Ayuntamiento ha actuado sin transparencia, sin voz ni opinión de quienes representamos a las familias, al profesorado y a la Universidad de Granada. No creemos que quitarle 600.000 euros a un presupuesto educativo sobre unas escuelas con prestigio internacional sea una decisión justificada”, explica Nievas. “Nos jugamos mucho más que un presupuesto”, añade. “Nos jugamos un modelo público que ha garantizado igualdad, participación y educación de calidad para cientos de niños y niñas durante 40 años”.

Desde su punto de vista, el argumento del equipo de gobierno -que sostiene que la fundación tiene un remanente suficiente- no se sostiene. “Hablan de un sobrante cuando se han rechazado propuestas de mejora porque no había dinero. Es incoherente y demuestra que no creen en las escuelas municipales ni en una educación pública de calidad”, afirma. Las familias han solicitado un consejo extraordinario y preparan alegaciones formales. Si la medida no se revierte, no descartan movilizaciones: “Granada no puede renunciar a sus escuelas municipales”.

Desde el personal técnico también se cuestiona la medida. Elba Mejías, pedagoga de la fundación, sostiene que “no es cierto que exista un exceso de liquidez” y que el recorte “supone detraer dinero de las escuelas para tapar la deuda del Ayuntamiento”. “Llevamos años trabajando con presupuestos ajustados, manteniendo una calidad educativa altísima y con resultados reconocidos fuera de Granada. El Ayuntamiento no ha incrementado su aportación en años y ahora, además, la reduce drásticamente. Es una decisión unilateral e injusta”, lamenta.

La trabajadora recuerda que el modelo de escuelas municipales “es público, participativo y ha demostrado su eficacia durante cuatro décadas”, por lo que “no tiene sentido que se castigue con recortes un proyecto que funciona y que ofrece oportunidades reales de conciliación a cientos de familias”.

Para Isabel Romero, antigua patrona representante de las familias y antigua madre de la Escuela Infantil Municipal Duende, “este recorte no es una cuestión contable, sino política”. “Se trata de un modelo de educación pública que funciona, que está reconocido por organismos internacionales y que ha inspirado a otras ciudades. Lo que hace el PP es ponerlo en riesgo sin justificación alguna”, señala.

Romero considera que la decisión “rompe el consenso histórico que ha permitido sostener las escuelas municipales durante décadas” y acusa al equipo de Carazo de “utilizar el presupuesto de la fundación como si fuera una hucha del Ayuntamiento”. Mientras tanto, el consejo extraordinario solicitado por los patronos sigue pendiente de convocatoria. Si el Ayuntamiento no rectifica, las familias y el personal técnico advierten de que se movilizarán para defender las escuelas municipales de Granada.

El argumento del Ayuntamiento

Mientras, la concejala de Economía, María Rosario Pallarés, defiende que la medida no pone en peligro ni los proyectos educativos ni las nóminas del personal. “El Ayuntamiento nos lo encontramos en una situación económica deplorable, con una intervención del Ministerio de Hacienda, y hay que cumplir con el plan de ajuste y cuadrar las cuentas”, explicó durante el pleno ordinario de octubre, al que se remiten desde el equipo de Gobierno a preguntas de este periódico para contrastar la información.

Según Pallarés, la fundación dispone de un “efectivo neto de 1,2 millones de euros” y de un “patrimonio neto de 2,1 millones”, por lo que considera que puede asumir la reducción temporal sin afectar a su estabilidad. “Se pueden quedar tranquilos los padres y las madres, porque esos proyectos educativos no se ponen en riesgo”, insistió. Sin embargo, la tranquilidad es precisamente un estado que no impera entre quienes temen que este recorte presupuestario sea el inicio del fin de un proyecto educativo que ha sido un éxito en Granada durante más de cuatro décadas.

Por primera vez en más de una década, el PSOE de Granada vive una batalla interna para renovar las caras que optarán a la Alcaldía en 2027. Tras perder las elecciones de 2023 ante el PP de Marifrán Carazo, el exalcalde socialista Francisco Cuenca aparece como la opción más debilitada para optar de nuevo a ser el referente local. Pero nada está cerrado, ante la batalla que se abre con las candidaturas que emergen por parte de Raquel Ruz y Jacobo Calvo, dos ediles de confianza de Cuenca, pero que han decidido optar por diferentes caminos. Ruz apuesta por un perfil más personal y desde el seno de los socialistas consideran que Calvo es la continuidad del exregidor. Algo que ya se vio en la elección de delegados de cara al congreso provincial en el que Ruz, con 154 votos, ganó a la lista de María Arnedo, afín a Calvo y Cuenca, que obtuvo 96.

Ahora mismo, en el PSOE de Granada capital todos miran hacia el congreso del 24 de mayo, donde se elegirá una nueva dirección local, que presumiblemente dirigirá Ruz, si no se presenta otro candidato, después de que Calvo y Cuenca hayan renunciado a presentar sus propias listas. Pero lo que realmente se empieza a jugar ese día no es una secretaría: es la candidatura a la Alcaldía en 2027. Con Francisco Cuenca fuera de la carrera orgánica pero sin bajarse del todo del tablero político, y con el resto de figuras midiendo cada paso para no quedar fuera antes de tiempo, la agrupación vive una etapa de reordenación silenciosa que, según varias fuentes del partido, esconde más incertidumbres que certezas. Y ser secretaria local suele ser el equivalente a ostentar la candidatura a la Alcaldía, pero, en este caso, nada está decidido.

Porque si bien Cuenca no se presentará a la secretaría general del PSOE de Granada capital, un cargo que ha ocupado desde 2017 y que ha controlado sin disidencias internas durante años, con escasas fisuras en la estructura, no se descarta ningún escenario a futuro. El exalcalde, que alcanzó el bastón de mando en 2016 y 2021 y logró una histórica victoria para los socialistas granadinos en 2019, que no ganaban en la capital desde hacía 30 años, es ahora portavoz de la ejecutiva andaluza de los socialistas, ha optado por hacerse a un lado en lo orgánico a nivel local, al menos de momento, pero su retirada no ha sido un adiós político. “No voy con nadie porque iré con quien diga la militancia”, dice Cuenca a este medio. Un mensaje que sus afines leen como una forma de no descolgarse de la carrera por la candidatura a la Alcaldía en las próximas municipales.

Quien también da un paso atrás en esta fase es Jacobo Calvo, actual edil de los socialistas en el Ayuntamiento de Granada, responsable de buena parte de la estrategia municipal del grupo y considerado hasta hace poco como el heredero natural de Cuenca. Calvo ha decidido no disputar la secretaría local y lo deja claro: “Yo no me presento”. Pero no se cierra a ser candidato en las primarias previstas para el año que viene, alegando que, para eso, “aún queda mucho”. Una frase que no cierra ninguna puerta y que responde, según fuentes del partido, a una estrategia de “esperar los movimientos de Cuenca antes de tomar posición”.

Una carrera de fondo

Con Cuenca y Calvo fuera del tablero orgánico -al menos en esta fase-, el camino queda libre para Raquel Ruz, una concejal con una larga trayectoria en el Consistorio y con un respaldo que va en aumento por parte de la militancia. Ruz ha confirmado su candidatura a la secretaría local y busca una dirección más coral, más pegada a la militancia y menos centrada en una única figura. Cree que con Cuenca “se había acabado un ciclo”, pero que en todo caso su candidatura quedará supeditada a lo que “decida la militancia”.

Pero en el PSOE nadie ignora que liderar la agrupación local puede ser una vía de acceso privilegiada a las primarias de 2027. Y que si Ruz consigue consolidarse al frente de la estructura, con respaldo de agrupaciones y aval orgánico desde la dirección de Sevilla que encabeza la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su perfil quedará automáticamente en la carrera por la candidatura, aunque ella insista en que se trata de un proceso largo que ha de pasar por primarias. En clave interna, las fuentes consultadas destacan la “ilusión” que aporta la renovación que propone Ruz.

Pero precisamente esa tensión entre renovación y continuidad marca ahora mismo la vida interna del partido. Hay sectores que quieren abrir una nueva etapa tras la salida de Cuenca del Ayuntamiento y su posterior paso a la oposición. Sectores que apuestan por un modelo más descentralizado, con menos peso de una figura única y con una relación más abierta con la ciudadanía. Pero también hay recelos hacia cómo se ha gestionado su marcha. “Se ha ido sin abrir un debate real sobre el rumbo del partido. Ha sido una retirada sin conversación con la militancia, como si no hubiera nada que evaluar tras todos estos años”, critica un histórico de la agrupación.

Varios dirigentes apuntan a que lo que hay ahora no es tanto un vacío de poder como un bloqueo temporal. “Todo el mundo está esperando a ver qué hace Cuenca”, resume una fuente de peso en la agrupación. Esperando si vuelve a postularse como candidato a la Alcaldía. Esperando si mantiene o no su influencia en las listas. Ahí, tendrá mucho que decir el nuevo secretario provincial, Pedro Fernández, que es también delegado del Gobierno en Andalucía y muy próximo a Pedro Sánchez. Todas estas piezas tendrán que ver cómo se recoloca el tablero interno del PSOE en Granada, muy tocado tras perder la capital, la Diputación y con dificultades para levantar cabeza en el resto de grandes municipios.

La elección del 24 de mayo será el primer test real. Raquel Ruz será la elegida, salvo que aparezca una lista nueva a última hora, contando con los apoyos en la estructura y el respaldo implícito de una parte de la dirección provincial. Pero la cita será también una prueba de fuerza para medir la capacidad de resistencia del entorno de Cuenca en las bases. “No se ha organizado ninguna alternativa real, pero tampoco hay entusiasmo. Hay muchas ganas de pasar página”, señala otro dirigente local.

Los movimientos por la candidatura a la Alcaldía, sin embargo, no se resolverán ahora. Para ello, queda aún un año, momento en el que están previstas las primarias para elegir candidatos. Una carrera en la que parte con ventaja Raquel Ruz si se ratifica que será la próxima secretaria local, pero en la que no pueden descartarse ni Jacobo Calvo ni el exalcalde Cuenca. Si su figura, la del exregidor, sigue siendo capaz de aglutinar o, por el contrario, bloquea la renovación que muchos reclaman, se empezará a ver en las próximas semanas. De momento, el partido vive en una pausa tensa. Una calma solo aparente. El próximo movimiento lo decidirá todo.

