La Audiencia Provincial de Valéncia ha reabierto este jueves de forma inesperada la causa contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, y exconsellera de Igualdad. El tribunal ha estimado los recursos de la acusación popular y las acusaciones particulares contra el sobreseimiento –decretado el pasado 2 de abril– de este proceso que se seguía conta Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Tras esas acusaciones están, entre otros, el partido político Vox, la agitadora ultra Cristina Seguí y el neofascista José Luis Roberto.

La ultraderecha extraparlamentaria, además de Vox, se cobró una pieza de caza mayor con la dimisión de Oltra a consecuencia de su imputación en la causa que investigaba la gestión de la Conselleria de Igualdad en relación a la denuncia por abusos sexuales del exmarido de la dirigente de Compromís. Se trataba de la más importante victoria política en las últimas décadas de la galaxia ultra más extremista.

El abogado José Luis Roberto, dirigente del grupúsculo neofascista España 2000 y propietario de la empresa Levantina de Seguridad, detectó una ventana de oportunidad y se ofreció a representar gratuitamente, según ha destacado en varias ocasiones, a Teresa T., la menor que denunció al educador Luis R. I., finalmente condenado a cinco años de prisión por abuso sexual en una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo.

Roberto, un veterano de la ultraderecha valenciana, vino a justificar su papel de letrado de la acusación particular en la defensa de una víctima española blanca en contraste con el supuesto abuso generalizado de los menores no acompañados, que en el discurso de la extrema derecha aparecen retratados como chupópteros de las ayudas públicas.

La metáfora era tan simple como efectista: mientras la izquierda ayuda a los bárbaros que se cuelan por la frontera sur de la Unión Europea, la extrema derecha rescata a la población oriunda desamparada por el sistema. A pesar de que se trata de menores pobres y desamparados, independientemente de su origen, color de piel o religión, la ultraderecha pinta un cuadro de brocha gorda, burdo pero muy eficaz en ciertos periodos históricos.

Las acusaciones populares: Vox y Cristina Seguí

La sentencia de la Audiencia Provincial de València que condenó al educador, tras la repetición parcial del primer juicio, incluyó severas críticas a la gestión de la Conselleria de Igualdad, en manos de Mónica Oltra, de Compromís. La denuncia de Roberto propició el nacimiento de una instrucción que se saldó con la dimisión de Oltra de todos sus cargos.

A la investigación inicial, en manos entonces del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, se sumó como acusación popular Vox —una formación que gobierna actualmente en la Generalitat Valenciana en alianza con el PP 'zaplanista' de Carlos Mazón— y la asociación Gobierna-te, de la agitadora ultra Cristina Seguí.

Seguí, que hoy se ha felicitado por la reapertura del caso –“mi alegría es inconmensurable”– fue una de las fundadoras de Vox en València. Con cierta proyección inicial, acabó rompiendo con el partido de Santiago Abascal debido a las disensiones internas. Prácticamente en solitario, la agitadora ultra se centró más tarde en pilotar la acusación popular en el caso que acabó con la imputación y posterior dimisión de Oltra.

El letrado que ejerce la representación jurídica de la asociación es Pablo Delgado, abogado de Francisco Camps en las últimas causas que han afectado al expresidente valenciano. De hecho, Oltra reseñó en las Corts Valencianes una supuesta alianza de Camps, Seguí y el empresario Alberto de Rosa contra ella.

En un segundo plano, Vox ha ejercido la otra acusación popular, aunque con un papel más secundario. Roberto, junto con Manuel Salazar (otro letrado de la ultraderecha) también ha mantenido un perfil bajo en la causa, sin estorbar demasiado la labor del juez instructor y del fiscal en las pesquisas.

Ni el magistrado ni el representante del Ministerio Público se enmarcan en esas latitudes ideológicas. Se trata de dos juristas serios y técnicamente solventes. El juez, Vicente Ríos, se encargó de la investigación del 'caso Emarsa', una trama de corrupción vinculada al PP que ocasionó un descomunal saqueo al erario y que se saldó con severas condenas de prisión. En definitiva, un incuestionable éxito judicial que avala su trayectoria como instructor.

El papel y la adscripción ideológica de las acusaciones han distorsionado irremediablemente el proceso judicial desde el inicio. La principal investigada, dirigente de Compromís, siempre ha criticado la persecución ideológica que, a su juicio, propició la estrategia de la ultraderecha en el caso. Oltra y el espacio político a la izquierda del PSOE, tanto en el ámbito valenciano de Compromís como en el estatal, han alegado que la causa encaja en una estrategia de 'lawfare' (la utilización de la justicia con fines políticos).

El supuesto 'lawfare'

Sin embargo, el hecho de que ni el juez instructor ni el fiscal compartan esa tendencia ideológica, debilita de raíz el argumentario argüido en materia de 'lawfare'. A diferencia del emblemático caso de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño de izquierdas encarcelado —pasó 580 días entre rejas— por un supuesto caso de corrupción cuya sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo, en la causa de Oltra el papel del instructor y del fiscal no tiene nada que ver con aquella acusación viciada.

El juez Sérgio Moro, posterior ministro de Justicia con el ultra Jair Bolsonaro, conspiró con el fiscal para armar una acusación contra Lula, según reveló The Intercept. La condena a Lula, un dirigente de la izquierda latinoamericana que se convirtió en objetivo prioritario de la derecha al otro lado del Atlántico, fue anulada y su penitencia se erigió en símbolo indiscutible de un 'lawfare' de manual. Nada más lejos del caso valenciano.

De hecho, la propia Oltra —jurista de profesión— expresó su confianza en el sistema español de justicia tras su declaración, de casi ocho horas, ante el juez instructor.

Los letrados que representan a las acusaciones —la particular y las dos populares— están directamente vinculados a la ultraderecha y no forman parte de la tribu de penalistas habituales en València, a excepción de Pablo Delgado, abogado de Gobierna-te. 

Algunas maniobras de la acusación popular de Cristina Seguí tuvieron el paradójico efecto de dar un balón de oxígeno a la defensa de Oltra. El juez, a petición de Gobierna-te, abrió una pieza separada secreta para analizar decenas de miles de correos electrónicos de Oltra y su gabinete. Las conclusiones del informe policial descartaban que la entonces vicepresidenta y consellera de Igualdad maniobrara para tapar los abusos de su exmarido o para beneficiar su situación procesal. Tampoco hubo intento alguno de borrar correos, tal como especulaba la acusación popular en plan conspiracionista.

Roberto: “A ver si me dan una medalla”

Tras la imputación de Mónica Oltra, entonces aforada, por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), la situación de la dirigente de Compromís se hizo insostenible hasta tal punto que tuvo que dimitir. En la contundente rueda de prensa que dio para anunciar su dimisión, además de otros asuntos, Oltra se refirió al papel de la extrema derecha en la causa.

La relación entre las acusaciones no ha sido pacífica. José Luis Roberto y su entorno del grupúsculo España 2000 mantuvieron sonados enfrentamientos en redes sociales con Cristina Seguí, con el trasfondo del 'trofeo' de la posible imputación de Oltra. La víctima del exmarido, menor tutelada por la Generalitat Valenciana cuando se produjeron los abusos sexuales, llegó a denunciar que había sido utilizada con fines estrictamente políticos, ajenos a su delicada situación personal.

Además, Roberto publicó una serie de mensajes en redes sociales de tono más que indecoroso: “Me la voy a follar sin tocarle un pelo”, escribió en Twitter el 4 de junio de 2022 en referencia a Oltra. “A ver si me dan una medalla”, apostilló. (En otro orden de cosas, el jefe de la comisaría de Paterna premió unos meses después a José Luis Roberto, un galardón posteriormente anulado por el Ministerio del Interior, que abrió una investigación al inspector jefe que tuvo la inoportuna ocurrencia).

