El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto que lleva a juicio a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, ambos exdiputados del PP, por participar en una trama que facilitó contratos de obras en Argelia por 480 millones de euros en total a cambio de comisiones. Según ha publicado este lunes El Confidencial, ambos se enfrentan a cargos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal. La decisión responde a un escrito del fiscal anticorrupción Conrado Alberto Sáiz, firmado el pasado 11 de septiembre, en el que reclama 21 años de prisión para cada uno.

El procedimiento incluye a 23 personas –entre ellas el hijo de Arístegui– y cinco empresas, como Electrificaciones del Norte SA (Elecnor), considerada clave en la causa. A otros imputados, aunque no a los populares, se les añade el delito de blanqueo. Las investigaciones abarcan el periodo 2009-2016. Por entonces, según el informe de la Fiscalía, De la Serna era funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y Arístegui diplomático de carrera, además de portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores.

En el año 2009, los exdiputados pactaron ofrecer asesoría y consultoría a compañías con interés de expandir su actividad en el plano internacional. El esquema contemplaba cobrar una cuota fija mensual de 15.000 euros –la llamada “iguala”– y comisiones adicionales si la empresa conseguía contratos públicos o con gobiernos extranjeros gracias a sus gestiones. Según el Ministerio Público, “para llevar a cabo la actividad de consultoría internacional se prevalieron de su condición de funcionarios públicos y de los cargos que ostentaron hasta 2016”.

El escrito añade que su condición de funcionarios “era el elemento distintivo y motivador para que las empresas aceptasen ser clientes y pagar los honorarios”, ya que las “igualas” se abonaban incluso sin contraprestación mientras no se lograse un contrato. Durante ese periodo en el que los imputados compaginaban sus responsabilidades públicas con el cobro de comisiones, Arístegui también fue embajador en la India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Bután bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para atraer clientes, firmaban contratos con intermediarios que se dedicaban a conseguirlos. Uno de ellos les abrió la puerta de Elecnor y de otra empresa en la que partcipaba esta, Internacional de Desarrollo Energético SA. Según la Fiscalía, el entramado era “conocido por los directivos del Grupo Elecnor, Germán Junquera, Ramón López, Santiago De la Rica, Enrique Sánchez, Alfonso Castellanos y Fernando Asencio”.

Y todo ello, añade el fiscal, “para que las empresas españolas consiguiesen contratos en el extranjero, De la Serna y Arístegui se valieron de personas que tenían capacidad para acceder a autoridades y funcionarios públicos”. En Argelia contaron con Cristóbal Tomé –fallecido en 2016– y su hermano José Luis, “quienes tenían influencia con las autoridades y funcionarios civiles y militares argelinos” y que cobraban honorarios con los que pagaban las comisiones a las autoridades del país.

El Ministerio Público concluye que los acusados “se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Argelia, mediante el pago de comisiones”, aprovechándose de la ausencia de mecanismos de prevención de delitos en las empresas implicadas. La investigación apunta a al menos a dos adjudicaciones: la construcción de una planta desaladora en Souk Tleta por 250 millones de euros (2009) y el tranvía de Ouargla por 230 millones (2013), este último adjudicado a una UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa.

El Tribunal Supremo inadmite cada semana y sin mucho ruido varias denuncias y querellas contra parlamentarios, ministros, jueces y fiscales. La mayoría son presentadas por partidos y organizaciones de extrema derecha contra rivales políticos y otras por ciudadanos particulares. La Sala de lo Penal, en sus últimos autos de inadmisión y rechazo, se queja de que muchas de estas denuncias y querellas son “insólitas y descabelladas” y solo buscan la “criminalización de nuestro sistema político”. La última en irse al cajón, contra los 350 diputados del Congreso por tramitar la amnistía y, precisamente, por la propuesta que busca atajar el abuso de la acción popular en los tribunales.

La Sala de lo Penal del Supremo resuelve una cantidad aproximada de 9.000 asuntos cada año. La inmensa mayoría son recursos contra sentencias de tribunales territoriales que no implican ningún tipo de investigación para sus jueces: se analizan los argumentos, se aplica, cambia o crea la doctrina y se resuelve en firme. Pero también es la sala que investiga, juzga y sentencia a aforados: diputados, senadores, algunos jueces y fiscales y miembros del Gobierno, sobre todo.

En los últimos meses, este departamento del Supremo que está pendiente de que el Poder Judicial renueve su presidencia ha experimentado una afluencia inédita de causas abiertas contra aforados para investigar: el caso Koldo, la causa por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el caso contra el senador Pedro Sanginés y las tres causas en marcha contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, entre otras. Una broma recurrente en sus pasillos es que el Tribunal Supremo, cúspide de la jurisprudencia en España, se ha convertido en un juzgado de guardia.

Lo que no se considera ninguna broma en la Sala de lo Penal es el alud de denuncias y querellas infundadas que reciben cada semana contra todo tipo de aforados. Un vistazo a los archivos del Supremo desde 2019 hasta la actualidad revela medio centenar de pleitos fallidos de Vox, Manos Limpias y HazteOir contra miembros del Gobierno, políticos de partidos progresistas o, incluso, jueces que no han sentenciado lo que ellos quieren. También de asociaciones o incluso ciudadanos particulares que acusan de prevaricar a magistrados y fiscales que no les han dado la razón.

Una de las últimas en provocar el enfado del Supremo ha sido la presentada por un particular contra todos los diputados y diputadas del Congreso por tramitar la ley de amnistía y la reforma con la que el PSOE propone, precisamente, limitar este tipo de querellas. “Este Tribunal Supremo no puede convertirse en una suerte de órgano llamado a responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político”, lamenta la Sala con Javier Hernández como ponente.

“Formular irresponsablemente denuncias carentes del más mínimo sentido contra todos los representantes de la soberanía popular es un buen ejemplo de ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”, añade antes de inadmitir la denuncia de plano que pretendía encausar a 350 diputados por delitos de prevaricación, coacciones y asociación ilícita. La fórmula que tienen los magistrados de alertar de que algunas de estas denuncias lo que buscan no es perseguir un verdadero delito sino perseguir penalmente la actividad política.

Los lamentos se han acentuado en los últimos meses. Por ejemplo, cuando el Supremo reprochó a Manos Limpias una de sus especialidades: querellarse contra Pedro Sánchez, su esposa y medio Gobierno basándose en “recortes de prensa”. Pero también en otro auto reciente que rechaza una querella de una mujer contra varios jueces de Madrid asegurando que su argumentación “roza lo ininteligible”. Una resolución de marzo rechazó una denuncia masiva que pretendía unificar varios casos contra el Gobierno y el Supremo advirtió: no se puede usar al Supremo “como juzgado de guardia de cualquier asunto mediático” para saltarse al juez que corresponde por ley.

Las querellas de la extrema derecha

Distintas fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo, considerada uno de los departamentos clave del tribunal y con la renovación de su presidencia atascada en el CGPJ, explican que esta afluencia de querellantes en su ventanilla ha aumentado en los últimos años. Frente al escaso número de causas abiertas por estos jueces, los autos de inadmisión se amontonan, muchas veces respondiendo a partidos y organizaciones próximos a la extrema derecha.

Las acciones judiciales de Vox son las que acumulan, con diferencia, más fracasos desde 2019. Hasta 25 denuncias y querellas que han sido inadmitidas por el Supremo tras intentar encausar a sus rivales políticos. Desde intentar que Pedro Sánchez se sentara en el banquillo por su tesis, por negociar la amnistía, por negociar con EH Bildu o por presentar su libro hasta acusar a Fernando Grande-Marlaska de gasear manifestantes en Ferraz, pasando por buscar un juicio para Irene Montero por hablar de educación sexual infantil o a Ione Belarra por comparar a Vox con los nazis.

Por detrás en el ránking de denuncias y querellas fallidas se encuentra Manos Limpias. El pseudo sindicato dirigido por el ultra Miguel Bernard, acusación popular en algunos de los casos más mediáticos abiertos por sus denuncias, se ha estrellado 13 veces contra la sala de admisiones del Supremo con denuncias de todo tipo: contra Margarita Robles por criticar a los vocales conservadores del CGPJ, contra los Abogados del Estado que defienden al fiscal general, contra Meritxell Batet por no permitir que Alberto Casero repitiera su voto a favor de la reforma laboral o contra los políticos que han denunciado el 'lawfare'.

La asociación ultracatólica HazteOir también acumula casi una decena de fracasos en el Supremo. Cuando, por ejemplo, intentó involucrar a Batet en el caso Mediador, criminalizar a los diputados que votaron a favor de la amnistía o intentar encausar a Francina Armengol por sus palabras en la comisión de investigación parlamentaria del caso Mascarillas.

Los constantes fracasos de esos y otros satélites de la extrema derecha, tanto en el Supremo como en otros tribunales y juzgados, contrasta con su capacidad para personarse como acusación popular en otros casos o, incluso, propiciar su apertura y desarrollo: el caso contra Begoña Gómez, la causa contra el fiscal general del Estado, contra el hermano de Pedro Sánchez o el caso Koldo. En el caso de Manos Limpias, muñidor de algunas de estas diligencias, pagando fianzas de varios miles de euros mientras todavía debe dinero a abogados por causas judiciales de hace más de una década.

El Partido Popular ha decidido guardar silencio sobre la investigación judicial abierta a la exministra Pilar del Castillo, eurodiputada y candidata a las elecciones europeas del domingo. Ni en sus comparecencias públicas ni a preguntas de este periódico el partido de Alberto Núñez Feijóo ha querido valorar la información desvelada por elDiario.es, limitándose a cuestionar que el proceso, en todo caso, debería ser llevado por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el PP centra su campaña europea en exigir la dimisión del presidente del Gobierno por la citación a declarar como imputada de su esposa, Begoña Gómez. Este mismo martes la propia Del Castillo ha participado en un acto del partido en Aragón.

Tal y como reveló ayer este periódico, la eurodiputada Pilar del Castillo es una de las personas imputadas por la querella en la que un empresario del sector de la tecnología acusa a sus antiguos socios de conspirar contra él para echarle de la empresa. A través de votaciones concertadas pero también de una denuncia por la que estuvo varios años imputado y que terminó en absolución. Por el momento, el juzgado no se ha pronunciado si su condición de eurodiputada debería llevar la causa contra Del Castillo hasta el Supremo.

El juzgado abrió las diligencias en febrero de este año, obligado por la Audiencia Provincial, y el nueve de mayo decidió llamar a declarar a los investigados, entre ellos a la eurodiputada del PP. Una comparecencia programada para el día 28 de mayo pero que no se pudo celebrar porque ni ella ni otros querellados pudieron ser localizados.