El Ayuntamiento de Granada ha dejado escapar otro millón de euros en fondos europeos Next Generation (NG) por no cumplir con los plazos marcados por la Unión Europea para llevar a cabo un proyecto de renovación de la maquinaria que expende los abonos de transporte. En concreto, el Consistorio, actualmente en manos del PP, no ha logrado ejecutar el proyecto que se suscribió durante la etapa del PSOE porque la empresa adjudicataria no ha cumplido su parte ni el equipo de Gobierno ha rescindido el contrato a tiempo. El Ayuntamiento se defiende alegando que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores y la oposición le afea que no haya actuado a tiempo.

Por este hecho Granada renuncia a los 987.820 euros que la Unión Europea había puesto a su disposición para renovar el sistema de billetes que se utilizan para el transporte urbano. Un sistema que está anticuado y que podía modernizarse gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) impulsado con los fondos NG de Europa y que promueve políticas para tener un transporte público sostenible e inteligente.

No es la primera vez que el Consistorio que dirige la alcaldesa Marifrán Carazo (PP) pierde financiación europea. Durante 2024 también dejó escapar 1,27 millones de euros para políticas de empleo porque la propuesta que se presentó a la convocatoria quedó la última de todas las que optaron. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Granada pierde casi un millón de euros porque la empresa que debía llevar a cabo la modernización del sistema de abonos de transporte no lo hizo, dilatando en el tiempo su actuación con excusas que desde el equipo de Gobierno no frenaron a tiempo para resolver el contrato y buscar una alternativa para no perder los fondos europeos.

Así viene recogido en un informe interno del propio Ayuntamiento de Granada, al que ha tenido acceso este medio, y así lo denuncia el PSOE, principal partido de la oposición y el mismo que suscribió el convenio durante su último mandato al frente del Consistorio en el año 2023.

Un año de retrasos y falta de reacción

El contrato, adjudicado el 8 de febrero de 2023 a la empresa VNE España SCM S.L., tenía como objetivo la sustitución de las máquinas expendedoras y validadoras del transporte urbano. Un sistema más moderno, con tecnología contactless, datáfonos y reciclaje de monedas para facilitar el pago. Un proyecto de modernización que tenía que estar acabado antes del 31 de diciembre de 2024 para poder acceder a los fondos europeos.

Sin embargo, pese a que el contrato se adjudica en febrero de 2023, no es hasta enero de 2024 cuando se produce el primer encuentro entre el actual equipo de Gobierno y la empresa. Ya desde ese momento, el Ayuntamiento fue acumulando pruebas de que la empresa adjudicataria no cumpliría los plazos. En la primera reunión con la compañía, según se recoge en el informe, ya hubo dudas sobre el diseño de las máquinas. En marzo, el Consistorio envió correos urgentes pidiendo información sobre los avances del proyecto. En mayo y julio, las reuniones confirmaron que no había ni una sola máquina lista. A pesar de ello, el contrato no se rescindió.

Cuando en septiembre la empresa aseguró que la instalación empezaría “en breve”, el Ayuntamiento confió en esa promesa, aunque el informe interno al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía confirma que en octubre ni siquiera existían los dispositivos y que la fabricación se había retrasado indefinidamente. En noviembre, la empresa solicitó una prórroga de 90 días, pero la normativa europea no permite extender los plazos en estos casos. Para entonces, ya era demasiado tarde y el Ayuntamiento de Granada se había quedado sin margen de maniobra.

El documento interno del Ayuntamiento señala que, a pesar de las repetidas peticiones, la empresa adjudicataria nunca llegó a presentar un modelo funcional de las máquinas expendedoras y validadoras. En varias reuniones, el Consistorio pidió a la compañía agilizar la producción y envío de los dispositivos, especialmente después de que en marzo se confirmara que ni siquiera se había comenzado la fabricación. A pesar de ello, el equipo de Gobierno no tomó ninguna medida para rescindir el contrato y buscar otro proveedor, confiando en promesas que nunca se cumplieron.

Además, el informe advierte de que la falta de ejecución del contrato no solo implicaba la pérdida de los fondos europeos, sino que podría suponer penalizaciones adicionales al Ayuntamiento por no cumplir con sus compromisos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La normativa de estos fondos no permite prórrogas y el Ministerio de Transportes obliga a que se devuelvan los fondos ya que se ha justificado su uso.

Una gestión “desastrosa”

Así, la suspensión del contrato ha supuesto la pérdida del 90% de la subvención de los fondos Next Generation, además de otros 814.000 euros de una subvención vinculada al Consorcio de Transporte de Granada para la implementación de la nueva tarjeta DESFire EV2, que permite el pago contacless. En total, más de 1,8 millones de euros que se tenían que haber invertido en la modernización del transporte público y que ahora, si el plan se llevara a cabo, tendrían que correr a cargo de las cuentas municipales, según se señala en el informe consistorial.

Desde el PSOE, la concejala Raquel Ruz ha calificado la gestión del PP como “desastrosa”, acusando al equipo de gobierno de “robar a los granadinos la posibilidad de tener un sistema de billetes acorde a las necesidades del siglo XXI”. Ruz defiende que el contrato se dejó listo para su ejecución, pero que “en 24 meses no han sido capaces de materializarlo a pesar de contar con una prórroga incluida”.

El equipo de gobierno, por su parte, se defiende asegurando que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores, lo que impidió que se llevase a cabo el proyecto y que el contrato, en todo caso, fue firmado bajo el mandato del PSOE. Sin embargo, el informe del Ayuntamiento al que ha tenido acceso este medio confirma que el equipo de Gobierno no tomó medidas a tiempo para rescindir el contrato y buscar una solución alternativa, a pesar de que entre mayo y julio del año pasado ya era evidente que la empresa no cumpliría con su parte.

Granada acogerá el próximo 8 de febrero la ceremonia de los Goya más cara de la historia de las que se han celebrado en Andalucía. La gala de los premios más importantes del cine español, visitará por quinta vez tierras andaluzas después de dos ediciones en Málaga y otras tantas en Sevilla. Será la cita con más presupuesto al alcanzar los 4,4 millones de euros, duplicando el coste de cada gala celebrada en Málaga y Sevilla. De hecho, de todas las ediciones que se han celebrado lejos de Madrid, Granada será la segunda más cara, tan solo detrás de los Goya de Valladolid del año 2024, que llegaron a superar los 7 millones de euros.

Granada, que quiere convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, está apostando fuerte por la ceremonia de los Goya. Aunque las gestiones para su celebración en la ciudad de la Alhambra se produjeron con el PSOE al frente del Ayuntamiento, el PP no está escatimando en gastos. Obviando el aporte de las entidades privadas que colaboran con la celebración de la gala, el coste público para las arcas granadinas recae sobre todo en el Consistorio. De las cuentas municipales salen 3,4 millones de euros, mientras que la Diputación provincial aportará 700.000 euros y la Junta de Andalucía, aproximadamente 300.000 euros.

Si se comparan las cifras con ediciones anteriores, Granada destaca por encima de todas las ciudades que han acogido los Goya fuera de Madrid. Valladolid, que fue sede en 2024, invirtió 7,3 millones de euros públicos, pero la partida es tan elevada porque se destinaron 3,4 millones de euros a la construcción del auditorio donde se celebró la gala. Es decir, sin contar con la infraestructura, Valladolid aportó 3,9 millones de euros, medio millón menos de lo que aportará en esta ocasión Granada a través de Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía.

Aunque la primera edición fuera de Madrid fue la de Barcelona en el año 2000, los datos de entonces no se pueden extrapolar a los de un cuarto de siglo después. Para poder establecer comparaciones entre presupuestos, hay que situarse en el año 2019, año en el que Sevilla acogió la primera edición lejos de la capital de España y también la primera en Andalucía. En aquella ocasión, el coste público fue de 1,3 millones de euros, que en 2020 subieron hasta los 2 en la primera ceremonia realizada en Málaga.

Después de aquello, la COVID-19 marcó las siguientes entregas de los Goya, hasta el punto de que en 2021 en Málaga no hubo inversión pública y se celebró sin asistentes por culpa de las restricciones. En 2022, Valencia retomó las galas de la normalidad, pero la inversión volvió a quedarse en los 2 millones de euros. Un año después, Sevilla volvió a acoger los Goya elevando el presupuesto público hasta los 2,6 millones de euros y ya en 2024 se celebró la edición de Valladolid que disparó el gasto por la construcción del auditorio.

Casi “85 millones de retorno económico”

Pese a la elevada inversión pública, apenas se han escuchado voces críticas a la celebración de los Goya en Granada. Menos aún después del informe del Palacio de Congresos, lugar en el que se celebrará la gala, que detalla un retorno económico para la ciudad cercano a “los 85 millones de euros”. Una cifra también mucho más elevada que la del resto de ediciones, puesto que la mayoría han rondado los 60 millones de euros una vez celebradas.

Según este informe, se prevé que la gala genere un impacto directo de aproximadamente 84,6 millones de euros, derivados de los gastos de organización y de los asistentes al evento. Además, se estima que la ocupación hotelera alcanzará el 90% de las 16.402 plazas disponibles en la ciudad, lo que aportará alrededor de 489.459 euros en ingresos por hospedaje. El gasto turístico asociado, incluyendo alimentación, transporte y compras, calculan que sumará aproximadamente 4,5 millones de euros y se estima que se han creado 600 empleos directos para este evento.

Pero más allá del impacto económico directo, la celebración de los Goya en Granada “fortalecerá la imagen de la ciudad como referente cultural”, según la misma auditoría. El valor mediático inducido -es decir, la publicidad que se vende- se estima en 71 millones de euros, superando a ediciones anteriores como la de Valladolid, que se quedó en los 70. Este incremento en la proyección mediática es uno de los hechos a los que se agarra Granada para seguir optando a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, después de haber sido también la sede de la Cumbre Política Europea de 2023 cuando España ostentaba la presidencia rotatoria.