Tras ese mensaje, al parecer borrado, reformuló su anhelo en un tuit publicado el 16 de junio, con ocasión de la imputación de Oltra por parte del TSJ-CV: “Al final te llevé al huerto sin tocarte un pelo”, matizó el empresario neofascista, antiguo artífice de una suerte de patronal de la prostitución en España.

La ultraderecha extraparlamentaria que representan Roberto y Seguí jamás había logrado una victoria política de tal calibre. El 'trofeo' es un hito histórico para ambos personajes. Y es que la dimisión de Oltra descabezó a la izquierda valenciana de uno de sus principales activos políticos y dejó a Compromís en una situación anímica más que delicada.

El Pacte del Botànic, formado por Compromís, el PSPV-PSOE y Unides Podem, perdió las últimas elecciones autonómicas tras dos legislaturas gobernando. El popular Carlos Mazón pactó con Vox, que ejerce la acusación popular en la causa, para gobernar las instituciones autonómicas. Si bien no es fácil concluir que la dimisión de Oltra fuera determinante para el resultado de los comicios, sin duda desestabilizó profundamente a la izquierda valenciana.

La última palabra quedó en abril en manos de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, encargada de resolver los recursos de apelación en el marco de esta instrucción. Contra todo pronóstico, ese tribunal ha reabierto este jueves la causa contra Oltra.

La ultraderecha extraparlamentaria, además de Vox, se cobró una pieza de caza mayor con la dimisión de Mónica Oltra a consecuencia de su imputación en la causa que investigaba la gestión de la Conselleria de Igualdad en relación a la denuncia por abusos sexuales del exmarido de la dirigente de Compromís. Se trata de la más importante victoria política en las últimas décadas de la galaxia ultra más extremista.

El abogado José Luis Roberto, dirigente del grupúsculo neofascista España 2000 y propietario de la empresa Levantina de Seguridad, detectó una ventana de oportunidad y se ofreció a representar gratuitamente, según ha destacado en varias ocasiones, a Teresa T., la menor que denunció al educador Luis R. I., finalmente condenado a cinco años de prisión por abuso sexual en una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo.

Roberto, un veterano de la ultraderecha valenciana, vino a justificar su papel de letrado de la acusación particular en la defensa de una víctima española blanca en contraste con el supuesto abuso generalizado de los menores no acompañados, que en el discurso de la extrema derecha aparecen retratados como chupópteros de las ayudas públicas.

La metáfora era tan simple como efectista: mientras la izquierda ayuda a los bárbaros que se cuelan por la frontera sur de la Unión Europea, la extrema derecha rescata a la población oriunda desamparada por el sistema. A pesar de que se trata de menores pobres y desamparados, independientemente de su origen, color de piel o religión, la ultraderecha pinta un cuadro de brocha gorda, burdo pero muy eficaz en ciertos periodos históricos.

Las acusaciones populares: Vox y Cristina Seguí

La sentencia de la Audiencia Provincial de València que condenó al educador, tras la repetición parcial del primer juicio, incluyó severas críticas a la gestión de la Conselleria de Igualdad, en manos de Mónica Oltra, de Compromís. La denuncia de Roberto propició el nacimiento de una instrucción que se saldó con la dimisión de Oltra de todos sus cargos.

A la investigación, en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, se sumó como acusación popular Vox —una formación que gobierna actualmente en la Generalitat Valenciana en alianza con el PP 'zaplanista' de Carlos Mazón— y la asociación Gobierna-te, de la agitadora ultra Cristina Seguí.

Seguí fue una de las fundadoras de Vox en València. Con cierta proyección inicial, acabó rompiendo con el partido de Santiago Abascal debido a las disensiones internas. Prácticamente en solitario, la agitadora ultra se centró más tarde en pilotar la acusación popular en el caso que acabó con la imputación y posterior dimisión de Oltra.

El letrado que ejerce la representación jurídica de la asociación es Pablo Delgado, abogado de Francisco Camps en las últimas causas que han afectado al expresidente valenciano. De hecho, Oltra reseñó en las Corts Valencianes una supuesta alianza de Camps, Seguí y el empresario Alberto de Rosa contra ella.

En un segundo plano, Vox ha ejercido la otra acusación popular, aunque con un papel más secundario. Roberto, junto con Manuel Salazar (otro letrado de la ultraderecha) también ha mantenido un perfil bajo en la causa, sin estorbar demasiado la labor del juez instructor y del fiscal en las pesquisas.

Ni el magistrado ni el representante del Ministerio Público se enmarcan en esas latitudes ideológicas. Se trata de dos juristas serios y técnicamente solventes. El juez, Vicente Ríos, se encargó de la investigación del 'caso Emarsa', una trama de corrupción vinculada al PP que ocasionó un descomunal saqueo al erario y que se saldó con severas condenas de prisión. En definitiva, un incuestionable éxito judicial que avala su trayectoria como instructor.

El papel y la adscripción ideológica de las acusaciones han distorsionado irremediablemente el proceso judicial desde el inicio. La principal investigada, dirigente de Compromís, siempre ha criticado la persecución ideológica que, a su juicio, propició la estrategia de la ultraderecha en el caso. Oltra y el espacio político a la izquierda del PSOE, tanto en el ámbito valenciano de Compromís como en el estatal, han alegado que la causa encaja en una estrategia de 'lawfare' (la utilización de la justicia con fines políticos).

El supuesto 'lawfare'

Sin embargo, el hecho de que ni el juez instructor ni el fiscal compartan esa tendencia ideológica, debilita de raíz el argumentario argüido en materia de 'lawfare'. A diferencia del emblemático caso de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño de izquierdas encarcelado —pasó 580 días entre rejas— por un supuesto caso de corrupción cuya sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo, en la causa de Oltra el papel del instructor y del fiscal no tiene nada que ver con aquella acusación viciada.

El juez Sérgio Moro, posterior ministro de Justicia con el ultra Jair Bolsonaro, conspiró con el fiscal para armar una acusación contra Lula, según reveló The Intercept. La condena a Lula, un dirigente de la izquierda latinoamericana que se convirtió en objetivo prioritario de la derecha al otro lado del Atlántico, fue anulada y su penitencia se erigió en símbolo indiscutible de un 'lawfare' de manual. Nada más lejos del caso valenciano.

De hecho, la propia Oltra —jurista de profesión— expresó su confianza en el sistema español de justicia tras su declaración, de casi ocho horas, ante el juez instructor.

Los letrados que representan a las acusaciones —la particular y las dos populares— están directamente vinculados a la ultraderecha y no forman parte de la tribu de penalistas habituales en València, a excepción de Pablo Delgado, abogado de Gobierna-te. 

Algunas maniobras de la acusación popular de Cristina Seguí tuvieron el paradójico efecto de dar un balón de oxígeno a la defensa de Oltra. El juez, a petición de Gobierna-te, abrió una pieza separada secreta para analizar decenas de miles de correos electrónicos de Oltra y su gabinete. Las conclusiones del informe policial descartaban que la entonces vicepresidenta y consellera de Igualdad maniobrara para tapar los abusos de su exmarido o para beneficiar su situación procesal. Tampoco hubo intento alguno de borrar correos, tal como especulaba la acusación popular en plan conspiracionista.

Roberto: “A ver si me dan una medalla”

Tras la imputación de Mónica Oltra, entonces aforada, por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), la situación de la dirigente de Compromís se hizo insostenible hasta tal punto que tuvo que dimitir. En la contundente rueda de prensa que dio para anunciar su dimisión, además de otros asuntos, Oltra se refirió al papel de la extrema derecha en la causa.