Los altos cargos y candidatos del PP a las elecciones del domingo, que comparten lista con la exministra del último Gobierno de José María Aznar, no se han referido a este asunto. Tampoco el partido de Núñez Feijóo ha hecho ningún comentario ni ha respondido a ninguna de las preguntas realizadas por este periódico tanto en Bruselas como en la calle Génova de Madrid más allá de cuestionar que, por su aforamiento, en todo caso deba ser imputada por el Tribunal Supremo.

El PP no solo no ha emitido ningún tipo de valoración autorizada, con o sin micrófonos delante, sobre la situación de su europarlamentaria y candidata del próximo domingo. También ha mantenido su actividad en la campaña electoral. Pilar del Castillo ha participado este miércoles en un acto del PP con empresas del sector energético en Zaragoza.

El líder del PP ha mantenido a lo largo de los últimos días que Pedro Sánchez debe dimitir y dejar la presidencia del Gobierno después de que el juez Peinado haya citado a declarar como investigada a su esposa a instancias de una denuncia de Manos Limpias. “Tiene que asumir su responsabilidad política”, dijo desde un acto en Santander poco después de conocerse la citación de Begoña Gómez.

Compró 90.000 euros en acciones

Pilar del Castillo fue ministra en el último Gobierno de José María Aznar, poniendo rumbo a Bruselas en 2004, donde ha permanecido desde entonces. Dos años después de conseguir un asiento en el Parlamento Europeo también firmó su entrada en el accionariado de Tecnofor Ibérica SL, pagando 90.000 euros por 733 participaciones. El documento firmado por la propia eurodiputada, hoy número nueve en las listas del PP a los comicios del domingo, explica que “no existe conflicto de intereses entre la contribución que pretende realizar y su anterior trayectoria profesional”.

Fue en 2012 cuando, en los primeros años de la crisis económica, los movimientos empezaron a sucederse en el seno del accionariado de la empresa. Pilar del Castillo tenía un 10% de las acciones, lo mismo que los herederos de uno de sus socios fallecido años atrás, el 20% que tenía el querellante y finalmente el 60% que poseía otra sociedad llamada EICert SL.

Empezó entonces, según la querella, una estrategia del resto de socios para echarle y poder vender la empresa para capear mejor los efectos de la crisis económica. Entre otros movimientos una querella que estuvo más de un lustro en los tribunales en la que se acusaba al hoy denunciante de varios delitos societarios hasta que fue absuelto en 2022.

La citación de la eurodiputada del PP como investigada se produjo hace unas pocas semanas, pero la existencia del pleito data de hace casi un año. La querella del antiguo socio se presentó a finales del verano de 2023 y fue inadmitida por el juzgado 14 de Madrid en octubre de ese año. Una decisión que fue revocada por la Audiencia Provincial de Madrid en febrero de este año y que desembocó en su citación como investigada junto con el resto de querellados.

La citación fue firmada por el juez el pasado nueve de mayo, dos días después de que se hicieran públicas las listas al Parlamento Europeo en las que la exministra ocupa el puesto número nueve del PP. Y fue fijada para el pasado 28 de mayo, pero se suspendió ese mismo día porque el juzgado no había sido capaz de localizar, entre otros, a la propia Pilar del Castillo. Esa citación, por el momento, no tiene nueva fecha para su celebración.

Durante todos estos años, según el querellante, sus antiguos socios se pusieron de acuerdo de forma delictiva para alejarle de la gestión de la empresa y poder venderla según sus propios designios. Un “acoso societario”, afirma en su querella, en la que también apunta a la ya entonces eurodiputada: ella y otro de los socios acusados, dice, “han sido piezas decisivas en el grupo criminal para que el fraude se haya materializado”. Por un lado, añade, “votando a favor acuerdos claramente perjudiciales para las mercantiles” y logrando que finalmente “dimitiera como administrador único”, que otro de los imputados entrara en el capital social y que finalmente un último imputado “llevara a cabo la operación acordeón”.

El caso está pendiente de que el juzgado 14 de Madrid ponga fecha a una nueva citación para que Pilar del Castillo y el resto de acusados declaren como investigados, condición en la que ya habían sido llamados a comparecer para el 28 de mayo, hace poco más de una semana. También de que, en caso de revalidar su escaño de eurodiputada el próximo domingo –algo que las encuestas dan prácticamente por seguro– el juez decida enviar la causa al Supremo por el aforamiento de los integrantes del Parlamento Europeo.

El juez que ha llamado a declarar como investigada a Begoña Gómez a instancias de una denuncia de Manos Limpias rechazó citar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para evitar una “desconsideración de su imagen” cuando fue acusado de prevaricar al cerrar los parques de la ciudad durante los primeros meses de pandemia. En esa ocasión, el magistrado Juan Carlos Peinado estimó las alegaciones del abogado del alcalde y explicó que, en ocasiones, una denuncia o una querella contra un personaje público solo busca la foto en la puerta del juzgado: “Debe ser objeto de cuidado por el órgano judicial antes de citar caprichosamente a cualquier ciudadano”, dijo el juez antes de anular la comparecencia de Martínez-Almeida días antes de archivar el caso.

El titular del juzgado 41 de la Plaza de Castilla de Madrid anunció este martes, a cinco días de las elecciones europeas, que citaba a declarar como investigada a Begoña Gómez para el próximo viernes cinco de julio. Una citación que llega después de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que descarta cualquier tipo de delito y antes de haber escuchado a los seis testigos a los que ha citado para el domingo de la semana que viene. Todo a instancias de una denuncia del pseudo sindicato ultra Manos Limpias presentada a base de ocho noticias publicadas en medios de comunicación, una de ellas un bulo.

Fue hace cuatro años, en mayo de 2020, cuando el mismo magistrado abrió diligencias por una denuncia del letrado José Luis Mazón contra el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusando al regidor y a uno de sus concejales de prevaricar por cerrar los parques de la capital durante los primeros meses de la pandemia. Los dos fueron llamados a declarar para el sábado 23 de mayo de ese año, pero un día antes el juez reconsideró su decisión apelando al daño que podría hacer la citación a la imagen del alcalde.

Su auto rechazó buena parte de las alegaciones de la defensa de Martínez-Almeida, que pasaban por archivar el caso. La denuncia de Mazón sobre si cerrar los parques podía ser un delito, alegó entonces, “requiere de una mínima investigación”. El juez tuvo palabras duras para el escrito del primer edil. “Una exposición, que parece ser obtenida de cualquier manual de Derecho Penal Básico, dirigido a estudiantes de los primeros cursos de Derecho”, dijo, sobre el grueso de los argumentos del abogado del alcalde.

Peinado no archivó el caso hasta varios días después. Pero ese mismo viernes, un día antes de la cita del regidor con el juzgado, sí decidió anular la convocatoria para, primero, escuchar de nuevo al denunciante. La defensa de Martínez-Almeida alegaba que con la llamada para declarar se estaba sometiendo al alcalde a la “pena de banquillo” y el juez estimó que, efectivamente, en ese caso se podía estar ante una causa abierta solo con el objetivo de verle entrar y salir del juzgado.

El juez reconoció entonces que podía suponer un “inconveniente” que en casos de personajes o cargos públicos una citación del juzgado “puede comportar una estigmatización adicional”. Que los medios de comunicación publiquen “su imagen o saliendo de la sede judicial” puede llevar “per se a una desconsideración de su imagen”. Esta intención de perjudicar la imagen del querellado, añadía Peinado, puede ser la intención “perseguida por los denunciantes o querellantes”, en ocasiones “como primero y a veces fundamental de los objetivos”.

Eso, según dijo hace cuatro años el magistrado, debe llevar a los jueces a tener especial cuidado a la hora de poner fecha a las declaraciones de los investigados. “Debe ser objeto de cuidado por el órgano judicial y tener presente ese aspecto antes de citar caprichosamente a cualquier ciudadano”. En el caso del alcalde y su concejal, la citación “carece de sentido”. Unos pocos días después la causa, abierta por la denuncia del abogado José Luis Mazón, fue archivada.

Begoña Gómez, citada como investigada

Este martes el magistrado ha hecho pública la citación como investigada de Begoña Gómez para el próximo 5 de julio. La comparecencia llega después de que el instructor haya decidido abrir diligencias a raíz de una denuncia de Manos Limpias, pseudo sindicato liderado por el ultra Miguel Bernad, que en la última década ha interpuesto decenas de denuncias y querellas contra políticos que han acabado en el archivo.

El propio Bernad reconoció que su denuncia se basaba en noticias publicadas en diversos medios de comunicación e incluso se dirigió al juzgado para pedir que no se tuviera en cuenta una de ellas: el bulo de The Objective que atribuía una subvención a la esposa del presidente del Gobierno que, en realidad, había sido concedida a una hostelera de Cantabria que se llama exactamente igual.

La citación también llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya descartado irregularidades tanto en rescate de Air Europa como en las adjudicaciones públicas a la UTE de Carlos Barrabés. También después de que dos periodistas que han declarado como testigos hayan afirmado que tampoco tienen constancia de presiones o irregularidades. Y antes de escuchar las explicaciones de seis testigos, entre ellos el propio Barrabés o directivos de Red.es, la empresa pública que firmó las adjudicaciones puestas bajo sospecha por la denuncia de Manos Limpias.

Un juez de Madrid ha imputado a Pilar del Castillo, eurodiputada del PP y número nueve de la lista del partido a las elecciones europeas de este domingo, en una causa que investiga si ella y varios de sus socios conspiraron y denunciaron en falso a un empresario del sector tecnológico. Según documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es, las diligencias llevan abiertas desde febrero y el pasado nueve de mayo el titular del juzgado llamó a declarar como investigada a la exministra para el 28 de mayo, pero su comparecencia no fue posible al no ser localizada y el caso sigue abierto a la espera de una nueva citación.

La querella, firmada por uno de sus antiguos socios en una empresa en la que tuvo acciones mientras era eurodiputada, le atribuye delitos de administración desleal, denuncia falsa y organización criminal. Este medio se ha puesto en contacto con el PP a lo largo de todo este martes y a través de los cauces oficiales para tratar de obtener una valoración del partido acerca de la imputación de Del Castillo. Por el momento, no ha recibido respuesta.

Según la querella y la documentación que ha podido examinar elDiario.es, en agosto de 2006 la ya entonces eurodiputada firmó su entrada en el accionariado de una empresa del sector tecnológico llamada Tecnofor Ibérica SL: 733 participaciones por un valor de 90.000 euros repartido entre el capital social y la prima de emisión. Posteriormente, ya en abril de 2013 y a través de otra empresa llamada Attendance Estudios y Consultoría, adquirió participaciones de otra sociedad llamada Cloud Middle Trust SL.