De hecho, la alcadesa de Granada, Marifrán Carazo, ha defendido en Bruselas que la ciudad ha de situarse como un referente para el cine: “El poder dinamizador de la industria cinematográfica convierte a Granada en un escenario de cine, un lugar donde existe una gran tradición de rodajes y apariciones de nuestra ciudad en películas, series y documentales pero, además, es generador de empleo, con la atracción de futuras producciones”. Para Carazo, los Goya no son solo un “escaparate”, sino que representan todo lo que el cine puede aportar a Granada.

Granada sigue siendo un destino turístico preferencial en España. La Alhambra es, junto con la Sagrada Familia, el monumento más visitado del país y eso se traduce en efectos económicos que, en los últimos años, se están notando en el aumento de las plazas hoteleras. Del total de los 207 hoteles que hay en la capital granadina, 21 han abierto en el último lustro, lo que representa un 10%. Cifras que hablan de un incremento en la oferta, que compite directamente con las dudas que hay en el sector, el Ayuntamiento y los vecinos con el auge de las viviendas turísticas, y con la masificación del turismo.

Según el Registro de Turismo de Andalucía, los 207 hoteles que hay en la ciudad nazarí, sitúan a Granada como la segunda capital andaluza en número de hoteles, muy por detrás de los 308 que hay en Sevilla y por encima de los 181 de Málaga y los 115 de Córdoba. Una estadística que, no obstante, va a incrementarse en los próximos meses porque, según datos del propio Ayuntamiento de Granada, la ciudad espera contar con una decena de hoteles nuevos con aperturas que empezarán ya desde 2025. Abriendo el foco, 30 de los 207 hoteles granadinos, han abierto sus puertas en la última década. En la actualidad, hay 16.402 plazas hoteleras, de las que 1.295 se han creado en el último lustro.

Estas cifras apuntan a un crecimiento notable de esta oferta turística, cuyo establecimiento más antiguo es el Alhambra Palace, que se inauguró en 1910. Desde entonces, la ciudad de la Alhambra no ha dejado de sumar hoteles a su catálogo. No obstante, el impacto del turismo en Granada es indiscutible. Representa el 15% del PIB local de manera directa y hasta el 30% de forma indirecta, según datos de la Federación de Hostelería y Turismo. Además, genera más de 25.000 empleos directos y otros 8.000 vinculados a actividades relacionadas, como la restauración y el comercio.

Sin embargo, en los últimos años, también ha aumentado la competencia que más preocupa al sector, al Ayuntamiento y a los propios vecinos de la ciudad: la de la vivienda turística. Granada ciudad, que tiene 232.000 habitantes, vive desde hace tiempo un aumento continuo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la granadina es la tercera capital andaluza que más inmuebles tiene de este tipo con 2.622, lejos de los 6.171 de Sevilla y de los 7.038 de Málaga, pero distanciada de la siguiente que es Córdoba con 1.981.

El temor a una masificación turística

Al mismo tiempo, los números parecen ocultar el elefante en la habitación que supone la masificación turística que ciudades como la propia Granada, Málaga o Sevilla están protagonizando. La estacionalidad del turismo empieza a desaparecer, cuando no hace tanto se concentraba en periodos vacacionales, lo que lleva a los consistorios a vigilar de cerca las cifras.

Juan Ramón Ferreira, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Granada, defiende que el crecimiento del sector debe mantenerse bajo un modelo sostenible y respetuoso con los residentes. “No buscamos batir récords de visitantes u hoteles cada año. Queremos calidad turística, que beneficie tanto al turista como al ciudadano granadino”, afirma. Considera que la ciudad no está en una situación de masificación comparable a otras ciudades, pero reconoce momentos de saturación en fechas señaladas, como Semana Santa o el Día de la Cruz. “Estamos trabajando en controlar el uso turístico del patrimonio y los servicios para evitar que se convierta en un problema”, asegura.

Por su parte, Antonio García, secretario de la Federación de Hostelería y Turismo, señala que la falta de planificación y regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) es una de las principales amenazas para el sector. Según sus estimaciones, más del 20% de estas viviendas operan de manera ilegal en Granada, generando competencia desleal y dificultando el acceso a la vivienda para los residentes. García lamenta la falta de coordinación institucional para abordar esta cuestión: “La ciudad tiene más de 45.000 plazas de VUT, superando incluso la oferta hotelera reglada. Es imprescindible un control más exhaustivo”.

“La turistificación está llamando a nuestras puertas y puede convertir Granada en un parque temático si no se actúa a tiempo”, advierte, quien pide mayor firmeza al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía para regular este mercado. Por el contrario, el representante del sector turístico, considera que los hoteles están generando beneficios a la ciudad, “recuperando manzanas completas en el centro de la ciudad” y contribuyendo a mantener a Granada “entre los destinos más atractivos de España”.

Modular la oferta

“La clave está en modular la oferta y garantizar que este crecimiento beneficie a todos, desde los turistas hasta los vecinos”, apunta el concejal de Turismo, Juan Ramón Ferreira. Según el edil, la ciudad de la Alhambra tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que el turismo puede ser una “fuerza transformadora” sin perder la identidad que la hace única. “No buscamos batir récords de visitantes cada año. Nuestra prioridad es garantizar una calidad turística que beneficie tanto a los turistas como a los vecinos”, explica Ferreira. Entre las medidas municipales destaca la introducción de normas para limitar la apertura de nuevas VUT y garantizar la convivencia con los residentes.

Precisamente son los vecinos quienes viven en sus carnes el día a día de este aumento de la presión turística. Chantal Caballero, representante de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, en la que más hoteles se han abierto, ve positivo que los establecimientos hoteleros estén creciendo en el barrio: “Se están recuperando patrimonios muy importantes para la ciudad”. Sin embargo, advierte de que estas obras suelen alargarse en el tiempo y generar molestias, como la ocupación del espacio público con material de construcción o la eliminación de zonas de carga y descarga.

El perfil del visitante también está cambiando. Caballero describe cómo cada vez más turistas internacionales de alto poder adquisitivo llegan atraídos por la oferta cultural y el patrimonio de Granada: “Hace unos días, turistas japoneses y coreanos nos preguntaban por productos de lujo como Loewe o Carolina Herrera, y qué vinos o restaurantes recomendarles”. No en vano, la ciudad cuenta con ocho hoteles de cinco estrellas y un elevado número de cuatro.

Así, Granada camina sobre la delgada línea entre el crecimiento económico y la sostenibilidad social. Con nuevas aperturas en el horizonte y un mercado turístico que no deja de crecer, el reto para los próximos años será encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los turistas como a los vecinos. “La ciudad tiene un enorme potencial”, señala Antonio García, “pero necesitamos un modelo bien planificado para no repetir errores que ya hemos visto en otros destinos”.

Granada, una de las tres ciudades con el aire más contaminado de España, no mide correctamente la calidad de su atmósfera desde hace meses. La Junta de Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento granadino, hasta en tres ocasiones, que se corrija el problema que impide que la estación de medición situada en la zona norte de la capital tome los valores reales de contaminación. La vegetación que tapa la estación impide la toma de datos correctos, por lo que solicitan su poda. Algo que, aún así, no es obstáculo para que la estación arroje valores por encima de lo que recomienda Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de un problema por las propias características de la capital granadina y de lo que implica para su propia configuración urbana. Granada (232.000 habitantes) es uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, por lo que su población diaria es superior a la censada. Un hecho que hace que instituciones como la Universidad de Granada realicen sus propias mediciones de la calidad del aire. Mediciones que sitúan los valores de partículas nocivas por encima de los recomendables.

Esto ocurre porque Granada, pese a ser una ciudad pequeña, posee un cinturón metropolitano que duplica el número de personas que viven en apenas unos kilómetros a la redonda, lo que afecta directamente a la movilidad y, por lo tanto, a la calidad del aire. Por eso, Granada se sitúa habitualmente en los primeros puestos de las ciudades con el aire más contaminado no sólo de España, sino de Europa. Un hecho que hace especialmente importante que en la ciudad se tengan valores reales del aire que respiran los ciudadanos.

Zona de bajas emisiones

Para revertir la situación, el Ayuntamiento de Granada está implantando un sistema de zona de bajas emisiones para blindar el centro de la ciudad al paso de vehículos contaminantes y está estudiando alternativas para reducir los gases nocivos para la salud que respiran los granadinos. Sin embargo, todas estas decisiones están condicionadas por los valores de contaminación que se recogen de las estaciones situadas en la capital granadina y en una de ellas, desde hace meses, los datos que se obtienen no son los reales.

En concreto, se trata de la estación atmosférica situada en la zona norte de la capital, en la Avenida Luis Miranda Dávalos. Esta estación lleva meses dando valores de contaminación por debajo de los reales. Y, a pesar de ello, desde 2008 los datos que arroja en cuanto a dióxido de carbono (CO2) y partículas en suspensión nocivas para la salud (PM10), se sitúan por encima de los permitidos. En España, el límite anual máximo de nitrógeno y de partículas en suspensión es de 40 µg/m³ y se ha superado holgadamente varios años, descontando los episodios en los que el polvo sahariano haya podido tener efectos adversos en la calidad del aire.

Así lo ha denunciado en varias ocasiones ante la Consejería de Sostenibilidad el químico Javier Gómez. El especialista ha remitido diferentes escritos al Ejecutivo regional para poner de relieve una situación que se puede solventar con la poda de la vegetación que se sitúa junto a la estación de medición y que es la que “falsea” los valores.

Tres requerimientos

De acuerdo con la documentación remitida, y a la que ha tenido acceso este periódico, la estación incumple los criterios de microimplantación establecidos en el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. Los incumple porque los cinamomos que la rodean están muy cerca y no dejan un espacio despejado en un arco de al menos 270° alrededor de la entrada de la toma de muestra de dicha estación de control de la contaminación atmosférica.

Desde Sostenibilidad han solicitado hasta en tres ocasiones en el último año al Ayuntamiento de Granada que proceda a la poda “drástica” de los diferentes árboles de tipo cinamomo que se sitúan próximos a la estación. Una poda que aún no se ha realizado y a la que se niegan desde el Consistorio.