La relación entre las acusaciones no ha sido pacífica. José Luis Roberto y su entorno del grupúsculo España 2000 mantuvieron sonados enfrentamientos en redes sociales con Cristina Seguí, con el trasfondo del 'trofeo' de la posible imputación de Oltra. La víctima del exmarido, menor tutelada por la Generalitat Valenciana cuando se produjeron los abusos sexuales, llegó a denunciar que había sido utilizada con fines estrictamente políticos, ajenos a su delicada situación personal.

Además, Roberto publicó una serie de mensajes en redes sociales de tono más que indecoroso: “Me la voy a follar sin tocarle un pelo”, escribió en Twitter el 4 de junio de 2022 en referencia a Oltra. “A ver si me dan una medalla”, apostilló. (En otro orden de cosas, el jefe de la comisaría de Paterna premió unos meses después a José Luis Roberto, un galardón posteriormente anulado por el Ministerio del Interior, que abrió una investigación al inspector jefe que tuvo la inoportuna ocurrencia).

Tras ese mensaje, al parecer borrado, reformuló su anhelo en un tuit publicado el 16 de junio, con ocasión de la imputación de Oltra por parte del TSJ-CV: “Al final te llevé al huerto sin tocarte un pelo”, matizó el empresario neofascista, antiguo artífice de una suerte de patronal de la prostitución en España.

La ultraderecha extraparlamentaria que representan Roberto y Seguí jamás había logrado una victoria política de tal calibre. El 'trofeo' es un hito histórico para ambos personajes. Y es que la dimisión de Oltra descabezó a la izquierda valenciana de uno de sus principales activos políticos y dejó a Compromís en una situación anímica más que delicada.

El Pacte del Botànic, formado por Compromís, el PSPV-PSOE y Unides Podem, perdió las últimas elecciones autonómicas tras dos legislaturas gobernando. El popular Carlos Mazón pactó con Vox, que ejerce la acusación popular en la causa, para gobernar las instituciones autonómicas. Si bien no es fácil concluir que la dimisión de Oltra fuera determinante para el resultado de los comicios, sin duda desestabilizó profundamente a la izquierda valenciana.

Un recorrido limitado

Sin embargo, el logro ha tenido un recorrido limitado. El juez instructor ha decidido, sorpresivamente, dictar el sobreseimiento provisional para Oltra y el resto de investigados en un auto que destaca la falta de indicios y que encuadra las acusaciones contra la exvicepresidenta, después de su declaración como investigada, en la categoría de “meras sospechas, conjeturas o elucubraciones” pero, en todo caso, no en indicios de ilícitos penales.

El auto del juez instructor, sólido en su argumentación y robusto jurídicamente, no es firme. Las acusaciones tienen hasta el próximo martes para interponer un recurso de apelación. Ya han anunciado su intención de recurrir la decisión del magistrado.

La resolución, de momento, deniega varias diligencias solicitadas tanto por Vox como por la acusación particular que ejerce José Luis Roberto en relación, respectivamente, al tráfico de llamadas de Mónica Oltra y su equipo y a los informes de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en la causa de los abusos sexuales. Las diligencias no “contribuirían en nada al esclarecimiento de los hechos”, considera el auto del juez Ríos.

La resolución ha dejado noqueadas a las acusaciones, que han mantenido un perfil bajo desde que se dictó el sobreseimiento el pasado martes. Sin embargo, la última palabra la tiene la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, encargada de resolver los recursos de apelación en el marco de esta instrucción.

El alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, ha elegido al policía José Manuel León para otorgarle la distinción de ciudadano ejemplar del 2023. Se trata del jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Paterna que premió a José Luis Roberto, líder del grupúsculo neofascista España 2000. El inspector jefe, ya jubilado, fue expedientado con cinco días de suspensión de funciones por una falta grave recogida en el Régimen Disciplinario de la Policía.

El acto, celebrado el pasado 30 de noviembre en el Gran Teatro Antonio Ferrandis de la localidad valenciana con motivo del Día de la Policía Local, incluyó el homenaje y la entrega de la distinción al inspector jubilado, de quien el alcalde puso en valor su trabajo al frente de la comisaría. Sagredo también agradeció la labor de los agentes de la Policía Local de Paterna, “para que sea una de las ciudades más seguras de la Comunitat y con menor tasa de la delincuencia”. 

José Manuel León, exjefe de la comisaría de la Policía Nacional en Paterna, premió hace poco más de un año, a José Luis Roberto, dirigente de España 2000 y vinculado a la empresa Levantina de Seguridad, por su colaboración en materia de seguridad ciudadana. La empresa de seguridad privada, que incorpora numerosos miembros de la ultraderecha valenciana, vigila la urbanización de La Cañada, perteneciente al municipio de Paterna.

El polémico premio fue criticado incluso por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que la distinción no se correspondía con los valores de “un cuerpo de seguridad del Estado en un país democrático”.

El inspector jefe otorgó el premio al dirigente ultra por su cuenta y riesgo, sin que sus superiores estuvieran al tanto. De hecho, la Jefatura Superior de Policía en València desautorizó la entrega de la distinción y endosó la responsabilidad de la “acción individual” al entonces responsable de la comisaría de Paterna, actualmente jubilado.

La Unidad de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional propuso sancionar con cinco días de suspensión de funciones a José Manuel León como autor de una falta grave. El reconocimiento encajaba, según la Policía, en “la omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad con la debida diligencia de todo asunto que, por su entidad, requiera su conocimiento o decisión urgente”, tal y como establece el artículo 8.c) de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario.

La propuesta de sanción afirmaba que José Luis Roberto es una “persona públicamente conocida por su condición de ex presidente del partido político España 2000 y por su relación con la Asociación Nacional de Empresas de Locales de Alterne (Anela)”, una suerte de patronal de la prostitución. También recordaba que la concesión del galardón tuvo “eco en numerosos medios de comunicación social a nivel nacional con el consecuente menoscabo a la imagen de la Policía Nacional”.

“La Policía Nacional no ha concedido ningún tipo de reconocimiento oficial, de manera institucional, ni a través del ingreso en la Orden al Mérito Policial ni a través de ningún otro distintivo institucionalizado u oficialmente reconocido en su normativa propia”, al líder de la extrema derecha en Valencia, el empresario José Luis Roberto, según apunta una respuesta parlamentaria del Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet.

Tras la polémica por el premio que otorgó el jefe de la comisaría de Paterna, José Manuel León, al dirigente neofascista, Mulet solicitó al Ministerio del Interior la relación de “premios, reconocimientos o cualquier tipo de galardón” otorgados a la empresa de seguridad privada de José Luis Roberto. Se trata del líder de España 2000, una formación de ultraderecha extraparlamentaria y responsable de la firma Levantina de Seguridad.

Sin embargo, el Gobierno considera que los premios de los que José Luis Roberto siempre ha presumido en ningún caso son oficiales. La Policía Nacional se desvinculó del galardón al ultra en honor a su colaboración en materia de seguridad ciudadana entregado en Paterna en un acto celebrado el pasado 4 de octubre y presidido por el el jefe de la comisaría de la localidad, varios uniformados y autoridades municipales. 

El premio otorgado a José Luis Roberto levantó tal polémica que incluso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó públicamente el reconocimiento, del que responsabilizó al jefe de la comisaría de Paterna. La Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana anunció, al día siguiente de la concesión de la distinción, la apertura de una investigación interna. Un comunicado oficial alegaba que se trataba de una iniciativa del responsable policial de Paterna, sin que sus superiores ni la Delegación del Gobierno tuvieran conocimiento del premio.