La eurodiputada, según consta en la documentación aportada al caso, formó parte del accionariado de su compañía tecnológica de forma pacífica hasta que en 2012 varios socios empezaron a intentar vender la empresa para capear la crisis económica que había arrancado unos años antes. El autor de la querella relata en su escrito que los socios “pasaron a ejercer un incesante acoso societario” que culminó con una querella contra él por administración desleal. El caso que acabó en absolución.

El afectado pasó entonces al ataque y presentó una querella contra Pilar del Castillo y sus antiguos socios por administración desleal, denuncia falsa y organización criminal que, en octubre del año pasado, fue inadmitida por el juzgado número 14 de Madrid. El magistrado entendió que el trasfondo del asunto no eran tres delitos sino “serias discrepancias” entre los socios. Fue la Audiencia Provincial la que, ya en febrero de 2024, decidió ordenar la apertura de diligencias. “No resulta descartable”, dijo el tribunal, que sí hubieran existidos esos delitos.

La respuesta reciente del juez llegó a principios de este mes de mayo, dos días después de que se registraran las candidaturas para las elecciones europeas: el día nueve de mayo, hace casi un mes, firmó la citación de Pilar del Castillo y el resto de querellados como investigados para el pasado 28 de mayo.

Fuentes del caso explican que ni ella ni otros acusados fueron localizados y las declaraciones se suspendieron sin que, por el momento, el instructor haya fijado una nueva fecha. También explican que por el momento no se ha realizado ninguna argumentación sobre si debe ser el Tribunal Supremo el que asuma la causa por su aforamiento como eurodiputada.

“Ha sido pieza decisiva para el fraude”

La querella entiende que la responsabilidad por todos estos hechos se extiende a los socios de la sociedad, entre ellos Pilar del Castillo. Considera a dos de los investigados “los verdaderos cabecillas del grupo criminal” y sobre la eurodiputada, razona: “Aunque pueda parecer que ha tenido menor participación en los hechos, ha sido pieza decisiva en el grupo criminal para que el fraude se haya materializado”.

En el caso de la candidata del PP a las próximas elecciones europeas el denunciante cita los hechos que le imputa. “Votar a favor de acuerdos claramente perjudiciales para las mercantiles y el querellante”, reprocha, en primer lugar. Y participar en una estrategia para que dimitiera, entraran nuevos socios en la empresa y que finalmente otro de los acusados “llevara a cabo la operación acordeón”.

Pilar del Castillo Vera (Nador, 1952) fue ministra de Educación y Cultura entre los años 2000 y 2004, durante la última legislatura de José María Aznar, después de estar cuatro años al frente del CIS. Consiguió un escaño en el Parlamento Europeo tras ir como número ocho en las listas del PP que encabezó Jaime Mayor Oreja en el año 2004, puesto en el que ha permanecido desde entonces. Actualmente ocupa el número nueve de la lista del PP a las elecciones europeas de este domingo que lidera Dolors Montserrat.

La declaración de bienes de Pilar del Castillo no refleja que en el pasado informase al Parlamento Europeo sobre las acciones que ostentó en esta empresa. El Código de Conducta del Parlamento explica que la declaración de intereses privados tiene que recoger “la participación en empresas o sociedades, cuando pueda tener implicaciones políticas o cuando otorgue al diputado una influencia importante en los asuntos de los organismos de que se trate”. No consta que la empresa en la que la eurodiputada tuvo acciones responda a esas características.

Otros dos altos cargos del Gobierno vasco han sido imputados en una investigación penal, según consta en dos resoluciones de la Comisión de Ética de Euskadi. Estos documentos se han anonimizado a tal extremo que no consta ni la identidad de los investigados, ni su cargo concreto en el organigrama de la Administración vasca, ni el juzgado que investiga, ni los hechos que se les imputan ni el origen de la causa. Este periódico ha preguntado a varias fuentes oficiales del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, ahora en funciones, y solamente han precisado que esas causas han quedado totalmente archivadas y esos dos cargos exonerados.

La Comisión de Ética de Euskadi, un órgano que está presidido por la consejera en funciones Olatz Garamendi, ha publicado dos documentos prácticamente gemelos en torno a dos personas que habían recibido una “citación” para “ser oídos” en “calidad de investigados” por ser “responsables de hechos constitutivos, aparentemente”, de delito. Ambos, como es preceptivo, han elevado una consulta a este foro, que ha autorizado a su continuidad hasta que, en su caso, pueda celebrarse un juicio, aunque aparentemente esto nunca será así. Eso sí, se les pedía “seguir colaborando con la Administración de Justicia y atendiendo puntualmente todos los requerimientos”.

Es ya una doctrina asentada de la Comisión de Ética que la sola investigación penal no es motivo para el cese salvo que se haya producido “en unas condiciones de alarma social irreconciliables con las exigencias de la ejemplaridad”, es decir, que haya un delito flagrante. “No resulta fácil ponderar la gravedad de los hechos investigados sin incurrir en el riesgo de anticipar un juicio sobre el fondo de la cuestión planteada en el proceso penal. [Es] Algo que ni nos corresponde realizar ni está en nuestro ánimo hacer. Ello aconseja mantener, sin modulación alguna, el criterio general sentado”, se puede leer en ambos dictámenes.

La resolución sí da a entender que “se encuentra todavía lejos” la posible apertura de un juicio, aunque más tarde fuentes oficiales han indicado que ya se ha resuelto el asunto y en sentido favorable a los citados. Sólo si hay juicio hay que “empezar a hacer efectivas las exigencias éticas” con el objeto de “salvaguardar la imagen de la institución”. “En el extremo contrario, la alternativa de fijar en el acto de investigación el momento procesal a partir del cual el acceso a un cargo público o la permanencia empiezan a resultar incompatibles con el principio de ejemplaridad puede constituir una exigencia desproporcionada y hasta cierto punto irrespetuosa con la cultura de las garantías penales y procesales”, se añade.

La Comisión de Ética indica ya que son “numerosos” los casos de altos cargos imputados sobre los que ha tenido conocimiento. En toda la trayectoria de este organismo, coincidente con la etapa de Urkullu, apenas en una ocasión ha recomendado un cese. Fue al inicio, cuando trascendieron adjudicaciones de la sociedad informática autonómica Ejie a una empresa relacionada con su director, Agustín Elizegi. Después, los tirones de orejas han llegado en forma de comunicaciones en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de apercibimientos por cumplimiento “insuficiente” de los estándares éticos, como les ocurrió a Hernando Lacalle del PNV o Iván Pedreira del PSE-EE.

En España, la corrupción y las imputaciones judiciales han llegado a tumbar gobiernos a escala nacional. Sucedió con Felipe González en 1996 y con Mariano Rajoy en 2018. Pero en las últimas elecciones municipales y autonómicas los cabezas de lista salpicados o directamente imputados en causas judiciales han obtenido resultados dispares. Candidatos y candidatas del PP como los de Arroyomolinos, Marbella o Badalona han triunfado con mayorías absolutas mientras que otros vinculados al PSOE como los de Ibiza o Móstoles han perdido el bastón de mando. En otros territorios como Cuadros (León) el ganador llegaba imputado a la urnas y acaba de ser condenado en la trama Púnica por corrupción. “La corrupción no es un asunto de moda”, analiza la politóloga Carmen Lumbierres.

En la Comunidad de Madrid dos candidatas encabezaban las listas para retener las alcaldías en los municipios de Móstoles (207.000 habitantes) y Arroyomolinos (30.000). En el primero, la socialista Noelia Posse perdió la alcaldía que ostentaba desde 2018 ante la victoria del PP, que con la ayuda de Vox alcanza la mayoría absoluta. La segunda ciudad más grande de Madrid después de la capital se ha decantado por cambiar de regidora después de que Posse se haya visto envuelta en dos tipos de escándalos en los últimos años.

Por un lado, por la contratación de sus propios familiares en el consistorio y, por otro, el caso ITV: recientemente la Audiencia de Madrid ordenó reabrir la causa contra ella y otros miembros de su corporación por supuesto trato de favor a una empresa a pesar de que mantenía deudas con la corporación municipal. En un primer momento, el juzgado había entendido que no solo no había delito sino que había hecho lo mejor para las arcas municipales.

Los resultados de Posse y el PSOE en Móstoles contrastan con los cosechados por el PP en Arroyomolinos, donde ha mejorado mucho desde 2019 y podrá seguir gobernando con la ayuda de Vox. La candidata y alcaldesa, Ana Millán, 'número tres' de Isabel Díaz Ayuso en el PP regional, revalida el mandato en plena investigación judicial por supuesta corrupción política y cobrar de un empresario contratista de su ayuntamiento. Ha pasado de los cinco concejales que consiguió en 2019 a los ocho ediles que le permitirán retener la alcaldía con el apoyo de la ultraderecha y también ha conseguido un escaño en la Asamblea regional, lo que implica que estará aforada y su caso pasará a manos del Tribunal Superior de Madrid.

Otro candidato del Partido Popular ha conseguido una aplastante mayoría absoluta a pesar de concurrir imputado a los comicios municipales. Se trata de Xavier García Albiol, que concurrió a las urnas en Badalona imputado por una instalación supuestamente irregular de antenas cuando era alcalde y con una petición de dos años y diez meses de cárcel por parte de la Fiscalía. El éxito electoral pocos meses después de conocerse la petición de prisión ha sido inapelable: 18 concejales, cuatro por encima de la mayoría absoluta, y el mejor resultado del PP en la localidad catalana.

Desde Ourense hasta Parla pasando por Marbella

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense por Democracia Ourensana, llegaba en un momento complicado a las urnas el pasado domingo. El diario La Región publicó una serie de audios en los que el regidor presumía de cómo blanquear dinero y la Fiscalía decidió abrir una investigación mientras él denunciaba la colocación de micrófonos en su despacho.

El resultado ha sido 6.500 votos y tres concejales más para Pérez Jácome con respecto a 2019. A cuatro ediles de la mayoría absoluta pero con opciones de gobernar si vuelve a conseguir el apoyo del Partido Popular, que le sostiene al frente de la capital ourensana desde 2019.

Sin imputación de por medio, las sospechas y causas judiciales reveladas por elDiario.es tampoco han pasado factura a Ángeles Muñoz, senadora y alcaldesa de Marbella por el Partido Popular. Ha conseguido 600 votos más que en 2019 y el mismo número de concejales, un total de 14 ediles que marcan justo la mayoría absoluta.

Tal y como ha desvelado este periódico, el hijastro de Muñoz es uno de los procesados en una causa de narcotráfico y blanqueo seguida en la Audiencia Nacional en torno a una organización criminal radicada en Marbella. Una causa en la que no se han investigado los indicios de corrupción que rodean a la alcaldesa y en la que los audios intervenidos apuntan, entre otras cosas, a que Muñoz organizó reuniones entre su hijastro imputado y sus concejales. Por el momento, también, la regidora se resiste a informar al Senado sobre su patrimonio.