Fuentes municipales explican que la política local que están aplicando no pasa por la tala de estos árboles en ningún caso y recuerdan que los árboles ya se encontraban en este lugar antes de que se instalase la estación de medición. En todo caso, dicen estar estudiando alternativas para resolver el problema que, de momento, arroja valores que disfrazan la contaminación real que sufren los ciudadanos de Granada.

“Menor percepción de riesgo”

Pablo Augustín, especialista en calidad del aire de Ecologistas en Acción, recuerda que es muy importante que las estaciones midan correctamente la contaminación que se respira porque tiene una relación directa con la salud de la población. “Al darse datos más bajos, hay menos alarma social, se aplican menos medidas correctoras y, por ejemplo, hay más resistencia a los cambios por parte de los conductores de vehículos a motor por menor percepción del riesgo”.

Precisamente esta baja percepción del problema hace que la población no sea consciente de los peligros de respirar aire tan contaminado como el de Granada. Según un informe de la ONU, en 2021 murieron en el mundo más de 8 millones de personas por dolencias relacionadas con esta contaminación atmosférica.

“Llevamos años reclamando unidades móviles reales, constantes, que midan lo que respiran los adultos a 1,70 metros de altura y los niños a un metro”, apunta el especialista. “Necesitamos una metodología que sea reflejo de la realidad”.

El Ayuntamiento de Granada ha perdido en un mes 2,7 millones de euros de fondos públicos para llevar a cabo políticas de empleo. En concreto, el Consistorio, gobernado por mayoría absoluta por el PP, ha rechazado una ayuda estatal de 1,47 millones de euros para contratar a 140 personas desempleadas y ha quedado último en la convocatoria del Fondo Social Europeo (FSE+) al que se han presentado un centenar de instituciones y dotado con 1,27 millones. Mientras el Consistorio se escuda en informes para rechazar la primera ayuda y se niega a responder sobre la pérdida de los fondos europeos, la oposición y los sindicatos reclaman más ambición en políticas de empleo.

Se trataba de dos proyectos destinados a favorecer el empleo en la que es, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) por municipios con datos de 2022, la capital andaluza con mayor tasa de paro. Por un lado, el equipo de Gobierno encabezado por la alcaldesa Marifrán Carazo rechazó acceder al plan “Andalucía Activa”, una subvención directa de la Junta de Andalucía sufragada con fondos estatales y cuyo plazo de solicitud finalizaba el pasado 16 de septiembre. La concejal de Empleo, Nanny González, sostiene que la ayuda, dotada con 1,47 millones de euros, se rechazó atendiendo a “informes exhaustivos”.

El Ayuntamiento quiso evitar la “cofinanciación”

Dichos informes, según la edil popular, ponían encima de la mesa que el plan debía ser cofinanciado en gran medida por el propio Ayuntamiento de Granada, con una cantidad cercana a los 1,5 millones de euros, para completar con este presupuesto el sueldo de los 140 desempleados mayores de 45 años que se verían beneficiados. Los contratos, de una duración de entre seis y nueve meses, tenían que tener las mismas condiciones salariales recogidas en el convenio colectivo consistorial, por lo que requerían de unos fondos que el equipo de Gobierno ha decidido no destinar.

González considera que esa inversión no está justificada por la situación económica municipal. Al tiempo que afirma que, en un año, se han llevado a cabo políticas de empleo por valor de 2,6 millones de euros. Un argumento que a la oposición del PSOE no le encaja. “Si de verdad tienen voluntad política, tienen que aceptar una ayuda que suponía trabajo para 140 personas y si el problema era que había que cofinanciarlo con mucho dinero, que se lo hubiesen exigido a la Junta de Andalucía”, asegura Ana Muñoz, edil socialista a elDiario.es Andalucía.

De hecho, desde la oposición recuerdan que las cuentas locales “están saneadas” y que, mientras se reclaman cantidades “irrisorias” al Gobierno de España, no se le exige lo mismo al Ejecutivo regional de Juan Manuel Moreno. La concejal de Empleo se defiende asegurando que se va a seguir trabajando en las “siguientes convocatorias” que se presenten para políticas laborales, mientras recuerda que se está formando, con recursos municipales, a 450 mujeres desempleadas en situación vulnerable.

Pero la subvención de la Junta de Andalucía no es la única inversión pública que el Ayuntamiento de Granada ha perdido en el último mes. El 4 de septiembre, el Ministerio de Política Territorial publicó los resultados de la convocatoria del Fondo Social Europeo (FSE+) para políticas de empleo en el que el Consistorio quedó último, sólo por delante del Ayuntamiento de San Roque, en Cádiz.

El Gobierno municipal había solicitado 1,27 millones de euros, para lo que aportó un proyecto que no ha alcanzado los 40 puntos necesarios para optar a la financiación. Este proyecto europeo está pensado para que ayuntamientos e instituciones puedan crear planes de formación e inserción laboral. Sin embargo, el Ayuntamiento de Granada no ha cubierto con el mínimo exigible para optar a la ayuda europea. Un asunto sobre el que este medio ha preguntado en reiteradas ocasiones sin respuesta y que es un ejemplo de “desastrosa gestión” para la oposición municipal del PSOE.

“Falta de sensibilidad”

Este medio ha pedido tanto el proyecto presentado como una valoración de la pérdida de los fondos, pero desde el Consistorio no se ha respondido a ninguna de las solicitudes. No obstante, para la edil socialista Ana Muñoz el resultado de la convocatoria implica una “falta de sensibilidad” por parte del equipo de Gobierno al no “apostar fuerte” por ayudas para el empleo en una ciudad que “lo necesita”.

Mientras, los sindicatos del Ayuntamiento de Granada reclaman más “ambición” al equipo de Gobierno. CSIF, la principal sección sindical, pide “una gestión eficiente de los fondos mediante una apuesta decidida por modelos productivos capaces de reactivar el trabajo entre la población juvenil y femenina, haciendo que Granada deje de estar entre las primeras provincias del país en tasa de paro”. Acusa a PP y PSOE de utilizar estos fondos como “arma política”. Confían en el trabajo realizado por los técnicos municipales para presentarse a estas convocatorias.

En CGT y UGT, por su parte, se muestran más beligerantes con la actitud consistorial. Creen que existe una actitud “meramente recaudatoria” en el equipo de Gobierno y no voluntad de “transformación social”. Al tiempo que asumen que “hace falta financiar empleos de manera estable y no por programas temporales para conseguir que se creen plazas fijas”. Una opinión parecida a la que mantiene el Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Granada (SITAG): “Hacen falta mejoras en las condiciones económicas de la plantilla”. Critican que hay problemas internos en la negociación colectiva que sitúan a unos empleados municipales por encima de otros, lo que provoca malestar.

El Ayuntamiento y la Diputación de Granada, gobernados por el Partido Popular, promocionaron un acuerdo firmado con Iberia que no existía y que lo había empezado a negociar el PSOE meses antes cuando gobernaba ambas instituciones.

Según avanza Ideal y ha podido confirmar este medio, el Consistorio y la Diputación provincial granadina anunciaron en octubre un acuerdo con la compañía aérea Iberia para aumentar las conexiones con Madrid que no estaba sellado y que en realidad los anteriores gobiernos socialistas habían negociado en mayo. De hecho, Iberia habla de una “intención firme” para llevar a cabo una “campaña de promoción” de cara al verano, pero no menciona acuerdo alguno.

El relato de los acontecimientos es el siguiente: el domingo 29 de octubre, Ayuntamiento y Diputación remitieron un comunicado conjunto a los medios en el que la alcaldesa, Marifrán Carazo, y el presidente provincial, Francisco Rodríguez, se congratulaban de haber logrado un aumento del número de vuelos que operaría Iberia durante este invierno entre Granada y Madrid. La oposición socialista cargó contra ambas instituciones, recordando que el acuerdo no era firme y la negociación era heredada. El concejal de Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha admitido que no hubo acuerdo alguno.

Desde que se promocionó el encuentro con Iberia, el anuncio ya generó controversia. En el PSOE, que hasta mayo ostentaba Alcaldía y Diputación, sospechaban que el acuerdo ni estaba firmado ni era mérito de ambas instituciones bajo el mandato del Partido Popular, sino que correspondía a una de las últimas acciones de los socialistas al frente de Consistorio y Diputación. En concreto, el entonces alcalde, Francisco Cuenca, y el máximo representante provincial, José Entrena, negociaron en mayo un pacto con Iberia para promocionar nuevas rutas entre Granada y la capital de España.

Según fuentes del PSOE, “el PP no pudo firmar ningún acuerdo ni convenio porque ya estaba avanzado en nuestra época y porque no es el procedimiento habitual”. Lo que se hace en estos casos, según los socialistas, es negociar nuevas rutas para luego llevar a cabo una campaña de promoción en la que, a través de publicidad institucional, pero no se trata de un convenio al uso.

De “acuerdo” a “intención”

Iberia confirma que, lo que hay de momento, es “una intención firme para realizar una campaña de promoción conjunta para reforzar el incremento de oferta”. Algo que no se producirá hasta que las “agendas lo permitan” y que se llevará a cabo con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Granada. Además, este incremento de rutas -en el que interesa sobre todo que Granada recupere el primer vuelo del día a las 6 y media de la mañana para vuelos laborales- no sucedería hasta verano, pese a que el PSOE lo tenía encarrilado para que empezase ya este invierno.

Sin embargo, tanto Marifrán Carazo como Francisco Rodríguez mostraron su “gran satisfacción” por haberse reunido con Iberia para lograr este incremento de vuelos entre ambas ciudades. Rodríguez llegó a ir un paso más allá y destacó de que se trataba de “un trabajo ya iniciado en estos primeros meses de gobierno con el que vamos a dar un paso de gigante al déficit que viene sufriendo de manera injustificada Granada”. Tras esas declaraciones, el PSOE pidió hasta cuatro veces por escrito la copia del acuerdo o convenio sin éxito.