La Policía Nacional también otorgó en 2019, durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, un reconocimiento a la trayectoria de la empresa de seguridad privada del mismo dirigente de la ultraderecha valenciana. Fuentes policiales confirmaron a elDiario.es que la entrega del galardón se produjo en el marco del Día de la Seguridad Privada, una efeméride instituida en 2013 por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

“La constante colaboración de la empresa con las Fuerzas del Orden Público y sus actuaciones han sido el detonante del premio”, explicaba la empresa Levantina de Seguridad tras recibir el galardón. En aquella gala fueron premiados hasta 16 vigilantes de Levantina de Seguridad, según afirma la web de la empresa.

La agitadora Cristina Seguí, fundadora de Vox en Valencia y presidenta de la asociación que ejerce la acusación popular en la causa en la que está imputada la exvicepresidenta Mónica Oltra, mantiene un enfrentamiento abierto con la menor que denunció los abusos del exmarido de la dirigente de Compromís. Junto con José Luis Roberto, dirigente de la extrema derecha que ejerce la acusación particular de la menor abusada, Seguí pilotó la campaña de recogida de fondos para los hijos de Teresa T. Sin embargo, la menor abusada llegó a acusar a ambos activistas ultras en una entrevista de haberla dejado “tirada” tras la dimisión de Oltra una vez que fue imputada.

Una amiga de la menor ha publicado en la red social Twitter varios mensajes de audio y capturas de pantalla supuestamente de conversaciones mantenidas con Cristina Seguí en las que la agitadora ultra da instrucciones sobre cómo proceder cuando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas investigaba una denuncia sobre la situación de los hijos de la menor abusada.

“Si hacemos creer a la gente que es Mónica Oltra quien quiere quitaros a Iray, servicios sociales se echarán para atrás”, se lee en el mensaje. La interlocutora de Seguí responde: “¿Y cómo hacemos eso, Cris?”. La agitadora de la extrema derecha contesta: “Hoy iré a entrevistaros a donde vivís. Si os viene bien”.

“Lo emitiremos en EDA TV [canal de youtube dirigido por Javier Negre], también pondremos el bizum de Teresa para que os llegue más ayuda económica y podáis hacer frente a vuestros gastos (...)”. “Lo que estamos haciendo es lo decente. No te preocupes. Yo también tengo hijos, y me pongo en el pellejo vuestro”, abunda Seguí en los mensajes reproducidos por la amiga de la menor.

“Me han dejado tirada”

La joven ahora ya mayor de edad que denunció unos abusos en un centro de menores por los que fue condenado el exmarido de Oltra, afirmó el pasado 28 de agosto en una entrevista con el diario Levante-EMV sobre la actuación de ambos abogados ultras: “Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada”.

La asociación de Seguí denunció la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tras la condena al exmarido de Oltra por parte de la Audiencia Provincial de Valencia. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia mantiene imputada a la dirigente de Compromís y a varios cargos de su antiguo departamento por la gestión de la denuncia de la menor.

La vuelta al curso político de la extrema derecha extraparlamentaria valenciana está siendo agitada. Tras la polémica concesión de un premio por parte de la comisaría de la Policía Nacional de Paterna al líder ultra José Luis Roberto, el ministro del Interior se vio obligado a salir al paso para desautorizar el galardón, a pesar de que su departamento reconoció en una gala oficial la trayectoria de la empresa Levantina de Seguridad, propiedad del dirigente de España 2000. El grupúsculo mantiene una intensa agenda para este mes de octubre, incluyendo un viaje a Roma para celebrar el centenario del triunfo del fascismo italiano y una convocatoria para boicotear el tradicional desfile institucional del 9 d'Octubre.

La jornada, que celebra el día nacional del País Valenciano, siempre ha tenido mucho peso en el calendario de la extrema derecha local, que aprovecha la marcha cívica institucional de la mañana para organizar concentraciones de boicot en las que se insulta a los representantes públicos que participan en el traslado de la real senyera.

El 9 d'Octubre de 1979, el entonces alcalde de València, Ricard Pérez Casado, el presidente de la Diputación, Manuel Girona, así como autoridades académicas, fueron atacados a plena luz del día por elementos de la extrema derecha. Se inauguraba así una procesión cívica en la que los grupos anticatalanistas campaban a sus anchas excluyendo al resto de la sociedad valenciana durante décadas. Si bien en los últimos años el fuerte despliegue de agentes antidisturbios de la Policía Nacional ha asegurado la protección de los participantes de formaciones como Compromís.

“Somos el muro de la resistencia”, reza el cartel de la convocatoria de España 2000 para concentrarse ante la procesión cívica, que cada año recorre céntricas arterias de la capital valenciana perimetrada por vallas y por un amplio dispositivo policial que incluye antidisturbios y agentes de paisano de la Brigada Provincial de Información.

El tradicional ambiente de tensión del 9 d'Octubre culminó en 2017 con las graves agresiones contra la manifestación de izquierdas de la tarde, pocos días después de la celebración del referéndum en Catalunya. Casi una treintena de ultraderechistas están procesados por el ataque en una causa en la que el líder de España 2000, también abogado, figura entre las defensas.

Viaje para celebrar “la llegada al poder del fascismo”

El partido de extrema derecha también ha organizado un viaje para conmemorar el centenario de “la toma del poder en Italia por parte de Benito Mussolini” que “supuso la llegada al poder del fascismo”. El pequeño partido de extrema derecha aterrizará en un país gobernado por Giorgia Meloni, vencedora de las últimas elecciones italianas y nuevo faro para los ultras europeos.

“Es por ello”, explica la convocatoria, “que hemos organizado un viaje a Roma del 27 al 30 de octubre”. “Será un viaje cultural pero también político, ya que asistiremos a un acto el día 29 coincidiendo con el centenario de la Marcha sobre Roma”, agrega.

José Luis Roberto nunca ha ocultado su adscripción al fascismo. En una entrevista publicada en El Español, el dirigente de España 2000 critica la anulación del premio concedido por el responsable de la comisaría de Paterna y lo achaca a una persecución “ideológica”. Además, también sostiene que respeta “los derechos de los homosexuales y de las mujeres” y lamenta haber recibido críticas por su físico (es apodado despectivamente como 'El Cojo'). “Yo estoy cojo, también se meten conmigo por mi discapacidad”, alega en la entrevista.

El premio de la Policía Nacional de Paterna al dirigente de extrema derecha José Luis Roberto ha indignado a la delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, que no estaba al tanto de la concesión del galardón. En una ceremonia celebrada este martes, coincidiendo con la celebración del día de los Santos Ángeles Custodios, el patrón de la Policía Nacional, el jefe de la comisaría de Paterna (Valencia) entregó un premio por su colaboración en materia de seguridad ciudadana al empresario y líder de España 2000, José Luis Roberto. Un acto que abrió el alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, quien se ausentó por motivos de agenda tras intervenir brevemente.

La concesión del premio no ha sentado nada bien en la Delegación del Gobierno, que considera el acto del todo inoportuno. Además, el acto fue la víspera de los actos conmemorativos de la festividad de los Santos Ángeles Custodios presididos por Pilar Bernabé y por el jefe superior de Policía en la Comunitat Valenciana, Jorge Manuel Martí, en el edificio de Veles e Vents.

Tras el acto celebrado este miércoles, Pilar Bernabé ha señalado que “este reconocimiento en concreto no representa la voluntad de la Policía Nacional y lo hace una comisaría de forma concreta y aislada”. La delegada del Gobierno también ha revelado que ha contactado con el jefe superior de Policía en la Comunitat Valenciana y con el responsable provincial, quienes “no eran conocedores de este reconocimiento”, según ha afirmado Bernabé.