La presencia de una acusada de tráfico de drogas en sus listas tampoco ha pasado factura a Vox. La formación ultraderechista ha igualado los tres concejales que sacó en Parla en 2019, aunque con 900 votos menos, pocas semanas después de que la número tres de su lista electoral fuera detenida y acusada de liderar una organización de tráfico de drogas.

En Eivissa las imputaciones judiciales sí han precedido a un vuelco electoral. El PSOE, que en 2019 consiguió la alcaldía con nueve concejales, ha caído a siete ediles mientras que el PP se ha asegurado la alcaldía bastante por encima del umbral de la mayoría absoluta. Rafael Ruiz, alcalde socialista, concurrió como cabeza de lista un mes después de ser imputado en una trama de supuesta corrupción por amaño de contratos en las instalaciones portuarias de Balears para beneficiar a entidades privadas.

“La corrupción no es un asunto de moda”

Carmen Lumbierres, doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, explica a elDiario.es que no existe una “teoría clara” sobre el peso de la corrupción a la hora de acudir a las urnas, pero sí que el pico de preocupación ciudadana sobre este asunto llegó con el movimiento del 15M o, en el caso de la derecha, con la irrupción de Ciudadanos, y que eso queda lejos. “En ese momento pesó mucho, era uno de los ejes de la política española, frenar la corrupción. Y hubo tolerancia cero o casi, pero creo que esa etapa, por ahora, se cerró tras la década de 2010”, analiza.

Para la politóloga, la corrupción es un tema que “interesa poco a los ciudadanos. Sorprendentemente, no hay un castigo electoral a corto plazo”. Y cita entre otros motivos los tiempos de los procesos judiciales, “muy largos” en comparación con los plazos políticos y mediáticos. “La gente se olvida por el camino de lo que ha ocurrido, eso hace que se disuelva en el tiempo y en la conciencia de los votantes”.

El voto, explica Lumbierres en declaraciones a este periódico, va en otra dirección. “Un voto mucho más emocional, del momento y menos evaluativo. La corrupción no es un asunto de moda y la gente vota por otros aspectos emotivos y como todas las modas, cuando tocó el independentismo tocó eso, pero ahora realmente no se castiga”.

Condenado un día después de ganar

Una imputación judicial no impide, más allá de los códigos éticos que los partidos deciden aplicar o no aplicar, que un político se pueda presentar a unas elecciones o seguir en su cargo. Eso solo se puede impedir mediante una condena, que en algunos casos debe ser declarada firme para que surta efecto. En la localidad leonesa de Cuadros (2.000 habitantes) los caminos de la Justicia y la política se han cruzado y Marcos Martínez Barazón, alcalde independiente tras ser expulsado del PP, ha sido condenado a ocho años y medio de inhabilitación por corrupción un día después de conseguir mayoría absoluta en las urnas.

Antes de ir a las urnas como independiente, Martínez Barazón fue presidente de la Diputación de León durante medio año en 2014 por el PP, además de ser alcalde de Cuadros desde hace más de tres décadas. Fue expulsado de la formación después de pasar dos meses y medio en prisión provisional, constituyó su propio partido para seguir ganando elecciones y este 2023 se ha enfrentado a un doble examen: el de las urnas y el de los jueces. En las urnas sacó un sobresaliente el pasado 28 de mayo con una mayoría absoluta de siete concejales y 80 votos más que en 2019. Un día después, sin embargo, suspendía la prueba judicial con una condena de ocho años y medio de inhabilitación por su implicación en la trama Púnica.

La sentencia sobre esta pieza leonesa del caso, firmada el 29 de mayo y conocida el día 30, le atribuye un delito de prevaricación. Según la Audiencia Nacional, en los pocos meses de 2014 en los que estuvo al frente de la Diputación Martínez Barazón adjudicó 12.000 euros de publicidad institucional de forma irregular a las empresas de Alejandro de Pedro, considerado el conseguidor de la trama. El sistema irregular, que arrancó con Isabel Carrasco como presidenta, permitía que las facturas se pagaran de forma casi inmediata, sin ningún procedimiento de contratación de por medio y evitando que otros medios pudieran optar a esa publicidad institucional.

Las consecuencias de esta condena están por ver. La sentencia no es firme y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. No estaba inhabilitado cuando se presentó, pero ahora los jueces tendrán que decidir si su condena le impide coger el bastón de mando de esta localidad leonesa por novena legislatura consecutiva o si podrá ejercer hasta que el alto tribunal diga la última palabra tras su recurso, tramitación que suele tardar más de un año y medio.

Condenados por violencia machista

Más allá de la corrupción, una condena por violencia machista tampoco ha impedido que Matías González Cañón haya aumentado sus apoyos como candidato del PP en la localidad gallega de A Illa de Arousa (4.800 habitantes), aunque la izquierda sume mayoría absoluta y no tenga opciones de gobernar. Tal y como reveló elDiario.es, González fue condenado en 2011 a cumplir servicios para la comunidad por agredir a su pareja, que terminó con un diente roto.

En esa localidad, el PP con el candidato condenado ha pasado de cuatro a cinco concejales y ha sumado 400 votos más que el partido en 2019. Algo similar a lo sucedido en Malpartida de Cáceres (4.100 habitantes). Alfredo Aguilera, ex del Partido Popular y ahora independiente, ha conseguido siete concejales y la mayoría absoluta, mejorando los resultados de 2019 cuando se presentó por el PP. Entre los dos comicios, Aguilera fue condenado por agredir a su esposa y la Justicia declaró que no podía seguir al frente del consistorio. El pasado domingo obtuvo 54 votos y un edil más que en las últimas elecciones municipales.

Para Lumbierres, la violencia machista tampoco es un asunto que lleve a los votantes a las urnas. “Es un tipo de terrorismo contra las mujeres, más de 1.200 mujeres asesinadas desde 2003, pero no consigue una verdadera movilización en el electorado español”, explica. Apunta, además, a un “negacionismo” de esta criminalidad entre los hombres jóvenes, junto a la presencia de Vox como “tercer partido en número de votos en este país” mientras “niega la violencia machista”. La violencia de género, afirma, tiene presencia mediática pero “forma parte del paisaje sociológico y nos hemos acostumbrado a que esto ocurra y no se penaliza, son ejemplos claros de que es perdonable, una cosa como privada o personal y no pública”.

Donald Trump ha vuelto a hacer historia: el primer presidente en sufrir dos juicios políticos será también el primero —en activo o retirado— en sentarse ante los tribunales. Así lo ha decidido, según las filtraciones de cinco fuentes al New York Times, el gran jurado de Manhattan que investiga su presunto pago de dinero negro en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels, a quien sobornó en plena campaña electoral para silenciar la relación extramatrimonial que habían mantenido diez años antes. 

La respuesta del expresidente no se ha hecho esperar. Minutos después de conocer la noticia, ha publicado un comunicado en el que acusaba a la Justicia de Nueva York de haber cometido una “persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia” de Estados Unidos. Trump ha asegurado que “esta caza de brujas se volverá en contra a Joe Biden”. El magnate lleva repitiendo desde que anunció su candidatura para las primarias el mensaje de que el presidente está “instrumentalizando” a la Justicia desde el gobierno federal, de la mano de las “oscuras fuerzas” del “estado profundo”. Un alegato que, si cabe, ganará todavía más centralidad en su discurso de cara a las presidenciales de 2024.

El exmandatario ya aventuró hace dos semanas, a través de su red social (Truth Social) que sería detenido de manera inminente, al afirmar que le habían llegado “filtraciones ilegales de una fiscalía corrupta y altamente politizada”, pero finalmente la imputación no se ha producido hasta este jueves. Desde entonces, ha publicado una sucesión de mensajes pidiendo —en un tono muy similar a los mensajes incendiarios que publicó los días previos a el asalto al Capitolio— que sus seguidores tomen las calles: “Protestad, recuperad nuestra nación”, alentó a los trumpistas, asegurando en los días posteriores que su imputación podría provocar “potencial muerte y destrucción” en todo el país. 

EEUU se prepara para una imputación histórica

La policía de Nueva York (donde tendrá lugar el juicio, que probablemente demorará su inicio más de un año) y Washington (sede de los tres poderes federales) ya movilizó sus planes de contingencia la semana pasada, ante la previsión de protestas tras el anuncio de Trump. Ahora que se ha conocido la noticia, las fuerzas de seguridad mantienen la guardia para el momento decisivo: la llegada de Trump al tribunal, ya sea por cuenta propia o esposado, donde las autoridades le harán una fotografía y le tomarán las huellas dactilares para su ficha policial, y tendrá que escuchar la lectura de sus derechos y los cargos de los que se le acusa. Una imagen sin precedentes en EEUU, que según diversas fuentes afirman a la CNN, podría tener lugar el próximo martes.

Todavía no se conocen los cargos que enfrentará el exmandatario, aunque se prevé que el fiscal de distrito, Alvin Bragg, haga oficial en los próximos días su imputación por falsificación documental. El expresidente niega la relación y el soborno a Daniels, pero Michael Cohen, que entonces era su abogado, ya confesó que había entregado el dinero a la actriz y que Trump lo había reembolsado. Además de esta aventura con Daniels, varios medios aseguran que el gran jurado ha estado examinando en las últimas reuniones -que son secretas- un segundo caso en que una modelo de Playboy, Karen McDougal, también acusa al magnate de haberle pagado dinero (unos 150.000 dólares) a cambio de su silencio sobre una relación sexual. Esta revelación añadiría más leña a la acusación contra Trump, porque podría servir para demostrar un patrón de conducta.

Comprar el silencio de alguien, en sí mismo, no es un crimen en el estado de Nueva York, pero sí lo es la falsificación de documentos para disimular el pago que el expresidente habría hecho a su abogado en 2016: es un delito menor (misdemeanor) que puede ser castigado con hasta un año de prisión. Se convierte en delito grave (felony) si esta falsificación sirve para la comisión de otro crimen, como la violación de la ley electoral. De este modo, la acusación entendería el pago como una donación encubierta, porque sirvió para silenciar un escándalo mediático y limpiar la imagen del expresidente en el tramo final de su campaña electoral.

Esta imputación es la primera que prospera de una larga lista de investigaciones judiciales -por causas civiles y penales, políticas y empresariales- contra el expresidente, y a su acusación en Nueva York podrían sumarse otros cargos más graves: por intentar revertir el resultado de las presidenciales en 2020 en Georgia, por llevarse centenares de documentos clasificados a su residencia de Mar-a-Lago (en Florida) o por su papel en el asalto al Capitolio, entre otros.