Este medio ha preguntado tanto al Ayuntamiento de Granada como a la Diputación provincial sobre la polémica que ha rodeado al anuncio del acuerdo. Fuentes consistoriales aseguran que “nunca se dijo que se iba a firmar un convenio” y que el Concejal de Turismo, Juan Ramón Ferreira, ya ha explicado lo sucedido. Ferreira, según recoge el diario Ideal, “no hay convenio porque no se ha firmado”. El edil añade que lo que se ha hecho es mejorar lo que ya había en frecuencias y horarios, y que se habló de “lo que se trabajó”. Por su parte, desde Diputación declinan hacer declaraciones y se remiten a la nota enviada en octubre en la que el presidente provincial muestra su “gran satisfacción” por el pacto alcanzado con Iberia.

Después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso del Ayuntamiento de Granada contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se eligió a A Coruña como sede de la Agencia Española de la Inteligencia Artificial, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha expresado su “respeto” a dicho pronunciamiento judicial y ha señalado que, pese al resultado, la sentencia “critica el expediente respecto a su procedimiento por parte del Gobierno de España y deja claro que se trata de una decisión discrecional y política” del Consejo de Ministros.

Así pues, en una primera valoración de la sentencia del alto tribunal remitida a través de audio a los medios de comunicación, Carazo ha insistido en que la designación de A Coruña “no se ha tomado con criterios objetivos”, aun cuando “los gobiernos tienen que seguir procedimientos claros, transparentes y hacerlo de forma objetiva”, según ha defendido.

De su lado, el Tribunal Supremo ha señalado que la decisión final motivada de esta selección incumbe al Consejo de Ministros, que eligió una de las tres candidaturas que se calificaron por la Comisión Consultiva correspondiente como 'de excelencia' –Alicante, Granada y A Coruña–, y explicitando las razones de la decisión mediante la correspondiente motivación, por lo que no se ha lesionado el principio de objetividad bajo el que debe realizar su actividad la administración pública.

Con todo, la regidora ha aseverado que “este injusto golpe a Granada nos va a hacer más fuertes”, y por eso ha manifestado que va a poner todo su “esfuerzo” para que la ciudad sea reconocida como el “referente” en Inteligencia Artificial que es, según ha señalado, apelando al trabajo de su universidad y del ecosistema empresarial que atesora en torno a este ámbito. Para concluir, Carazo ha remarcado que va trabajar con “determinación” para “fortalecer el posicionamiento” de Granada como “capital de la IA”.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, es, desde esta semana, hijo adoptivo de Granada. Así lo ha decidido la Diputación provincial que dirige el popular Francisco Rodríguez en un movimiento que ha sorprendido a todo el mundo. En el seno del Partido Popular de Granada se lee este movimiento como un intento por forzar un “acercamiento” con Moreno Bonilla, justo cuando el equilibrio de fuerzas en la formación está experimentando cambios.

Se trata de otro episodio más para unos populares granadinos que viven en una lucha interna casi de forma permanente. Cambian los protagonistas, pero el juego de la balanza permanece intacto. Por eso, gestos como el nombramiento como hijo adoptivo de Granada a Moreno Bonilla se interpreta desde diferentes puntos de vista. En todo caso, según la Diputación provincial, el presidente de la Junta de Andalucía ha sido distinguido con ese honor por su “labor, implicación y vinculación con Granada”.

Si bien es cierto que Moreno Bonilla no ha escondido nunca que la ciudad de la Alhambra es una de las más importantes de su vida, puesto que su mujer es granadina, esta relación parece limitada como para haber sido nombrado hijo adoptivo a ojos de militantes y oposición. Sobre todo, porque quien otorga el reconocimiento es la institución que dirige uno de los líderes provinciales más discutidos, como lo es Francisco Rodríguez, presidente del PP de Granada, según fuentes internas.

Fuentes populares sostienen que Rodríguez trata de forzar un “acercamiento” ganándose el favor de Moreno Bonilla en un momento en el que su rival local, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, parece haber perdido terreno. La también ex consejera de Fomento aterrizó en tierras granadinas como la gran esperanza del PP para recuperar la Alcaldía y aunque lo logró con una mayoría absoluta, internamente se desliza que Carazo está desencantada con su situación.

Carazo, en retroceso

Aspiraba a poder gobernar Granada con un margen suficiente como para llevar a cabo políticas atractivas para la ciudadanía, pero la tesorería local está maltrecha y dista mucho de parecerse a la de la Consejería de Fomento, donde Carazo pudo promover numerosas actuaciones que elevaron su imagen como política. Ahora, sin embargo, la sensación que genera la alcaldesa es que no está cómoda y que gobierna por inercia, de acuerdo con lo que se dice por los pasillos del Ayuntamiento de Granada.

Por eso es relevante este acercamiento de Rodríguez. Como Carazo es una de las personas más cercanas a Moreno Bonilla y fue su apuesta personal, el presidente de la Diputación siempre ha percibido que está a merced de la ex de Fomento, según explican fuentes del partido. Sobre todo, porque a Carazo siempre le ha preocupado la situación de Rodríguez como alcalde de Alhendín. La razón es que en este municipio ya se han producido algunas denuncias en las que su nombre ha aparecido, aunque hasta el momento todas han sido archivadas.

Tampoco ha ayudado en esta batalla interna que la Fiscalía de Sevilla esté investigando a Marifrán Carazo y a parte de la cúpula de Fomento por la adjudicación de varios contratos a dos empresas sin trabajadores ni experiencia. Consciente de ello, dicen en el PP, Rodríguez está estrechando el cerco sobre Moreno Bonilla. Tanto que en la última Junta Directiva Provincial, Carazo se ausentó y Francisco Rodríguez se mostró “empoderado”, según la militancia.

Al parecer, el hartazgo de Carazo con su posición como alcaldesa le habría llevado a pedir un puesto en el Senado o para presidir la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sin éxito. Algo que parece haberle dado alas al presidente provincial del PP para ganarse el favor de la dirección regional del partido a través de Moreno Bonilla. “Rodríguez está mucho más fuerte ahora de lo que lo estaba hace meses”, dicen los populares.

Su condición de presidente de la Diputación le permite “contentar” a muchos de los que un día le dieron la espalda porque la financiación del ente provincial le da margen de maniobra. Algo que choca con la situación de una Marifrán Carazo que ve cómo la tesorería municipal de Granada está resultando ser su gran lastre. “Le han nacido enemigos por promesas incumplidas”, sostienen voces internas. Y en esa tesitura, Francisco Rodríguez está dispuesto a dar batalla para ganar terreno.

El Ayuntamiento de Granada ha borrado la bandera LGTBI que estaba presente en varios semáforos del centro de la ciudad. Según el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, el borrado se ha hecho con el objetivo de “engalanar” la ciudad de cara a la cumbre europea que acogerá Granada durante la primera semana de octubre, pero lo cierto es que la acción ha generado una fuerte polémica, sobre todo para las asociaciones del colectivo LGTBI.

Desde este lunes, Granada ya no cuenta con los colores arcoíris que decoraban algunos de los semáforos más simbólicos de la capital por estar ubicados en el entorno de Puerta Real. Esta decoración, puesta en marcha por el anterior equipo de Gobierno del PSOE de Francisco Cuenca, ha desaparecido y con él el apoyo explícito al colectivo LGTBI al que representaba. Un hecho que ha provocado el rechazo de los socialistas y de las asociaciones en favor de la libertad sexual y de género.

Según el PSOE, este gesto del Ayuntamiento de Granada de la alcaldesa Marifrán Carazo (PP) supone una “vuelta al pasado”. La que fuera concejal de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez, considera que haber pintado de negro los semáforos habla precisamente de que el futuro será “negro” para la diversidad en Granada. Unas palabras que el equipo de Gobierno ha desmentido al asegurar su compromiso “expreso” con el colectivo.

Un borrado para “engalanar”

El portavoz municipal, Jorge Saavedra, matiza que el repintado de los semáforos, que ya ocurrió en 2019 cuando Ciudadanos y Partido Popular se hicieron con la Alcaldía a través de un bipartito, se produce para “engalanar” la ciudad de cara a la cumbre europea que acogerá la primera semana de octubre. “Vamos a engalanar el centro y el entorno del Palacio de Congresos con banderolas, manteniendo una imagen única. Dejaremos uno como símbolo y a disposición para colectivos tal y cómo estamos haciendo con otros recursos como la iluminación del ayuntamiento y otros soportes”.

Sin embargo, para colectivos como Granada Visible, esta acción supone un claro retroceso en los derechos del colectivo LGTBI. Chema del Águila, coordinador general de LGBTIAQ+ Granada Visible, admite que no les sorprende que el PP haya repintado los semáforos: “La línea política del equipo de Gobierno actual es ocultar o negar nuestra existencia y necesidades a menos que le salga rentable económicamente o electoralmente”. Del Águila lamenta los desplantes acumulados por los anteriores gobiernos municipales. Han mostrado “una despreocupación total por implantar medidas reales en el municipio, es decir, servicios públicos presupuestados”. 

“Unas medidas reales que hemos exigido desde nuestro surgimiento en 2017 tanto a los dos gobiernos de Francisco Cuenca del PSOE como durante el periodo de la Alcaldía de Luis Salvador (Cs). Medidas reales como una Oficina LGBTIAQ+, planes y protocolos, dotaciones a las bibliotecas de libros, campañas de formación integral para los servicios municipales, atención al desempleo endémico de la población trans y al sinhogarismo LGBTIAQ+, entre muchas otras”, añade el coordinador. 

Chema del Águila recuerda que asociaciones como la suya defienden también un mobiliario público que “visibilice y normalice” su existencia. Al tiempo que piden políticas concretas que “incidan en los problemas estructurales que sigue sufriendo el colectivo”. Algo que ponen en duda teniendo en cuenta el borrado simbólico que se ha producido de uno de sus símbolos más destacados como lo es la bandera arcoíris.

Ocho cedros que estaban situados en la avenida de Andalucía de Granada capital han sido talados para construir una rotonda. Un hecho que ha enfrentado al gobierno municipal del Partido Popular con el PSOE. Estos últimos acusan a la alcaldesa, Marifrán Carazo, de practicar un “arboricidio” de especies que “estaban sanas” y justo en un momento en el que las medidas contra el cambio climático indican la necesidad de que haya árboles. Además, los socialistas afirman que había un proyecto para su conservación, algo que niegan desde el Consistorio acusando el PSOE de hacer “demagogia” con este asunto.