Así, la delegada del Gobierno circunscribe la concesión del premio al líder de la extrema derecha al inspector jefe  José Manuel León, responsable de la comisaría de Paterna. Pilar Bernabé también ha hecho “especial hincapié” en “lo más importante”. “Los reconocimientos de la Policía Nacional pasan por la dirección general de la Policía Nacional”, ha dicho. El premio a José Luis Roberto lo hace la comisaría de Paterna “de forma concreta y aislada”, ha abundado Bernabé.

Tras el revuelo por el llamativo premio, Compromís y Unides Podem han formulado preguntas al Ministerio del Interior y han criticado que se conceda un galardón a un líder de la extrema derecha. Roberto es propietario de la firma privada Levantina de Seguridad y ha estado vinculado a la Asociación Nacional de Empresarios de Clubs de Alterne (Anela), una suerte de patronal de la prostitución.

La portavoz de Unides Podem en las Corts Valencianes, Pilar Lima, ha mantenido una conversación telefónica con la delegada del Gobierno en la que ha expresado su rechazo a la concesión del premio. Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha preguntado por esta condecoración a una persona vinculada con “las tramas más oscuras de la extrema derecha”. Baldoví también se ha dirigido por escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la Delegación del Gobierno, así como a la Jefatura Superior de Policía en Valencia, para exigir explicaciones por este reconocimiento en un acto público y oficial.

Por otra lado, la consellera de Transparencia de la Generalitat Valenciana y coordinadora de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, ha afirmado que “estos hechos son un ataque contra nuestra democracia”. “José Luis Roberto es un insulto para la democracia”, ha agregado.

“Es absolutamente intolerable e inaceptable que se condecore a un señor que ha presidido un partido de extrema derecha siempre implicado en actos violentos, un señor que participó en un escrache a una mujer con dos niños, un señor que ha estado imputado por delitos de islamofobia y de odio, y un señor que siempre está implicado en las tramas más oscuras de las extrema derecha”. Así se ha referido el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, al reconocimiento otorgado por la Policía Nacional a José Luis Roberto. El dirigente valencianista solicita a la Delegación del Gobierno la apertura de una investigación para comprobar si el líder ultra era merecedor de tal premio.

En esta misma línea se ha expresado el senador de Compromís, Carles Mulet, quién ha presentado una batería de preguntas al Gobierno relacionadas con este reconocimiento. El parlamentario valencianista cuestiona al Ejecutivo sobre el organismo que decidió la concesión de este distintivo “a este sujeto de extrema derecha y responsable de la patronal de los proxenetas”, así como por los “méritos” valorados para la otorgarle el premio. De igual modo, pregunta sobre el coste económico del premio y si este tipo de decisiones -los reconocimientos a determinadas personas o entidades- son supervisadas por el Ministerio.

Mulet interpela directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al conjunto del Gobierno y les pregunta si comparten este reconocimiento y si “es de recibo el reconocimiento a una persona vinculada con la explotación sexual de las mujeres”. Por último, el senador castellonense se interesa por conocer si Interior “ha abierto ya, o cuándo piensa abrir, una investigación al respecto de esta polémica decisión”.

También ha reaccionado a la publicación de esta información en elDiario.es la síndica de Unides Podem en las Corts, Pilar Lima, quien ha censurado que la Policía premie al dirigente “ultraderechista y proxeneta”, así como también ha criticado la presencia del alcalde de Paterna, José Antonio Sagredo, quien “aparece y luego se va”. “Cosas así empañan el prestigio de nuestras fuerzas de seguridad, cuidémoslas entre todas, estamos a tiempo”, sentencia. La dirigente de la formación morada se ha puesto en contacto con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para pedirle directamente explicaciones por este galardón.

La coordinadora general de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, también considera “vergonzosa” la condecoración concedida al líder de España 2000: “Estos hechos son un ataque contra nuestra democracia. José Luis Roberto es un insulto para la democracia”.

“Utilizaremos todas las vías institucionales para pedir explicaciones por el reconocimiento”, recalca Garijo, para subrayar que el condecorado es “muy conocido en nuestro país por instigar y protagonizar una gran cantidad de episodios violentos que atentan directamente contra nuestra democracia”.

El líder de extrema derecha José Luis Roberto, fundador de la organización ultra España 2000, presumió en redes sociales por el premio recibido por su colaboración en materia de seguridad ciudadana. Roberto, abogado de la menor tutelada que denunció los abusos del exmarido de Mónica Oltra, es propietario de la empresa Levantina de Seguridad, responsable de la vigilancia en la urbanización La Cañada de Paterna, localidad donde recibió el galardón de manos del comisario José Manuel León en un acto que contó con la presencia del alcalde, el socialista Juan Antonio Sagredo quien, no obstante, se ausentó argumentando motivos de agenda al poco de comenzar el homenaje.

El líder del partido de ultraderecha España 2000 ha sido premiado por la Policía Nacional en la localidad valenciana de Paterna en honor a su colaboración en materia de seguridad ciudadana. José Luis Roberto, que ejerce de abogado de la menor tutelada que denunció los abusos del exmarido de la líder de Compromís Mónica Oltra, es el propietario de la firma Levantina de Seguridad, que vigila la urbanización de La Cañada, en Paterna.

Fuentes del Consistorio han explicado a elDiario.es que el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, ha asistido a la apertura del acto e inmediatamente se ha ausentado por motivos de agenda, por lo que no habría presenciado la entrega del premio al conocido líder de la extrema derecha. José Manuel León, jefe de la comisaría de Paterna, ha entregado el premio al líder de la extrema derecha por su colaboración con la Policía Nacional.

Este miércoles tras conocer la noticia avanzada por elDiario.es, tanto Compromís como Unides Podem han criticado la distinción. En concreto Compromís ha pedido explicaciones al Gobierno. El portavoz de la formación en el Congreso, Joan Baldoví, ha dicho que es “absolutamente intolerable e inaceptable que se condecore a un señor que ha presidido un partido de extrema derecha siempre implicado en actos violentos, un señor que participó en un escrache a una mujer con dos niños, un señor que ha estado imputado por delitos de islamofobia y de odio, y un señor que siempre está implicado en las tramas más oscuras de las extrema derecha”.

José Luis Roberto, abogado y dirigente del grupúsculo España 2000, es propietario de la firma de seguridad privada Levantina de Seguridad. No es la primera condecoración oficial que recibe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Roberto es el letrado de la acusación particular de la menor tutelada por la Generalitat Valenciana que denunció los abusos del exmarido de Mónica Oltra, que dimitió tras ser imputada por la gestión de su conselleria de estos hechos. Además, también ejerce de abogado en la defensa de alguno de los procesados por las graves agresiones del 9 d'Octubre de 2017 en Valencia.

El propio líder ultra ha difundido la foto de entrega del galardón, en el que aparece el escudo de la Policía Nacional. La entrega del premio coincide con la celebración del día de los Santos Ángeles Custodios, el patrón de la Policía Nacional.

El dirigente de ultraderecha también estuvo vinculado a la Asociación Nacional de Empresarios de Clubs de Alterne (Anela), una suerte de patronal de la prostitución, de la que fue secretario general.

La Delegación del Gobierno en Valencia no estaba al tanto del premio a Roberto. Este diario ha intentado obtener, sin éxito, la versión de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

El alcalde elogia el “enorme trabajo” policial

Al acto en Paterna también ha asistido la teniente de alcalde de Seguridad, Nuria Campos. Al inicio de la ceremonia el primer edil socialista, Juan Antonio Sagredo, ha destacado la baja tasa de criminalidad de Paterna y ha agradecido a los agentes de la Policía Nacional “el enorme trabajo y esfuerzo que imprimen a diario en su labor por salvaguardar la seguridad de los paterneros y paterneras”.