Trump se autodenomina “el hombre más inocente” de la historia de los Estados Unidos porque, según asegura, ha librado “11 millones de páginas” de documentos y “no han encontrado nada”, como afirmó el pasado sábado en su primer mitin de campaña, en Waco (Texas). En caso de ser encarcelado por alguno de los casos que pesan sobre él, esto no impediría al magnate presentarse a las elecciones. Algo que probablemente no ocurrirá, ya que diversos expertos legales aseguran que el juicio podría tardar más de un año en comenzar, coincidiendo con el último tramo de la campaña presidencial, por lo que no daría tiempo para un hipotético encarcelamiento.

Los republicanos cierran filas con el expresidente

Esta histórica imputación llega en plena campaña para el liderazgo del Partido Republicano, que se encuentra dividido, especialmente desde los comicios de mitad de mandato de noviembre. En ellos, Trump obtuvo unos decepcionantes resultados electorales, y las voces disonantes no tardaron en cuestionar su rol como líder, tachando su controvertida figura como una de las causas de la debacle. 

Aun así, a pesar de la división interna, las principales voces conservadoras han cerrado filas con el exmandatario de manera casi unánime: el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, elegido en enero después de hacer una serie de concesiones al ala dura de su partido, ha comprado la narrativa trumpista con un tuit donde asegura que “Bragg ha dañado irremediablemente a nuestro país en un intento de interferir en nuestra elección presidencial”. También lo ha hecho Ron De Santis, el principal adversario interno de Trump -a pesar de todavía no se ha presentado a las primarias-, tuiteando que “la instrumentalización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba al estado de derecho. Es anti-americano”.

Además, el gobernador de Florida ha asegurado que no asistirá a una solicitud de extradición del expresidente, si es que se da, por parte de las autoridades de Nueva York. Se cree que Trump se encuentra en estos momentos en el estado que DeSantis dirige, en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde el FBI requisó el verano pasado cientos de documentos clasificados. Según diversos medios estadounidenses, el fiscal Bragg ha contactado a la defensa de Trump “para coordinar su rendición”, por lo que esperan que esta extradición no sea necesaria.

El mejor método para cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás

Napoleón

La Justicia no es un partido de fútbol y esta columna no es para ninguna barra, sino para personas que quieran asomarse a la realidad. Mónica Oltra ha sido llamada a declarar como imputada y yo se lo anuncié en esta misma columna –Oltra en la habitación–. No se trataba de videncia, como nunca en mis escritos, sino de análisis. Con la exposición razonada del instructor, muy buena y muy razonada, no cabía otra que la imputación, lo contrario hubiera sido prevaricar. Es una valoración realizada con el mismo conocimiento de la justicia y la misma ponderación que cuando les dije que la exposición razonada realizada contra Pablo Iglesias por García-Castellón era una basura que no iría a parte alguna –Los mamporreros de la Nacional– o cuando les dije que era una trapacería de Batet arrebatarle el escaño a Alberto Rodríguez –Nosotros, el pueblo–, como se verá cuando en breve el TC conceda las cautelares y se lo devuelva. O cuando con mucha polémica les dije que no se podía jalear a Juana Rivas porque acabaría condenada por secuestro –Juana no está en mi casa–. Puedo seguir hasta cansarme porque nunca ha habido en mis análisis periodísticos sobre temas jurídicos nada que no se contenga en esas palabras: análisis, jurídico y periodístico. 

Es preciso primero entender qué significa llamar a Oltra como imputada y por qué no quedaba otro remedio, y también qué es lo que la Justicia busca saber en este caso en el que hay 13 personas imputadas por prevaricación, abandono de menores y omisión de la persecución de delitos. Sucede que una vez iniciado el procedimiento judicial por abusos sexuales contra el aún marido de Oltra se inició un expediente administrativo paralelo que, una vez diseccionado por el juez instructor durante meses, más de un año, ha resultado un expediente dirigido a “desacreditar a una menor víctima de abusos sexuales” –por los que recayó condena de más de 5 años al ex marido de Oltra, sin que ninguna instancia judicial dudara de la credibilidad de la niña– y a “interferir en un proceso penal”. 

Resulta entonces que 13 funcionarios especializados en menores y en su tratamiento llevaron a cabo acciones administrativas que podrían encuadrarse en esos delitos. Llegados a este punto de la instrucción solo caben dos inferencias lógicas: o lo hicieron motu proprio para beneficiar a su jefa, sin que ella lo supiera, –un poco como las profesoras del máster de Cifuentes, ironía on– o lo hicieron por indicación de su jefa, Mónica Oltra, para encubrir al abusador o para proteger la carrera política de esta última. No queda más remedio que preguntarle a ella judicialmente y la única forma que puede haber para proteger sus derechos, puesto que podría comprometerse y no puede declarar como testigo obligada a decir verdad, es imputarla. Quien pretenda que no había que imputar a Oltra pretende que no nos importe saber por qué no solo no se protegió ni se preguntó ni se ayudó a una niña que había sido abusada en un centro en el que se la debía proteger, sino también por qué se contribuyó a desprestigiarla, desacreditarla y convertir a la víctima casi en una delincuente. Yo sí te creo, hermana. Seamos consecuentes. En el centro de acogida lo fueron tan poco que permitieron que Teresa fuera llevada a declarar como testigo-víctima de abuso sexual esposada, como si fuera una criminal. Un escándalo apoteósico.

Hasta ahí el análisis objetivo de las circunstancias judiciales en las que se encuentra Oltra. La cuestión es que se encuentra en muy mala posición jurídica y política y en buena parte se la ha buscado ella misma. 

“El expediente lo encargué yo”, dijo airada en Les Corts, no en una entrevista ni en Twitter, sino en sede parlamentaria. A los 20 días se desdijo, supongo que con asesoramiento de un letrado, porque si el expediente anómalo lo encargó ella, ella está a la cabeza de las acciones que se han calificado de delictivas. 

Más allá de eso, también intentó negar que al iniciarse el expediente ella conociera la existencia de un procedimiento penal contra su marido, pero en la documentación judicial figura claro que cuando se emitió citación para él, esta fue recogida por Oltra en la residencia conyugal. “Tuvo conocimiento Mónica Oltra, pero no la vicepresidenta”, ha llegado a afirmar. Esto ni lo comento. 

Llegamos entonces a la patética rueda de prensa tras la imputación, que Oltra decidió dar vestida de lila, quiero pensar que por azar y no por reivindicación feminista en este desgraciado asunto. “La frase que define el auto es que no existe prueba directa”. No puede ser una manipulación más vergonzosa. Dice el auto: “Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada, pero sí que concurren unos indicios plurales, que hacen pensar que fueron orquestados con ese fin, tanto por la persona a la que beneficiarían [Oltra] como por la relación que presentan con el proceso penal que intentaron obstaculizar [el del marido de Oltra]”. Y ahora díganme ustedes: si se han producido delitos al realizar una acción que solo tiene dos posibles beneficiarios y en último término una gran beneficiaria, Mónica Oltra, ¿cómo no va a investigarla la Justicia? 

“Esto es cuestión de la extrema derecha que no puede ganar”, afirmó en rueda de prensa. Una frase para uso exclusivo de seguidores muy cafeteros. La extrema derecha, en efecto, presentó una denuncia inicial. No voy a decirles nada sobre la persona que lo hizo, metan su nombre y el mío y verán que poco delicadas injurias me ha dedicado durante años, pero es que ella no es importante para nada en esta historia. Puestos los hechos en conocimiento de la Justicia, tanto el juez instructor como la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert (de la Unión Progresista de Fiscales y feminista de larga trayectoria), tras una instrucción con todas las garantías han visto lo que yo les cuento y coinciden en la necesidad de tomarle declaración. No hay ningún lawfare aquí ni ninguno de los dos son sospechosos de nada. ¿Por qué iba a decirles lo contrario cuando tantas veces he señalado a los jueces que sí han llevado a cabo tropelías procesales incluso contra personas del mismo espectro político que Oltra?  

Y, por último, vamos al tema de su solicitada dimisión, en el que también se ha metido ella misma. Yo he defendido durante años que la mera imputación no debería ser causa de exigencia de responsabilidad política –la dimisión o el cese– precisamente para soslayar las imputaciones espurias o aquellas que terminaran en sobreseimiento. Siempre he pensado que técnicamente es el auto de procesamiento –cuando ya ha concluido la instrucción y se va a pasar a los trámites de juicio oral– cuando los datos acumulados son suficientes para exigir ese paso de responsabilidad política, que casi siempre es un paso sin retorno. Fue la izquierda la que se vino arriba cuando al PP le empezó a aflorar la corrupción y así muchos partidos crearon códigos éticos que lo exigían. En ese marco le dijo, también en sede parlamentaria, Oltra a Camps: “El día que me vea como usted, imputada, me iré a casa”. No hay más palabras, señoría, o no debería haberlas si uno es de una pieza. 

Todas las demás cuestiones poco tienen que ver. Me produce una profundísima vergüenza ver a sectores de la izquierda capaces de ver la paja y no la viga, que están dispuestos a pedir responsabilidades cuando hay que hacerlo, siempre que sea al adversario y no al propio. Pues, ¿qué quieren que les diga?, la superioridad moral de la izquierda que tanto le molesta a la derecha reside precisamente en lo contrario: en ser igual o hasta más exigente con los propios que con los contrarios. 

Lo cierto es que ahora mismo Oltra con sus actitudes pasadas –porque ella se pudo poner públicamente al frente de la protección de la menor abusada– y las presentes está perjudicando a Compromís, al Govern valenciano, a Ximo Puig, a Yolanda Díaz y su proyecto y también al PSOE, que precisa de un resultado determinado de este espectro ideológico para poder aspirar a gobernar una legislatura más. 

Mónica Oltra, por ética, por estética y por política, lo que tiene que hacer es dimitir.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se pronuncia por primera vez, a través de sus abogados, en el plano jurídico ante la posibilidad de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la cite a declarar en calidad de investigada por la supuesta desprotección de una menor abusada por parte de un trabajador social, exmarido de la líder de Compromís. Las alegaciones llegan tras el posicionamiento favorable de la Fiscalía a que Oltra declare ante los tres magistrados que conforman la Sala.

En síntesis, la defensa de Mónica Oltra niega que durante la instrucción del juez Vicente Ríos hayan aflorado ni siquiera indicios de que la vicepresidenta ordenara una investigación interna en el seno de su departamento para desacreditar el testimonio de la menor tutelada. Además, la defensa de Oltra recuerda que la misma sala rechazó, en respuesta a una querella de la activista ultra Cristina Seguí, la imputación de la número dos del Ejecutivo valenciano. La instrucción pretendía determinar si la apertura de un expediente informativo por parte de la conselleria en el caso del abuso derivó en un intento de desprotección de la menor tutelada.