El origen de esta polémica se encuentra en las obras que se están realizando en la citada avenida de la ciudad con el fin de mejorar el tráfico rodado en este punto. Se va a instalar una rotonda que pretende con ello eliminar el semáforo que regula el cruce de la avenida de Andalucía con la calle Sagrada Familia. Se trata de uno de los puntos más conflictivos y por eso es un asunto sobre el que el Ayuntamiento de Granada lleva años trabajando.

En concreto, la actual construcción es fruto de una planificación llevada a cabo en 2021, cuando el alcalde de Granada era Luis Salvador, de Ciudadanos, y el Partido Popular gobernaba en coalición con los naranjas. En aquella fecha, el concejal de Urbanismo, Luis González, promovió la construcción de una rotonda que está cofinanciada con la Diputación de Granada y cuenta con fondos europeos de las Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) cuya aportación asciende a 480.000 euros. El proyecto lo heredó el PSOE de Francisco Cuenca cuando accedió a la Alcaldía después de la autodestrucción del bipartito entre Cs y PP.

Los socialistas trataron de salvar los cedros que ahora han sido talados y para ello elaboraron un presupuesto, acordado con la empresa Sorigué, para que estos árboles fuesen trasplantados a otra ubicación. Según el documento, al que ha tenido acceso este medio, el importe total de esta operativa ascendería a 38.843,75 euros por dos de los árboles que no tenían posibilidad de permanecer tras la construcción de la rotonda. El resto quedaban a expensas de un cambio en el proyecto para conservarlos sin tener que trasladarlos. Pero ni una cosa ni otra, a pesar de que la partida detalla muy concretamente cómo se llevaría a cabo el trasplante de los árboles, contando incluso con la policía municipal para regular el tráfico. Por otro lado, se especifica que los cedros serían reubicados en un radio máximo de 20 kilómetros.

Un proyecto “heredado”

Pero nada de esto ha sucedido y lo que antes era un bulevar con quince cedros, en las próximas semanas pasará a convertirse en una rotonda en la que sólo sobrevivirán siete. Para el PSOE, que puso en marcha el plan para el trasplante, lo que ha sucedido en este caso no tiene justificación puesto que además se trataba de “árboles sanos” que han sido talados en un momento en el que las medidas contra el cambio climático recomiendan justo lo contrario. El que fuera concejal de Medio Ambiente durante el anterior mandato y encargado de redactar el presupuesto de conservación, Jacobo Calvo, explica a este medio que el proceso para salvarlos no era sencillo al haber una planificación previa.

Para que estos cedros no fuesen talados definitivamente, la opción pasaba por hacer “una modificación presupuestaria aprovechando el canon del contrato”. A partir de ahí, la voluntad pasaría por hacer lo mismo “con el resto de cedros afectados de la rotonda”. Calvo insiste en que fue un proyecto “heredado” y que en vez de buscar “culpables” decidieron buscar “soluciones” para salvar los árboles. Llegando incluso a plantear una modificación de la rotonda para salvar la mayoría de árboles sin que mediase traslado alguno de los ejemplares.

El Ayuntamiento critica la “demagogia” del PSOE

Por su parte, el actual equipo de Gobierno, dirigido por Marifrán Carazo, niega que el PSOE hubiera pretendido salvar realmente estos cedros. El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, asegura que los socialistas “podrían haber intentado en diciembre de 2022 el trasplante que tanto reclaman ahora y haber incluido una partida económica para este fin. Al no hacerlo se pone de manifiesto la falta de interés que tenían al respecto”. Recuerda que si no se lleva a cabo la obra antes de final de año se pierden los fondos europeos y se compromete a “buscar financiación” para plantar el doble de los árboles de los que se quiten.

Desde el Ayuntamiento matizan que se refieren a diciembre como la fecha que habría sido la ideal para trasplantar estos árboles porque es la que indican los técnicos municipales como la “más favorable para esta especie”. Según Catalina, hay informes técnicos que indican que “la opción de trasplantar los ocho árboles afectados se debe descartar por dos razones de peso: estar fuera de la época de trasplantes, lo que deja una escasa probabilidad de éxito, y por el elevado coste del trasplante de esos ejemplares, estimado en más de 140.000 euros”. 

En todo caso dice que, de los 15 árboles en total a los que afecta esta rotonda, siete van a salvarse gracias a “soluciones constructivas alternativas, como mover pasos de peatones o variar el trazado del carril bici”. Y tacha de demagógica la actitud del PSOE porque “las obras se adjudicaron en mayo de 2023” cuando aún estaban los socialistas al frente del Consistorio. Un extremo que no es incompatible con el hecho que el proyecto se empezó a gestionar en 2021 con Cs y PP en el equipo de Gobierno, tal y cómo recuerdan desde el PSOE.

El PSOE del Ayuntamiento de Granada exige la dimisión del concejal de Juventud del Consistorio de la capital, Fernando Parra. Los socialistas han cursado una moción para pedirle al edil que deje su puesto después de unas declaraciones realizadas en Twitter en las que, según el PSOE, hace uso de “xenofobia” y “aporofobia” al atacar a un grupo de ciudadanos de etnia gitana para denunciar un presunto fraude electoral. Tras el revuelo, el concejal ha borrado la publicación y ha pedido disculpas.

En concreto, lo que denuncian los socialistas es un hilo de Twitter publicado por el concejal del equipo de Gobierno del que es alcaldesa Marifrán Carazo. En dicha publicación, Fernando Parra, que también es el presidente de Nuevas Generaciones del PP de Granada, relata unos hechos presuntamente ocurridos en un colegio electoral de la Zona Norte de Granada capital durante la celebración de las elecciones generales el pasado 23 de julio. Parra describe lo que él mismo tilda de “situación surrealista”.

Empieza asegurando que hubo problemas para constituir las mesas electorales porque “dos de los integrantes no sabían leer ni escribir” porque eran “analfabetos”. Después, describe a uno de los apoderados del PSOE que estaba presente en el lugar de “cacique socialista” por su apariencia física. Continúa apuntando a que el “95% de los votantes de este colegio son de etnia gitana”. “Algunos de ellos entraban al colegio al grito de ”hay que votar al pezooeee que nos quitan las pagas los del pepeeee“”, añade en su hilo de Twitter el concejal.

“El PSOE se nutre del alfabetismo”

“Ya os podéis imaginar el nivel que había allí”, se cuestiona Fernando Parra antes de señalar un presunto fraude electoral, motivo por el que se habría decidido a escribir la publicación. Dice que había personas que votaron “por otras” con “el DNI de sus familiares”, afirmando que uno de estos hechos pudo ser confirmado por la Policía Nacional. Al respecto, este medio ha intentado confirmar estos hechos tanto con la policía como con el PP, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Sí ha hablado la alcaldesa, Marifrán Carazo, que ha tildado de “equivocadas” las palabras del concejal.

En todo caso, Parra afirma que puso lo sucedido en conocimiento de la Junta Electoral y añade que “tenía pinta que esto solía pasar en este colegio en las elecciones anteriores”. En su relato, el concejal dice que otro apoderado de Vox primero se suma a reclamar lo que está ocurriendo y finalmente se retracta, lo que él define irónicamente como “la derecha valiente” que le baila el agua “al sanchismo” ya sea “por cobardía” o “por temor”. Por último, completa su hilo diciendo que, por su experiencia universitaria, “al PSOE le interesa que haya pobreza y analfabetismo porque es de lo que se nutre electoralmente”.

Tras la publicación de estos tuits, concejales socialistas denunciaron en Twitter las palabras del concejal y este mismo martes han presentado una moción en el Ayuntamiento exigiendo su dimisión. Por su parte, el edil ha pedido disculpas en un escueto mensaje en la misma red social y ha borrado el polémico hilo sin que desde el PP se hayan pronunciado oficialmente sobre lo sucedido, a pesar de las preguntas de los medios de comunicación.

No obstante, en el PSOE consideran que las declaraciones vertidas por Parra son “denigrantes” e “insultantes” y le inhabilitan para ser un “representante público y ostentar la representación del Ayuntamiento de Granada”. Al mismo tiempo, censuran la actitud del concejal al señalar a “representantes legítimos” del propio PSOE. Las “manifestaciones rozan el delito de odio”.

Siete años y tres meses después, José Torres Hurtado, ex alcalde de Granada por el Partido Popular, ha quedado absuelto de la 'Operación Nazarí' que le obligó a dimitir en abril de 2016. Según avanza The Objective y ha podido confirmar elDiario.es por fuentes judiciales, el que fuera regidor de la ciudad de la Alhambra sale indemne de la última pieza que investiga la construcción del Pabellón Mulhacén y por tanto se libera del caso que dinamitó al Ayuntamiento de la capital granadina y que llevó al ostracismo político a un Partido Popular local que contaba las elecciones por victorias y que no ha recuperado el bastón de mando hasta la reciente victoria en mayo de Marifrán Carazo.

Con esta resolución, se confirman las buenas noticias que ha ido acumulando Torres Hurtado a nivel procesal en los últimos años. Especialmente desde que en octubre de 2021 fuese absuelto de una de las once piezas que componían la 'Operación Nazarí'. Pese a que tuvo que comparecer en el expediente Obispo como investigado, el tribunal optó por absolverle al no encontrar pruebas suficientes que le incriminasen y al entender que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se había extralimitado en sus informes haciendo valoraciones urbanísticas sobre las que no tendría conocimientos suficientes. Desde entonces, su nombre ha desaparecido de todos los expedientes por haber sido archivados o no haber nada contra él.

Ahora, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada que sigue lo que queda de esta macrooperación urbanística, ha liberado al exalcalde del caso Mulhacén al entender que no hay indicios que le relacionen con la trama. Sí siguen en la causa como investigados la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, varios miembros de su concejalía y el promotor involucrado, Roberto García Arrabal. En este caso, que es el último que queda vivo de la 'Operación Nazarí' se investigan los presuntos enjuagues urbanísticos que se hicieron para permitir una construcción que invadía otra parcela, cambiando la concesión de forma presuntamente irregular.