La nota de prensa sobre el acto publicada por el Ayuntamiento de Paterna reseña a las personas y entidades premiadas; pero no cita a José Luis Roberto.

Hace unos meses disputaban entre ellos sobre los méritos y deméritos de la estrategia judicial. Ahora ambos se han enfrentado en las mismas redes sociales a la denunciante cuyos intereses aseguran representar. José Luis Roberto, líder del grupo ultra España 2000, y Cristina Seguí, agitadora de la extrema derecha, ejercen la acusación particular y popular, respectivamente, en el caso en el que está imputada la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, que dimitió en junio como consecuencia de su circunstancia judicial. La representada por Roberto, la joven ahora ya mayor de edad que denunció unos abusos en un centro de menores por los que fue condenado el exmarido de Oltra, afirmó el pasado 28 de agosto en una entrevista con el diario Levante-EMV sobre la actuación de ambos abogados ultras: “Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada”.

Según la joven, de 20 años y que tiene dos hijos –uno de ellos un bebé de apenas meses– Seguí y Roberto le ofrecieron trabajo y una vivienda mientras arremetían judicialmente en su nombre contra la vicepresidenta y su equipo en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La exvicepresidenta y su equipo están investigados por haber desatendido a la menor y haber intentado supuestamente encubrir los abusos del exmarido de Oltra debido a que, desde el principio y a lo largo de todo el proceso, no dieron credibilidad a su denuncia, hecho que contrasta con la credibilidad que sí se le dio en un juicio. La sentencia de ese juicio, que hubo de ser repetido, está recurrida ante el Tribunal Supremo.

El intercambio de recriminaciones entre los dos abogados ultraderechistas y la joven revela una ruptura que ha llevado al dirigente de España 2000 a asegurar: “Actualmente sigo llevando la representación procesal, aunque habiendo perdido la confianza con mis clientes, estaría feliz de dar la venia cuando se me solicite en forma”.

La utilización de la víctima del caso, una joven tutelada por la Generalitat Valenciana desde los cuatros años hasta la mayoría de edad, que se fue a vivir con su novio, con el que tiene dos hijos, sin trabajo ni domicilio fijo, cuyos ingresos proceden del dinero que reciben gracias a las campañas en redes sociales promovidas por la extrema derecha contra Oltra y el Gobierno valenciano, ha llevado a una crisis en la que es buscada por la Guardia Civil, después de que una prima suya denunciara la desatención de los dos menores, el mayor de los cuales dio positivo en cocaína al ser atendido en un centro de salud de Paterna.

La prima que denunció la situación de la joven ha chocado con dureza en las redes con Seguí y dice de ella Roberto que es “nefasta”, que intentó que “se apartara”, pero “volvían una y otra vez a estar juntas”. “La última vez la denunció la misma prima, que miente más que habla”, sentenció en Twitter el líder ultraderechista y exdirectivo de una asociación nacional de clubes de alterne.

Roberto asegura haber llevado la representación de la joven de forma gratuita y tanto él como Seguí han comentado en redes que les ha costado dinero. También reconocen que hubo una oferta de trabajo para la joven. “En esos momentos me aparté de ellos al exigir de forma amenazante a Cristina Seguí para que les diera un trabajo en Madrid”, cuenta Roberto en uno de sus tuits. “Les dije claramente que aun existiendo el trabajo, con amenazas y en la situación que estaban generando, y más con Palomita de mochila (su prima que no es tal), Cristina no iba a implicar a los que de buena fe ofrecían ese trabajo en este culebrón”.

Todo parece indicar que la mencionada promesa laboral tenía que ver con un hospital de Madrid. La empresa Ribera Salud, que dirige Alberto de Rosa, ya intentó colocar a la pareja en la plantilla del hospital Torrevieja antes de que la Generalitat Valenciana lo recuperara para la gestión pública.

Los hechos abundan en favor de lo que Mónica Oltra alegó desde que se abrió la investigación a su departamento, en el sentido de que había un lawfare, una guerra judicial de la extrema derecha, en alianza con otros sectores de la derecha no tan extrema, para conseguir derribarla, como figura clave del Gobierno valenciano del Pacto del Botánico y dirigente de Compromís. Oltra está citada a declarar en el caso por el que permanece imputada el próximo día 19 de septiembre ante el juez de Valencia que lo instruye.

El fiscal ha demanat aquest dimecres una multa de 1.800 euros i una ordre d'allunyament durant sis mesos per als quatre membres d'Espanya 2000 acusats d'un delicte lleu d'amenaces davant el domicili particular de la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra.

El judici per aquests fets, ocorreguts la nit del passat 18 d'octubre, ha tingut lloc aquest dimecres en el Jutjat d'Instrucció número 6 de Llíria (València) i ha quedat vist per a sentència.

A la vista ha acudit també Mónica Oltra, qui a la seua eixida ha escrit en el seu perfil de la xarxa social Twitter: “Moltes gràcies a totes les persones que avui m'han mostrat el seu suport i afecte, us he sentit molt a prop. Recordar avui en el judici l'assetjament que vaig patir ha sigut dolorós però mai baixarem la cara ni deixarem de treballar igual que venim fent. Esperem la sentència”.

El judici es dirigia inicialment contra el líder del partit polític Espanya 2000, José Luis Roberto, identificat en la denúncia interposada per la part perjudicada, i altres dues persones la identitat de les quals va aportar la Guàrdia Civil a petició de la jutgessa.

Roberto ha reconegut en el judici els fets i ha explicat que l'única cosa que pretenien era recordar-li a la vicepresidenta valenciana “que és espanyola”. Oltra, qui ha declarat abans que el dirigent ultradretà, ha assegurat que els fets van afectar molt als seus fills de 10 i 14 anys.

Després que el jutjat haguera posat data al judici, l'Advocacia de la Generalitat va facilitar el nom d'una altra persona, que es va incorporar com denunciat al procediment i també ha sigut jutjat aquest dimecres.

La jutgessa considera que els fets podrien ser constitutius d'un delicte lleu d'amenaces, castigat amb una pena de multa, arreplegat en l'article 171.7 del Codi Penal, segons el qual “el que de manera lleu amenace a un altre serà castigat amb la pena de multa d'un a tres mesos. Aquest fet només serà perseguible mitjançant denúncia de la persona agraviada o del seu representant legal”.

Aquesta investigació es va obrir arran de la denúncia interposada per l'Advocacia de la Generalitat el 20 d'octubre, per si els fets pogueren constituir un delicte d'assetjament, d'odi o de desordre públic.

La nit del passat 18 d'octubre un grup de persones encaputxades i/o amb caretes de la pel·lícula “Scream” es va concentrar enfront del domicili de la vicepresidenta i va desplegar una gran bandera espanyola amb el lema “Viva la unidad de España”.

Mitjançant un altaveu portàtil, van emetre diverses consignes i van fer sonar un pasdoble seguit de l'himne d'Espanya, mentre gravaven “cap a l'interior del domicili familiar”.

La denúncia va reflectir que es van fer comentaris com: “Estem a casa de la nostra amiga Oltra de Compromís, hem vingut a posar-li una mica de música espanyola, per a dir-li que estem a Espanya i a la Comunitat Valenciana”.

El fiscal ha pedido este miércoles una multa de 1.800 euros y una orden de alejamiento durante seis meses para los cuatro miembros de España 2000 acusados de un delito leve de amenazas ante la vivienda particular de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.

El juicio por estos hechos, ocurrido la noche del pasado 18 de octubre, ha tenido lugar este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia) y ha quedado visto para sentencia.