La defensa de Oltra recuerda que un auto de la misma Sala, que desestimó la querella de la activista ultra Cristina Seguí, argumentó que la causa se limitaba a juzgar la comisión de un delito de abuso sexual. Los “juicios de valor” introducidos en la sentencia que condenó al exmarido de Oltra, en los que la querellante se basó, “no pierden su naturaleza porque se introduzcan en una sentencia, pero sí pueden tener una repercusión más allá del proceso cuando son utilizados de forma espuria en el juego político o en la creación de un proceso penal con importantes consecuencias mediáticas, tal y como está ocurriendo en el presente caso”, agrega el escrito.

“Llama poderosamente la atención” que la exposición razonada del juez instructor ante ante el TSJ-CV “no plantea ni razona” indicios. “No se concretan qué hechos han sido cometidos por la vicepresidenta y consellera, ni cuál es la ilicitud de los mismos, ni tampoco a qué supuestos de hecho tipificados penalmente se corresponden”, agrega.

Las alegaciones de Oltra lanzan un dardo al instructor: “Desconocemos si nos encontramos ante un reproche personal, político o de otro tipo”, señala la defensa, que también considera “cuanto menos sorprendente que el instructor efectúa (...) una serie de preguntas retóricas (como él mismo reconoce) reflejando en la exposición una contestación”.

El escrito sostiene que ninguno de los funcionarios imputados en la causa “cometió delito alguno” pero alega que “ningún hecho o nexo” puede “unir” sus decisiones con las de Oltra. La defensa de la vicepresidenta, que ejercen los letrados Daniel Sala y Miguel Ferrer Fernández, también reprocha al instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que incluyera en su exposición razonada “valoraciones que carecen de trascendencia penal alguna y se adentran en conjeturas sobre sus consecuencias políticas, que deberían estar alejadas de este foro”.

El magistrado Vicente Ríos afirmaba que “a la vista están, en el plano de las eventuales responsabilidades políticas, los repetidos ataques de que ha sido objeto a raíz de que los hechos fueron conocidos por la opinión pública”. Sin embargo, las alegaciones de Mónica Oltra argumentan que “estas elucubraciones” del instructor “no pueden sostener ningún indicio, toda vez que lo relevante es que existiera algún hecho concreto y acreditado” sobre la participación de Oltra y que, además, tuviera naturaleza delictiva, “debiendo tener especial prudencia para evitar la desnaturalización del proceso penal, provocando que un juicio de oportunidad estrictamente político acabe resolviéndose en los tribunales de la jurisdicción penal”. 

El escrito incide en las declaraciones en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación de la vicepresidenta sobre el expediente informativo abierto en el seno de su departamento tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de menores a raíz de la denuncia de la menor Maite T. El instructor sostiene que Oltra pretendía abrir una investigación paralela para desacreditar a la víctima. “Ninguna las dos premisas son ciertas, ni están acreditadas, por lo que consideramos que son meras elucubraciones”, reza el escrito de alegaciones.

El juez asegura que Oltra ordenó a una subordinada que abriera un expediente informativo. Por el contrario, los letrados de la líder de Compromís señalan que la conclusión “es errónea y especulativa” y “contradice el resultado de la instrucción”. El escrito recuerda que tanto Rosa Josefa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia, como la subdirectora Gema Plaza descartaron “de forma rotunda la intervención de terceras personas” y, singularmente, de Mónica Oltra. 

Aunque también señalan que la apertura del expediente informativo “entra dentro de las atribuciones de la Administración”. “Elementales pautas de sentido común justifican que ante el conocimiento de la Dirección General de Infancia y Adolescencia de la existencia de unos hechos que afectan a una persona menor tutelada se aperture un expediente para conocer qué ha fallado, cómo se ha actuado con anterioridad y esclarecer a nivel interno qué es lo que ha podido ocurrir y cómo pueden mejorarse los protocolos de actuación”, agrega el escrito. 

Además, recuerda la defensa de Oltra, ninguno de los funcionarios de su departamento o de los trabajadores de la Fundación Espill, encargada del informe que no dio credibilidad al testimonio de la menor, “ha señalado la participación directa o indirecta” de Oltra. “Cada una de las personas interrogadas ha asumido lo que hizo, con plena transparencia, profesionalidad, sinceridad y completa colaboración con el órgano instructor, dando cuenta de las motivaciones de actuación en cada caso, defendiendo con rigor la legalidad de su actuación y dando cuantas explicaciones han sido necesarias a requerimiento del instructor, máxime teniendo en cuenta lo exhaustivos y extensos que han sido los interrogatorios efectuados por el propio magistrado”, apostilla.

El escrito invoca un auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV, la misma que debe decidir si toma declaración Oltra como imputada, en un “caso análogo” tras la denuncia de un educador contra la consellera. La resolución, asegura la defensa de la vicepresidenta, justificaba la “razonabilidad” de la apertura de un expediente informativo en el marco de una denuncia por unos supuestos abusos a menores que finalmente fue archivada.

En definitiva, la defensa de Oltra sostiene que no hay motivo para tomar declaración como investigada a la vicepresidenta. “Los hechos han sido investigados, las extensas declaraciones dirigidas exhaustivamente por el magistrado instructor de todos los intervinieres han sido practicadas, extensa prueba documental ha sido aportada, y tras todo ello sólo siguen existiendo esas mismas manifestaciones públicas anticipadas por los querellantes que este ilustre Tribunal entendía que eran insuficientes para sostener la acusación contra la aforada y que lo siguen siendo en la actualidad”, concluye el escrito.

El entorno, en concreto la familia, de la directiva de la EMT despedida e imputada en el juzgado por el robo de cuatro millones que han acabado en China tiene una alta formación en finanzas y fiscalidad. Entre el marido y una de sus hijas administran o son consejeros hasta en tres Sicav (sociedades de inversión de capital variable), todas ellas radicadas en Madrid, según el registro mercantil. Otra de las hijas es empresaria.

Entre las tres sociedades de inversión de capital variable gestionan más de siete millones de euros, según los folletos presentados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El marido de la directiva despedida es un reputado financiero de la ciudad de València. Un administrador de grandes patrimonios experto en bolsa y especializado en finanzas. De hecho, las Sicav que administra son instrumentos financieros donde se reúnen inversores para invertir grandes cantidades con una tributación mínima.

Este experto ha hecho participe de estos vehículos de inversión a una de sus hijas que es consejera de dos de las Sicav, según el registro mercantil, lo que deja entrever que también han participado de las aportaciones dinerarias. El marido de la exdirectiva de la EMT es presidente, administrador y consejero delegado de una de las Sicav.

La hija tiene una particular cuenta de Twitter. De hecho, es una de las usuarias de la EMT más críticas, con constantes referencias negativas a la empresa donde trabajaba su madre.

La directiva despedida tenía un sueldo elevado por su importante responsabilidad y por su antigüedad, más de 50.000 euros. Este miércoles debía declarar ante la comisión de investigación creada en la EMT, pero ha declinado a hacerlo. En breve tendrá que acudir al juzgado para ser interrogada por el titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

El político ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen ha sido imputado este viernes por “malversación de fondos públicos” y “complicidad por instigación” en el caso de los empleos ficticios en el Parlamento Europeo, según ha confirmado su abogado, Frédéric Joachim.

Le Pen, fundador del Frente Nacional, actual Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), de 91 años de edad, ha acudido este viernes al tribunal de París acompañado de sus dos abogados y ha comparecido durante más de cuatro horas, durante las que los jueces tuvieron que parar la declaración pues se sentía “muy cansado”, según Joachim.

“Es un proceso claramente político y es escandaloso que una administración se mezcle en un caso de libertad de gestión”, ha señalado Joachim, que ha defendido la presunción de inocencia de su cliente.

Le Pen, que fue expulsado del partido ultraderechista por su propia hija, Marine, había sido convocado en abril en este caso, pero no acudió al tribunal al considerar que le protegía la inmunidad como eurodiputado, pese a que el Parlamento Europeo se la había retirado el mes anterior.

La Justicia sospecha que los dirigentes del partido pusieron en marcha un sistema mediante el que hacían pasar a los trabajadores del partido por asistentes parlamentarios para que fueran remunerados con fondos europeos.

Al parecer, entre 2009 y 2017, el FN utilizó hasta 7 millones de euros del Europarlamento para pagar a estos colaboradores.

Otros altos cargos del partido también han sido imputado en este caso, como su hija, Marine Le Pen, la expareja de ésta, Louis Aliot, o el tesorero, Wallerand de Saint-Just, y otra veintena de cargos.

El Juzgado de Instrucción número 10 de València ha archivado la denuncia del asesor del PP de València Luis Salom, en este caso contra el concejal socialista de Hacienda, Ramón Vilar, por la exención del pago del impuesto de Plusvalías al PSPV tras la venta de su sede en la calle de Blanquerías.

En el auto de archivo, la jueza aplica un duro correctivo a Salom al afearle que recurra a la vía penal para un tema más propio de un contencioso-administrativo y que lo haga un mes después de que la Fiscalía archivara una investigación por el mismo asunto tras una denuncia de Ciudadanos.

La denuncia de Salom, investigado (antes imputado) por presunto blanqueo en el caso Taula, estaba dirigida contra Vilar y contra el secretario general del Ayuntamiento Pedro García Rabasa, quien se jubiló el pasado mes de junio, por un presunto trato de favor en la exención del pago de 104.000 euros al PSPV en concepto del impuesto de Plusvalías por la venta de sus sede, cuando al Partido Comunista se le denegó en primera instancia la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Una exención que posteriormente sí que fue aceptada, tras recurrir los comunistas.

Sin embargo, entre otras cuestiones, la jueza argumenta que el acuerdo de la junta de Gobierno local por el que se acepta al PSPV la exención del pago del tributo no fue recurrida en su momento y que existe un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de València que concluye que el PSPV cumple los requisitos legales para que se le aplique la exención, y por tanto asume la resolución de la mencionada junta de Gobierno.

En consecuencia, la magistrada entiende que no existen indicios de criminalidad en las personas denunciadas, por lo que procede a archivar la causa, contra la que cabe recurso de reforma.

Esta es solo una más de la quincena de denuncias que puso el pasado mandato el asesor popular, Luis Salom, contra diferentes cargos políticos de la izquierda valenciana. Hasta ahora, todas ellas se han archivado tras las declaraciones de los investigados y por tanto ninguna ha terminado en juicio.

Pese a todo, Salom vuelve a figurar en la nómina de asesores del grupo municipal popular, si bien es cierto que su portavoz, María José Catalá, ya advirtió que controlará de cerca la actividad judicial del polémico asesor. “Las denuncias judiciales se coordinarán desde el grupo popular y se presentarán cuando el proceso tenga posibilidades de prosperar”, aseguró Catalá.