Si bien la Policía Nacional llegó a considerar a Torres Hurtado como el “cabecilla” de la trama criminal y su detención desembocó en su posterior dimisión como alcalde, los tribunales le han absuelto. Solo cabe la posibilidad de que se presente un nuevo recurso de apelación contra la decisión del juzgado en esta pieza, aunque en principio no parece que se vaya a producir dicho escrito. Se pone fin así a más de siete años de un periplo judicial que acabó con la figura política del regidor que más años ha estado al frente del Ayuntamiento de Granada en democracia.

El “eterno” alcalde de Granada

José Torres Hurtado fue elegido alcalde en 2003 y continuó en el cargo hasta 2016, obteniendo tres mayorías absolutas y una simple en todo ese periodo. Fue detenido el 13 de abril de 2016 fruto de una operación de la UDEF que acabó también con la detención de la edil de Urbanismo, Isabel Nieto y buena parte de la cúpula de esa concejalía y del empresariado de la construcción granadina. La noticia tuvo un amplio recorrido, sobre todo porque se producía en plena investigación de la trama Gürtel contra el Partido Popular nacional.

Aunque Torres Hurtado trató de mantenerse en el cargo alegando que no había hecho nada irregular, tal y como la justicia ha acabado confirmando siete años después, fuentes populares argumentan que fue su propio partido el que le invitó a dejar el cargo. Una decisión que arrastró también al entonces presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, que aspiraba a competir contra Torres Hurtado para hacerse algún día con la Alcaldía. Finalmente, tras un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, el socialista Francisco Cuenca se hizo con el bastón de mando hasta las elecciones de 2019 en las que las consecuencias de la 'Operación Nazarí' se hicieron notar.

La travesía en el desierto del PP de Granada

Tras situar a Torres Hurtado en el ostracismo, el PP de Granada entró en una crisis interna en la que había dos facciones claramente enfrentadas entre sí. De un lado, los partidarios del exalcalde y de otro, los de Sebastián Pérez. Por inercia, Pérez se hizo con el control de la situación, sobre todo porque hasta entonces mandaba también en la Diputación provincial, pero lo cierto es que el ambiente en el seno de los populares era irrespirable. A pesar de eso, Pérez logró sobrevivir tres años más como máximo dirigente de la formación y presentarse como candidato a regidor en los comicios de 2019.

Aquellas elecciones locales fueron la puntilla para un PP en desintegración no solo a nivel nacional -donde acababan de haber perdido la moción de censura ante el PSOE de Pedro Sánchez- sino muy especialmente a nivel granadino. Sin apenas unidad, Sebastián Pérez presentó unas listas que le hicieron perder ante el PSOE, algo que no había sucedido en 30 años en la ciudad de Granada. Pese a la derrota, Pérez trató de conseguir el apoyo de la dirección nacional de su partido para llegar a un acuerdo con Ciudadanos para convertirse en regidor, pero el pacto que se selló no fue precisamente el que esperaba.

Fueron los naranjas, con Luis Salvador a la cabeza, los que se hicieron con la Alcaldía merced a un bipartito con el Partido Popular. Pérez, dolido tras haber sido depurado junto a Torres Hurtado en 2016 y quedarse sin ser el alcalde en 2019, aseguró tener un acuerdo de alternancia a los dos años con Salvador para convertirse en el regidor de la ciudad. Algo que el propio Salvador, Cs y su partido -aunque de forma sutil- negaron en todo momento. Lo que desencadenó una tormenta en 2021 en la que Pérez renunció como miembro del PP y dinamitó el gobierno municipal, obligando a que todos los concejales populares dimitieran. Aquello le puso el gobierno en bandeja de nuevo al socialista Francisco Cuenca.

Una travesía en el desierto para el Partido Popular de Granada que arrancó en abril de 2016 y que no ha terminado hasta mayo de 2023, cuando Marifrán Carazo se ha convertido en la primera alcaldesa de la historia de la ciudad y lo ha hecho además con mayoría absoluta. Casi dos meses después, los populares se llevan otra buena noticia con la absolución del exalcalde Torres Hurtado. Cerrando así un círculo en el que el Partido Popular ha conseguido dar un giro de 180 grados sin que ninguna de las direcciones local y nacional siga al frente de la formación.

Hace tiempo que en la Zona Norte de Granada utilizan los enchufes como si de un acto de fe se tratase. Recurrir a la electricidad en este lugar de la ciudad de la Alhambra es un reto tras décadas de cortes de luz que van en aumento. Ahora, en pleno verano, el escenario no es mejor. Y nadie parece dar con la solución definitiva.

Mientras unos acusan a Endesa de tener las instalaciones eléctricas de una manera deficitaria en la Zona Norte y otros sostienen que el problema real son los enganches ilegales para el cultivo de marihuana, en medio quedan vecinos como Julia. No se llama así, pero su situación es tan precaria y su temor es tan grande que pide a este medio que oculte su identidad. Vive en la barriada de La Paz, uno de los lugares más deprimidos de la Zona Norte, y sus días los sobrelleva sin poder utilizar ni siquiera un ventilador: “Esto es cómo estar en otro siglo”.

“Estoy medicada por culpa de la ansiedad que me generan los cortes de luz. Esto no es vida porque mis vecinos y yo, que somos gente honrada, no podemos estar tranquilos”. A sus 58 años, vive sola en la casa que sus padres le legaron y no tiene ni pareja ni hijos. Sus hermanos son sus mejores aliados, pero ella lo que pide es poder salir de esta barriada granadina. “Mi sueño es poder estar dignamente en otro sitio”. Cuenta que, aunque los cortes del suministro de luz son constantes, paga facturas superiores a los 200 euros, como ha podido comprobar este medio. Una cantidad muy elevada, especialmente para ella que está en paro.

“Sabemos que se enganchan a nuestros contadores y no hay nadie que nos ayude”, lamenta Julia. Ella misma se hace eco de un rumor que corre por las calles de la Zona Norte que apunta a que hay incluso “sobornos” para que no se revisen todos los suministros. “El problema es la marihuana y la gente que vive de ella, que son muchos menos que los que tratamos de ser honrados”. Esta vecina considera que el problema con los enganches ilegales ha ido en aumento desde hace 15 años, y que no es algo nuevo.

La salud en juego

Rozando los 60 años, lleva más de 40 viviendo en esta barriada de la capital granadina y recuerda cómo ya en su infancia en el colegio se hablaba de la problemática que hoy les deja sin luz. Aunque los diferentes equipos de Gobierno del Ayuntamiento de Granada han tratado siempre de evitar estigmatizar a la población que vive en la Zona Norte desligándola de un problema de marihuana, sus vecinos creen que se debe hablar más de ello. “Aquí nos da miedo hacerlo porque nos señalan y todo el mundo te conoce”, lamenta Julia. “Tengo amigos y conocidos que son electrodependientes que se juegan la salud todos los días por los cortes del suministro”.

Algo más lejos de la barriada, los problemas se siguen extendiendo. La avenida Joaquina Eguaras es una de las que da acceso a la Granada que no sufre los problemas eléctricos, pero incluso en estos días de ola de calor también ha sido escenario de micro-cortes de luz. Andrés, un joven que vive en esta zona, explica que la electricidad se va y vuelve “cada cinco minutos”. Lamenta que, si la situación se sigue prolongando en el tiempo, “nos vamos a quedar sin aparatos de aire acondicionado y sin ordenadores”. Algo que en su caso es especialmente importante puesto que en ocasiones teletrabaja desde su domicilio.

Un problema enquistado

Endesa, la compañía eléctrica responsable de las instalaciones que están situadas por toda la Zona Norte, defiende su actuación y centra los problemas en los enganches ilegales de luz para cultivar marihuana: “La red de distribución de Granada se encuentra sometida en ciertos puntos de la ciudad a una sobrecarga excesiva de potencia derivada del fraude masivo, especialmente dedicado al cultivo de marihuana, lo que ocasiona interrupciones de suministro”.

“Del total de centros de transformación repartidos por Granada capital, unos 1.125, esta situación se registra en solo 18, y generan el 97% de las incidencias en la red eléctrica de la ciudad”, señalan desde la empresa. “Además, únicamente el 45% de los 4.875 suministros a los que abastecen estos 18 centros de transformación tienen contrato en vigor”. Es decir, Endesa argumenta que el fraude se produce sobre todo por personas que no tienen contratada la electricidad.

Por otra parte, defienden que en los últimos años han invertido alrededor de 8 millones de euros para contar con “tecnología punta” en la red eléctrica de todo el entorno. Un hecho que se ha acompañado de redadas policiales y de colaboración institucional para abordar el problema en la llamada Mesa por la Zona Norte de Granada. En cuanto a las intervenciones de la Policía Nacional, la última se ha llevado a cabo en estos últimos días y ha detectado 44 enganches ilegales en algunas de las calles más deprimidas de las diferentes barriadas.

Desde el Ayuntamiento de Granada, de la recién estrenada alcaldesa popular Marifrán Carazo, ya se ha mantenido una reunión con el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, para tratar este tema de nuevo. Martín califica de “inhumana” la situación que están atravesando los vecinos y recuerda que no es algo nuevo ni resuelto. La regidora, de su parte, ha mantenido una reunión inicial con el delegado de Endesa, con quien se ha emplazado a mantener otra reunión para tratar el asunto al más alto nivel, dentro de las competencias municipales.

A su vez, se está en contacto con las asociaciones y colectivos de la Zona Norte y se va a solicitar la convocatoria de la mesa en la que intervienen todas las administraciones para llevar a cabo soluciones. Esta mesa lleva celebrándose más de un lustro, pero hasta el momento no ha conseguido revertir un problema que a vecinos como Julia o Andrés les dificulta en exceso su día a día.

Granada se encamina a unas elecciones municipales que medirán dos posiciones políticas que parten más igualadas de lo que cabría esperar. La campaña electoral, que empieza este viernes, servirá para que la apuesta personal del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la supervivencia del PSOE en enclaves en los que actualmente gobierna, luchen por el bastón de mando de una ciudad tradicionalmente de derechas. O lo que es lo mismo: Marifrán Carazo (PP) contra Francisco Cuenca (PSOE) en un tablero que se presume menos atomizado que el de 2019.

En este inicio de campaña, tanto Carazo como Cuenca se juegan el sillón de la Alcaldía de Granada por detalles. Tras casi dos años de gobierno municipal de los socialistas, los comicios del próximo 28 de mayo parecen encaminarse hacia un cambio de color en favor del azul de los populares. Sin embargo, las encuestas internas que manejan las diferentes formaciones no descartan que el PSOE pueda mantener la Alcaldía de Granada si las izquierdas suman al menos tres concejales. En un ayuntamiento como el granadino, en el que la mayoría absoluta está en 14 de los 27 ediles, amarrar como mínimo 10 facilita el camino.

Esa fue la cifra que consiguió precisamente el PSOE en 2019 y la aspiración mínima que persigue su candidato y alcalde, Francisco Cuenca. Entonces, pese a los 10 ediles, Ciudadanos, que se planteaba como la muleta entre PP y PSOE para otorgar el bastón de mando, acabó haciéndose con él. Lo hizo tras un pacto con los populares que elevó al sillón de alcalde a Luis Salvador y abrió una caja de truenos que acabó estallando en 2021 cuando el entonces líder del Partido Popular, Sebastián Pérez, dinamitó el bipartito alegando que había que alternarse en el poder. Aquello y un inesperado pacto con dos de los ediles de Cs, además de los votos de Unidas Podemos, repuso a Francisco Cuenca como alcalde de Granada dos años después.

Carazo para recuperar al PP

Este rocambolesco precedente, que hace bueno el refrán popular de que “todo es posible en Granada”, sirve para tomarle la temperatura a la nueva campaña electoral que se abre para las municipales del 28 de mayo. El Partido Popular, de la mano de Marifrán Carazo, ha optado por refundarse localmente -tras lograr el peor resultado de su historia en 2019 al obtener apenas siete concejales- y sacar de las listas a todo aquel que haya tenido alguna relación de poder en el pasado con el Ayuntamiento de Granada. Ese hecho y el respaldo de Moreno Bonilla como presidente andaluz -al calor de su victoria por mayoría absoluta en las autonómicas de hace ahora un año- hacen que en el PP se las prometan felices.

Varias investigaciones y crisis que afectan directamente a la propia Carazo y a cargos relevantes de la formación como la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro o el presidente provincial, Francisco Rodríguez, no parecen afectar a las posibilidades de recuperar la Alcaldía de Granada siete años después de perderla. Las opciones pasan en gran medida por dos escenarios: que las formaciones a la izquierda del PSOE se resten votos entre sí y que esta circunstancia favorezca a Vox para lograr tres ediles. Si la extrema derecha repite resultado con respecto a 2019 y si se confirma que Cs no entrará en el Consistorio, Marifrán Carazo tendrá muchas opciones de ser la primera alcaldesa de la historia de la ciudad de la Alhambra.

Para que eso ocurra, Francisco Cuenca ha de hacerse fuerte y revertir la tendencia que sigue el PSOE a nivel nacional con la pérdida de terreno electoral que están protagonizando los de Pedro Sánchez. Cuenca y su equipo son conscientes de ello y ejemplos como su batalla abierta contra el Gobierno central por la pérdida de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) o que el logo del PSOE apenas sea relevante en los actos electorales lo confirman. Los socialistas lo fían todo a la supervivencia de un Francisco Cuenca que ha logrado ser alcalde en dos mandatos de forma inesperada y a su imagen como un líder cercano a los ciudadanos.

Sin embargo, la división a la izquierda de los socialistas complica el panorama. Unidas Podemos se ha partido en Granada Unida y Podemos-AV e Independientes y, de hecho, dos de los actuales ediles de la formación municipal, Francisco Puentedura y Elisa Cabrerizo, concurren como candidatos en sus respectivas listas. Las encuestas internas parecen favorecer más las opciones de la coalición que lidera la formación morada, pero todo lo que no sea obtener al menos tres concejales limitará las opciones de que la izquierda granadina se haga con la Alcaldía. En 2019 el PSOE ganó por primera vez en 30 años las elecciones municipales y en 2023 no se descarta que repita, pero la aritmética se antoja más complicada para mantener el bastón de mando.

Sobre todo, porque se asume que el PP de Marifrán Carazo alcanzará, cómo poco, los 10 ediles en detrimento de la desaparición definitiva de Ciudadanos, que lleva de cabeza de lista a Concha Insúa, y de la ruptura a la izquierda del PSOE. El último concejal que se obtenga será esencial y la capacidad de Vox para retener votantes será decisiva. La extrema derecha presenta una lista en la que repiten en los tres primeros puestos las actuales ediles con Beatriz Sánchez como líder tras la salida de Onofre Miralles hace un año de camino al Congreso de los Diputados. Si Vox pierde confianza entre sus electores, es presumible que irán a parar al Partido Popular, pero lograr un concejal cuesta entre 3.000 y 4.000 votos -dependiendo de la participación- y el panorama no está claro.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha utilizado el último Consejo de Gobierno como plataforma de lanzamiento para Marifrán Carazo, hasta ahora consejera de Fomento y candidata a la Alcaldía de Granada para el próximo 28 de mayo. Moreno no ha dejado nada al azar al celebrar la cita en Sierra Nevada, estación de esquí dependiente de la cartera de Carazo, y al convertir un encuentro institucional en el gran acto de la precampaña de los populares al Ayuntamiento granadino.

Lo ha hecho de manera similar a como hiciera este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar cambios en su Gobierno para ubicar en el foco a las ya exministras Carolina Darias y Reyes Maroto, candidatas a las alcaldías de Las Palmas y Madrid respectivamente. No obstante, Moreno ha organizado un acto destinado a ensalzar el trabajo hecho por Marifrán Carazo y a promocionar su candidatura sin anunciar cambio alguno. Si bien el paraguas era el Consejo de Gobierno, lo cierto es que las intervenciones posteriores del propio presidente y de la consejera han tenido un marcado carácter de precampaña.

Un acto de promoción

“Ya es de todos conocidos que ha sido la mejor consejera de Fomento que ha tenido el Gobierno andaluz en toda su historia”, ha dicho Moreno en referencia a Carazo. Palabras repletas de elogios con las que el presidente andaluz ha dejado poco lugar a la duda sobre el motivo de la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno: “Quiere ser embajadora de los vecinos de Granada porque desde el primer momento ha tenido muy claro que su objetivo era mejorar la ciudad. Esa es su pasión, su visión y su compromiso”.

“Me encuentro hoy satisfecha y orgullosa. Ha sido un camino duro y de mucho trabajo, pero desde luego una experiencia preciosa trabajar por Andalucía y por Granada”, ha remarcado Marifrán Carazo en su discurso de despedida. Un discurso en el que no se ha olvidado de un Moreno al que le ha agradecido su “confianza” y al que le ha reconocido que le haya “dejado elegir” poder ser candidata a alcaldesa: “Hablamos los dos y decidí elegir Granada. Seguir trabajando por Andalucía desde Granada”.

Por lo demás, las comparecencias del presidente andaluz y la todavía responsable de Fomento han servido para prolongar un día más los actos en los que Carazo está siendo la protagonista. Sin ir más lejos, este lunes ambos compartían escena al inaugurar la prolongación del metro de Málaga hasta el centro de la ciudad. Un hito para el que ha tenido que pasar década y media y cuyo logro tampoco han obviado ni Moreno ni Carazo en sus discursos.

Después de haber participado en su último Consejo de Gobierno, la consejera anunciará en los próximos días su renuncia definitiva a ser la responsable de Fomento. Para entonces, Moreno tendrá que designar a la que será su sustituta y de la que ya se han dado pistas: será mujer, granadina e ingeniera. Hasta la fecha, la principal candidata es la actual directora de la Fundación Tres Culturas, Concha de Santa Ana, pero en la terna aparece también la parlamentaria por Granada, Ana Vanessa García.

Desafíos locales

Paralelamente, la candidatura de Marifrán Carazo a la Alcaldía de Granada nace con una polémica que afecta directamente a su gestión como máxima dirigente de Fomento. La adjudicación de un contrato de emergencia en Cádiz por un valor de 4 millones de euros a Barveal, una empresa sin apenas trabajadores, sin forma de contacto y sin experiencia en el sector está en el centro de todas las miradas.

Si bien la lista de Carazo a las municipales del 28 de mayo parte con ventaja porque en Granada suele ganar la derecha tradicionalmente, el personalismo del actual alcalde socialista, Francisco Cuenca, promete una disputa cerrada entre ambos contendientes. En los pasillos del Consistorio se da por hecho que Carazo podrá ser la alcaldesa merced a un acuerdo con Vox dado que se espera que Ciudadanos no consiga ningún concejal. La clave estará en el número de ediles que logren los socialistas que si ya en 2019 amarraron a 10, parece poco probable que puedan mejorar esa cifra.

En todo caso, asuntos como la pérdida de la agencia de inteligencia artificial en favor de A Coruña por decisión del Gobierno central han perjudicado a Cuenca, que ha intentado capitanear una respuesta como alcalde frente a su propio partido. Por contra, los problemas en la contratación de servicios y los despidos asociados en el Parque de las Ciencias sí apelan directamente a la gestión del PP en la Junta de Andalucía a la que aún pertenece Carazo.

Marifrán también está lidiando con otro tema que afectan directamente a su presencia en la organización granadina de los populares. El bajo perfil del presidente provincial, Francisco Rodríguez, unido a la mala imagen y la investigación judicial que persigue a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro -la alcaldía más relevante que tienen actualmente en el PP de Granada-, auguran semanas de tensión para limar egos y establecer una línea de mando en la que Carazo quiere ser la que decida el destino del partido.

Rodríguez fía su suerte a alcanzar la presidencia de la Diputación de Granada, pero ni siquiera ese objetivo puede asegurar su supervivencia ante una Marifrán Carazo que se juega su futuro político al apostarlo todo por tierras granadinas y no quiere contratiempos, y menos internos, que le desvíen de ese camino. Hay voces de la militancia y excargos que llevan tiempo intentando tirar de la manta para dejar al actual presidente provincial y esa guerra puede recrudecerse en cualquier momento.