A la vista ha acudido también Mónica Oltra, quien a su salida ha escrito en su perfil de la red social Twitter: “Muchas gracias a todas las personas que hoy me han mostrado su apoyo y cariño, os he sentido muy cerca. Recordar hoy en el juicio el acoso que sufrí ha sido doloroso pero nunca bajaremos la cara ni dejaremos de trabajar igual que venimos haciendo. Esperemos la sentencia”.

El juicio se dirigía inicialmente contra el líder del partido político España 2000, José Luis Roberto, identificado en la denuncia interpuesta por la parte perjudicada, y otras dos personas cuya identidad aportó la Guardia Civil a petición de la jueza.

Roberto ha reconocido en el juicio los hechos y ha explicado que lo único que pretendían era recordarle a la vicepresidenta valenciana “que es española”. Oltra, quien ha declarado antes que el dirigente ultraderechista, ha asegurado que los hechos afectaron mucho a sus hijos de 10 y 14 años.

Después de que el juzgado hubiera puesto fecha al juicio, la Abogacía de la Generalitat facilitó el nombre de otra persona, que se incorporó como denunciado al procedimiento y también ha sido juzgado este miércoles.

La jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito leve de amenazas, castigado con una pena de multa, recogido en el artículo 171.7 del Código Penal, según el cual “el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.

Esta investigación se abrió a raíz de la denuncia interpuesta por la Abogacía de la Generalitat el 20 de octubre, por si los hechos pudiesen constituir un delito de acoso, de odio o de desorden público.

La noche del pasado 18 de octubre un grupo de personas encapuchadas y/o con caretas de la película “Scream” se concentró frente al domicilio de la vicepresidenta y desplegó una gran bandera española con el lema “Viva la unidad de España”.

Mediante un altavoz portátil, emitieron diversas consignas e hicieron sonar un pasodoble seguido del himno de España, mientras grababan “hacia el interior del domicilio familiar”.

La denuncia reflejó que se hicieron comentarios como: “Estamos en casa de nuestra amiga Oltra de Compromís, hemos venido a ponerle un poco de música española, para decirle que estamos en España y en la C.Valenciana”.

Varias decenas de personas vinculadas con la extrema derecha, convocados por el ultra José Luis Roberto y la formación España 2000, se ha concentrado este miércoles en la plaza del Pilar de Valencia, a las puertas de la sede de Compromís, para protestar contra Mónica Oltra y la formación valencianista “para evitar que sigan realizando la catalanización del Reino”.

La plaza del Pilar ha contado con una importante presencia policial, que ha evitado el acceso al lugar de la concentración de colectivos vecinales que también han intentado acceder a este mismo espacio para protestar por esta acción. Los convocantes contaban con la autorización de la delegación del Gobierno.

El presidente de las Corts, Enric Morera, ha denunciado estos hechos a través de su cuenta de Twitter: “La sede nacional de Compromís desalojada por concentración de extrema derecha. Está pasando, un 25 de abril”.

Juicio por el acoso a Mónica Oltra

El próximo día 23 de mayo tendrá lugar el juicio por el acoso que realizó un grupo de miembros de España 2000 a la vicepresidenta valenciana en su domicilio. En aquella acción, que tuvo lugar poco después de las agresiones del 9 d'Octubre por parte de ultras de extrema derecha durante la manifestación nacionalista, también estuvo presente el controvertido José Luis Roberto.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Llíria juzgará el próximo 23 de mayo por un delito leve de amenazas a José Luis Roberto, líder de España 2000, y otras dos personas denunciadas simpatizantes ultraderechistas por concentrarse a las puertas de la vivienda particular de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, el pasado mes de octubre.

Roberto fue denunciado por la parte perjudicada, y las otras dos personas fueron identificadas por la Guardia Civil a petición de la jueza. En total tres de una decena de personas participantes en esta acción que tuvo lugar el 19 de octubre por la noche, y en el que iban vestidos con máscaras.

La jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito leve de amenazas, castigados con una pena de multa, en el marco del artículo 171.7 del Código Penal, según el cual “el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”. La condena por esta acusación són penas leves de entre uno y tres meses de prisión, aunque no obstantegenera antecedentes penales.

El día del juicio, los denunciados pueden estar asistidos por un abogado si lo desean y acudir con los medios de prueba que consideren oportunos para defenderse.

Recientemente José Luis Roberto, tras recibir las diligencias, pidió a través de las redes sociales el apoyo de sus simpatizantes el día del juicio que ahora tiene fecha.

El líder de España 2000, José Luis Roberto, será juzgado por un delito leve de amenazas por la acción de acoso que realizó -junto con otros ultraderechistas- ante la casa de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. Lo ha confirmado el propio Roberto en su perfil de Facebook donde explicaba: “Acabo de recibir las diligencias de la denuncia contra mi de la excelentísima señora doña Monica Oltra Jarque, vicepresidenta del Consell Valenciano, lider indiscutible de Compromís”.

Los hechos, que fueron investigados por la Fiscalía, fueron puestos en manos de un juzgado de Llíria que al parecer habría entregado ahora las diligencias a Roberto, que será juzgado junto con otros dos participantes en el mismo acto de intimidación que tuvo lugar la noche del pasado 18 de octubre y en el que la mayoría acudieron con máscaras.

La reacción de José Luis Roberto ha sido tirar de ironía, y no usar el tono desafiante que empleó cuando supo que la justicia tomaría cartas el caso de acoso. Así el líder de la extrema derecha ha afirmado: “Estoy anodadado, patidifuso. No sabia que era un fascista peligroso. Xenófobo y racista. Mi mujer, presidenta de la asociación de lituanos en España, ha dejado de hablarme. Estoy tan desequilibrado que solo se me ocurren tonterías”.

Roberto ha finalizado el comentario en la red social pidiendo apoyo a sus seguidores el día de su citación: “Solo pido que el día del juicio aquellos amigos que me consideran una buena persona vengan a apoyarme para que no me deprima. Nos vemos allí”.

L’alcalde de València acull les Reines Magues en la seua segona desfilada EFE

La cavalcada de les Magues de Gener prevista per a aquest diumenge 7 de gener a les 12.00 hores es preveu polèmica.

Persones vinculades a l’extrema dreta han començat a donar-se cita mitjançant un missatge en cadena via Whatsapp aqueix dia a aqueixa mateixa hora al Parterre, on arranca la desfilada, per a rebentar la desfilada.

Segons diu el missatge, l’objectiu de la convocatòria és “acompanyar protestant la vergonyosa cavalcada de les Reines Magues republicanes pagada amb diners públics”.

A més, afig que repartiran “banderes valencianes i espanyoles menudes, i també xiulets” i que “al final, a la plaça de l’Ajuntament, amb una estrepitosa xiulada” impediran que Ribó faça el seu discurs: “Com el 9 d’Octubre, que siguen conscients que el poble valencià està amb les seues tradicions”, acaba el missatge, en al·lusió als incidents ocorreguts durant la festivitat de la Comunitat pels quals ja hi ha 17 imputats.

El dirigent d’España 2000, José Luis Roberto, anuncia en el seu perfil de Facebook que assistirà a la cavalcada

Sobre això, el líder d’España 2000, José Luis Roberto, ja ha anunciat en el seu perfil de Facebook que assistirà a la desfilada.

Roberto està sent investigat per un jutjat de Llíria arran de la concentració intimidatòria d’uns quants membres d’Espanya 2000 a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, durant la nit del 18 d’octubre.

Els actes públics, objectiu de l’extrema dreta

El 9 d’Octubre passat, diada de la Comunitat Valenciana, més de 300 ultres es van concertar via xarxes socials en una concentració no autoritzada pel Govern com a protesta per una manifestació en què participaven entitats independentistes com la CUP i Arran.

La contramanifestació dels grups d’extrema dreta va acabar amb nombroses agressions i, posteriorment, amb detencions. Ja al matí, en la processó cívica en què participen els representants polítics dels diferents partits, es van registrar incidents en forma d’insults per part d’ultres, amb els partits d’esquerres com a blanc principal de les crítiques.

Segons fonts del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià, la majoria dels arrestats són membres de la penya del València CF Ultras Yomus, encara que també hi ha membres del regionalisme valencià d’extrema dreta.

En una primera operació, la policia nacional va detenir 13 persones vinculades amb les agressions. Una vegada oberta la investigació en el jutjat i gràcies a l’aportació d’imatges de les acusacions i la Unió de Periodistes Valencians, el jutge va imputar una altra persona i va demanar més perquisicions. De moment, són 17 els imputats.

Dies més tard, el 18 d’octubre, uns quants membres del partit d’ultradreta España 2000 es van presentar a la nit davant del domicili de la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, emmascarats, amb una bandera d’Espanya i cantant a crits cançons a favor de “la unitat d’Espanya”. Els ultres ho han retransmés en directe a través d’una xarxa social.

El acoso de José Luis Roberto, líder de la ultraderechista España 2000, a la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís Mónica Oltra acabará en un juzgado de Llíria y la también consellera de Igualdad ha asegurado este viernes que solicitará al juzgado que incorpore las nuevas “amenazas” que ha recibido esta misma semana, vertidas a través del perfil de Roberto en las redes sociales.

Oltra ha lamentado que organizaciones de extrema derecha como España 2000 y personas como su líder, a quien la vicepresidenta se refirió este jueves como 'Voldemort' -el malvado mago protagonista de la saga literaria y cinematográfica de 'Harry Potter'-, “se creen con el derecho de amenazar a alguien porque piensa diferente, de pegar a manifestantes o de abrir la cabeza a otro por llevar unos tirantes determinados”.

En su opinión, estas personas “no tienen cabida en esta sociedad”, por lo que ha reivindicado una sociedad en la que tenga cabida todo el mundo “menos la intoleracia, la violencia y la falta de respeto”.

“Aviso a navegantes”

Roberto, quien fue una de las personas que acosaron a Mónica Oltra y su familia en su casa el pasado 18 de octubre, publicaba este miércoles un mensaje en Facebook que bajo el título 'Aviso a navegantes' calificaba a la líder de Compromís de “marisabidilla”, “chivatilla” o “repelente niña Vicenta” y le decía: “¿Quiere guerra? Ha encontrado un combatiente. Ni olvido ni perdón”.

Precisamente, esta misma semana se conocía que un juzgado de Llíria investigará la concentración intimidatoria de varios miembros de España 2000 frente a la casa de Oltra por si hubieran incurrido en un delito de amenazas. Además, solicitó a la Guardia Civil que identificara a quienes protagonizaron el acoso.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Llíria ha pedido a la Guardia Civil que identifique a las personas que el pasado mes de octubre participaron en una protesta de carácter ultraderechista ante las puertas del domicilio de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra. Esta petición se realiza después de la denuncia presentada por la Fiscalía contra varias personas por un delito leve de amenazas.

El Juzgado ha abierto el procedimiento para la celebración del juicio y acuerda, antes del señalamiento del mismo, oficiar a la Guardia Civil para que identifique a más personas ya que en la denuncia sólo se identifica al presidente del partido político España 2000, José Luis Roberto, quien ayer ya advertía a Oltra: “¿Quiere guerra? Ha encontrado un combatiente. Ni olvido ni perdón”. Cabe destacar también que la mayoría de participantes en esta acción iban enmascarados.

La jueza considera que los hechos denunciados como delito leve de amenazas se encuadran en el artículo 171.7 del Código Penal, según el cual “el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.

Al tratarse de un delito leve (lo que antes eran las faltas) el juicio se celebrará en el mismo juzgado de instrucción sin necesidad de realizar una investigación. El día del juicio, los denunciados pueden estar asistidos por un abogado si lo desean y acudir con los medios de prueba que consideren oportunos para defenderse.

“¿Quiere guerra? Ha encontrado un combatiente. Ni olvido ni perdón”. Així acaba un missatge que José Luis Roberto, dirigent d'Espanya 2000, ha publicat en el seu compte de Facebook dirigit a la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, a qui amenaça i acusa d'estar cometent irregularitats en la seua gestió després de referir-se a ella com “marisabidilla” o “chivatilla” i qualificar-la de “repelente niña Vicenta”.

Roberto encapçalava al grup d'Espanya 2000 que la nit del 19 d'octubre va protagonitzar un assetjament a Oltra davant la seua casa. Parapetats darrere d'una bandera espanyola amb un lema que al·ludia a la unitat d'Espanya, van utilitzar un megàfon per a cantar l'himne franquista i proferir al·lusions a la dirigent de Compromís.

Roberto, personatge molt conegut de la ultradreta valenciana, propietari d'una empresa de seguretat i advocat dels clubs d'alterne, es dóna per imputat després de la decisió de la Fiscalia d'enviar a un jutjat de Llíria el cas davant els indicis d'un delicte d'amenaces contra la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. No obstant això, la denúncia no s'ha registrat encara i, segons informa el Tribunal Superior de Justícia, no hi ha imputats perquè es tracta d'un delicte lleu (el que abans eren els judicis de faltes). Un tipus de procediment en el qual no hi ha imputats ni investigats, només denunciats.

“¿Cree que por ser vicepresidenta del Consell me va a hacer arrodillarme?”, es pregunta el dirigent d'Espanya 2000 en el seu compte de Facebook. I respon: “Iré al banquillo con toda la dignidad y con la satisfacción de defender la verdad contra un poder despótico y de bajo coeficiente intelectual. Pero si cree que se hará sin guerra, si cree que se hará con sumisión, se equivoca”.

“¿Quiere guerra? Ha encontrado un combatiente. Ni olvido ni perdón”. Así termina un mensaje que José Luis Roberto, dirigente de España 2000, ha publicado en su cuenta de Facebook dirigido a la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, a la que amenaza y acusa de estar cometiendo irregularidades en su gestión tras referirse a ella como “marisabidilla” o “chivatilla” y calificarla de “repelente niña Vicenta”.

Roberto encabezaba al grupo de España 2000 que la noche del 19 de octubre protagonizó un acoso a Oltra ante su casa. Parapetados tras una bandera española con un lema que aludía a la unidad de España, utilizaron una megáfono para cantar el himno franquista y proferir alusiones a la dirigente de Compromís.

Roberto, personaje muy conocido de la ultraderecha valenciana, propietario de una empresa de seguridad y abogado de los clubes de alterne, se da por imputado tras la decisión de la Fiscalía de enviar a un juzgado de Llíria el caso ante los indicios de un delito de amenazas contra la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, la denuncia no se ha registrado aún y, según informa el Tribunal Superior de Justicia, no hay imputados porque se trata de un delito leve (lo que antes eran los juicios de faltas). Un tipo de procedimiento en el que no hay imputados ni investigados, sólo denunciados.

“¿Cree que por ser vicepresidenta del Consell me va a hacer arrodillarme?”, se pregunta el dirigente de España 2000 en su cuenta de Facebook. Y responde: “Iré al banquillo con toda la dignidad y con la satisfacción de defender la verdad contra un poder despótico y de bajo coeficiente intelectual. Pero si cree que se hará sin guerra, si cree que se hará con sumisión, se equivoca”.