Algunas de las denuncias que puso Salom en el pasado mandato siguen aún abiertas, pero con pocas opciones de acabar en juicio teniendo en cuenta el camino que han seguido el resto de asuntos.

Es el caso del presunto fraccionamiento de contratos por el que recientemente declaró como imputado el portavoz de Compromís, Pere Fuset, o el de una supuesta adjudicación a dedo de un estudio educativo por el que está imputada María Oliver, exportavoz municipal de València en Comú y ahora asesora del vicepresidente segundo del Consell por Unidas Podem, Rubén Martínez Dalmau.

En el caso de Fuset, el abogado del PP ni siquiera se presentó como acusación popular en su declaración, pese a ser Salom el autor de la denuncia, un trámite que le hubiera costado al partido 2.000 euros de fianza.

Ciudadanos no entrará finalmente en el equipo de Gobierno tripartito del Ayuntamiento de Cartaya. A pesar de que este partido había aceptado formar parte del gobierno municipal de la localidad onubense, finalmente, por sorpresa, esta mañana su único concejal, Israel Medina, ha renunciado a las competencias que el alcalde había comunicado por decreto.

Todo ello tras un pacto alcanzado con el PP y el partido Independientes de Cartaya (ICA), uno de cuyos ediles, Juan Polo, está siendo investigado por varios delitos al haber edificado en un terreno presuntamente no urbanizable de su propiedad.

En el Pleno de esta mañana se iba a aprobar el documento del reparto de competencias, en el que Polo sería a partir de ahora primer teniente de alcalde en un equipo liderado por Manuel Barroso, del PP, y en el que también estaría el único edil de Cs, Israel Medina. Finalmente, en su primera intervención, Medina ha dicho que renuncia “a todo” lo que se iba a aprobar para él.

El caso no llamaría la atención si no fuera porque una de las premisas del Código Ético del partido de Rivera es no pactar con cargos electos imputados, y Polo lo está, y ha sido determinante para que Medina tome esta decisión.

De hecho, tiene que responder por un presunto delito contra el medio ambiente, y otro de prevaricación, que habría cometidos en los años 1995 y 2003, cuando era teniente de alcalde en el Consistorio cartayero. Según el auto, al que ha tenido acceso esta redacción, Polo está siendo investigado por edificar dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable desde que el juzgado ordenó una serie de diligencias, como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.

Renuncia por sorpresa

Hasta anoche, Medina iba a ser, como se refleja en el decreto de alcaldía al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, delegado de Turismo, Innovación y Desarrollo, Educación, Deportes y Juventud. “Asimismo se delega la competencia para coordinar las concejalías integradas en el área de Urbanismo e Infraestructuras”, según cita el documento.

Sin embargo, la dirección regional de Ciudadanos, que ya le advirtió de que en la sesión de investidura no debía apoyar a Polo (que tiene cinco concejales por tres del alcalde elegido finalmente), ha podido más que la oferta del alcalde, y finalmente será edil de la oposición.

No obstante, el acuerdo firmado entre el tripartito que llevó a Barroso a la alcaldía contempla que cada 16 meses se alternarán en la alcaldía los cabezas de lista de los partidos firmantes. Para que ese acuerdo se cumpla y Ciudadanos apoye a Polo en su hipotética investidura o es desimputado o los independientes ponen a otra persona en su sillón.

Precisamente, esas dos condiciones son las que Medina puso para aceptar hoy las competencias que se le iban a designar. Al no ser cumplidas ninguna de ellas, seguirá -de momento- en la oposición.

Ciudadanos ha aceptado formar parte del gobierno municipal de la localidad onubense de Cartaya tras un pacto alcanzado con el PP y el partido Independientes de Cartaya (ICA), uno de cuyos ediles, Juan Polo, está siendo investigado por varios delitos al haber edificado en un terreno presuntamente no urbanizable de su propiedad. Polo será a partir de ahora primer teniente de alcalde en un equipo liderado por Manuel Barroso, del PP, y en el que también estará el único edil de Cs, Israel Medina. 

El caso no llamaría la atención si no fuera porque una de las premisas del Código Ético del partido de Rivera es no pactar con cargos electos imputados, y Polo lo está. 

De hecho, tiene que responder por un presunto delito contra el medio ambiente, y otro de prevaricación, que habría cometidos en los años 1995 y 2003, cuando era teniente de alcalde en el Consistorio cartayero. Según el auto, al que ha tenido acceso esta redacción, Polo está siendo investigado por  edificar dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable desde que el juzgado ordenó una serie de diligencias, como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.

Aunque en un principio el acuerdo firmado por los tres partidos iba encaminado a que Polo repitiera en la alcaldía -ya fue alcalde de Cartaya anteriormente, pero nunca en mayoría absoluta-, Ciudadanos no quiso apoyar que el edil independiente se hiciera de nuevo con el bastón de mando alegando precisamente su imputación, y finalmente salió elegido el presidente del PP local, Manuel Barroso.  

Todo se precipitó en horas, ya que el 14 de junio Polo se acostó alcalde, pero a primera hora de la mañana del sábado 15, horas antes del Pleno de investidura, Ciudadanos decidió modificar su voto, haciendo alcalde al candidato del PP, que sólo tiene 3 de los 17 concejales de Cartaya.

Pero según el decreto municipal que se acaba de publicar con el organigrama del Gobierno municipal, Barroso ha decidido colocar como primer teniente de alcalde a Polo (ICAR). El equipo de Gobierno estará además formado por Israel Medina Pereles (Ciudadanos);  Eva Olimpia Moya (ICAR);  Rocío Cárdenas (ICAR) y José María Brito Carro (PP).

En su toma de posesión, Barroso presumió de que con su mandato comienza una “nueva etapa” en la que apostará por “una gestión pública honesta, desde el trabajo incansable, el diálogo permanente y la cercanía a los verdaderos problemas de los ciudadanos, que son los pilares de nuestro cometido en el Ayuntamiento”.

En aquella sesión, además de Barroso, se postularon otros dos candidatos a la alcaldía: David Domingo Fernández (IU), y Aleix Antonio Landero (PSOE), partido que ganó las elecciones en Cartaya, aunque por mayoría simple, igual que pasó en esta localidad onubense en las elecciones municipales de 2015. El dirigente del PP obtuvo el respaldo de los cinco concejales de ICAR, los tres del PP, y el único concejal de Ciudadanos, Israel Medina, que compartirá Gobierno con un imputado.

“Sólo se me imputa un delito”

A pesar de que el auto judicial cita claramente que está imputado por tres delitos, Polo ha emitido un comunicado en el que niega la mayor, para indicar que “sólo sigue en curso el presunto delito de prevaricación por omisión derivada de un procedimiento administrativo sancionador que, según el denunciante, se debería haber iniciado y no se hizo”.

“Tal procedimiento nunca se llegó a iniciar por asesoramiento técnico de la Secretaría General del Ayuntamiento pues existía un proceso de regularización en curso que afectaba a casi un millar de edificaciones en el campo”, explica.

En el comunicado da cuenta de los procesos ya archivados, y destaca que “la última resolución del juzgado notificada con fecha 17 de junio de 2019 ha sido recurrida por un error manifiesto de la misma así como por la vulneración de diversos preceptos de la Ley reguladora de Procedimiento Penal, porque se le siguen imputando ”presuntos delitos que ya fueron archivados por las resoluciones anteriormente citadas“.

Cita por último, que “toda esta causa judicial fue abierta tras la denuncia presentada por un conocido militante y exconcejal del PSOE”, llevando el asunto judicial a una hipotética motivación política, además de decir que muchas personas se pueden ver perjudicadas si es condenado, porque “todo esto podría desembocar en el derribo del millar de edificaciones en el campo de cartayeros y cartayeras que se verían afectadas”.

El candidato del partido Independientes por Cartaya (ICAR) será de nuevo alcalde de la localidad onubense, en unas condiciones similares a cuando tomó el bastón de mando en 2015: tras ganas las elecciones el PSOE y firmar un tripartito para hacerse con la alcaldía.

En esta ocasión, el asunto tiene más matices, ya que Polo, uno de los precursores de que su partido Independiente tenga ramificaciones en varios pueblos de la provincia de Huelva, se ha acogido a un pacto con el PP -él fue primer teniente de alcalde varios años con el PSOE- y el concejal que le falta se lo dará Ciudadanos.

Hasta ahí, lo normal, pero el caso chirría en tanto que Ciudadanos tiene en su código étixo, al menos así lo proclaman en público, no pactar con cargos electos imputados, y Polo lo está.

Prevaricación

El primer edil tiene que responder por un presunto contra el medio ambiente, y otro de prevaricación, que habría cometidos en los años 1995 y 2003, cuando era teniente de alcalde en el Consistorio cartayero.

Se le acusa de edificar dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable, desde que el juzgado ordenó una serie de diligencias como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.

Alternancia en la alcaldía

A pesar de esa imputación, Ciudadanos dará su único concejal a Polo para ser alcalde, en unas condiciones que, además, llaman bastante la atención, ya que contemplan, entre otras cosas, que cada 16 meses se alternarán en la alcaldía.

Sin haber precedente sobre algo así, aparte de ese acuerdo de alternancia, también resulta llamativo que Israel Medina, el candidato y único concejal de Ciudadanos, será alcalde durante un tiempo de una ciudad de casi 20.000 habitantes tras obtener sólo 534 votos. El PSOE obtuvo 3.120 y se queda en la oposición.

El resto del relato es para contar la forma en la que se ha sabido del acuerdo: mediante un post en Facebook del presidente del PP local, Manuel Barroso, en el que daba detalles de la negociación. Desde Ciudadanos se apresuraban a decir que el acuerdo estaba alcanzado “pero se sigue negociando”. El post fue borrado poco después.

Manuel Barroso se jactaba de haber alcanzando el acuerdo “después de tres semanas de intensas negociaciones” para buscar “el beneficio” del pueblo y en el que “solo hay un único ganador, que es Cartaya”, y señalaba que “quedan por delante cuatro años de intenso trabajo y mucha ilusión por seguir avanzando en la mejora de nuestro pueblo y en el bienestar de los ciudadanos”. Para el dirigente popular, “ha llegado el momento de gobernar”.

El anterior mandato también tuvo al frente de la Alcaldía de Cartaya al cabeza de lista de la formación independiente (con cinco ediles), que llegó a un acuerdo con el Partido Popular, que entonces obtuvo también tres representantes, y con el ya desaparecido Partido Andalucista (PA) que logró un concejal.

Sobre la alternancia en el bastón de mando, las fuentes consultadas no precisan si tiene que ver con la posibilidad de que el proceso contra Juan Polo avance hasta el punto de ser condenado. Por el momento, el antiguo teniente de alcalde socialista será alcalde este sábado. aún siendo imputado. Después, se verá.

José Manuel Egea Cáceres, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Leganés y número 27 de la lista al Congreso por Madrid, figura como imputado por un presunto delito “contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social” tras la querella presentada por la Fiscalía, a petición de Hacienda, contra Construcciones Roleda SL, una de las empresas que están siendo investigadas. En la denuncia figuran como querellados, entre otros, el empresario Ángel Manuel Fabián Navarro y el propio Egea Cáceres.

Según ha podido comprobar eldiario.es, la investigación del caso comenzó en 2016 y continúa en fase de diligencias previas en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Navalcarnero (Madrid). Junto a Egea hay otras diez personas imputadas y al menos seis empresas investigadas por los mismos delitos. Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que el proceso va “muy lento” al tratarse de un caso “muy complejo”.

Egea Cáceres ha sido varias veces campeón del mundo de kárate y fue fichado por Ciudadanos en las anteriores municipales de 2015. Ahora es el candidato a la Alcaldía de Leganés, un municipio madrileño de 177.000 habitantes gobernado por el PSOE. Él mismo lo anunció en su cuenta de Twitter hace unos días.

Egea es en la actualidad portavoz del Grupo Municipal de este Ayuntamiento, cargo al que accedió tras estallar la crisis interna en 2016 cuando la dirección de Ciudadanos expulsó al anterior portavoz, el exconcejal Jorge Pérez, acusado de financiar presuntamente de manera irregular la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2015 con donaciones de particulares. Según publicó el diario El Mundo, entonces también fue expulsada la secretaria tesorera del partido, Gema Martín Díaz.

Tras la expulsión de Pérez, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, afirmó a ese diario que “uno de los principales problemas de los partidos tradicionales es que no hacen nada cuando encuentran presuntas irregularidades en su partido, pero nosotros venimos a hacer unas políticas distintas”.

Egea Cáceres figura en el número 27 de la candidatura por Madrid al Congreso de los Diputados que encabeza de Albert Rivera para las elecciones del próximo domingo. Se da la circunstancias de que todos los candidatos y afiliados de Ciudadanos están obligados a firmar la llamada Carta Ética en la que, entre otras cosas, afirman que no están inmersos en procesos ni causas judiciales.

En conversación con eldiario.es, Egea afirma que el partido está al tanto de ese caso y que no tienen “nada que ocultar”. “No soy el dueño de esa empresa, estoy solo como socio”. Para el candidato se trata de “un asunto personal de antes de entrar en política”, por lo que asegura que no tiene que dar explicaciones al tratarse de “una información privada”.

Egea reconoce haber firmado la Carta Ética pero matiza que ese requisito se refiere a actividades que haya realizado “en el ejercicio de tu cargo” mientras insiste en que el caso por el que está siendo investigado “es un asunto muy antiguo” que ya conoce la dirección del partido en Madrid.

“No tengo nada que ocultar de mi vida, yo un prejubilado. Están investigando al administrador, yo soy socio nada más”, ha insistido.

Fuentes de la dirección regional del partido aseguran a eldiario.es que la única vinculación que tiene Egea con el caso es el tener desde 2011 un 20% de la empresa Promociones Inmobiliarias Griñón y “no tiene nada que ver con ninguna otra empresa”, como Construcciones Roleda SL, investigada en la causa.

La versión que dan estas fuentes es que esa empresa “es una de tantas” que montó Fabián Navarro que “es el que ha montado todo el entramado” y desconocen por qué figura ahí.

Estas fuentes insisten además en que José Manuel Egea es accionista de Promociones Inmobiliarias Griñón pero “jamás ocupó cargo alguno en la sociedad ni participó en su administración en forma alguna, como ha acreditado ante el juez”. “Por este motivo -añaden- ya ha solicitado al juez el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones”.

El partido afirma que como el resto de los accionista de esa empresa, Egea “es perjudicado y víctima” del caso investigado por el juzgado de Navalcarnero, “con el que ha colaborado en todo momento cada vez que le ha sido requerido”.

“Egea ha sido 7 veces campeón mundial de kárate - 6 individual y 1 por equipos-, y trece de Europa -9 individual y 4 por equipos-, emprendió una carrera que le ha llevado a emprender distintos negocios. En este caso, se reserva el derecho de emprender acciones legales como perjudicado para que se le restituyan sus derechos”, concluyen las mismas fuentes.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, exalcalde de CC en La Laguna imputado por el caso Grúas, ha dado instrucciones a sus abogados para poder declarar “cuanto antes” ante la jueza que instruye la causa judicial y así poder resolver “cualquier duda” que tenga acerca del expediente de rescate de la concesión de ese servicio público.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, a raíz de que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, haya emitido una providencia en la que aclara que el presidente de Canarias se encuentra en calidad de investigado y no como interviniente.

Clavijo ha indicado este viernes que, tras haber sido citado, haberse anulado el caso y haber dado explicaciones en el Parlamento hasta en dos ocasiones, “por fin” ya sabe dónde tiene que ir a dar explicaciones, e insistió en que todo este asunto es fruto de una “denuncia política”.

A este respecto, el presidente reiteró que no solo se secuestró -término técnico- y se reequilibró el servicio de grúas municipal en La Laguna, sino que este “no se interrumpió y no le costó ni un euro al Ayuntamiento porque el préstamo fue devuelto, incluso con intereses”, por lo que espera que con las explicaciones que dé a la jueza “quede todo aclarado”.

El acontecimiento político canario del mes de marzo era escuchar las declaraciones que Fernando Clavijo haría a los medios a la salida de los juzgados. Esa era la foto que debería haber abierto los informativos. Foto. Tuit. Tuit con foto. Titulares. La oposición aplaudiendo. Un escandalazo. El final de la legislatura enmarcado en las declaraciones del presidente por estar investigado (imputado) en el caso Grúas por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos. Tuit serio.

Sin embargo, el mismo martes que Clavijo explicaba su “excelente gestión”, la jueza de Instrucción del nº 2 de los juzgados de La Laguna tomó dos decisiones que marcarían la semana. La primera, emitir una providencia en la que daba parte a Clavijo para que informara si iba a presentar un recurso de casación para que el caso volviera al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la vez que preguntaba si solicitaba la suspensión de su declaración. En la segunda providencia suspendía la declaración de Clavijo prevista para este viernes alegando que primero se debía resolver el recurso. Todo ello, sin que el recurso se hubiese presentado. Tuit serio.

Esta noticia no significa que Clavijo haya dejado de estar investigado por corrupción, significa que en lugar de dar explicaciones en los juzgados en marzo probablemente lo haga después de las elecciones autonómicas. Dicho de otro modo, la ciudadanía tendrá un candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias que está investigado por corrupción y no quiere dar explicaciones ante un juzgado ordinario. Porque ya sabemos que la justicia española es lenta y el recurso de casación tardará unos meses en resolverse, coincidiendo con las elecciones autonómicas.

Lejos de eso que dice el presidente de que tiene ganas de dar “por fin” explicaciones, lo que demuestra al presentar el recurso de casación es que la estrategia a seguir consiste en dilatar la causa hasta la eternidad. Aunque lo niegue todo ante el Parlamento, tarde o temprano, tendrá que dar explicaciones en los juzgados.

El concejal en La Laguna de XTF-NC Santiago Pérez, uno de los denunciantes del caso Grúas (en este proceso judicial está imputado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo -por sus actuaciones cuando era alcalde de La Laguna-, el actual regidor en ese municipio, José Alberto Díaz, y el concejal Antonio Pérez-Godiño -todos ellos de CC-), lamentó este martes que la diputada nacional de CC, Ana Oramas, “de la que por fin toda la sociedad española ha visto su conexión ultraderechista, se haya referido a mí estos días a propósito del caso Grúas, al acusarme de estar haciendo guerra sucia. Esta acusación forma parte lógica de la facilidad compulsiva de Oramas para mentir sin cortarse un pelo”, subrayó el concejal.

Pérez recuerda en una nota de prensa que “en cualquier sociedad civilizada y democrática la defensa de la legalidad y del interés público nunca es guerra sucia; siempre es defensa del interés general, defensa de la transparencia, sobre todo cuando esas acciones judiciales se emprenden cumpliendo el deber legal que nos impone a los cargos públicos el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Y añadió: “Fundamentalmente cuando se ejerce con el claro objetivo de luchar contra la corrupción que inunda las prácticas y el estilo de Coalición Canaria”.

El concejal lagunero aclara que “practicar la guerra sucia, como hacen Ana Oramas, Fernando Clavijo y toda la dirigencia de CC, es instaurar la censura en los principales medios de comunicación en los que ellos actúan sin que los demás tengamos la oportunidad de contestarles debidamente”, recalcó el concejal lagunero.

Este además sostuvo que “practicar la guerra sucia es colonizar las instituciones y empresas que gestionan los servicios públicos para enchufar a toda la clientela de Coalición Canaria”; “practicar la guerra sucia es colonizar mediante subvenciones las entidades asociativas que debieran ser reivindicativas e independientes del poder político...”.

Todo eso, detalla Santiago Pérez en un comunicado, “es guerra sucia. Y en ella, Ana Oramas, su discípulo Fernando Clavijo y el discípulo de su discípulo [en alusión a José Alberto Díaz], se están revelando como consumados maestros”, remató.

“Afortunadamente -siguió Pérez- la sociedad española y nuestro sistema de convivencia, por mucho que a ellos les pese, se ha constituido como un Estado de Derecho en el que el imperio de la ley y la prevalencia del interés público, poco a poco pero inexorablemente, se van abriendo paso”.

“La última diputada del último de los partidos”

Santiago Pérez finalizó su respuesta a Oramas diciendo que la diputada nacional de CC “habla de mí como si me hubiera derrotado electoralmente, olvidando que es la última diputada del último de los partidos que obtuvo representación en el Congreso por nuestra provincia”.

Pérez recordó a Oramas que “en nuestro golaverage particular le llevo clara ventaja en concejales y en porcentajes en las dos confrontaciones electorales en las que hemos competido, con la diferencia de que ella lo hizo con el respaldo del aparato del poder y yo a pecho descubierto. Si esto fuera la Champions, estaría eliminada. Y cualquiera que la oiga parece que ha ganado electoralmente. Fue alcaldesa apoyándose en el bloque de una derecha que se siente muy bien representada por ella, un bloque de perdedores. Y sigue diciendo mentiras para dar la vuelta a los hechos, que es lo que intenta día tras días apoyándose en un aparato mediático pagado con dinero de los contribuyentes”, criticó el concejal y portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna.