No fue un simple cambio de usos en el suelo. Se recalificó una manzana entera a solo unos metros de la Puerta del Sol. Se vaciaron siete edificios históricos de arriba a abajo y se siguió excavando para construir un parking. Hubo que cambiar el Plan General y eso lo hizo en 2013 el Ayuntamiento gobernado por Ana Botella. Hubo que cambiar la ley madrileña de protección del Patrimonio (para rebajarla) y eso lo hizo, en solitario, el PP de Esperanza Aguirre. Se llamó Operación Canalejas, pero bien podría haberse bautizado como 'La Gran Recalificación'. No hay muchos antecedentes en España de una actuación urbanística como esta en uno de los solares más codiciados del país.

Por la misma época en la que todo se tramitó entre la Comunidad, el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid, el principal beneficiado, entonces dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, alto cargo en la dictadura reconvertido en empresario de las obras públicas y, sobre todo, amigo personal de Aguirre, salvó de la ruina al marido de la entonces lideresa del PP con la compra de un cuadro de Goya por el que le pagó cinco millones de euros. La venta del cuadro derivó en cisma con la familia política de Aguirre. Con su cuñado que lo denunció y va ganando en los tribunales. (Con la otra familia política, el Partido Popular de Madrid, no hubo problemas: apoyó la operación hasta el final).

Doce años después de todo aquello, los grandes protagonistas de la operación están oficialmente jubilados. Esperanza Aguirre ya solo comparece en tertulias de televisión para decir que está muy en contra de la corrupción y que durante aquellos maravillosos años al frente de la Comunidad de Madrid no se enteró de lo que luego ha ido apareciendo en los sumarios: desfalcos en la empresa pública del agua, comisiones irregulares en la adjudicación de colegios concertados, en la privatización de la sanidad, dinero B en las cuentas de su propio partido, una sede pagada en negro... Ana Botella se retiró de la política. Y Villar Mir, fallecido en 2024, desapareció antes de OHL, un gigante empresarial venido a menos y vendido al capital mexicano que ahora dirige la familia Amodio.

El edificio Canalejas, en cambio, sigue en pie, en medio de una enrevesada disputa empresarial. En 2017 otro tiburón de los negocios, Isai Scheinberg, fundador de Poker Stars con su fondo Mohari, compró la mitad de la sociedad por 215 millones de euros. Desde entonces la convivencia en el accionariado ha sido poco apacible. Lo último es que ambos socios, Mohari y OHL, han sellado la paz y se acaban de repartir el complejo. Según fuentes conocedoras de un acuerdo que todavía no se ha oficializado, Mohari se quedará el hotel Four Seasons, el último gran cinco estrellas llegado a la capital, su parte del parking y la tienda de Hermés, con entrada desde la calle. OHLA (el nuevo grupo ha añadido una vocal a su nombre de siempre) mantiene la galería comercial con sus firmas de hiperlujo y también el Food Hall del sótano.

Y ahí, precisamente, en la planta -1 se esconde el gran fiasco de la operación: 3.000 metros cuadrados para restaurantes sin vistas a la calle que nunca acabaron de despegar.

Este jueves, mientras arriba, en la galería comercial, Rolex, Cartier, Ermenegildo Zegna, Valentino y otras firmas de gran lujo facturaban ajenas al Black Friday y a las ofertas, sin carteles de precios en sus escaparates, un piso más abajo todo estaba desierto. Imposible encontrar una señal en el resto del centro comercial de que hay más vida en Canalejas. No hay carteles ni indicaciones ni escaleras que bajen directamente. Al llegar a la galería de restauración, a través de un ascensor escondido, solo permanece un local abierto, el Garelos, del restaurador Antonio Couceiro. En este turno de mediodía no ha cobrado un solo menú. Y la pareja que se acerca lo hace para preguntar dónde están los baños.

Cientos de millones de euros después, en los bajos de la última “milla de oro” en la capital, donde la suite del hotel se reserva a partir de 25.000 euros la noche, en el mismo edificio que ha vendido áticos por 13 millones de euros, intenta resistir un hostelero de Betanzos (A Coruña) que vende raciones de pulpo, empanada y merluza a precios razonables. Desde hace tres semanas ha habilitado un servicio de reparto, visto que a la galería que un día llamaron “food hall” ya no entra nadie.

Las escaleras mecánicas que bajan del centro comercial están clausuradas por orden de los caseros, de momento OHLA y Mohari. Y en recepción a quien pregunta por los restaurantes, los guardias de seguridad le responden que la galería está en obras.

Tras la barra de ese único local abierto, Couceiro asegura que todo es parte de una estrategia para que abandone, como lo vinieron haciendo, uno detrás de otro, los propietarios del resto de locales, unos 30 cuando arrancó. Pero el empresario, con otros cuatro restaurantes repartidos por la ciudad, está dispuesto a aguantar con una renta de 10.000 euros al mes, más gastos y dos empleados en nómina. Por eso lo de servir platos a domicilio, una forma de enjugar mínimamente las cuentas e ir tirando.

Couceiro espera que ahora que la planta parece haber quedado en manos de OHLA, sus caseros se avengan a negociar. Desde luego, el food hall lo da por finiquitado. “Abrirán seguramente otra galería de tiendas porque aquí lo de la restauración es imposible de reflotar”, asume el fiasco, mientras ya solo pretende recuperar parte de la inversión y el lucro cesante de su contrato a diez años, y que mientras tanto la propiedad cumpla con sus obligaciones igual que él asume las suyas.

Durante los últimos meses, otros restauradores se quejaban en privado de “mobbing inmobiliario”. Calificaban así las maniobras de la propiedad como cerrar la mayoría de accesos desde el edificio a la planta -1, o que sus empleados respondan a los clientes que el food hall está cerrado por reformas e incluso los grandes cortinones que aparecieron tapándolo todo una mañana.

Uno tras otro los restaurantes fueron echando la verja y ahora la planta entera es un páramo. El runrún en Canalejas era que el grupo Mohari, donde invirtió el exfundador de Poker Stars al abandonar la casa de apuestas, pretendía aprovechar las instalaciones para montar un casino en el subsuelo del complejo y que para eso tenía que desalojar a los inquilinos.

El rumor ha perdido consistencia ahora que Mohari se limitará a explotar el Four Seasons y Hermés.

Abierto ya solo quedan el Garelos de platos gallegos y, durante cuatro horas, el Salvaje, que un día sirvió comidas y ahora ofrece cocktails de cuatro a ocho de la tarde. Atrás quedó la ruidosa inauguración hace cuatro años cuando se instalaron una treintena de locales: italianos, especializados en carnes, arrocería e incluso una franquicia de ostras. Las animaciones con bailarines desaparecieron y la pirotecnia que acompañaba a los platos se fue apagando. Como el resto del Food Hall.

Uno de los empleados que estuvo desde el principio sostiene que el planteamiento fue equivocado incluso en los detalles más pequeños. Recuerda que a la entrada había un botones que recibía a los clientes con capa y sombrero. “Espantaba a la clientela, todos daban por hecho que entrar a comer supondría un sablazo”.

Desde el Garelos, Couceiro atribuye la ruina al prohibitivo precio de los alquileres. Había restaurantes pagando 30.000 euros al mes por el alquiler, gastos aparte, que luego vendían cervezas a seis euros y vinos a cuatro. Otro despachaba perritos calientes, que calentaban en el microondas, y bebida, por 30 euros.

Al final, el gran pelotazo inmobiliario y el capitalismo salvaje de las grandes constructoras y fondos acabó explotando por el lado más débil: el del cliente que no estaba dispuesto a pagar cinco euros por un refresco en un local sin vistas a la calle ni terraza. Por mucho que para levantar el edificio hubiera que cambiar leyes, planes urbanísticos y hasta comprar un Goya a la familia de la política de turno. Y mientras el conflicto se resuelve, en el epicentro del lujo, a unos metros del kilómetro cero de España, tras 'La Gran Recalificación', un pequeño restaurador intenta resistir sirviendo a domicilio tortilla de Betanzos a 13 euros o chipirones a 15,50.

(Ni OHLA ni el grupo Mohari han atendido la invitación de elDiario.es para participar en este reportaje).

José Castro Aragón (Còrdova, 1945) porta tatuada a la seva biografia l'etiqueta de“jutge del cas Nóos”, la causa que va posar en escac la monarquia i que, per primera vegada, va asseure a la banqueta un fill de la família real, la infanta Cristina, una fita sense precedents en la història judicial espanyola. Al capdavant del Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma, es va convertir, a més, en assot de l'expresident del Govern balear Jaume Matas (PP), es va endinsar de ple als secrets del finançament irregular del partit i va tenir davant seu investigats com l'arquitecte Santiago Calatrava, autor de l'avantprojecte d'una òpera pel qual l'Executiu autonòmic va pagar 1,2 milions d'euros. Aquella construcció mai no va veure la llum.

Afable i trempat en el tracte, Castro, Pepe per als amics i coneguts, assegura que hauria investigat el rei Joan Carles si no existís l'article 56.3 de la Constitució, que blinda la inviolabilitat del cap de l'Estat. Ara, el grup de jutges i juristes amb què treballa reclama cada any al Govern d'Espanya que insti el rei a renunciar a aquest privilegi, “però ni punyeter cas”, assenyala. Retirat de la judicatura, acaba de publicar El caso Nóos. Toda la verdad del proceso que conmocionó España, contada por su juez protagonista (Roca Editorial), on repassa la instrucció d'un procediment que va marcar un abans i un després en la percepció ciutadana de la Justícia i la monarquia.

En una entrevista concedida a elDiario.es a la seu de la delegació balear d'aquest diari, sosté que “la Justícia mima més el poderós que el desvalgut”, encara que el que més el preocupa és l'arbitrarietat legal, protegida per la mateixa llei, com la doctrina Botín. Es mostra severament crític amb l'encausament de Begoña Gómez –“el que haurà fet la senyora Gómez d'encarregar el seu assistent personal a través d'uns correus electrònics podrà ser correcte o no, però no es pot elevar a la categoria de delicte”– i amb el processament del Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per la suposada filtració d'un correu de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -“condemnar això em semblaria absurd”-, mentre recrimina el retrocés democràtic que pateix el país: “Tenim joventuts amb uns valors tan feixistes, retrògrads i absurds al món en què vivim...”.

Parla sense embuts, a més, de la politització de la Justícia: “El Consell General del Poder Judicial és un òrgan de control que per als altres poders és indesitjable. Indesitjable perquè controla i els altres poders no volen ser controlats”.

Què us ha portat a publicar un llibre sobre el cas Nóos? Què aporta que no s'hagi explicat fins ara?

Bé, he de dir que jo no vaig tenir mai intenció d'escriure un llibre sobre el cas Nóos, com tampoc ho he escrit sobre el cas Calvià [per un intent de suborn per part del PP a un regidor socialista perquè recolzés una moció de censura contra la llavors alcaldessa, Margarita Nájera] o sobre la adjudicació de l'hospital Son Espases. No, no tenia aquesta intenció, però una editorial es va interessar pel tema. M'ho vaig pensar durant un temps. Entenia que si no ho escrivia jo, ho escriurien altres persones des d'òptiques molt diferents de la meva. Realment aquest llibre el podria haver escrit vostè, que en va fer el seguiment, el fiscal Pedro Horrach o qualsevol lletrat que intervingués en la causa. Al final em vaig decidir a escriure'l. És una obra sobre un procés judicial, i per això no em puc inventar un judici diferent. Relato el que va passar des de la meva òptica, però sense apartar-me del que és el sumari. Pel que fa al que diu el llibre que no se sabés... Hi ha una mica de trastienda sobre la causa, com la part més nova en què, per fer-lo més digerible, sotmeto a un diàleg determinats passatges. És un diàleg purament imaginat i potser no gaire diferent del que hauria pogut ser. Cada lector ho anirà descobrint.

La dedicatòria del llibre diu: “Als que no es van atrevir a fer el que devien per por a la repercussió de les seves pròpies decisions, perquè recapacitin fins on la seva consciència els ho permeti”. A qui es refereix?

Va dirigit a terceres persones, entre les quals m'hi incloc. Realment aquesta dedicatòria no és més que una recomanació als qui llegeixin el llibre i als qui van intervenir en aquest cas perquè reflexionin sobre si van fer el que havien de fer.

Si Joan Carles I no hagués gaudit del privilegi de la inviolabilitat –de què continua gaudint Felip VI–, fins on hauria arribat la instrucció?

Mai no se sap fins on pot arribar una instrucció. Se sap com comença, però mai no se sap com pot acabar. El que sí que és cert és que una de les línies de recerca que hauria pogut desenvolupar és el paper que va tenir el rei Joan Carles si l'article 56.3 de la Constitució, que blinda la seva inviolabilitat, no existís. Aquest article impedia iniciar la menor investigació sobre el llavors rei. Que pensés d'una manera o d'una altra, que abrigés els meus dubtes sobre la intervenció que aquest senyor va tenir en el cas, no conduïa a res. No sé fins on hagués pogut arribar, però que ho vaig abrigar en un moment sí que és cert.

Mai se sap fins a on pot arribar una instrucció. Se sap com comença, però mai com pot acabar. El que sí que és cert és que una de les línies de recerca que hauria pogut desenvolupar és el paper que va tenir el rei Joan Carles si l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la seva inviolabilitat, no existís. No sé fins a on hauria pogut arribar, però que ho vaig abrigar en un moment donat sí que és cert

José Castro — Exjutge juez del cas Nóos

Aleshores, es pot induir de la seva resposta que comptava amb indicis suficients per imputar el rei emèrit, però l'article 56.3 ho impedia?

Si no eren indicis, sí que eren objectius clars, però no es va desenvolupar cap investigació. A priori jo podia tenir una línia de recerca que s'alineava amb la causa, però la vaig menysprear perquè, atesa l'existència d'aquest article, no tenia sentit ni conduïa enlloc.

Precisament, un grup de jutges, juristes i altres professionals de Balears, entre els que vostè es troba, han reclamat al Govern d'Espanya instar el rei Felip VI a que, en algun dels seus discursos de Nadal, anunciï la seva renúncia a la inviolabilitat...

Cada any enviem un escrit al president del Govern [central], però ni punyeter cas. I en aquest escrit li diem: “Recomani a sa Majestat el Rei que aprofiti el discurs de Nadal per renunciar”. Ja sabem que el que renunciï no significa que el precepte s'elimini, però almenys el Tribunal Constitucional es podrà sentir més tranquil concordant que la interpretació més lògica no és la que se li ha donat. Aquesta interpretació és que és inviolable pels actes propis de la seva funció com a rei, que és allò que diu la pròpia Constitució.

Cada any enviem un escrit al president del Govern, però ni punyeter cas. I en aquest escrit li diem: 'Recomani a la seva Majestat el Rei que aprofiti el discurs de Nadal per a renunciar a la inviolabilitat'

José Castro — Jutge del cas Nóos

No si comet altres fets delictius fora d'aquestes funcions...

És que no té cap sentit.

Tornant al cas Nóos, fa uns diez va comentar que les causes amb aforat eren com “trepitjar una mina antipersona”. Vostè va enviar una exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) perquè Francisco Camps i Rita Barberá fossin imputats en el cas Nóos. El TSJCV ho va rebutjar. També va quedar fora del cas l'exconseller valencià i exvicesecretari general del PP Esteban González Pons tot i que va afavorir amb la seva firma uns Jocs europeus que mai no van arribar a celebrar-se. Al final, la branca valenciana del cas Nóos va quedar pràcticament en foc d'encenalls en comparació de la branca balear. A què ho atribueix?

Jo vaig oferir al tribunal sentenciador tot l'elenc de persones que podien haver contret algun tipus de responsabilitat i entre elles hi havia la trama valenciana, que no diferia gaire de la que després es va desenvolupar aquí a les Balears. El tribunal, que és amo i senyor per valorar les proves que s'obtinguin al plenari, va optar per relativitzar tots els indicis amb què es comptaven i els va absoldre. No hi tinc res a dir. No és la primera vegada que un tribunal sentenciador no acull els plantejaments d'un jutge instructor i, bé, el que volem és que els nostres plantejaments siguin acollits. Però si no ho són, hi estem acostumats.

Jo li vaig oferir al tribunal sentenciador tot l'elenc de persones que podien haver contret algun tipus de responsabilitat i entre elles estava la trama valenciana [del cas Nóos]. El tribunal, que és amo i senyor per a valorar les proves que s'obtinguin en el plenari, va optar per relativitzar tots els indicis amb els quals es comptaven i els va absoldre

José Castro — Exjutge del cas Nóos

Van influir interessos polítics en el fet que el TSJCV no assumís les competències per investigar aquesta part del cas Nóos?

Jo he de pensar bé del tribunal. No tinc cap altra alternativa...

A la interlocutòria amb què, el març del 2010, va imposar l'expresident del Govern balear Jaume Matas una fiança de tres milions d'euros, la més alta decretada fins aleshores per a un polític a Espanya, va assenyalar que l'exlíder del PP va venir “a burlar-se dels simples mortals” segons les justificacions que va oferir al seu dia al voltant del sobrecost d'un dels seus grans projectes, el velòdrom Palma Arena, i el descomunal increment del seu patrimoni. Creu que continua burlant-se després de lliurar-se de possibles condemnes per enriquiment il·lícit o per blanquejar diners amb l'adquisició del seu palauet de Palma?

Sempre que algú a qui el poble ha encimbellat d'alguna manera, si no compleix el seu deure de procurar el benestar dels ciutadans, se n'està rient.

Es va enriquir il·lícitament Matas?

No rastregem tot el que es podia rastrejar. Comptes corrents, comprovar si hi havia caixes fortes... No ja a nom d'ell, sinó de testaferros. Degueren cuidar-se molt. O potser no hi havia res... No es va trobar absolutament res. Però les obres del palauet del carrer Feliu, aquestes es van sufragar amb diners opacs al fisc [nombrosos proveïdors que van declarar com a testimonis van manifestar que Matas els va arribar a abonar més de 300.000 euros en efectiu pels treballs que van dur a terme]. I on estaven residenciats aquests fons? Jo vaig enviar als Estats Units una comissió rogatòria, però la veritat és que no em van fer gaire cas. Deu haver-hi algun lloc on estan atapeïts aquests diners.

Les obres del palauet [de Jaume Matas], aquestes es van sufragar amb diners opacs al fisc. I on estaven residenciats aquests fons? Jo vaig enviar als Estats Units una comissió rogatòria, però la veritat és que no em van fer massa cas. Ha d'haver-hi algun lloc on estigui aquests diners

José Castro — Exjutge del cas Palma Arena

A la recent presentació del seu llibre va comentar que, durant la segona legislatura de Matas (2003–2007), cada adjudicatari “havia de passar per caixa”, és a dir, pagar un suborn per cada concessió. Una de les causes derivades d'aquella època va ser el cas Son Espades, en el sumari del qual van aflorar noms com els de Juan Miguel Villar Mir i Florentino Pérez per presumptes favors al PP a canvi de ser-los adjudicades les obres de l'hospital. Va arribar a apuntar, fins i tot, que aquests suposats suborns es van destinar als treballs de reforma de la seu nacional del PP. A la interlocutòria amb què va arxivar aquesta línia de recerca va admetre no haver pogut demostrar aquests pagaments, però va lliscar que “no seria desgavellat sospitar que diners obtinguts en ocasió d'aquest concurs fossin la font d'alimentació de la caixa B del PP”. Què li va impedir acreditar-ho?

Quan un es troba davant d'un mur que ja no pot travessar, cal reconèixer-ho. Això vol dir que l'instructor ha de renunciar a la seva línia de recerca, als seus plantejaments del que realment va passar? No. I fixeu-vos fins a quin punt que el cunyat del senyor Matas, Fernando Areal Montesinos [extresorer del PP balear], qui davant meu es va mostrar virulent en dir-me que jo la tenia presa amb ell i que ja el tenia condemnat a priori, en una altra causa va arribar a un pacte amb la Fiscalia i va reconèixer que el partit manejava diners negres [amb els qual es van sufragar les campanyes municipals i autonòmiques de 2007]. Si, com ell va confessar, hi havia diners negres, una caixa B, que algú em digui d'on es nodreix, d'on s'alimenta aquesta caixa. No es va poder demostrar d'on sortien aquests diners, però, si tu t'estàs relacionant amb persones que adjudiquen contractes milionaris, no és difícil imaginar-ho.

Si, com va confessar Fernando Areal [extesorero del PP balear i cunyat de Matas], hi havia diners negres, una caixa B en el partit, que algú em digui d'on es nodreix, d'on s'alimenta aquesta caixa. No es va poder demostrar d'on sortia aquests diners, però, si tu t'estàs relacionant amb persones que adjudiquen contractes milionaris, no és difícil imaginar-lo

José Castro — Exjutge del cas Palma Arena

En el cas de la reforma de la seu balear del PP, l'exregidor Javier Rodrigo de Santos ha assegurat que les obres havien estat sufragades en part per l'empresari Antonio Pinal, qui li hauria confessat que havia “ajudat” en el finançament dels treballs a canvi de ser-li adjudicat el desenvolupament d'un projecte urbanístic a les casernes de Son Busquets, a Palma. L'extresorer del PP Luis Bárcenas també va al·ludir a les suposades 'aportacions' d'aquest empresari, a qui es va referir com a un “donant generós”amb el PP. Alguns adjudicataris van confessar també pagaments en negre. De nou, vostè va arxivar la causa a contracor després que així ho demanés la Fiscalia Anticorrupció i l'Advocacia de la Comunitat Autònoma s'apartés del procediment. En la seva interlocutòria de sobreseïment, tot i això, va insinuar que els que haguessin finançat les obres “ja s'afanyarien per fer els lliuraments de manera que no deixessin rastre”.

Efectivament, em vaig fer ressò que el senyor Pinal buscaria la manera de no deixar rastre. I no és que jo li estigui imputant una cosa inexistent. És que si circulen diners negres [com havia confessat Areal] ja es cuidarien els que exerceixen aquesta circulació que no quedés rastre. Això és una manera habitual i normal en l'ésser humà, sobretot si tria el camí de la corrupció. També el cas Son Dureta [en què es va investigar el desviament de fons públics a través de la gestió d'aquest hospital i la implantació de marcapassos a pacients morts] es va haver d'arxivar perquè ningú va col·laborar. No vam aconseguir indicis clars malgrat que allò era un autèntic desastre, com la custòdia de les pròtesis: algunes, molt cares, es perdien i ningú sabia on anaven. I és clar, jo ho vaig arxivar perquè no tenia indicis. Però ningú no em pot privar del dret a fer constar que ho arxivo perquè no tinc més remei.

Creu que la justícia espanyola protegeix els poderosos?

L'espanyola, la francesa, la nord-americana, tota la justícia del món mima més el poderós que al desvalgut. Això és clar. De fet, no ho podem evitar: el desvalgut té el seu advocat del torn d'ofici. Són dolents els del torn d'ofici? No. Però qualsevol persona acabalada contracta el seu propi advocat, com el cas de la infanta Cristina, que crec que en tenia tres. Naturalment, a tres ments se li acudeixen més recursos. Se'ls il·lumina la ment a tres més que a un. O almenys hi ha més possibilitats que això sigui així. Aquest tipus d'injustícia no es pot evitar, però el que sí que es pot evitar és l'arbitrarietat legal que està protegida per la mateixa llei. Es poden evitar els aforats, es poden evitar línies jurisprudencials com la doctrina Botín: que es pretengués privar de legitimitat l'acusació popular perquè acusava el senyor Botín [president del Banc de Santander]. El Tribunal Suprem va elaborar una línia jurisprudencial que tirava per terra tota la que havia seguit fins aleshores, que deia que l'acusació popular té les mateixes atribucions i les mateixes competències que l'acusació pública. Aquesta arbitrarietat és la que s'hauria d'evitar, no pas que hi hagi rics i pobres. Podem repartir millor la riquesa, però sempre hi haurà rics i pobres. Això no ho podem canviar.

La Justícia espanyola, la francesa, la nord-americana, tota la justícia del món mima més al poderós que al desvalgut. Aquest tipus d'injustícia no es pot evitar, però el que sí que es pot evitar és l'arbitrarietat legal que ve protegida per la pròpia llei. Es poden evitar els aforats i es poden evitar línies jurisprudencials com ara la doctrina Botín

José Castro — Exjutge

El Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, s'asseurà a la banqueta per la filtració d'un correu de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, després que la Sala Penal del Tribunal Suprem confirmés el seu processament amb un dels magistrats en contra...

Jo entenc que no ho poden condemnar. Si el condemnessin, em causaria molta més sorpresa encara que el que ho hagin assegut a la banqueta, que també m'ha causat sorpresa. Ningú no pot ser condemnat per revelar un secret quan aquest secret ja ha deixat de ser-ho. Quan ja s'ha fet públic. Condemnar això em semblaria absurd. Però, cosa absurda, estan prosperant els qui així ho desitgen. Esperem que s'acabi la ratxa.

Jo entenc que no ho poden condemnar [al Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz]. Si ho condemnessin, em causaria molta més sorpresa encara que el que ho hagin assegut en la banqueta. Ningú pot ser condemnat per revelar un secret quan aquest secret ja ha deixat de ser-ho

José Castro — Exjutge del cas Nóos

La presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, i la seva mà dreta, Miguel Ángel Rodríguez, fa més d'un any que desacrediten els jutges i fiscals que han investigat la seva parella, Alberto González Amador, per frau fiscal. I tot això davant la passivitat de les associacions majoritàries i conservadores, d'altres jutges i fiscals i del mateix Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Què opina sobre això?

Sembla que la societat s'ha dividit, s'ha polaritzat i ara n'hi ha uns que defensen un delinqüent confés. No ho han condemnat, però ell s'ha confessat com a autor de dos delictes contra la hisenda pública. Però ara resulta que és el govern del senyor Pedro Sánchez qui ha organitzat totes les institucions públiques perquè l'Agència Tributària pugui atacar aquest senyor per ser la parella sentimental d'Ayuso. Això és ridícul, és absurd. Però és que tot allò que diu aquesta senyora té una visió alterada de la realitat que l'envolta. Té una agressivitat desaforada. I bé, hi ha persones a qui els encanta. És lamentable que la societat avui dia estigui com estigui. La veritat és que és descoratjador el que està passant.

Sembla ser que la societat s'ha dividit, s'ha polaritzat i ara hi ha uns que defensen un delinqüent confés [Alberto González Amador]. Ara resulta que és el govern del senyor Pedro Sánchez el que ha organitzat totes les institucions públiques perquè l'Agència Tributària pugui atacar a aquest senyor per ser la parella sentimental d'Ayuso. Això és ridícul, absurd

Begoña Gómez està a punt d'asseure's a la banqueta, i amb jurat popular, per suposada malversació arran de les tasques realitzades per la seva assessora per a la càtedra que dirigia a la Complutense...

El dret penal es regeix per un principi i un és el de la intervenció mínima, però sembla que a ningú se li ha acudit al·legar que el dret penal està per a fets que tinguin rellevància punitiva criminal. Cada cop que no t'agrada una cosa, cada cop que creus que algú ha actuat de manera no totalment correcta, ho pots elevar a delicte. I el que haurà fet la senyora Gómez d'encarregar al seu assistent personal, diguem-ho així, a través d'una sèrie de correus electrònics podrà ser correcte o no, podrà semblar innocu a alguns o els podrà semblar malament als altres, però no es pot elevar a la categoria de delicte. Ho he dit més d'una vegada. Si una persona, un funcionari públic, encarrega a un subordinat que vagi a comprar tabac, és clar que és incorrecte. Però organitzarem un judici amb jurat per malversació? Estem bojos. Això no té cap sentit. En el cas del Fiscal General ja sabem que s'hi asseurà. Haurà de suportar un judici. I jo espero que en el cas de la senyora Begoña Gómez això no arribi a passar. Per seny, per sentit comú, això no pot arribar a passar.

El que haurà fet la senyora Begoña Gómez podrà ser correcte o no, però no es pot elevar a la categoria de delicte. Estem bojos. No té sentit. Espero que no arribi a anar a judici. Per sensatesa, per sentit comú, això no pot arribar a ocórrer

José Castro — Exjjutge del cas Nóos

El ministre Félix Bolaños defensa que cal limitar la figura de l'acusació popular perquè en aquests moments és “una fira d'ultres amb ganes de fer publicitat”. Està instrumentalitzada aquesta figura?“

Si algú digués que es farà servir un judici per publicitar una instrucció perquè algú se'n fes publicitat, tots diríem que això és una aberració, no? Però està passant. En el meu cas van pretendre constituir-se en acusació popular un munt de persones i a la majoria li vaig denegar la personació perquè l'única cosa que volien era fer-se sentir. Igual que Hazte Oír, però fer-se oír de veritat [riu]. Volien fer publicitat a les seves pretensions, com ara l'Església Evangèlica Jesús, Amor i Llibertat. Aleshores el primer garbell l'ha de fer el jutge d'instrucció, negant la personació a aquelles preteses acusacions populars que no responguin als criteris per als quals es va instituir aquesta figura. I després cal fer un control de la intervenció d'aquestes acusacions davant de peticions que l'únic que persegueixen és el lluïment. Van arribar a demanar-me que vingués Corina... Ara, eliminar o limitar la figura de l'acusador popular mai no em pot semblar bé. Per què? Doncs perquè seria tant com dir que sense Ministeri Fiscal ja no cal fer justícia. Hi ha casos en què hi ha fundats recels. No ho estic dient jo. Ho van dir els set o vuit magistrats del Suprem quan aquest pretenia o va decidir deslegitimar Manos Limpias. Es van queixar que això conduiria a lliurar les causes completament al Ministeri Fiscal, quan hi pot haver casos en què hi hagi un legítim dubte sobre l'actuació de la mateixa Fiscalia. Aleshores, l'acusació popular està cridada a intervenir per posar remei a això. Ara, el circ que estan muntant les acusacions populars avui dia em sembla indesitjable. Però és clar, si pel fet que han muntat un circ eliminarem aquesta figura, que a més està contemplada a l'article 125 de la Constitució...

Als noranta alguns països europeus van crear òrgans encarregats de vetllar per la independència de la justícia mentre que a Espanya el CGPJ no aconsegueix consolidar-se com a garant de la independència, amb denúncies alternes de corporativisme o de politització...

L'òrgan el tenim, el CGPJ, que ni té atribucions pressupostàries sobre la justícia en general, ni pot fer una llei, ni, per descomptat, dictar la creació de nous tribunals i jutjats. El CGPJ hauria de ser en dos sentits òrgan de control –no de control jurisdiccional, sinó de control disciplinari real i autèntic dels jutges– i, d'altra banda, ser òrgan de pressió davant el Ministeri de Justícia perquè les mancances que actualment tenim s'eliminin d'una vegada, perquè la Justícia encomanada exclusivament al Ministeri de Justícia, i no em refereixo a tots cap, absolutament cap no ha fet res en favor de la Justícia ni de la seva celeritat. I llavors es fa més necessari que hi hagi un òrgan de pressió davant el Govern [d'Espanya] perquè aquesta situació de carència absoluta acabi d'una punyetera vegada.

El Ministeri de Justícia, i no em refereixo a l'actual ministre, sinó a tots els que li han precedit, cap, absolutament cap d'ells ha fet res en favor de la Justícia ni de la seva celeritat. I llavors es fa més necessari que hi hagi un òrgan de pressió davant el Govern perquè aquesta situació d'absoluta manca acabi d'una punyetera vegada

José Castro — Exjutge

I sobre el sistema de proposta dels vocals del CGPJ?

Durant molt de temps s'ha confitat aquest sistema. Els pares de la Constitució podrien haver deixat resolt el tema, van preferir no fer-ho. Van deixar en blanc el sistema de proposició dels vocals remetent-ho a una llei orgànica. Aleshores, què passa? Que cada Govern porta l'aigua al seu molí. Aleshores, en funció de fins a quin punt pensaments conservadors o progressistes poden dominar el CGPJ, s'aprofiten perquè entri o surti aquell. Perquè, en definitiva, no oblidem que el Consell Geneal del Poder Judicial, la Justícia, és un òrgan de control que per als altres poders és indesitjable. És indesitjable perquè controla i els altres poders no volen ser controlats. I, a més, a la Justícia se la culpa, igual que els altres poders tenen un origen democràtic, de no tenir-ho clar. El poble no anomena els jutges. Però es pretén que sigui la sobirania popular la que controli d'alguna manera el CGPJ. Però és un control polític de la jurisdicció i això va contranatura. No pot ser.

Durant moltíssim temps s'ha porfidiejat el sistema d'elecció dels vocals del CGPJ. Els pares de la Constitució podrien haver deixat resolt el tema, però van preferir no fer-lo. Llavors, què ocorre? Que cada Govern porta l'aigua al seu molí. En funció de fins a quin punt pensaments conservadors o progressistes poden dominar en el CGPJ, s'aprofiten perquè entre aquest o surti aquell

L'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo sosté, al llibre Jutges, però parcials, que la Transició va deixar intactes molts ressorts del franquisme, sobretot en l'àmbit judicial. Quines petjades persisteixen d'aquesta herència, si creu que persisteixen?

Quan accedim a la democràcia eliminem coses que formalment no concorden amb una democràcia. Eliminem un tribunal d'ordre públic, però allò que no es pot eliminar és el pensament. Moltes persones instal·lades en institucions fonamentals a la democràcia segueixen mantenint pensament dictatorials. I això, fins que no passin gaires, molts anys, continuarà passant. Hi ha joves que no han conegut la dictadura ni Franco, que no en saben res, però en la mesura que pertanyen a famílies que sospiren per aquestes idees, segueixen mantenint una postura de rebuig cap a valors els democràtics. Perquè en democràcia hi cap tothom, tant el que té un pensament progressista com el que té un pensament més conservador, però respectant-se. Lamentablement, el pas del temps no està tornant els valors democràtics al ritme que a un li agradaria, perquè tenim joventuts amb uns valors tan feixistes, retrògrads i absurds al món en què vivim...

En el cas dels jutges, sempre he dit que tenim les nostres idees. Efectivament, pensar que els jutges tenen el cap buit d'idees polítiques, morals, socials o religioses és pretendre allò que és impossible. El que cal és no contaminar amb les nostres idees. Les nostres resolucions han d'estar totalment ajustades a dret. Encara que desitgem que el dret fos diferent, és el dret que hem d'aplicar.

Quan vam accedir a la democràcia eliminem coses que formalment no concorden amb una democràcia. Eliminem un tribunal d'ordre públic, però el que no es pot eliminar és el pensament. Moltes persones instal·lades en institucions fonamentals en la democràcia continuen mantenint pensaments dictatorials

José Castro — Exjutge

Ha de ser condemnat el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), per trencar la fotografia de tres víctimes del franquisme?

Ha de ser condemnat, però si la pregunta és si ho serà, penso que no. És una opinió, no estic anunciant una sentència: sí que mereix ser condemnat, però no ho serà perquè les conseqüències d'una decisió d'aquest calibre poden fer atemorir els que la dicten. I sobre els fets: no s'ho inventa ningú, estan enregistrats. El seu tarannà, la seva resposta desabrida hi són gravats. Que això s'interpreti com una sortida de to d'un senyor que aquell dia estava emprenyat o com un delicte d'odi, ens podem inclinar pel segon.

Seguint a Balears, el cas Cursach va acabar amb l'absolució del magnat Bartomeu Cursach i amb el jutge instructor i el fiscal condemnats... Què creu que va fallar?

L'assumpte es troba a cassació davant el Tribunal Suprem [la condemna de nou anys de presó a l'exjutge Manuel Penalva ia l'exfiscal Miguel Ángel Subirán]. Jo lamento de debò que hagin acabat així. Crec que ells mai no van pensar que això podia passar. Però es van excedir al zel investigador. I quan investigues, has de patir i experimentar les limitacions de la pròpia llei. Em sap greu perquè a més els considero amics, però no tot s'hi val en una investigació per aconseguir una finalitat determinada. Aquest és el plantejament que jo faig arran que el Tribunal Superior de Justícia de Balears els condemnés. Tant de bo el Suprem vegi raons per disminuir la pena o absoldre'ls.

Què els diria als que pensen que, en aquest cas, el 'poderós' s'ha escapolit?

És com la lluita entre el delinqüent i els que el persegueixen. En aquest cas va guanyar el delinqüent, que jo no dic que ho sigui. I a la trama 'policia i lladre' resulta que guanya el lladre. Però no és aquesta la lectura que cal donar-hi. Si en aquest repartiment de rols el delinqüent ha sortit guanyant –que, repeteixo, jo no dic que el senyor Cursach ho sigui–, és perquè altres no ho han fet bé. I quan les coses no es fan bé, hi surt guanyant aquell que ha estat investigat. Si un entra al domicili d'una persona investigada, sense desar ni mantenir els requisits que estableix la Llei d'Enjudiciament Criminal, pot trobar el que sigui, però no serà vàlid. I llavors és quan assistim a l'escena esperpèntica del fiscal plorant al final del judici contra Cursach. No entenc com passen aquestes coses.

Per acabar, l'expresident del Govern d'Espanya Adolfo Suárez va encarregar, uns quants anys abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, unes enquestes per conèixer si l'opinió pública, en el context de la Transició, preferia un Estat monàrquic o republicà. Els sondejos donaven la victòria a la proclamació d'una nova República, però els documents no han sortit mai a la llum. El grup de jutges i juristes amb què vostè treballa reclama que es desclassifiqui tota la informació relativa a aquests sondejos. Com es troba aquesta qüestió?

Estem esperant que s'aprovi la nova Llei d'Informació Classificada [que pretén substituir la Llei de Secrets Oficials franquista actual] perquè a aquestes enquestes els afecti el transcurs dels terminis que marca la normativa. Espero que a partir d'aquí es desclassifiqui tota aquesta documentació i sapiguem qui va fer l'enquesta i quin perfil tenien els enquestats.

Per què creu que des del primer moment s'han mantingut en secret els sondejos?

Perquè sortia guanyadora la República. I per a Adolfo Suárez això no podia ser.

José Castro Aragón (Córdoba, 1945) lleva tatuada en su biografía la etiqueta de “juez del caso Nóos”, la causa que puso en jaque a la monarquía y que, por primera vez, sentó en el banquillo a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, un hito sin precedentes en la historia judicial española. Al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, se convirtió, además, en azote del expresidente balear Jaume Matas (PP), se adentró de lleno en los entresijos de la financiación irregular del partido y tuvo frente a él a investigados como el arquitecto Santiago Calatrava, autor del anteproyecto de una ópera por el que el Ejecutivo autonómico pagó 1,2 millones de euros. Aquella construcción nunca vio la luz.

Afable y campechano en el trato, Castro, Pepe para los conocidos y amigos, asegura que habría investigado al rey Juan Carlos si no existiera el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inviolabilidad del jefe del Estado. Ahora, el grupo de jueces y juristas con el que trabaja reclama cada año al Gobierno que inste al rey a renunciar a este privilegio, “pero ni puñetero caso”, señala. Retirado de la judicatura, acaba de publicar El caso Nóos. Toda la verdad del proceso que conmocionó España, contada por su juez protagonista (Roca Editorial), en el que repasa la instrucción de un procedimiento que marcó un antes y un después en la percepción ciudadana de la Justicia y la monarquía.

En una entrevista concedida a elDiario.es en la sede de la delegación balear de este periódico, sostiene que “la Justicia mima más al poderoso que al desvalido”, aunque lo que más le preocupa es la arbitrariedad legal, protegida por la propia ley, como la doctrina Botín. Se muestra severamente crítico con el encausamiento de Begoña Gómez –“lo que habrá hecho la señora Gómez de encargar a su asistente personal a través de unos correos electrónicos podrá ser correcto o no, pero no se puede elevar a la categoría de delito”– y con el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -“condenar esto me parecería absurdo”-, mientras recrimina el retroceso democrático que sufre el país: “Tenemos juventudes con unos valores tan fascistas, retrógrados y absurdos en el mundo en que vivimos...”.

Habla sin tapujos, además, de la politización de la Justicia: “El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de control que para los demás poderes es indeseable. Indeseable porque controla y los demás poderes no quieren ser controlados”.

¿Qué le ha llevado a publicar un libro sobre el caso Nóos? ¿Qué aporta que no se haya contado hasta ahora?

Bueno, tengo que decir que yo no tuve nunca intención de escribir un libro sobre el caso Nóos, como tampoco lo he escrito sobre el caso Calvià [por un intento de soborno por parte del PP a un concejal socialista para que apoyase una moción de censura contra la entonces alcaldesa, Margarita Nájera] o sobre la adjudicación del hospital Son Espases. No, no tenía esa intención, pero una editorial se interesó por el tema. Me lo pensé durante un tiempo. Entendía que si no lo escribía yo, lo escribirían otras personas desde ópticas muy diferentes a la mía. Realmente este libro lo podría haber escrito usted, que hizo el seguimiento, el fiscal Pedro Horrach o cualquier letrado que interviniera en la causa. Al final me decidí a escribirlo. Es una obra sobre un proceso judicial, por lo que no me puedo inventar un juicio distinto. Relato lo que ocurrió desde mi óptica, pero sin apartarme de lo que es el sumario. En cuanto a lo que dice el libro que no se supiera... Hay un poco de trastienda sobre la causa, como la parte más novedosa en la que, para hacerlo más digerible, someto a un diálogo determinados pasajes. Es un diálogo puramente imaginado y quizás no muy distinto de lo que hubiera podido ser. Cada lector lo irá descubriendo.

La dedicatoria del libro reza: “A quienes no se atrevieron a hacer lo que debían por temor a la repercusión de sus propias decisiones, para que recapaciten hasta donde su conciencia se lo permita”. ¿A quiénes se refiere?

Va dirigido a terceras personas, entre las que me incluyo. Realmente esa dedicatoria no es más que una recomendación a quienes lean el libro y a quienes intervinieron en este caso para que reflexionen sobre si hicieron lo que debían hacer.

Si Juan Carlos I no hubiera disfrutado del privilegio de la inviolabilidad –de la que sigue disfrutando Felipe VI–, ¿hasta dónde habría llegado la instrucción?

Nunca se sabe hasta dónde puede llegar una instrucción. Se sabe cómo comienza, pero nunca se sabe cómo puede terminar. Lo que sí es cierto es que una de las líneas de investigación que habría podido desarrollar es el papel que tuvo el rey Juan Carlos si el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda su inviolabilidad, no existiera. Ese artículo impedía iniciar la menor investigación acerca del entonces rey. El que yo pensara de una manera o de otra, el que yo abrigara mis dudas sobre la intervención que este señor tuvo en el caso, no conducía a nada. No sé hasta dónde hubiera podido llegar, pero que lo abrigué en un momento sí es cierto.

Nunca se sabe hasta dónde puede llegar una instrucción. Se sabe cómo comienza, pero nunca cómo puede terminar. Lo que sí es cierto es que una de las líneas de investigación que habría podido desarrollar es el papel que tuvo el rey Juan Carlos si el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda su inviolabilidad, no existiera. No sé hasta dónde habría podido llegar, pero que lo abrigué en un momento dado sí es cierto

José Castro — Exjuez del caso Nóos

Entonces, ¿se puede inducir de su respuesta que contaba con indicios suficientes para imputar al rey emérito, pero el artículo 56.3 lo impedía?

Si no eran indicios, sí eran objetivos claros, pero no se desarrolló ninguna investigación. A priori yo podía tener una línea de investigación que se alineaba con la causa, pero la desprecié porque, dada la existencia de ese artículo, no tenía sentido ni conducía a ningún lado.

Precisamente, un grupo de jueces, juristas y otros profesionales de Balears, entre quienes usted se encuentra, han reclamado al Gobierno instar al rey Felipe VI a que, en alguno de sus discursos de Navidad, anuncie su renuncia a la inviolabilidad...

Cada año enviamos un escrito al presidente del Gobierno, pero ni puñetero caso. Y en ese escrito le decimos: “Recomiende a su Majestad el Rey que aproveche el discurso de Navidad para renunciar a la inviolabilidad”. Ya sabemos que el que renuncie no significa que el precepto se elimine, pero al menos el Tribunal Constitucional se podrá sentir más tranquilo concordando con que la interpretación más lógica no es la que se le ha venido dando. Esta interpretación es que es inviolable por los actos propios de su función como rey, que es lo que dice la propia Constitución.

Cada año enviamos un escrito al presidente del Gobierno, pero ni puñetero caso. Y en ese escrito le decimos: 'Recomiende a su Majestad el Rey que aproveche el discurso de Navidad para renunciar a la inviolabilidad'

José Castro — Juez del caso Nóos

No si comete otros hechos delictivos fuera de esas funciones...

Es que no tiene sentido.

Volviendo al caso Nóos, en alguna ocasión ha comentado que las causas con aforado eran como “pisar una mina antipersona”. Usted envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que Francisco Camps y Rita Barberá fuesen imputados en el caso Nóos. El TSJCV lo rechazó. También quedó fuera del caso el exconseller valenciano y exvicesecretario general del PP Esteban González Pons a pesar de que auspició con su firma unos Juegos europeos que nunca llegaron a celebrarse. Al final, la rama valenciana del caso Nóos quedó prácticamente en agua de borrajas en comparación con la rama balear. ¿A qué lo atribuye?

Yo le ofrecí al tribunal sentenciador todo el elenco de personas que podían haber contraído algún tipo de responsabilidad y entre ellas estaba la trama valenciana, que no difería mucho de la que luego se desarrolló aquí en Balears. El tribunal, que es dueño y señor para valorar las pruebas que se obtengan en el plenario, optó por relativizar todos los indicios con los que se contaban y los absolvió. No tengo nada que decir. No es la primera vez que un tribunal sentenciador no acoge los planteamientos de un juez instructor y, bueno, lo que queremos es que nuestros planteamientos sean acogidos. Pero si no lo son, estamos acostumbrados.

Yo le ofrecí al tribunal sentenciador todo el elenco de personas que podían haber contraído algún tipo de responsabilidad y entre ellas estaba la trama valenciana [del caso Nóos]. El tribunal, que es dueño y señor para valorar las pruebas que se obtengan en el plenario, optó por relativizar todos los indicios con los que se contaban y los absolvió

José Castro — Exjuez del caso Nóos

¿Influyeron intereses políticos en el hecho de que el TSJCV no asumiera las competencias para investigar esa parte del caso Nóos?

Yo tengo que pensar bien del tribunal. No tengo otra alternativa...

En el auto con el que, en marzo de 2010, impuso al expresidente del Govern balear Jaume Matas una fianza de tres millones de euros, la más alta decretada hasta entonces para un político en España, señaló que el exlíder del PP vino “a burlarse de los simples mortales” a tenor de las justificaciones que ofreció en su día en torno al sobrecoste de uno de sus grandes proyectos, el velódromo Palma Arena, y el descomunal incremento de su patrimonio, cuyo origen nunca llegó a justificarse. ¿Cree que continúa burlándose tras librarse de posibles condenas por enriquecimiento ilícito o por blanquear dinero con la adquisición de su palacete de Palma?

Siempre que alguien al que el pueblo ha encumbrado de alguna manera, si no cumple con su deber de procurar el bienestar de los ciudadanos, se está riendo de ellos.

¿Se enriqueció ilícitamente Matas?

No rastreamos todo lo que se podía rastrear. Cuentas corrientes, comprobar si había cajas fuertes... No ya a nombre de él, sino de testaferros. Debieron de cuidarse mucho. O a lo mejor no había nada... No se encontró absolutamente nada. Pero las obras del palacete de la calle Feliu, esas se sufragaron con dinero opaco al fisco [numerosos proveedores que declararon como testigos manifestaron que Matas llegó a abonarles más de 300.000 euros en efectivo por los trabajos que llevaron a cabo]. ¿Y dónde estaban residenciados esos fondos? Yo mandé a Estados Unidos una comisión rogatoria, pero la verdad es que no me hicieron demasiado caso. Debe de haber algún sitio donde está remansado ese dinero.

Las obras del palacete [de Jaume Matas], esas se sufragaron con dinero opaco al fisco. ¿Y dónde estaban residenciados esos fondos? Yo mandé a Estados Unidos una comisión rogatoria, pero la verdad es que no me hicieron demasiado caso. Debe de haber algún sitio donde esté ese dinero

José Castro — Exjuez del caso Palma Arena

En la reciente presentación de su libro comentó que, durante la segunda legislatura de Matas (2003–2007), cada adjudicatario “tenía que pasar por caja”, es decir, pagar un soborno por cada concesión. Una de las causas derivadas de aquella época fue el caso Son Espases, en cuyo sumario afloraron nombres como los de Juan Miguel Villar Mir y Florentino Pérez por presuntos favores al PP a cambio de serles adjudicadas las obras del hospital. Llegó a apuntar, incluso, que estos supuestos sobornos se destinaron a los trabajos de reforma de la sede nacional del PP. En el auto con el que archivó esta línea de investigación admitió no haber podido demostrar esos pagos, pero deslizó que “no sería descabellado sospechar que dinero obtenido con ocasión de ese concurso fuera la fuente de alimentación de la caja B del PP”. ¿Qué le impidió acreditarlo?

Cuando uno se encuentra frente a un muro que ya no puede atravesar, hay que reconocerlo. ¿Significa esto que el instructor debe renunciar a su línea de investigación, a sus planteamientos de lo que realmente ocurrió? No. Y fíjese hasta qué punto que el cuñado del señor Matas, Fernando Areal Montesinos [extesorero del PP balear], quien ante mí se mostró virulento al decirme que yo la tenía tomada con él y que ya le tenía condenado a priori, en otra causa llegó a un pacto con la Fiscalía y reconoció que el partido manejaba dinero negro [con el que se sufragaron las campañas municipales y autonómicas de 2007]. Si, como él confesó, había dinero negro, una caja B, que alguien me diga de dónde se nutre, de dónde se alimenta esa caja. No se pudo demostrar de dónde salía este dinero, pero, si tú te estás relacionando con personas que adjudican contratos millonarios, no es difícil imaginarlo.

Si, como confesó Fernando Areal [extesorero del PP balear y cuñado de Matas], había dinero negro, una caja B en el partido, que alguien me diga de dónde se nutre, de dónde se alimenta esa caja. No se pudo demostrar de dónde salía este dinero, pero, si tú te estás relacionando con personas que adjudican contratos millonarios, no es difícil imaginarlo

José Castro — Exjuez del caso Palma Arena

En el caso de la reforma de la sede balear del PP, el exconcejal Javier Rodrigo de Santos aseguró que las obras habían sido sufragadas en parte por el empresario Antonio Pinal, quien le habría confesado que había “ayudado” en la financiación de los trabajos a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets, en Palma. El extesorero del PP Luis Bárcenas también aludió a las supuestas 'aportaciones' de este empresario, a quien se refirió como un “donante generoso” con el PP. Incluso algunos adjudicatarios confesaron pagos en negro. De nuevo, usted archivó la causa a regañadientes después de que así lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma se apartase del procedimiento. En su auto de sobreseimiento, sin embargo, insinuó que quienes hubieran financiado las obras “ya se afanarían por hacer las entregas de manera que no dejasen rastro”.

Efectivamente, me hice eco de que el señor Pinal buscaría la manera de no dejar rastro. Y no es que yo le esté imputando algo inexistente. Es que si circula dinero negro [como había confesado Areal] ya se cuidarían quienes ejercen esa circulación de que no quedase rastro. Eso es un proceder habitual y normal en el ser humano, sobre todo si elige el camino de la corrupción. También el caso Son Dureta [en el que se investigó el desvío de fondos públicos a través de la gestión de este hospital y la implantación de marcapasos a fallecidos] se tuvo que archivar porque nadie colaboró. No logramos indicios claros a pesar de que aquello era un auténtico desastre, como la custodia de las prótesis: algunas de ellas, muy caras, se perdían y nadie sabía dónde iban. Y claro, yo lo archivé porque no tenía indicios. Pero nadie me puede privar del derecho a hacer constar que lo archivo porque no tengo más remedio.

¿Cree que la justicia española protege a los poderosos?

La española, la francesa, la estadounidense, toda la justicia del mundo, mima más al poderoso que al desvalido. Eso está claro. De hecho, hay algo que no podemos evitar: el desvalido tiene su abogado del turno de oficio. ¿Son malos los del turno de oficio? No. Pero cualquier persona acaudalada contrata a su propio abogado, como el caso de la infanta Cristina, que creo que tenía tres. Naturalmente, a tres mentes se le ocurren más recursos. Se les ilumina la mente a tres más que a uno. O al menos hay más posibilidades de que eso sea así. Ese tipo de injusticia no se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar es la arbitrariedad legal que viene protegida por la propia ley. Se pueden evitar los aforados, se pueden evitar líneas jurisprudenciales tales como la doctrina Botín: que se pretendiese privar de legitimidad a la acusación popular porque acusaba al señor Botín [presidente del Banco de Santander]. El Tribunal Supremo elaboró una línea jurisprudencial que echaba por tierra toda la que había seguido hasta entonces, que decía que la acusación popular tiene las mismas atribuciones y las mismas competencias que la acusación pública. Esa arbitrariedad es la que se debiera evitar, no la de que haya ricos y pobres. Podemos repartir mejor la riqueza, pero siempre habrá ricos y pobres. Esto no lo podemos cambiar.

La Justicia española, la francesa, la estadounidense, toda la justicia del mundo, mima más al poderoso que al desvalido. Ese tipo de injusticia no se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar es la arbitrariedad legal que viene protegida por la propia ley. Se pueden evitar los aforados y se pueden evitar líneas jurisprudenciales tales como la doctrina Botín

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmara su procesamiento con uno de los magistrados en contra...

Yo entiendo que no lo pueden condenar. Si lo condenaran, me causaría mucha más sorpresa aún que el que lo hayan sentado en el banquillo, que también me ha causado sorpresa. Nadie puede ser condenado por revelar un secreto cuando ese secreto ya ha dejado de serlo. Cuando ya se ha hecho público. Condenar esto me parecería absurdo. Pero ojo, cosa absurda, están prosperando quienes así lo desean. Esperemos que se termine la racha.

Yo entiendo que no lo pueden condenar [al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz]. Si lo condenaran, me causaría mucha más sorpresa aún que el que lo hayan sentado en el banquillo. Nadie puede ser condenado por revelar un secreto cuando ese secreto ya ha dejado de serlo

José Castro — Exjuez del caso Nóos

Díaz Ayuso y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, llevan más de un año desacreditando a los jueces y fiscales que han investigado a su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal. Y todo ello ante la pasividad de las asociaciones mayoritarias y conservadoras, de otros jueces y fiscales y del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Qué opina al respecto?

Parece ser que la sociedad se ha dividido, se ha polarizado y ahora hay unos que defienden a un delincuente confeso. No lo han condenado, pero él se ha confesado. Autor de dos delitos contra la Hacienda Pública. Pero ahora resulta que es el gobierno del señor Pedro Sánchez el que ha organizado todas las instituciones públicas para que la Agencia Tributaria pueda atacar a este señor por ser la pareja sentimental de Ayuso. Eso es ridículo, es absurdo. Pero es que todo lo que dice esta señora tiene una visión alterada de la realidad que la rodea. Tiene una agresividad desaforada. Y bueno, hay personas a las que les encanta. Es lamentable que la sociedad hoy día esté como esté. La verdad es que es desalentador lo que está ocurriendo.

Parece ser que la sociedad se ha dividido, se ha polarizado y ahora hay unos que defienden a un delincuente confeso [Alberto González Amador]. Ahora resulta que es el gobierno del señor Pedro Sánchez el que ha organizado todas las instituciones públicas para que la Agencia Tributaria pueda atacar a este señor por ser la pareja sentimental de Ayuso. Eso es ridículo, absurdo

Begoña Gómez está a punto de sentarse en el banquillo, y con jurado popular, por supuesta malversación a raíz de las labores realizadas por su asesora para la cátedra que dirigía en la Complutense...

El derecho penal se rige por un principio y uno de ellos es el de la intervención mínima, pero parece que a nadie se le ha ocurrido alegar que el derecho penal está para hechos que tengan relevancia punitiva criminal. Cada vez que no te gusta una cosa, cada vez que crees que alguien ha actuado de manera no totalmente correcta, no lo puedes elevar a delito. Y lo que habrá hecho la señora Gómez de encargar a su asistente personal, llamémoslo así, a través de una serie de correos electrónicos podrá ser correcto o no, podrá parecerles inocuo a algunos o les podrá parecer mal a otros, pero no se puede elevar a la categoría de delito. Lo he dicho más de una vez. Si una persona, un funcionario público, encarga a un subordinado que vaya a comprar tabaco, por supuesto que es incorrecto. ¿Pero vamos a organizar un juicio con jurado por malversación? Estamos locos. No tiene sentido. En el caso del Fiscal General ya sabemos que se va a sentar en el banquillo. Va a tener que soportar un juicio. Y yo espero que en el caso de la señora Begoña Gómez eso no llegue a ocurrir. Por sensatez, por sentido común, eso no puede llegar a ocurrir.

El derecho penal se rige por un principio y uno de ellos es el de la intervención mínima. Lo que habrá hecho la señora Begoña Gómez podrá ser correcto o no, pero no se puede elevar a la categoría de delito. Estamos locos. No tiene sentido. Espero que no llegue a ir a juicio. Por sensatez, por sentido común, eso no puede llegar a ocurrir

José Castro — Exjuez del caso Nóos

El ministro Félix Bolaños defiende que hay que limitar la figura de la acusación popular porque en estos momentos es “una feria de ultras con ganas de publicitarse”. ¿Está instrumentalizada esta figura?

Si alguien dijera que se utilizará un juicio para publicitar una instrucción para que alguien se hiciera publicidad, todos diríamos que eso es una aberración, ¿no? Pero está ocurriendo. En mi caso pretendieron constituirse en acusación popular un montón de personas y a la mayoría le denegué la personación porque lo único que querían era hacerse oír. Igual que Hazte Oír, pero hacerse oír de verdad [ríe]. Querían hacer publicidad a sus pretensiones, como la Iglesia Evangélica Jesús, Amor y Libertad. Entonces la primera criba debe hacerla el juez de instrucción, negando la personación a aquellas pretendidas acusaciones populares que no respondan a los criterios para los que se instituyó esta figura. Y luego hay que hacer un control de la intervención de estas acusaciones ante peticiones que lo único que persiguen es el lucimiento. Llegaron a pedirme que viniera Corina...

Ahora, eliminar o limitar la figura del acusador popular nunca me puede parecer bien. ¿Por qué? Pues porque sería tanto como decir que sin Ministerio Fiscal ya no cabe hacer justicia. Y ojo, hay casos en lo que existen fundados recelos. No lo estoy diciendo yo. Lo dijeron los siete u ocho magistrados del Supremo cuando éste pretendía o decidió deslegitimar a Manos Limpias. Se quejaron de que eso conduciría a entregar las causas por completo al Ministerio Fiscal, cuando puede haber casos en que haya una legítima duda sobre la actuación de la propia Fiscalía. Entonces, la acusación popular está llamada a intervenir para remediar esto. Ahora, el circo que están montando las acusaciones populares hoy en día me parece indeseable. Pero claro, si por el hecho de que han montado un circo vamos a eliminar esta figura, que además está contemplada en el artículo 125 de la Constitución...

Hay que hacer un control de la intervención de estas acusaciones ante peticiones que lo único que persiguen es el lucimiento. Pero si por el hecho de que en la actualidad están montando un circo vamos a eliminar esta figura no me puede parecer bien

José Castro — Exjuez

En los noventa algunos países europeos crearon órganos encargados de velar por la independencia de la justicia mientras que en España el CGPJ no logra consolidarse como garante de la independencia, con denuncias alternas de corporativismo o de politización... 

El órgano lo tenemos, el CGPJ, que ni tiene atribuciones presupuestarias sobre la justicia en general, ni puede elaborar una ley, ni, por supuesto, dictar la creación de nuevos tribunales y juzgados. El CGPJ debiera ser en dos sentidos órgano de control –no de control jurisdiccional, sino de control disciplinario real y auténtico de los jueces– y, por otro lado, ser órgano de presión ante el Ministerio de Justicia para que las carencias que actualmente tenemos se eliminen de una vez, porque la Justicia encomendada exclusivamente al Ministerio de Justicia, y no me refiero al actual ministro de Justicia, sino a todos los que le han precedido, ninguno, absolutamente ninguno de ellos ha hecho nada en favor de la Justicia ni de su celeridad. Y entonces se hace más necesario que haya un órgano de presión ante el Gobierno para que esta situación de absoluta carencia termine de una puñetera vez.

El Ministerio de Justicia, y no me refiero al actual ministro, sino a todos los que le han precedido, ninguno, absolutamente ninguno de ellos ha hecho nada en favor de la Justicia ni de su celeridad. Y entonces se hace más necesario que haya un órgano de presión ante el Gobierno para que esta situación de absoluta carencia termine de una puñetera vez

José Castro — Exjuez

¿Y sobre el sistema de propuesta de los vocales del CGPJ?

Durante muchísimo tiempo se ha porfiado este sistema. Los padres de la Constitución podrían haber dejado resuelto el tema, prefirieron no hacerlo. Dejaron en blanco el sistema de proposición de los vocales remitiéndolo a una ley orgánica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada Gobierno arrima el ascua a su sardina y entonces, en función de hasta qué punto pensamientos conservadores o progresistas pueden dominar en el Consejo, se aprovechan para que entre este o salga aquel. Porque, en definitiva, no olvidemos que el Consejo, la Justicia, es un órgano de control que para los demás poderes es indeseable. Es indeseable porque controla y los demás poderes no quieren ser controlados. Y, además, a la Justicia se la culpa, al igual que los demás poderes tienen un origen democrático, de no tenerlo claro. El pueblo no nombra a los jueces. Pero se pretende que sea la soberanía popular la que controle de alguna manera el Consejo General del Poder Judicial. Pero es un control político de la jurisdicción y eso va contranatura. No puede ser.

Durante muchísimo tiempo se ha porfiado el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Los padres de la Constitución podrían haber dejado resuelto el tema, pero prefirieron no hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada Gobierno arrima el ascua a su sardina. En función de hasta qué punto pensamientos conservadores o progresistas pueden dominar en el Consejo, se aprovechan para que entre este o salga aquel

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo sostiene, en su libro Jueces, pero parciales, que la Transición dejó intactos muchos resortes del franquismo, sobre todo en el ámbito judicial. ¿Qué huellas persisten de esa herencia, si es que cree que persisten?

Cuando accedimos a la democracia eliminamos cosas que formalmente no concuerdan con una democracia. Eliminamos un tribunal de orden público, pero lo que no se puede eliminar es el pensamiento. Muchas personas instaladas en instituciones fundamentales de la democracia siguen manteniendo pensamientos dictatoriales. Y eso, hasta que no pasen muchos, muchos años, seguirá pasando. Hay jóvenes que no han conocido la dictadura ni a Franco, que no saben nada de él, pero en la medida en que pertenecen a familias que suspiran por esas ideas, siguen manteniendo una postura de rechazo hacia valores los democráticos. Porque en democracia cabe todo el mundo, tanto el que tiene un pensamiento progresista como el que tiene un pensamiento más conservador, pero respetándose. Lamentablemente, el paso del tiempo no está devolviendo los valores democráticos al ritmo que a uno le gustaría, porque tenemos juventudes con unos valores tan fascistas, retrógrados y absurdos en el mundo en que vivimos...

En el caso de los jueces, siempre he dicho que tenemos nuestras ideas. Efectivamente, pensar que los jueces tienen la cabeza vacía de ideas políticas, morales, sociales o religiosas es pretender lo imposible. Lo que hay que hacer es no contaminar con nuestras ideas. Nuestras resoluciones deben estar totalmente ajustadas a derecho. Aunque deseáramos que el Derecho fuera distinto, es el Derecho que tenemos que aplicar.

Cuando accedimos a la democracia eliminamos cosas que formalmente no concuerdan con una democracia. Eliminamos un tribunal de orden público, pero lo que no se puede eliminar es el pensamiento. Muchas personas instaladas en instituciones fundamentales en la democracia siguen manteniendo pensamiento dictatoriales

José Castro — Exjuez

¿Debe ser condenado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por romper la fotografía de tres víctimas del franquismo?

Debe ser condenado, pero si la pregunta es si lo será, pienso que no. Es una opinión, no estoy anunciando una sentencia: sí merece ser condenado, pero no lo será porque las consecuencias de una decisión de este calibre pueden hacer atemorizar a quienes la dictan. Y sobre los hechos: no se lo inventa nadie, están grabados. Su talante, su desabrida respuesta están ahí grabados. Que esto se interprete como una salida de tono de un señor que aquel día estaba cabreado o como un delito de odio, nos podemos inclinar por lo segundo.

Continuando en Balears, el caso Cursach terminó con la absolución del magnate Bartolomé Cursach y con el juez instructor y el fiscal condenados... ¿Qué cree que falló?

El asunto se encuentra en casación ante el Tribunal Supremo [la condena de nueve años de prisión al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán]. Yo lamento de verdad que hayan acabado así. Creo que ellos nunca pensaron que esto podía ocurrir. Pero se excedieron en el celo investigador. Y cuando investigas, tienes que sufrir y experimentar las limitaciones de la propia ley. Me sabe mal porque además los considero amigos, pero no todo vale en una investigación para conseguir un fin determinado. Este es el planteamiento que yo hago a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears los condenase. Ojalá el Supremo vea razones para disminuir la pena o absolverlos.

¿Qué les diría a quienes piensan que, en este caso, el 'poderoso' “se ha ido de rositas”?

Es como la lucha entre el delincuente y los que lo persiguen. En este caso ganó el delincuente, que yo no digo que lo sea. Y en la trama 'policía y ladrón' resulta que gana el ladrón. Pero no es esta la lectura que hay que darle. Si en este reparto de roles el delincuente ha salido ganando –que, repito, yo no digo que el señor Cursach lo sea–, es porque otros no lo han hecho bien. Y cuando las cosas no se hacen bien, sale ganando aquel que ha sido investigado. Si usted entra en el domicilio de una persona investigada, sin guardar ni mantener los requisitos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede encontrar lo que sea, pero no será válido. Y entonces es cuando asistimos a la escena esperpéntica del fiscal llorando al término del juicio contra Cursach. No entiendo cómo pasan estas cosas.

Para terminar, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez encargó, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, unas encuestas para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los documentos no han salido nunca a la luz. El grupo de jueces y juristas con el que usted trabaja reclama que se desclasifique toda la información relativa a esos sondeos. ¿Cómo se encuentra el asunto?

Estamos esperando a que se apruebe la nueva Ley de Información Clasificada [que pretende sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales franquista] para que a esas encuestas les afecte el transcurso de los plazos que marca la normativa. Espero que a partir de ahí se desclasifique toda esa documentación y sepamos quién hizo la encuesta y qué perfil tenían los encuestados.

¿Por qué cree que, desde el primer momento, se han mantenido en secreto los sondeos?

Porque salía ganadora la República. Y para Adolfo Suárez eso no podía ser.

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Vamos a empezar con una de esas frases que te dejan anonadado: “Es imprescindible ofrecer condiciones laborales que tengan en cuenta, adicionalmente, un salario emocional que ponga en valor el trabajo de los profesionales del sector turístico y su aportación a la sociedad, para enaltecer su prestigio, autoestima y sentimiento de pertenencia al sector”. 

Bueno, si el salario emocional ese sirviera para pagar la hipoteca o para tener una vida mejor pues... Pero va a ser que no. Las declaraciones del lobby turístico más potente de España, Exceltur, son un tanto desquiciantes. Hay que saber que, a la vez, son uno de los grupos empresariales que más se oponen a la reducción de jornada que está negociando el Gobierno con los sindicatos y la patronal. En lugar de salarios emocionales, ¿no sería mejor para esos empleados que les den más tiempo de ocio o para conciliar?   

Y es que la reducción de jornada se ha convertido en el tema laboral de este verano. Tras duras críticas a la falta de participación de la CEOE, finalmente el Gobierno cambió de estrategia y empezó a ofrecerles propuestas acordes con los intereses empresariales que han acercado a la patronal a la mesa de negociación. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró que “la mesa (de diálogo social) ha avanzado”. 

Es cierto que los empresarios están en otra posición. “Parece que estamos entrando de nuevo en la negociación”. Con esta frase, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha abierto la puerta a un posible acuerdo. Sin embargo, va a ser un duro camino para llegar al acuerdo. A la vez, Garamendi ha acusado al Ejecutivo de “gobernar contra los ciudadanos” porque la reducción de jornada “equivale a regalar 12 días de vacaciones pagadas por la empresa”.

Con este clima, el secretario general de UGT optó por el troleo. Pepe Álvarez corrige a Garamendi por los “12 días de vacaciones pagadas” con la reducción de jornada: “Según nuestros cálculos, son 16”.

Nada indica que una reducción de jornada vaya a perjudicar a la economía ni mucho menos a los trabajadores. En este análisis de dos profesores de la Universidad Complutense de Madrid se explica cómo la reducción del tiempo de trabajo sin una rebaja de salarios podría tener efectos positivos en la economía española como consecuencia del aumento de los ingresos de los trabajadores. Al fortalecer el consumo, impulsar la inversión y amplificar el efecto multiplicador, esta política no solo promueve una economía más inclusiva en el plano social sino que también podría generar un estímulo al crecimiento.

Aquí lo que se está discutiendo es si se puede reducir un poco el margen de las empresas y acabar con otro mantra más de la economía neoliberal.

El Gráfico

Los bancos no ofrecen productos rentables y los ahorradores e inversores buscan en el negocio inmobiliario las ganancias que no reciben de las entidades financieras. La renta declarada en el IRPF por arrendar propiedades inmobiliarias se ha disparado casi un 70% desde 2007. Mientras, la renta financiera (de depósitos, dividendos, fondos) ha caído un 11,2%, según el detalle de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2022. Esta evolución ha provocado que el volumen de ambas fuentes de renta haya convergido en alrededor de 18.000 millones de euros. En 2008, en pleno pico de la burbuja inmobiliaria, había un diferencia de 15.000 millones en favor de las rentas financieras. En este enlace te explicamos cómo la caída de la rentabilidad que dan los bancos lleva a los inversores a especular con el alquiler de viviendas.

Hablando de rentas de capital que se meten en el negocio inmobiliario...

Entrepreneur

Ni siquiera con la ayuda de la Comunidad de Madrid. Orbis Properties, inmobiliaria en la que tiene una participación minoritaria la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y que es casero del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tener récord de pérdidas. La empresa, dedicada al alquiler de oficinas en Madrid, perdió el año pasado 25,9 millones de euros, un 73,8% más, tras apuntarse nuevos deterioros millonarios en el valor de sus inmuebles. Solo se salvó el edificio que tiene alquilado a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. Aquí te contamos la pésima gestión empresarial de la inmobiliaria participada por familiares de Esperanza Aguirre. 

Obituario

Falleció el empresario Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1931) a los 92 años de edad. Pocos empresarios representaron tan bien esa España monárquica de hacer negocios. Su carrera representa el auge y caída de un tipo de empresarios de nuestro país con estrechos vínculos con la Casa Real y muy proclive a las relaciones políticas, especialmente con el PP. Fue capaz de levantar un imperio, con la constructora OHL y el Grupo Villar Mir como buques insignia, a base de comprar compañías en quiebra a precio de ganga que en varios casos se distinguieron por participar en algunos de los cárteles más importantes que ha desarticulado en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aquí tienes un perfil detallado del un empresario construido a golpe de gangas y contactos políticos.

El Dato

2,5%

siguen siendo más bajos los salarios en el primer trimestre de 2024 en España que en el cuatro trimestre de 2019. “España se encuentra entre los países de la OCDE donde los salarios reales han caído más desde el inicio de la pandemia”, según el informe 'Perspectiva de Empleo 2024', publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En esta información te explicamos las razones por las que los salarios siguen por debajo de lo que se cobraba antes de la pandemia.

No es el único dato relevante. A pesar del supuesto clima antiempresas que se empeñan en difundir desde la derecha y algunas patronales, la realidad es que las empresas no financieras y no energéticas dispararon un 13% su resultado ordinario neto en el primer trimestre de 2024, respecto al mismo periodo de 2023. El crecimiento del pasado ejercicio y de este año es significativo porque demuestra que la mayoría de empresas y sectores han trasladado buena parte de las subidas de los costes a los precios de venta. En esta información te explicamos cómo las empresas siguen aprovechando la inflación para incrementar sus beneficios. 

Cada vez que habla sube el pan

La próxima generación de robótica probablemente será la robótica humanoide. Ahora disponemos de la tecnología necesaria para imaginar una robótica humanoide generalizada

Jensen Huang — Fundador y director ejecutivo de Nvidia

Nvidia es la compañía tecnológica que está rompiendo todos los techos. Hace dos años no estaba ni entre las 20 empresas más valiosas del mundo, ahora ya se ha colocado en el top 3. Los beneficios de Nvidia en el primer trimestre de 2024 multiplicaron por siete los que registró en el mismo período del año anterior. De 2.043 a 14.881 millones de dólares. Además de ser la compañía líder de los microprocesadores de las tarjetas gráficas, sus chips son indispensables para la revolución de la inteligencia artificial. Ahora bien, su fundador y director general, Jensen Huang, verdadero primer magnate de la inteligencia artificial, ha iniciado una carrera un tanto inquietante: la robótica humanoide. Es decir, está tratando de conseguir una evolución tecnológica en las máquinas para que sus habilidades manuales se acerquen a las de los humanos. Lo preocupante es que si tienen formas de humanos es porque se hacen para sustituir a otros humanos. No es una tecnología que esté cerca, pero ni mucho menos es una idea futurista. Cuidado. Aquí te explicamos cómo Nvidia quiere prender la mecha de la robótica humanoide.

Bien público

Este no es un salario emocional pero le salva el mes a muchos trabajadores, aunque sea un sobresueldo que no pagan los empresarios, sino los clientes. Estamos hablando de las propinas. Los españoles no somos de dejar muchas propinas. Según un estudio de Mastercard en 2019, solo el 11% de la clientela de bares y restaurantes deja propina siempre, frente al 17% que no lo hace nunca. Para el 72% restante, depende la calidad del servicio. Con el incremento del uso de la tarjeta con la pandemia estos porcentajes habrán bajado. Ahora bien, es un dinero que debería estar sujeto a tributación, aunque al ser de terceros no a cotización. ¿Cuántos trabajadores tributan realmente por sus propinas? Es una pregunta sin respuesta porque nadie sabe cuántas propinas se dejan en España. Ahora bien, lo que no se debería admitir nunca es que se utilice como una excusa para rebajar las condiciones laborales y salariales de los empleados de hostelería. Aquí tienes un reportaje de David Noriega con muchos testimonios e información sobre el oscuro ámbito laboral al que conducen las propinas.

Nos gusta la competencia

En esta sección os mostramos artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

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Pocos empresarios representaron tan bien esa España monárquica de hacer negocios. Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1931) falleció este sábado a los 92 años de edad. Su carrera representa el auge y caída de un tipo de empresarios de nuestro país con estrechos vínculos con la Casa Real y muy proclive a las relaciones políticas.

Villar Mir fue capaz de levantar un imperio, con la constructora OHL y el Grupo Villar Mir como buques insignia, a base de comprar compañías en quiebra a precio de ganga que en varios casos se distinguieron por participar en algunos de los cárteles más importantes que ha desarticulado en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las empresas de Villar Mir llegaron facturar más de 4.500 millones de euros, contaban con más de 30.000 trabajadores, y vivieron una fuerte expansión internacional con negocios en cerca de 40 países del mundo hasta que las deudas y los escándalos políticos obligaron a la familia a batirse prácticamente en retirada. 

Su estrella se empezó a torcer cuando, con el sector constructor en caída libre en España tras el reventón del ladrillo, su nombre apareció asociado a varios casos de corrupción. Especialmente desde que, en enero de 2013, ‘los papeles de Bárcenas’ le señalaran como uno de los constructores que realizó donaciones ilegales al PP a cambio de contratos y fue imputado en varias causas por la financiación irregular y el pago de supuestas comisiones a la formación conservadora. En su declaración al juez, el que fuera tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas aseguró que “Villar Mir financiaba en paralelo al PP nacional y al de Madrid”. En una entrevista a El Mundo admitió que había donado dinero a fundaciones relacionadas con ex políticos como la socialista María Teresa Fernández de la Vega o FAES, de José María Aznar. En 2019 tuvo que pasar por la comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación ilegal del PP: “Jamás he pagado un céntimo a ningún partido político”, proclamó.

Ahogada por las deudas, en junio de 2017 OHL fue expulsada del principal indicador bursátil español, el Ibex 35, por el desplome de su valor en bolsa. Unas semanas después, Villar Mir abandonaba la presidencia no ejecutiva del grupo en favor de su hijo mayor, Juan Villar-Mir, de forma simultánea a la dimisión de su hasta entonces consejero delegado, el exministro popular Josep Piqué, recientemente fallecido.

Con la calificación de deuda de OHL al borde del bono basura, el grupo Villar Mir se tuvo que embarcar en un exigente plan de desinversiones que incluía activos como la constructora OHL, donde los hermanos mexicanos Luis y Mauricio Amodio Herrera se convirtieron en los accionistas de referencia de la compañía, rebautizada como OHLA.

También la concesionaria Abertis, el complejo madrileño de Canalejas; el complejo turístico de Mayakoba en México, la filial checa ZPSV, la inmobiliaria Colonial y la mayoría de sus concesiones. 

Villar Mir fue un consumado coleccionista de arte con profundas creencias religiosas (“Lo más importante en la vida tiene que ser Dios. Luego, la familia y, después, el trabajo”, declaraba en una entrevista a la web Religión en Libertad). Presidió una fundación que lleva su nombre, creada en 2007 para “la promoción o fomento de cualquier tipo de manifestación artística o científica y la formación, con objeto de favorecer la mejora de la calidad de vida de la sociedad española”.

25 años alterando miles de licitaciones públicas

Como otras constructoras españolas, algunas de las empresas de Villar Mir estuvieron involucradas en la creación de carteles que han sido multados por CNMC, empezando por el famoso cartel del Ave, con multas de 118 millones a varias firmas, entre ellas OHL, que durante 14 años amañaron más de 1.000 millones en contratos a través de 275 licitaciones de Adif.

OHL también fue una de las seis sancionadas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. En este caso, fue multada con 21,5 millones de los 203 millones con los que se penalizó a las constructoras. Desde 1992 se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.

Y la constructora del Grupo Villar Mir también fue sancionada en el conocido cártel de carreteras. La CNMC multó a 12 empresas, entre ellas una filial de OHL, por alterar 71 de las 101 licitaciones celebradas entre 2014 y 2018 y repartirse concursos por 530 millones para la conservación de carreteras.

Un imperio empresarial forjado en los años 80

El que fuera presidente de OHL y del Grupo Villar Mir empezó a forjar su imperio empresarial en los años 80, tras una larga carrera en los despachos del poder político del franquismo que culminó cuando, tres semanas después de la muerte del dictador Francisco Franco, el 12 de diciembre de 1975, Carlos Arias Navarro le nombró vicepresidente Económico y ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la Monarquía, un cargo en el que estuvo apenas seis meses.

Villar Mir, que ocupó varios cargos durante la dictadura, formó parte del círculo íntimo del emérito Rey Juan Carlos, que le facilitó los contratos de la constructora en Oriente Medio. El monarca padre le nombró Marqués de Villar Mir en febrero de 2011. Solo un año antes le vendió un Rolls Royce por 210.000 euros al empresario, según publicó El Confidencial. La amistad de la familia Villar Mir con la realeza española continuó a través de su yerno, López Madrid, aunque sus problemas con la justicia -condenado por las tarjetas black y con el juicio por acoso a la doctora Pinto- le llevaron a distanciarse del monarca Felipe VI.

Doctor ingeniero de caminos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (fue el número 1 en su promoción) y con dos cátedras universitarias nada más licenciarse, una vez finiquitada su larga etapa (más de 20 años) en la Administración pública, Villar Mir se especializó durante los 80 y 90, ya como próspero empresario inmobiliario, en comprar empresas a precio de saldo y reflotarlas, muchas veces con la inestimable ayuda del Estado. En una entrevista señaló: “Antes que empresario, fui administrador de empresas. En realidad, me especialicé desde joven en salvar empresas”.

Una peseta fue, por ejemplo, el precio que el 31 de julio de 1987 pagó Villar Mir por la constructora Obrascón, fundada en 1911 y germen de OHL, que entonces estaba al borde de la insolvencia. La vendedora fue Altos Hornos de Vizcaya, que el propio Villar Mir había presidido a finales de los 60. No fue la única operación a precio irrisorio que logró. Tras sacar a bolsa Obrascón en 1991, en marzo de 1995 Villar Mir entró en el negocio de los fertilizantes tras comprar también por una peseta Fertiberia, entonces perteneciente a Ercros, que estaba presidida por Josep Piqué.

Una operación financiada con dinero público a través de un crédito concedido a Ercros por el Gobierno socialista a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) unos meses antes, el 20 de diciembre de 1994, por importe de 8.500 millones de pesetas al 0% de interés y sin plazo de vencimiento con el fin de cubrir una ampliación de capital en Fesa, propietaria de Fertiberia. El crédito del ICO fue liquidado por el Gobierno en junio de 1998, ya con Piqué como ministro de Industria. El Ejecutivo de Aznar condonó a Ercros 7.400 millones de deuda. Fertiberia, la compañía de la que fue directiva la luego ministra popular Isabel García Tejerina, se convertiría luego en la primera empresa del sector en España.

Más favores

No fue el único favor de Piqué a Villar Mir, en una relación cuyo círculo se cerró cuando, en octubre de 2013, el ex político popular fue nombrado consejero delegado de OHL, empresa en la que, casualmente, fue directivo Diego de Lapuerta Montoya, uno de los diez hijos de Álvaro Lapuerta, que, como el resto de extesoreros del PP, ha sido imputado en los últimos años por delitos de corrupción. La compra del 52,51% de Fertiberia estaba condicionada a que Villar Mir asumiera toda la deuda de la compañía, estimada entonces en unos 15.000 millones de pesetas, y garantizara hasta 1.000 millones de pesetas en una ampliación de capital posteriormente materializada. Otorgó a Villar Mir una opción de compra a tres años sobre un 20% adicional de Fesa a un precio que sería de “1.000 millones (de pesetas) o, a petición de Ercros, un precio variable en función de la evolución futura de Fesa”.

En enero de 1997, con Ercros (cuyo mayor accionista era entonces el grupo Torras-KIO) presidida por otro expolítico, el socialista Antoni Zabalza (ex secretario de Estado de Hacienda y ex director de gabinete de Felipe González), se ejecutaba esa opción de compra a un precio muy inferior, 261 millones de pesetas, gracias a un acuerdo que Piqué había escamoteado, según publicó en su momento Cinco Días, al consejo de administración de Ercros. El a la postre exministro tampoco informó al máximo órgano de gestión del grupo químico de la venta en esos años de Cida Hidroquímica, vendida al suegro de Villar Mir por 63 millones de pesetas cuando Piqué la había adquirido un mes antes por 300 millones.

Villar Mir supo sacar partido al afán privatizador del Gobierno de Aznar al quedarse con la empresa de fertilizantes vasca Sefanitro, a cuya venta daba el visto bueno el Consejo de Ministros el día de los Inocentes de 1996, al autorizar a la Agencia Industrial del Estado (AIE), que dependía (de nuevo) de Piqué, la venta del 52% de la empresa de fertilizantes vasca por 570 millones de pesetas. En esa operación los accionistas minoritarios de Sefranito, encabezados por la noruega Norsk Hydro, denunciaron trato de favor por parte del entonces ministro de Industria.

Un año clave

Aquel año, 1996, fue clave para la transformación de la división de construcción de Obrascón en uno de los principales grupos del sector en España. En diciembre, Villar Mir se hizo con la constructora navarra Huarte, que había suspendido pagos en marzo de ese año y que fusionaría con Obrascón a finales de 1998. Sólo cuatro meses después, en febrero de 1999, el grupo resultante anunciaba la compra de Laín, entonces presidida por el exvicepresidente de CEOE Enrique Aldama (fallecido en 2007), amigo de la infancia de Villar Mir. OHL ya estaba creada. La sociedad resultante debutaba en bolsa en 1999.

En los 90, entre compra y compra de empresas a precio de ganga también llegó la internacionalización del grupo de empresas de Villar Mir, en la que Piqué (de nuevo) también puso su granito de arena, como benefactor del acuerdo que en 1998 permitió al empresario iniciar su expansión internacional en Argelia, donde se comprometió a invertir 12.000 millones de pesetas en una empresa de fertilizantes junto con la estatal Sonatrach.

Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1931), exministro del Gobierno de Carlos Arias Navarro, último Ejecutivo de Franco, y fundador de la constructora OHL y del grupo industrial e inmobiliario Villar Mir ha fallecido este sábado a los 92 años, según han informado fuentes cercanas a Servimedia.

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y licenciado en Derecho, Villar Mir ejerció diversos cargos en la administración pública durante el franquismo. En la Transición, fue nombrado vicepresidente tercero del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda. Era miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y en 1995 quiso presentarse para ser el presidente del Real Madrid, aunque no lo consiguió y ejerció de vicepresidente. Forjó su imperio empresarial a golpe de compras de compañías en dificultades a precios irrisorios.

Gigante de la construcción salpicado por los escándalos

Es fundador del Grupo Villar Mir, que agrupa diferentes empresas. Entre ellas se encuentra la constructora OHL, un gigante salpicado por escándalos de financiación irregular.

Villar Mir fue uno de los 22 responsables de grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, que declararon entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional después de que sus nombres aparecieran en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero negro al PP cuando este gobernaba y les otorgaba grandes adjudicaciones.

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que habían ingresado cantidades no permitidas al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación, requisito para poderles atribuir el delito de cohecho. En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa en el primer gran juicio de Gürtel y, formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que en diciembre de 2022, el juez Santiago Pedraz, el tercero que ha tenido el caso de la caja B, resolviera que no había donde sustentar una prolongación de la investigación.

Abandonó su participación en OHLA

En 2023 el Grupo Villar Mir dejó casi a cero su participación en el capital de OHLA -antigua OHL- ahora controlado por los hermanos mexicanos Amodio, con el traspaso a Tyrus, un fondo acreedor vinculado a la deuda de Villar Mir, de su paquete accionarial del 7%. La operación se cerró por 23,5 millones de euros. Villar Mir, que controlaba su participación en OHLA a través de Inmobiliaria Espacio, se ha quedó entonces con una cartera residual de 6.001 acciones, con un precio de mercado de 3.721 euros.  La familia ponía fin así a una trayectoria de 36 años, desde que en 1987 Juan Miguel Villar Mir comprara a Altos Hornos de Vizcaya la constructora Obrascón y que en 1999 se fundase OHL, pasando a llamarse hace dos años OHLA.

El Goya de Aguirre

Villar Mir compró al marido de Esperanza Aguirre el famoso Goya familiar en un momento en que su marido tenía deudas. Casualmente en el mismo momento, la CAM rebajó el grado de protección arquitectónica del complejo Canalejas que había comprado Villar Mir para hacer un megaproyecto hotelero-comercial. El Goya se acabó protegiendo después porque esa venta hubiera tenido que conocerse si era obra protegida, como corresponde en estos casos.

El reciente archivo de la última línea de investigación que quedaba abierta en el caso de la caja B del PP, el cohecho de los grandes empresarios, pone fin al caso más concurrido y con mayores evidencias de la connivencia entre el poder político y económico en España. Un total de 22 responsables de las grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, declararon entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Sus nombres aparecían en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero negro a la formación conservadora cuando esta gobernaba y les otorgaba grandes adjudicaciones. 

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que habían ingresado cantidades no permitidas al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación, requisito para poderles atribuir el delito de cohecho. En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa en el primer gran juicio de Gürtel y, formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que el pasado 19 de diciembre, el juez Santiago Pedraz, el tercero que ha tenido el caso de la caja B, resolviera que no había donde sustentar una prolongación de la investigación. 

Debido a la reforma de la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova fue un edificio provisional, en la calle Prim, el que acogió entre estrecheces las comparecencias como investigados de los 22 empresarios que habían quedado retratados por Bárcenas como donantes de dinero negro de la caja B del PP. 

El 31 de enero de 2013 se había destapado la caja de los truenos. El País publicó aquel día las anotaciones manuscritas del que había sido gerente y tesorero del PP, Luis Bárcenas, con los ingresos en dinero negro de los empresarios y las salidas de parte de esos fondos en sobresueldos a dirigentes del partido durante dos décadas. Una querella conjunta de Izquierda Unida y otras organizaciones del mismo espectro político dio pie a la apertura de una pieza separada del caso Gürtel que pasó a denominarse ‘caja B’.

En la primera tanda de declaraciones fue citado el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien dijo al magistrado instructor y al resto de las partes personadas que nunca había entregado dinero a un partido político. En las anotaciones de Bárcenas, el exministro de la UCD aparecía como donante de 100.000 euros el 19 de octubre de 2004; 180.000 euros el 25 de octubre de 2006, y 250.000 el 11 de febrero de 2008. En total, más de medio millón.

Dentro de su estrategia de defensa, Villar Mir llegó a afirmar que él a quien daba dinero era a fundaciones, incluida una de la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, dedicada a las mujeres en África, o a las de los sindicatos UGT y CCOO. 

El detalle de las anotaciones de Bárcenas fue negado sistemáticamente por todos los empresarios, que oscilaban entre atribuirlo a una invención del tesorero del PP o directamente asegurar que no le habían visto nunca, si acaso un breve saludo en un acto público. 

Algunos fueron más allá. En apenas 15 minutos de declaración, el presidente entonces de Sacyr Vallehermoso advirtió ante el juez Ruz que se querellaría contra quien hubiera redactado los papeles publicados por El País. También dijo que si conocía a ministros era porque su constructora era muy importante, que trató mucho más a Álvaro Lapuerta que a Bárcenas e incluso llegó a quejarse de que su constructora recibía menos adjudicaciones de las que merecía.

“Todo el mundo dudaba de nuestro sano juicio por responsabilizar de hechos tan graves a gente tan respetable. Luego resultó que todo era cierto”, rememora Gonzalo Boye, letrado que representó a Observatori Desc, una de las acusaciones populares que impulsaron de forma determinante la causa de la caja B. Boye alude a las tres sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que declaran acreditada la existencia de una contabilidad paralela en el seno del Partido Popular. 

Antonio Segura es uno de los abogados que representó a Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Libre de Abogados y Justicia y Sociedad, organizaciones autoras de la querella que originó la causa. Asegura a elDiario.es que “nunca” percibió temor en los empresarios que se sentaron ante el juez. Aun así recuerda aquello como “un momento histórico”. “Pensábamos que quizá no pudiéramos demostrar las entregas a cambio de adjudicaciones pero sí pensamos que al menos se iba a modificar la forma de contratación de la Administración pública, que era un coladero”, relata Segura antes de admitir que aquello nunca llegó a ocurrir.

“Tuvimos filtraciones que nos permitieron conocer que los grandes despachos que representaban a los empresarios se reunían para fijar una estrategia de defensa. Se trataba de no pisarse la manguera porque todos ellos participaban en el reparto de obras. A lo mejor se presentaban tres y estaba pactado quién se la iba a llevar en una ocasión, para que a la siguiente el beneficiado fuera otro”, rememora el abogado Segura.

Un informe de la UDEF analizó toda la adjudicación de obra pública a las empresas donantes durante los gobiernos del Partido Popular, sin que llegara a concluir que hubiera relación directa entre la adjudicación de las mismas y el dinero que entraba en secreto al partido. “No resulta posible establecer una relación entre los ingresos por donaciones y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes”, zanjó Ruz en un auto del 23 de marzo de 2015.

Para Antonio Segura resultó determinante que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera que la caja B fuera una pieza separada de Gürtel y no una causa nueva que había recaído en el Juzgado de Javier Gómez Bermúdez. El letrado cree que Gómez Bermúdez tenía preparadas unas “inmediatas y contundentes diligencias” que hubiera impulsado rápida y contundentemente la causa y que se hubiera llegado a saber toda la verdad de la financiación irregular del PP.

Que los 'papeles de Bárcenas' no eran más que una tarjeta de presentación de la financiación irregular del partido, apenas 8 millones de euros en 20 años, es una idea que reconocen en privado incluso en la Fiscalía Anticorrupción: la cantidad tenía que ser mucho mayor y no aparecía en aquellas anotaciones. Ocurre algo similar con los 47 millones de euros localizados a Bárcenas en Suiza. ¿Sólo le pertenecían a él? El abogado Boye se limita a contestar: “Digamos que Bárcenas se comportó como un caballero con sus socios”.

La 'bomba' de Correa y la reapertura del caso

Más de un año después del archivo de la línea del cohecho, durante el primer gran juicio de Gürtel, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, afirmó que la adjudicación de “carreteras, autopistas y obras del AVE”, la gran obra pública durante los Gobiernos de Aznar, escondían una mordida del 3% de comisión para el PP, del que él y Luis Bárcenas se llevaban una parte. Dentro de su pacto con la Fiscalía, el testimonio de uno de los constructores, Alfonso García-Pozuelo, dijo que una parte del dinero que él entregaba a Correa acababa en “organismos centrales” del PP. 

Pablo Ruz ya no estaba en la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial convocó un concurso de plazas en las que figuraba la que ocupaba de modo interino Pablo Ruz. Si el propósito era librarse de un juez que había dado bastantes quebraderos de cabeza al partido en el Gobierno, registro de su sede nacional incluida, la jugada no terminó de salir del todo bien. A la plaza se presentó José de la Mata, ex cargo del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Zapatero y uno de los mejores instructores que se recuerdan en la Audiencia Nacional, según coinciden magistrados de distintas sensibilidades. De la Mata ganó porque era el más antiguo en aspirar al puesto. 

El juez José de la Mata reabrió la línea del cohecho y citó a Correa y García-Pozuelo, pero se negaron a colaborar. Sin embargo, la reapertura del caso abrió el camino para que el inspector que había liderado la investigación de Gürtel y caja B, Manuel Morocho, se pusiera manos a la obra. elDiario.es había desvelado en 2014 que el Ministerio de Jorge Fernández Díaz se empleaba a fondo para torpedear su trabajo, algo que ha confesado años después en público el propio Morocho en sus comparecencias en el juicio de la caja B y ante las comisiones de investigación del Congreso. 

El agente 81.067 vuelve a la carga

En noviembre de 2020, Morocho entregó un informe al juez Santiago Pedraz, quien sustituyó a De la Mata cuando este fue destinado a Eurojust. En el citado documento, el policía recopilaba diez años de investigación y cruzaba esa información con revelaciones de otros casos de corrupción del PP. El resultado eran nuevos indicios que permitían inferir que no todas las aportaciones a la caja B del PP eran realizadas por los grandes constructores para estar a bien con el partido sino que algunas se produjeron a cambio de recibir contratos concretos de la Administración.

A raíz de ese informe, el juez Pedraz requirió 23 contratos a siete ministerios de Aznar a la constructora de Alfonso García-Pozuelo, condenado en Gürtel. Se trataba de más de 600 millones de dinero público que salieron de los departamentos de Rato, Álvarez-Cascos, Montoro y Trillo, entre otros. La Policía llegó a detectar sobrecostes en el 80% de las 23 adjudicaciones analizadas. 

Por su parte, Luis Bárcenas aseguró en sede judicial que él y Álvaro Lapuerta actuaban como una suerte de “lobby” entre los empresarios y los ministros, principalmente de Fomento y Medio Ambiente. Pero un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha dado la puntilla al caso. Con un año de retraso, la IGAE descartaba irregularidades en el proceso de esas adjudicaciones que apunte a que se produjeron a cambio de mordidas. 

El origen de la investigación de la financiación irregular del PP de Madrid fue la incautación en octubre de 2014 de una agenda a Francisco Granados en la que aparecían anotaciones de entradas y salidas de dinero. Allí aparecían las iniciales del gerente Beltrán Gutiérrez. Y las de un empresario afín al partido, Javier López Madrid. Ocho años después, esa agenda es papel mojado, al menos en lo que se refiere al empresario, que es exculpado por Anticorrupción con el argumento de que no hay más indicio contra él que ese.

López Madrid, yerno del fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, es uno de los cerca de cien investigados para los que Anticorrupción pide el archivo de las actuaciones en esta pieza 9 del caso Púnica. Y lo es con los mismos indicios que sirvieron para imputarle en su momento, hace ya cinco años, tras las investigaciones de la Guardia Civil y la petición de la propia Fiscalía especializada. 

El criterio general de Anticorrupción es que el tiempo pasado entre unas elecciones autonómicas y otras (2007-2011), en las que Esperanza Aguirre arrasó con la ayuda de un delito electoral, elimina la posibilidad de que hubiera un delito continuado en el tiempo y por tanto se aplica la prescripción que sirve para archivar la causa contra decenas de investigados. 

Respecto de López Madrid, el fiscal Alejandro Cabaleiro, el único de los tres del caso que ha firmado el escrito de conclusiones, afirma: “El único hecho presuntamente que no se encontraría prescrito [para López Madrid] es el vinculado con el delito electoral de las elecciones autonómicas del año 2011 y, respecto de las mismas, más allá de las anotaciones manuscritas de Francisco José Granados Lerena, en orden a sumas que entran, salen y cómo se reparten, no existe otro indicio que permite afirmar que Francisco Javier López Madrid hubiese realizado aportación irregular”.

Según aportaron de forma indiciaria la propia Fiscalía, la Guardia Civil y los dos jueces del caso, Granados y López Madrid se repartieron 500.000 euros de una partida de 2,1 millones de euros que la constructora OHL habría prestado a la financiación del PP madrileño en las elecciones autonómicas de 2011 o las europeas de 2014.

En la página 119 de la citada agenda aparecían dos columnas y debajo de cada una de ellas, anotaciones. En una se leía IN y en otra, OUT. La Guardia Civil concluyó que debajo de la primera había entregas de dinero negro para el partido. Bajo la segunda estarían las salidas de esas cantidades para los gastos del partido. 

La relevancia de aquella agenda es vital para la causa. El hallazgo precedió a otro que permitió demostrar la caja B del partido porque provocó la autorización del registro de la casa del gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. En el suelo de un armario, como si se hubiera deslizado desde una prenda, los agentes de la UCO hallaron el pendrive que delataba el sistema de financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre. 

El suegro Villar Mir, también exculpado

La exculpación de López Madrid por Anticorrupción apunta a que el yerno seguirá el mismo camino que Juan Miguel Villar Mir, para quien la Sala de lo Penal dictó el archivo de la causa con la oposición de Anticorrupción. En realidad, con la oposición de las fiscales que llevaban el caso en aquel momento porque su compañero Cabaleiro se limita a repetir en su escrito de conclusiones las que presentaron los jueces de la segunda instancia: “Examinados los libros y archivos del órgano de gobierno de OHL, no consta que ninguna de las referidas operaciones mercantiles, por su escasa cuantía, fueran elevadas al conocimiento o consideración del Consejo de Administración de OHL ni de ninguna de sus comisiones”.

Contra López Madrid, escribe Cabaleiro, “lo cierto es que únicamente son dos hechos que le vincularon a la presente [pieza 9], a saber, las posibles existencias de entregas de dinero en efectivo de forma irregular para financiar las campañas electorales del Partido Popular de Madrid, así como aportaciones a a Fundescam a través de su hermano y de la empresa OHL”.

“Sin embargo, la única aportación que ha podido ser claramente constatada en cuanto que existió sin duda alguna, fue la realizada a la fundación Fundescam por Germán López Madrid (20.000 euros) en el año 2007”. A continuación añade que se desconoce por qué el hermano de Javier López Madrid hizo aquello y que tampoco se puede responsabilizar a los familiares de los actos de otros.

López Madrid e Ignacio González, también exculpado en la citada pieza 9, se sentarán en el banquillo por otra ramificación del caso Púnica, la del tren a Navalcarnero. La Fiscalía pide en este caso seis años de cárcel para López Madrid por el amaño de la adjudicación de las obras en beneficio de OHL. Se le atribuyen delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documento mercantil.

En el escrito de Anticorrupción, de 860 páginas, aparece López Madrid mencionado en otros puntos no vinculados a los indicios contra él. Por ejemplo cuando dice que fue el exconsejero delegado de Indra, expresidente de PRISA y actual presidente de Openbank, Javier Monzón, quien le presentó a Alejandro de Pedro, el gurú informático de la trama. Se da la circunstancia de que el sumario de Púnica recoge conversaciones entre López Madrid y De Pedro en las que el primero le traslada al segundo la dirección exacta de la doctora Elisa Pinto. Por el acoso a la mujer y las lesiones que le produjeron, López Madrid será juzgado junto al comisario Villarejo.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tenido que abonar 39,1 millones más tras la demora en el pago por el litigio del tren a Navalcarnero y alega que la causa de corrupción por la que Ignacio González se sentará en el banquillo ha influido en el retraso. La Constructora OHLA, la antigua OHL fundada por Juan Miguel Villar Mir, ha comunicado este 28 de diciembre que la Comunidad de Madrid le ha abonado más de 162 millones de euros por un proyecto que nunca acabó, el tren a Navalcarnero, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

El despropósito alrededor de este proyecto de infraestructuras de Esperanza Aguirre no ha acabado con ese desembolso millonario de dinero público; aún resta que la Audiencia Nacional juzgue a Ignacio González, número dos de aquel Ejecutivo y luego presidente del Gobierno madrileño, por haber cobrado presuntamente una comisión a cambio de adjudicar el proyecto a la empresa fundada por Juan Miguel Villar Mir, empresario donante de la caja B del PP, según los papeles de Bárcenas.

En la comunicación de la CNMV se especifica que de esos 162.389.692,28 euros a cargo del bolsillo de los madrileños, un total de 39,1 millones corresponden a intereses de demora del pago que debía efectuar la Comunidad de Madrid por la “liquidación del contrato” de la obra pública correspondiente a la “Nueva Línea de Transporte Ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero”.

Las obras nunca acabaron y ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende que sea el Ministerio de Fomento y el Gobierno central quienes terminen de financiar la infraestructura, según adelantó El País. El actual Ejecutivo autonómico argumenta que si en su momento fue el Gobierno de Esperanza Aguirre el que acometió en 2005 el fracasado plan del tren a Navalcarnero fue porque el gabinete que presidía José Luis Rodríguez Zapatero se negó. 

“Se tenía que dar una infraestructura de transporte público a los vecinos de los municipios afectados”, alega un portavoz de la Consejería de Transportes. En el momento de aprobación del plan para el tren a Navalcarnero la consejera de Transportes madrileña era María Dolores de Cospedal. elDiario.es ha preguntado también al Ministerio de Fomento por su postura sobre el futuro de las obras pero al cierre de esta edición no había obtenido contestación. 

¿Y los más de 39 millones por las demoras en el pago? El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justifica ese recargo que saldrá de las arcas regionales porque ha tenido que esperar “un estudio de informe técnico” y otro de naturaleza jurídica, éste último por estar afectada la obra por la pieza del caso Lezo que investiga las tramas de corrupción de Gobiernos regionales anteriores de su propio partido. 

La del tren a Navalcarnero es solo una de las piezas del caso Lezo y está aún pendiente de sentencia. En junio, el juez Manuel García-Castellón abrió juicio oral contra Ignacio González y el exresponsable del grupo de construcción Francisco Javier López Madrid, yerno de Villar Mir. La Fiscalía pide para González cuatro años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de cohecho. Anticorrupción eleva a seis años la pena de cárcel que solicita para López Madrid. 

A petición de la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó fuera del caso al fundador del grupo, el exministro Juan Miguel Villar Mir y circunscribe la responsabilidad del caso de corrupción a su yerno, López Madrid. En total se sentarán seis personas en el banquillo de los acusado, entre ellas Adrián de la Joya, histórico colaborador del comisario Villarejo y quien recibió los 2,5 millones de euros en comisiones procedentes de una cuenta de OHL en México. 

El dinero de las comisiones no ha aparecido y todos los acusados niegan su participación en los hechos. De la Joya asegura que ese dinero que fue a parar a una de sus cuentas en Suiza corresponde a un dinero que le adeudaba OHL por un proyecto en África. Ignacio González pide la nulidad de las actuaciones porque toda la investigación internacional habría partido de un chivatazo con datos manipulados del comisario Villarejo, cumpliendo, según su defensa, órdenes de los “rivales políticos” del expresidente de la Comunidad. 

El tren a Navalcarnero es hoy un conjunto de 14 kilómetros de obras abandonadas desde 2010. La adjudicación se había producido tres años antes en aquella era en que Aguirre presentaba obras faraónicas una tras otra. Las máquinas comenzaron a hacer su trabajo pero el proyecto se detuvo porque la concesionaria quebró, lo que dio pie a a los litigios que la empresa mantiene con la Administración. OHL defiende una reclamación judicial de 370 millones de euros a la Administración, una cifra que según el Ejecutivo autonómico no corresponde a las “valoraciones técnicas” realizadas, que lo rebajan a los 122 millones abonados, más el recargo por la demora en el pago. Las acciones de OHLA se impulsaron este martes más de un 3% tras la comunicación de la CNMV del pago de los 162,5 millones de euros por la Comunidad de Madrid, informa Europa Press.

Nueva petición de cárcel para Javier López Madrid. La doctora Elisa Pinto, que también ejerce la acusación por acoso en un juzgado de Madrid, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional solicitando seis años de cárcel para el empresario por contratar al comisario Villarejo, cuando éste aún estaba en activo, dentro de una estrategia de acoso a la víctima. Para Villarejo, la representación de Pinto pide la misma condena. A ambos les atribuye un delito de cohecho.

El juez Manuel García Castellón instruye una pieza dentro del caso Villarejo sobre la presunta contratación del comisario por parte de López Madrid para hostigar a la doctora y el pasado julio dicto el auto con el que ponía fin a la instrucción y dictaba el pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años. Esta investigación de García Castellón se suscribe únicamente a esa relación comercial entre ambos, prohibida a un funcionario público, y no a la propia estrategia de acoso y agresión a la mujer que habría ordenado López Madrid y ejecutado Villarejo. Esos otros hechos son investigados en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. 

Precisamente, la jueza titular de ese juzgado de Madrid, Belén Sánchez, cerró la instrucción el pasado año y propuso juzgar a Javier López Madrid por los delitos de acoso y amenazas, mientras que a Villarejo le atribuía un presunto delito de agresión con un elemento peligroso. Se refiere en este punto la magistrada al pinchazo que recibió presuntamente la doctora por parte de Villarejo en abril de 2014 mientras le decía “López Madrid quiere que cierres la boca”. La Fiscalía elevó el pasado marzo su petición al considerar a López Madrid también “coautor” de la agresión, como persona que habría encargado la misma al policía a cambio de dinero.

Los fiscales del caso Villarejo consideraron desde el primer momento que la pieza que se abriera en el marco de esa causa debería abordarse como un encargo más por los que el policía cobró sirviéndose de su condición de funcionario público, destinado entonces en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Quedaría fuera por tanto el presunto acoso cometido por el empresario a la mujer, por el que está procesado, y que todavía mantiene imputada en otro juzgado de Madrid, el 26, a la propia doctora Pinto. 

El escrito de acusación de la representación de Pinto considera acreditado que López Madrid entró en contacto con el comisario a través del directivo de banca Donato González. En el citado escrito se recogen los apuntes de la agenda del comisario y los extractos de las grabaciones que acreditarían el acuerdo comercial entre López Madrid y el policía. La abogada de Pinto, Ana Blanco, asegura que el comisario realizó “seguimientos telefónicos”, accedió a “información privada” e “intentó interferir en la investigación policial” a López Madrid que se había abierto consecuencia de las reiteradas denuncias de la mujer contra el empresario. Entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, López Madrid llamó en 135 ocasiones a tres números de teléfono de Villarejo.

Respecto a las grabaciones de Villarejo, el escrito de la acusación particular reproduce, entre otros, este extracto: “Yo, cuando termine todo, cuando meta la querella a la pava esta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito… ponme un poquito de pasta porque me ha metido en un embolado y ni me has llamado para decirme (…) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.

La abogada de Pinto no se detiene en José Manuel Villarejo. “También cabe significar la estrecha relación mantenida por Javier López Madrid con otros policías que mantuvieron un llamativo y estrecho contacto con él mientras duró la investigación de los hechos denunciados por Elisa Pinto sobre el acoso de Javier López Madrid. Así, menciona, entre otros, al policía que asumió la investigación por orden de la brigada política, el hoy comisario del distrito Centro, Alberto Carba. Este comisario aparece en unos mensajes incautados por la Guardia Civil a López Madrid dando ánimos al empresario investigado y trasladándole detalles de la investigación. ”Este partido lo vamos a ganar“, le llega a decir. 

La doctora Pinto pide igualmente dos años de cárcel para Rafael Redondo, socio de Villarejo, y que declaren como testigos los policías citados, así como el procesado en el caso Villarejo y la Operación Kitchen, Andrés Gómez Gordo, el policía que fue asesor de María Dolores de Cospedal. También pretende que preste declaración Alejandro de Pedro, el gurú informático del caso Púnica que, como refleja el sumario de este hecho, recibió en un mensaje de López Madrid la dirección exacta de la doctora Pinto. López Madrid ha recurrido el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el juez García Castellón en julio.

Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre, reconoció en un documento fechado en 2014 una deuda de 850.000 euros con cada uno de sus cuatro hermanos y una sobrina, por lo que les correspondía de los 4,2 millones de euros ingresados por la venta de un cuadro de Goya, el retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro. Tras salvarse de la ruina gracias a los más de cinco millones de euros ingresados por esa pintura propiedad de la familia, el marido de la expresidenta del PP se comprometía a repartir el dinero con el resto de herederos. Él y sus hermanos firmaron aquel documento, pero Fernando jamás cumplió con su parte, según denuncia Íñigo Ramírez de Haro, que lo ha llevado a los tribunales.

En ese escrito, Fernando reconoce que vendió el cuadro sin ser de su propiedad, y que lo hizo por las dificultades económicas que arrastraba. El marido de Aguirre pudo vender esa pintura porque antes se había simulado una donación, tal y como aseguró en un audio una de sus hermanas. La grabación fue desvelado por elDiario.es. “Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió”, cuenta en esa grabación de sonido enviada por WhatsApp a sus sobrinos, los hijos de Fernando y la expresidenta madrileña.

El documento donde admite la deuda y que consta en el sumario que investiga la herencia de la familia política de Aguirre, es lo que se conoce como un reconocimiento de deuda. Un escrito por el que un deudor fija la cantidad que debe a sus acreedores y se compromete a devolver ese dinero, por lo general estableciendo métodos y plazos. Está firmado por los cinco hermanos, aunque se han tachado los nombres de los que no figuran en la querella y sus firmas para preservar su privacidad.

Fernando, conde de Bornos, reunió a sus hermanos a principios de 2014. Para entonces ya había llevado a cabo la donación simulada que se relata en la grabación, y había vendido con la ayuda de Esperanza Aguirre el cuadro al empresario Juan Miguel Villar Mir. Este pagó más de cinco millones de euros en una operación que no estuvo sometida a control alguno, porque tanto Aguirre, que presidía la administración responsable de hacerlo, como su marido evitaron proteger el cuadro como Bien de Interés Cultural.

La cita de toda la familia aquel 9 de enero de 2014 tenía el objetivo de oficializar la deuda del conde de Bornos con sus hermanos y sobrina . El documento está encabezado por el nombre propio y la firma de los cinco, porque uno de ellos, Juan, ya había fallecido. Su parte iría a su hija.

Tenía que mantener el cuadro “en propiedad de la familia”

En el escrito Fernando refleja que su padre le donó “una serie de muebles, cuadros y objetos pertenecientes a la casa de Bornos”. Admite que no le dejó esos bienes para que pudiera venderlos a su antojo, sino para “mantenerlos en propiedad de la familia”. Él solo debía custodiarlos por ser el heredero del título de Conde de Bornos y por quedarse a vivir en el palacete familiar donde residían sus padres.

Lo que no se cuenta en este escrito es que esa donación para conservar el patrimonio familiar, que nunca se llegó a concretar mientras vivía el padre de la familia, se simuló en 2012. Se falseó a través una donación verbal que no había tenido lugar, se le puso una fecha inventada –30 de mayo de 2006– y se firmó ante el albacea de la familia, Francisco Javier Cedrón.

El punto tercero explica por qué se urdió esa operación: Fernando Ramírez de Haro y Esperanza Aguirre necesitaban imperiosamente el dinero. Casados en régimen de gananciales, las deudas millonarias que él tenía con el Banco Santander fruto de sus aventuras empresariales amenazaban con arrastrarlos a ambos a la quiebra. Aguirre, entre lágrimas, llegó a contar a su familia política que temía que Fernando acabara en la cárcel. En el documento se define esa situación desesperada como “circunstancias económicas adversas” que, en concreto, ascendían a siete millones de euros en impagos.

Es ahí cuando dice que en la donación y venta del cuadro ha contado con la “colaboración y apoyo de sus hermanos”. Es, al menos, una afirmación cuestionable. Uno de ellos, Íñigo Ramírez de Haro, alega en su querella presentada en el juzgado número 26 de Madrid que él no conoció hasta 2019 el fraude en la donación simulada de 2012, y que todo se orquestó mientras él estaba en Nueva York. Otro, G. Ramírez de Haro, se negó a firmar inicialmente alegando que todo era “una mentira”, aunque al final accedió porque no había otro modo de salvar a su hermano Fernando de la quiebra.

El marido de Aguirre insiste en que “no ha podido” mantener el cuadro, un valioso retrato de Goya, dentro del patrimonio familiar “como hubiera sido su deseo y el de su padre”. Era, sin duda, el bien más valioso de todos los que albergaba el palacete familiar situado en el barrio de Malasaña en pleno centro de Madrid.

Sin plazos para pagar los 850.000 euros

Es ya en el punto quinto del documento donde reconoce la deuda con sus hermanos. Señala que vendió la pintura de Goya por 5.122.397 euros y “en consecuencia, ha adoptado la decisión” de entregar a sus hermanos –y su sobrina, hija de J. Ramírez de Haro– la cantidad de 853.732,83 euros. Eso sí, sin fijar ningún plazo. Acordaron que les pagaría en las cuantías y pagos “que le sea posible de acuerdo con su disponibilidad”. En total, debía reunir 4.268.664 euros.

A partir de ahí Fernando hace un par de excepciones. Como le contó a B. Ramírez de Haro, y esta detalla en la grabación de WhatsApp a sus sobrinos, renuncia a la posible herencia que deje su madre. De esta forma, si ese dinero y patrimonio colman la deuda con sus hermanos, asunto arreglado. También se compromete a renunciar a su parte si se vende una finca de 600 hectáreas que los hermanos tenían en Guadalajara. Y de paso, renuncia a las rentas de otra finca, denominada Monte Alcarria.

Si acaso todas esas cesiones no bastan, en el último punto el marido de Aguirre se compromete a saldar su deuda “en efectivo u otros bienes”, siempre, claro, que pueda reservarse los suficientes “para vivir dignamente”.

Beatriz Valdés, la madre, falleció en 2019. Íñigo Ramírez de Haro alega que la herencia que dejó esta no cubría, ni de lejos, el montante que su hermano Fernando le adeudaba. También señala en su querella que ese año tuvo conocimiento del engaño que se había urdido para que el marido de Aguirre pudiera apropiarse y vender la pintura, por lo que decidió iniciar las acciones judiciales.

Este documento consta en el sumario del caso pero, al igual que la grabación, no ha suscitado el interés de la fiscal y la jueza que instruye la denuncia. Por ahora el Ministerio Público se ha centrado solo en determinar si hubo delito fiscal en la declaración de la renta de Fernando Ramírez de Haro tras vender el cuadro. No se ha avanzado nada más.

A finales del pasado mes de abril la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid reconocía a elDiario.es que en la Dirección General de Patrimonio no tenía conocimiento de la venta de un retrato pintado por Goya a finales del siglo XVIII y que pondrían en marcha una investigación para dar luz al caso. Cultura indicó entonces que lo estudiarían “detenidamente” a raíz de las investigaciones publicadas por este periódico. Medio año después la Fiscalía cree que el marido de Esperanza Aguirre pudo evadir impuestos con la venta del lienzo y el equipo de Marta Rivera de la Cruz en la Consejería reconoce que “no hay ninguna novedad al respecto” y que no tiene nada más que comentar. 

Desde abril la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid no ha sido capaz de reunir la información de la obra para iniciar los trámites que terminen considerando la pintura como un bien cultural relevante del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, sigue sin protección ni control de ningún tipo, esté donde esté porque la administración regional desconoce su ubicación y en todos estos meses tampoco la ha determinado.

El retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro carece de protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y tampoco está reconocido como Bien de Interés Patrimonial. Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y ocultó a Patrimonio la venta del cuadro por cinco millones de euros, gracias a los cuales evitó la bancarrota de su familia. El empresario Juan Miguel Villar Mir compró la obra del pintor aragonés y meses después de la adquisición se benefició de la desprotección de dos edificios históricos del conjunto Canalejas que pudo destruir para levantar el eje del lujo. 

Una pintura “relevante”

Desde la Comunidad de Madrid alegan que “en muchas ocasiones la solicitud de la incoación como BIC procede del Ministerio de Cultura, tras declarar inexportable la obra” y añaden que en este caso “no se ha declarado inexportable la obra y no se ha recibido una solicitud del Ministerio”. En aquellos meses el responsable de Cultura era José Manuel Rodríguez Uribes y confirmó que no habían reaccionado ante el escándalo, a pesar de que sí se movieron con urgencia en el caso de un supuesto Caravaggio que apareció en una casa de subastas.

La ex dirigente del PP encargó a Sotheby’s la venta del retrato realizado entre 1795 y 1800 y la casa de subastas determinó su precio: ocho millones de euros. Era una pintura “relevante”. Hasta Manuela Mena -máxima experta en Goya de la institución- pasó a ver el cuadro por Sotheby’s y le reconoció a James Macdonald, director de ventas de pintura antigua de la casa, que el Museo Nacional del Prado debería adquirirlo. Macdonald tendrá que declarar como testigo ante la jueza que investiga el reparto de la herencia y la venta del cuadro.

A pesar del alto valor del retrato, la Comunidad de Madrid sigue sin preguntar por su paradero a su dueño y sin declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) y proteger el retrato del marqués de Villanueva del Duero, teniente general del Ejército de Carlos IV y grande de España. 

En el año 2012, cuando el marido de Esperanza Aguirre comunica la operación de venta al Ministerio de Cultura, el ministro José Ignacio Wert (PP) no reclama a la Comunidad de Madrid la protección BIC del cuadro de la presidenta de la Comunidad. Tres años más tarde, en 2015, cuando el nuevo propietario –Juan Miguel Villar Mir– pide permiso de exportación para que el cuadro viaje hasta Londres, a la exposición de la National Gallery, se concede el pasaporte y en la Junta de Calificación –organismo que determina los permisos– nadie levanta la mano para avisar de que el cuadro no está declarado BIC.

Un cuadro desparecido

Nadie ha garantizado la protección de la pintura que fue bendecida por los especialistas del Prado, reconocida en el catálogo de la exposición de la National Gallery y valorada varias veces por la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura a lo largo de tres años. Los expertos consultados por este periódico no comprenden cómo la Administración regional y estatal guarda silencio y no actúa sobre el caso. Una de las vocales de la Junta de Calificación en aquel momento cree que si ese cuadro se hubiera visto en una comisión habría sido declarado inexportable de inmediato.

Según difunde la Comunidad de Madrid, su compromiso “con la protección de nuestro patrimonio cultural parte del firme convencimiento de su papel como elemento clave para el acceso de todos a la cultura”. Desde julio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado declarar siete nuevos BIC: el Santuario de Nuestra señora de Valverde, en Fuencarral; las iglesias de la Asunción de Nuestra Señora de vuela de las Torres y Robledo de Chavela; el cuadro 'Vista de Madrid con el Palacio Real y el Patio de Armas de construcción', de Antonio Joli; el yacimiento arqueológico de Piedra Escrita, en la localidad de Cenicientos; la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos del siglo XII, en Prádena del Rincón; y la pintura San Jerónimo, atribuida a Luis de Morales, El Divino, inédita hasta 2015. 

Había que declararla manzana podrida para convertirla en manzana de oro. OHL dejó por escrito en julio de 2012 –en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es– cómo debía hacerlo la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (DGPH), bajo mandato de Esperanza Aguirre (PP). La presidenta de la región estaba en bancarrota y negociaba al tiempo con Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL, la venta por cinco millones de euros de un retrato de Goya propiedad de la familia de la presidenta. Las órdenes eran que el organismo responsable de velar por el legado histórico y artístico debía crear un nuevo argumentario en contra de dos de los seis edificios del siglo XIX y XX de la denominada 'manzana de Canalejas' de Madrid para retirarles la máxima protección a dos de ellos y destruir el complejo en poder del Banco Santander, que en 2004 había trasladado los servicios bancarios a su nueva sede financiera en Boadilla del Monte. Sólo de esta manera, dejando la protección en las fachadas, podría OHL comprar el conjunto arquitectónico y cumplir con las exigencias de la cadena de hoteles de lujo Four Seasons, sin presencia en la capital de España.

Estos dos edificios habían sido declarados en los años setenta y noventa como Bien de Interés Cultural (BIC) por su excepcionalidad, pero OHL quería vaciarlos y dejarlos reducidos a sus fachadas. Four Seasons reclamaba a la constructora de Villar Mir para empezar a hablar un mínimo de 220 “llaves” y una superficie para banquetes “lo suficientemente generosa”, además de dos restaurantes, un spa y todos los servicios y espacios anexos necesarios. La petición era incompatible con la protección del patrimonio arquitectónico, en el plan diseñado por el arquitecto Carlos Lamela, a quien la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid pidió dos años y tres meses de cárcel por la destrucción que acometió en Canalejas. “El acusado decidió apartarse de dichas prescripciones, imponiendo sus propios criterios arquitectónicos” y “ordenó la ejecución de actuaciones no autorizadas”, puede leerse en la instrucción de junio de 2018. Un juzgado de lo penal de Madrid absolvió al arquitecto en agosto del mismo año.

Entre julio de 2012 y enero de 2013 se vivieron días “muy tensos” en la Dirección General de Patrimonio Histórico, tal y como ha podido saber este periódico por fuentes internas del organismo. Los altos cargos debían hacer cumplir a los funcionarios la orden de que la sociedad entendiera que los edificios de La Equitativa y del Banco Hispano Americano ya no tenían ningún valor arquitectónico y que no era necesario conservarlos. Ese era el plan para cometer un hecho sin precedentes en la historia del patrimonio español: desproteger dos monumentos nacionales. El tres de octubre Ignacio Muñoz Llinás, nombrado director general de Patrimonio Histórico unas semanas antes, da instrucciones de “modificar urgentemente los expedientes de declaración BIC de los edificios La Equitativa y Banco Hispano Americano”, recuerda una de las fuentes consultadas por este periódico que prefiere no dar su nombre.

El 22 de noviembre el trabajo técnico de revocación parcial de la declaración BIC ya estaba finalizada. Apenas un mes para un trámite que ni siquiera se ha resuelto todavía con el cuadro de Goya vendido. El 14 de diciembre de 2012 y el 2 de enero de 2013, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica los implacables escritos contra La Equitativa, donde se llega a denigrar hasta el diseño interior de este último con razonamientos como que “carecía de interés tipológico y se aproximaba más al concepto de arquitectura doméstica que institucional”. Este es el punto de vista de la Comunidad de Madrid sobre la obra de José Grases Riera (1850-1919), arquitecto del Palacio Longoria (actual sede de la SGAE) y del extraordinario monumento a Alfonso XII en el Retiro. El otro alegato que construyeron para permitir el derribo de este edificio y el del Banco Hispano Americano fueron las reformas que se hicieron a lo largo de su historia. En los escritos firmados por el director General de Patrimonio se especifica que más allá de la fachada el resto de los edificios carece de elementos de interés o valor cultural. El responsable de proteger el patrimonio madrileño dio vía libre a la destrucción del mismo.

Llinás coincidió con OHL en todo: que el espacio estaba “degradado”, que la reforma contribuiría al proceso de “rehabilitación del centro urbano” porque recuperaría los edificios que habían caído en desuso y generaría “actividad económica”. El ex alto cargo no ha querido responder a las preguntas de elDiario.es, pero aquel día dio luz verde a la Operación Canalejas con un argumentario que copiaba al de los interesados en comprar las propiedades para destruirlas. El dinero fue la justificación que acabó con el patrimonio histórico, en el seno del organismo que se encarga de conservarlo.

En enero se abre el periodo de información pública de los expedientes para presentar alegaciones contra la injerencia. La más importante de todas fue la de Amparo Berlinches, arquitecta y actual presidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que redactó un extenso informe en el que desmontaba todos los argumentos de la DGPH y en él aclaraba que las sucesivas reformas las hicieron otros arquitectos de primera fila “que procedieron con sumo cuidado”, procurando mantener el nivel original. Berlinches indicó que las justificaciones esgrimidas “parecen mostrar una adecuación de sus decisiones a un proyecto de reforma no explicitado”. Es decir, la DGPH dio permiso de destrucción de los elementos valiosos a petición de OHL, que todavía ni siquiera era propietario del complejo.

Para Berlinches, la reforma de OHL obedece a un impulso “puramente especulativo” para aumentar la superficie edificada. Lo que había que proteger hacía veinte años ya no era necesario porque lo dijo OHL. Así consta en el documento base de la destrucción: “Los edificios no gozan de especiales elementos dignos de protección ni de recuperación, habiéndoseles otorgado en algunos supuestos un régimen de sobreprotección que no es acorde con su relevancia histórica”, aclara Carlos Lamela en el informe para OHL, que la constructora consensuó y entregó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.

Madrid Ciudadanía y Patrimonio se levantó contra la operación para tratar de paralizarla. Otro David contra Goliat sin final feliz. El 5 de febrero de 2013, ante las alegaciones bien fundamentadas, el director General de Patrimonio Histórico “dio instrucciones de no aumentar en ningún caso la protección de los edificios respecto al documento de incoación, en todo caso reducirla”, aseguran las mismas fuentes consultadas.

Alberto Tellería, miembro de la asociación, explica que la excusa para especular con el patrimonio siempre es la mismo, el abandono. “En lugar de reclamar la responsabilidad de la conservación a los dueños de los edificios, la DGPH dio la orden de destruirlos. En lugar de recuperarlos para el paisaje urbano con una limpieza y restauración que los devolviera a su esplendor original, rebajó la protección para permitir la venta. El resultado es monstruoso, porque han crecido cuatro plantas y borrado por completo la huella de la historia. No han protegido nada y los elementos que debían preservar los han repartido a su antojo por el interior. Es como si al Quijote le extraes las palabras y construyes otro relato con ellas”, cuenta Tellería.

Para el experto en patrimonio, que luchó desde el inicio con Vicente Patón, esta operación fue “una venta condicionada a la rebaja de la protección”. Asegura que la consulta realizada por OHL no era tal: presentaron un informe en el que daban las pautas para que la Comunidad de Madrid hiciera todo tal y como querían. “La DGPH obedeció y cumplió con todas las pautas de la constructora. La facilidad con la que OHL consiguió todo nos sorprendía. No lo entendíamos hasta hoy”, explica Tellería en referencia a la compra-venta del retrato pintado por Goya. Además, explica que los propietarios del complejo no pagan el IBI de las partes declaradas como BIC (fachada y primera crujía).

El 20 de febrero de 2013 la subdirectora General de Protección de Patrimonio Histórico presenta los expedientes de modificación de la protección legal de los dos BIC del complejo Canalejas al Consejo Regional de Patrimonio Histórico. Votan a favor de la desprotección los cargos públicos municipales, autonómicos y nacionales presentes en dicho Consejo, los representantes del COAM y de la Iglesia Católica. Es decir, la mayoría. Alicia Torija, arqueóloga, hoy diputada por Más Madrid en la Asamblea y entonces parte de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, señala que los altos cargos se sirven de este Consejo “manipulado y manipulable” para actuar contra el patrimonio sin miedo a ser juzgados por ello. “Está todo pactado para hacer y deshacer a favor del Gobierno. Para destruir Canalejas utilizaron la fórmula que reconoce la protección de un monumento para evitar su destrucción. Es urgentísima una reforma de este órgano para ganar en transparencia e independencia y que no vuelva a suceder algo como Canalejas”, sostiene Torija.

24 de octubre de 2010

Muere el suegro de Aguirre

Ignacio Ramírez de Haro, conde de Bornos y suegro de Esperanza Aguirre, fallece a los 92 años. Era el propietario de este cuadro que estaba en el salón de su casa. Sospechaban que era un Goya pero no lo tenían claro porque varios expertos lo habían desmentido.

Ver el cuadro completo 24 de octubre de 2010

Muere el suegro de Aguirre

Marzo de 2011

Declaran solo 2.000 euros en herencia

El albacea de la herencia comunica a la Comunidad de Madrid que no hay apenas bienes en la herencia del conde: "Dos vehículos automóviles en mal estado. Dos escopetas. Dos Rifles". En total, dos mil euros.

Ver documento completo Marzo de 2011

Declaran solo 2.000 euros en herencia

Diciembre de 2011

Aguirre: "Mi marido está arruinado y puede acabar en la cárcel"

Esperanza Aguirre comunica a la familia que su marido está en la ruina por una deuda con los bancos que no puede pagar, según la denuncia de su cuñado. Asegura que puede acabar en la cárcel, y que la quiebra le arrastra a ella también porque están casados en gananciales.

Diciembre de 2011

Aguirre: "Mi marido está arruinado y puede acabar en la cárcel"

Enero de 2012

Un Goya para salvar a Aguirre y su marido de la ruina

La familia decide tasar ese retrato que siempre sospecharon que era de Goya para ver si tiene algún valor para salvar, con su venta, al matrimonio. Y más adelante hacer cuentas con la herencia cuando fallezca la madre y se repartan todos los bienes.

Enero de 2012

Un Goya para salvar a Aguirre y su marido de la ruina

Marzo de 2012

Borrador del complejo Canalejas

El estudio de arquitectura de Carlos Lamela recibe el encargo de OHL de realizar un proyecto para construir un centro de lujo en el Conjunto Canalejas, tal y como asegura su equipo a elDiario.es

Marzo de 2012

Borrador del complejo Canalejas

8 de marzo de 2012

La mayor experta en Goya del Museo del Prado asegura que es auténtico

James MacDonald, un importante directivo de Sotheby's, viaja de Londres a Madrid para tasar la obra. Trasladan el cuadro a la oficina en Madrid de esta casa de subastas. Allí lo evalua Manuela Mena, la gran especialista en Goya del Museo del Prado, que corrobora que es auténtico.

Ver entrevista completa 8 de marzo de 2012

La mayor experta en Goya del Museo del Prado asegura que es auténtico

9 de marzo de 2012

Sotheby's valora la obra en ocho millones

Sotheby's tasa el cuadro en ocho millones de euros. En el informe también recomiendan evitar que sea protegido como "Bien de Interés Cultural" porque complicaría la venta y provocaría el pago de más impuestos.

9 de marzo de 2012

Sotheby's valora la obra en ocho millones

20 de marzo de 2012

Aguirre: "No debemos decir nada, es peligroso"

Esperanza Aguirre escribe en un correo a un familiar sobre el Goya: "No creo que debamos decir nada de momento. Es muy peligroso desde el punto de vista mediático y político"

Ver correo completo 20 de marzo de 2012

Aguirre: "No debemos decir nada, es peligroso"

10 de abril de 2012

"Una donación verbal", con el donante muerto

El marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, declara ante un notario que su padre le regaló el Goya y otras obras de arte por un valor todal de ocho millones de euros. La donación se produjo, según explica, seis años antes: en una "donación verbal" en 2006. Cuando se escritura este donativo, el donante lleva año y medio muerto.

Ver documento completo 10 de abril de 2012

"Una donación verbal", con el donante muerto

24 de abril de 2012

El cuadro entra en el Museo del Prado

Sotheby's lleva el cuadro al Museo del Prado, donde Manuela Mena y otros técnicos lo someten a una radiografía para comprobar su autenticidad, entre otras pruebas.

24 de abril de 2012

El cuadro entra en el Museo del Prado

30 de mayo de 2012

OHL en la sede de la Dirección General de Patrimonio Histórico

Primeros movimientos en la sede de la Dirección General de Patrimonio Histórico a favor de la operación Canalejas. Se recopila la información sobre el expediente del edificio de La Equitativa, incoado como BIC, para una reunión con el grupo inversor OHL de Villar Mir, tal y como ha podido saber este periódico.

30 de mayo de 2012

OHL en la sede de la Dirección General de Patrimonio Histórico

16 de mayo de 2012

El marido de Aguirre se acoge a una redución de impuestos del 99%

Fernando Ramírez de Haro, marido de Aguirre, presenta una autoliquidación de impuestos por la "donación verbal", que supuestamente se produjo seis años antes. Paga solo 26.000 euros en impuestos, en vez de 2,6 millones, porque se aplica un descuento del 99% en la cuota de forma irregular.

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El marido de Aguirre se acoge a una redución de impuestos del 99%

19 de junio de 2012

Reunión con los funcionarios de Patrimonio

La directora General de Patrimonio Histórico, Laura de Rivera García de Leániz, convoca a sus técnicos de manera extraordinaria en las oficinas de la sede, en la calle Arenal, para que los promotores les expliquen cómo van a convertir el conjunto de seis edificios históricos en un centro del lujo, compuesto por un hotel "de máxima categoría", con 220 habitaciones, una gran superficie comercial, viviendas, oficinas y un aparcamiento de 500 plazas.

19 de junio de 2012

Reunión con los funcionarios de Patrimonio

18 de julio de 2012

Venden el Goya a Villar Mir

El marido de Aguirre vende el Goya al Fondo Cultural Villar Mir ante un notario de Madrid. La compraventa se escritura en una notaría de Madrid.

18 de julio de 2012

Venden el Goya a Villar Mir

23 de julio de 2012

El dinero llega a las cuentas de Aguirre y su marido

Ingresan el dinero de la venta del Goya en una cuenta a nombre de Esperanza Aguirre y su marido: 5.111.615 euros en un cheque.

Ver documento 23 de julio de 2012

El dinero llega a las cuentas de Aguirre y su marido

Agosto de 2012

OHL inicia el trámite con el Ayuntamiento

Consulta Urbanística Vinculante de OHL al Ayuntamiento de Madrid proponiendo la rebaja de catalogación de los seis edificios a nivel tres "parcial", modificación de las declaraciones BIC de dos de ellos, creación de un Área de Planeamiento Específico y modificación del PGOUM.

Agosto de 2012

OHL inicia el trámite con el Ayuntamiento

6 de septiembre de 2012

Nombramiento en la cúpula

Nombramiento de Ignacio Muñoz Llinás como Director General de Patrimonio Histórico en sustitución de Laura Rivera García de Leániz.

6 de septiembre de 2012

Nombramiento en la cúpula

13 de septiembre de 2012

Arranca la operación Canalejas

Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid en la que se da luz verde a la "Operación Canalejas", mediante modificación del PGOU en esa manzana.

13 de septiembre de 2012

Arranca la operación Canalejas

14 de diciembre de 2012

Desprotección de los BIC

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica la modificación de la declaración de BIC del edificio Banco Central Hispano y, el dos de enero de 2013, de La Equitativa.

14 de diciembre de 2012

Desprotección de los BIC

21 de diciembre de 2012

Venta del Complejo Canalejas por 215 millones de euros

El Banco Santander vende a OHL por 215 millones de euros el Complejo Canalejas, según anunció la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

21 de diciembre de 2012

Venta del Complejo Canalejas por 215 millones de euros

19 de junio de 2013

Nueva Ley de Patrimonio

Publicación en el BOCM de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que permite la agrupación de los edificios para hacer un único solar. Un año más tarde, el Tribunal Constitucional declarará ocho de sus artículos inconstitucionales. Desde entonces sigue sin reformarse y aparcada.

19 de junio de 2013

Nueva Ley de Patrimonio

La Comunidad de Madrid rebajó radicalmente la protección de dos edificios históricos del siglo XIX y XX de la 'manzana de Canalejas', cumpliendo así las exigencias de la constructora OHL para hacerse con el conjunto arquitectónico y edificar un centro comercial de lujo con el primer hotel Four Seasons de la capital de España. Un informe de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad despreció el valor de varios elementos patrimoniales de los edificios del Banco Hispano Americano y La Equitativa, caídos ya bajo la piqueta de forma irreversible. La decisión del gobierno regional se produjo mientras Villar Mir, propietario de la constructora, se hacía con un cuadro de Goya de la familia del marido de Esperanza Aguirre por cinco millones de euros.

Juan Miguel Villar Mir compró el 18 de julio de 2012 un retrato pintado por Goya al marido de Esperanza Aguirre por cinco millones de euros y la venta libró a la familia de la bancarrota en la que se encontraba, tal y como ella misma había asegurado a su yerno, entre lágrimas: ''Está arruinado y con serio riesgo de ir a la cárcel si no ponía remedio a la situación'', desveló elDiario.es de aquel encuentro para resolver el reparto de la herencia entre los hermanos y dueños del cuadro del pintor aragonés. El constructor y coleccionista de arte que se interesó repentinamente por el lienzo que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había decidido no declarar ante su Dirección General de Patrimonio Histórico (DGPH) para mantener la operación lejos de la luz pública. ''No creo que debamos decir nada de momento. Es muy peligroso desde el punto de vista mediático y político'', escribió Aguirre en un correo electrónico el 20 de marzo de 2012.

Mientras Villar Mir y Aguirre ultimaban la compra del cuadro, en la Dirección General de Patrimonio Histórico (DGPH) de la Comunidad de Madrid empezaron a dejarse ver miembros de OHL, el grupo propiedad del empresario. A finales de mayo de 2012 la dirección de Patrimonio recopila información sobre el estado de La Equitativa, el extraordinario edificio del siglo XIX que será destruido junto con el resto del conjunto arquitectónico de Canalejas en una operación de desprotección del patrimonio histórico sin precedentes en España y sin una explicación convincente hasta ahora. 

El 19 de junio de 2012, un mes antes de la firma de la venta del retrato de Goya y medio año antes de que OHL comprara el bloque de edificios al Banco Santander, la directora General de Patrimonio Histórico, Laura de Rivera García de Leániz, convocó a sus técnicos de manera extraordinaria en las oficinas de la sede, en la calle Arenal, donde tuvo lugar la reunión que cambiaría para siempre las políticas de protección del patrimonio histórico de la región: ese día arrancó la ''operación Canalejas'', que obligó a la Comunidad de Madrid a reformar la Ley de Patrimonio Histórico de Madrid de 1998, rebajar la protección de dos edificios históricos y modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM). La entonces directora general de Patrimonio no ha querido responder a este periódico por qué montó esa cita meses antes de la adquisición de los edificios a Emilio Botín.

A esa cita asistieron Jesús Hernández y Ana Guasp (del Estudio Lamela), Javier Manchado y Beatriz del Peso (del bufete de abogados Garrigues), Enrique Benjumea (entonces directivo de OHL) y varios miembros de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, entre otros. OHL informó de que pretendían intervenir en los seis edificios que componían la propiedad, incluyendo los dos protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC), y dejarlos en fachada, para levantar un hotel ''de máxima categoría'' con 220 habitaciones, una gran superficie comercial, viviendas, oficinas y un aparcamiento de 500 plazas. El plan de Villar Mir necesitaba dejarlos en la cáscara de la fachada y, sobre todo, agruparlos en un único solar. En ese momento daban por hecho que aumentan la edificabilidad del conjunto y pasan de 43.000 a una superficie de 80.000 metros cuadrados. La propuesta contravenía todas las normas de protección existentes en ese momento y exigía un seísmo político que alteraría el paisaje cultural y urbanístico de la ciudad. 

Los promotores y asociados interesados en convertir los edificios históricos en el epicentro del lujo madrileño llevaban meses trabajando en un extenso plan que presentaron a los técnicos de Patrimonio en aquella reunión de junio. Era un mero formalismo. Cuando se firma la compra de la pintura, OHL ya tenía acabado el documento que más tarde presentó al Ayuntamiento como ''consulta urbanística vinculante''. El proyecto de intervención diseñado por el arquitecto Carlos Lamela para OHL concretaba la estrategia que las administraciones implicadas debían seguir y siguieron al pie de la letra en los asuntos claves, para comprar al Banco Santander el conjunto. 

''Empezamos a estudiar las posibilidades de desarrollar el proyecto en marzo de 2012, si bien no es hasta octubre de 2012, con la contestación favorable a la consulta vinculante, cuando se inicia el proceso de compraventa'', explica a este diario el equipo de Carlos Lamela. La respuesta favorable a OHL se le concede semanas después de la compra del retrato de Goya a Esperanza Aguirre. Ese informe de más de un centenar de páginas, al que ha tenido acceso ahora elDiario.es, era una carta a los Reyes Magos que la Comunidad de Madrid debía cumplir y que hizo posible que en septiembre de 2014 la primera piqueta empezara la demolición. 

Una de las participantes en aquel año ''acelerado'' asegura a elDiario.es que todo lo que planteó OHL en la primera reunión le fue concedido. El movimiento era tan agresivo, premeditado y urgente que necesitaba de la implicación de la máxima figura del Gobierno de la Comunidad. Los deseos de Villar Mir empezaron a hacerse realidad inmediatamente después de la compra del famoso retrato que debía sacar de la ruina a la expresidenta del PP y a su familia. A la vuelta del verano de 2012, con el cuadro de Goya en poder de Villar Mir y los cinco millones de euros ingresados en la cuenta del Banco Santander de la que Esperanza Aguirre y su marido son co-titulares, arranca la Operación Canalejas. Las exigencias más polémicas de Villar Mir fueron satisfechas. Todos los trámites administrativos se resolvieron en un tiempo récord de dos años y medio.

''No han quedado apenas vestigios de la distribución y estructura funcional en el interior de los mismos'', dice el informe de OHL, que copió y usó la Comunidad de Madrid para legitimar el derribo del interior de los seis edificios. También se aclara en el plan de los constructores que los BIC otorgados son ''un régimen de sobreprotección que no es acorde con su relevancia histórica''. ''No cumplen con los requisitos necesarios para que sean considerados como BIC'', sostiene la empresa y asociados en el amplio documento. La Dirección de Patrimonio le da la razón: hay que dar marcha atrás y renunciar a la máxima protección de los dos edificios para ''eliminar partes del bien'', que son ''necesarias para la viabilidad del proyecto''.

La maquinaria administrativa arrancó el 13 de septiembre de 2012, a las nueve y media de la mañana, durante la reunión de la Comisión Local de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid. El primer punto del orden del día debía dar respuesta a la sociedad Centro Canalejas Madrid S. L. (OHL), que planteaba ''una transformación y dinamización de la zona que constituya un referente en la ciudad y recupere y ponga en valor la imagen del conjunto''. El Ayuntamiento debía modificar el PGOUM, para considerar la manzana de Canalejas un bloque único, compuesto por los edificios de Alcalá 6, 8, 10, 12 y 14 y la Plaza de Canalejas, 1. De esta manera igualarían a la altura máxima y podrían multiplicar los metros cuadrados útiles. 

Además, tal y como consta en acta, la Comisión Local valoró ''positivamente'' la propuesta. Calificaron el espacio como ''muy degradado y en desuso'' y alabaron el proyecto de OHL porque ''contribuía al proceso de rehabilitación del centro urbano'', ''dinamización de la zona'' y que podría ''llegar a constituir un referente para la ciudad''. El argumentario que defendió Ignacio Muñoz Llinás, nombrado director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid una semana antes tras la repentina dimisión de Laura de Rivera García de Leániz, coincide con el que se puede leer en el preparado por la constructora meses antes. En su entrega total al proyecto, el alto cargo alegó las posibilidades de ''generar actividad económica'', ''atracción social'', ''mejora del medio ambiente urbano'' y ''acercamiento entre diversas actividades al eje de los museos, lo que constituye una excelente posibilidad para la ciudad''. ''En ningún momento el director de Patrimonio asumió nuestras ideas ni se desarrolló con la Comunidad de Madrid un ''plan estratégico''. El proceso fue el inverso: el Ayuntamiento nos orientó sobre lo que podría ser admisible o no'', sostienen desde el estudio Carlos Lamela. 

Ignacio Muñoz Llinás, máximo responsable en velar por el patrimonio histórico, concluyó durante la Comisión que no encontraba ''inconveniente alguno, desde el punto de vista de la protección del patrimonio, para la instalación de los usos que se proponen''. Por último, Muñoz Llinás propuso a la Dirección de Patrimonio Histórico, de la que él mismo era responsable, que estudiara ''la reconsideración o modificación de los expedientes de declaración como BIC de los edificios datos en Alcalá, 14 y Plaza de Canalejas, 1''. Muñoz Llinás ha preferido no contestar a este periódico si tenía órdenes de Esperanza Aguirre de aprobar el proyecto y derribar los edificios e iniciar el trámite de urgencia. 

Por otro lado, mientras se resolvía la desprotección, otro equipo de esta unidad había recibido la orden de reformar de inmediato la Ley de Patrimonio. Una medida que no figuraba en el programa del PP, pero que resolvieron en un año y medio. La nueva ley era la clave de toda esta operación: había que modificar el artículo 23, que prohibía la agrupación de los bloques. Con la nueva redacción, Villar Mir tuvo luz verde. El responsable de la redacción técnica de la nueva norma fue Luis Lafuente, actual director de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, tras ocupar el cargo de director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura con Íñigo Méndez de Vigo (PP). Un año después de que la reforma del PP de la ley fuera aprobada, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales ocho de sus artículos incluyendo el citado 23. Lafuente ha declinado responder si reformó la norma para permitir la agrupación de edificios que necesitaba Villar Mir.

El 26 de septiembre de 2012, Esperanza Aguirre dimite por sorpresa como presidenta de la Comunidad de Madrid y como diputada del PP en el parlamento autonómico. Tras tres décadas dedicada a la política y nueve al frente de la región declaraba que ''es esencial elegir el momento y la forma de retirada y este es el momento''. Cedía el cargo a su número dos, Ignacio González. Las instrucciones en el caso Canalejas ya estaban escritas y el nuevo presidente de la Comunidad no varió el plan redactado. Aguirre había resuelto la quiebra económica de su casa, pero tuvo que abandonar su futuro político. Nunca aclaró los ''motivos personales'' que le llevaron a tomar la decisión. Esperanza Aguirre niega a elDiario.es que facilitara la operación Canalejas a Villar Mir a cambio de la compra del cuadro de Goya y que dicha operación fuera el motivo real de su dimisión.

Solo faltaba que la Dirección General de Patrimonio rebajara la protección BIC al antiguo edificio del Banco Hispano Americano y al de La Equitativa. El 14 de diciembre de 2012, solo un mes y medio después, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó la modificación de la declaración de BIC del edificio Banco Central Hispano y el dos de enero de 2013, de La Equitativa. Un tiempo récord para cualquier administración. OHL ya tenía permiso para derribar. La Comunidad rebajó la máxima protección a un nivel tres, de grado parcial. Los propietarios solo debían conservar la fachada y la primera crujía. No existen antecedentes de algo similar en España. Una semana más tarde, el 21 de diciembre de 2012, el Banco Santander vende a OHL por 215 millones de euros el Complejo Canalejas, según anunció la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ese día se ultimó una nueva operación de expolio del pasado de la ciudad que menos patrimonio arquitectónico conserva de Europa.

24 de octubre de 2010

Muere el suegro de Aguirre

Ignacio Ramírez de Haro, conde de Bornos y suegro de Esperanza Aguirre, fallece a los 92 años. Era el propietario de este cuadro que estaba en el salón de su casa. Sospechaban que era un Goya pero no lo tenían claro porque varios expertos lo habían desmentido.

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Muere el suegro de Aguirre

Marzo de 2011

Declaran solo 2.000 euros en herencia

El albacea de la herencia comunica a la Comunidad de Madrid que no hay apenas bienes en la herencia del conde: "Dos vehículos automóviles en mal estado. Dos escopetas. Dos Rifles". En total, dos mil euros.

Ver documento completo Marzo de 2011

Declaran solo 2.000 euros en herencia

Diciembre de 2011

Aguirre: "Mi marido está arruinado y puede acabar en la cárcel"

Esperanza Aguirre comunica a la familia que su marido está en la ruina por una deuda con los bancos que no puede pagar, según la denuncia de su cuñado. Asegura que puede acabar en la cárcel, y que la quiebra le arrastra a ella también porque están casados en gananciales.

Diciembre de 2011

Aguirre: "Mi marido está arruinado y puede acabar en la cárcel"

Enero de 2012

Un Goya para salvar a Aguirre y su marido de la ruina

La familia decide tasar ese retrato que siempre sospecharon que era de Goya para ver si tiene algún valor para salvar, con su venta, al matrimonio. Y más adelante hacer cuentas con la herencia cuando fallezca la madre y se repartan todos los bienes.

Enero de 2012

Un Goya para salvar a Aguirre y su marido de la ruina

Marzo de 2012

Borrador del complejo Canalejas

El estudio de arquitectura de Carlos Lamela recibe el encargo de OHL de realizar un proyecto para construir un centro de lujo en el Conjunto Canalejas, tal y como asegura su equipo a elDiario.es

Marzo de 2012

Borrador del complejo Canalejas

8 de marzo de 2012

La mayor experta en Goya del Museo del Prado asegura que es auténtico

James MacDonald, un importante directivo de Sotheby's, viaja de Londres a Madrid para tasar la obra. Trasladan el cuadro a la oficina en Madrid de esta casa de subastas. Allí lo evalua Manuela Mena, la gran especialista en Goya del Museo del Prado, que corrobora que es auténtico.

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La mayor experta en Goya del Museo del Prado asegura que es auténtico

9 de marzo de 2012

Sotheby's valora la obra en ocho millones

Sotheby's tasa el cuadro en ocho millones de euros. En el informe también recomiendan evitar que sea protegido como "Bien de Interés Cultural" porque complicaría la venta y provocaría el pago de más impuestos.

9 de marzo de 2012

Sotheby's valora la obra en ocho millones

20 de marzo de 2012

Aguirre: "No debemos decir nada, es peligroso"

Esperanza Aguirre escribe en un correo a un familiar sobre el Goya: "No creo que debamos decir nada de momento. Es muy peligroso desde el punto de vista mediático y político"

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Aguirre: "No debemos decir nada, es peligroso"

10 de abril de 2012

"Una donación verbal", con el donante muerto

El marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, declara ante un notario que su padre le regaló el Goya y otras obras de arte por un valor todal de ocho millones de euros. La donación se produjo, según explica, seis años antes: en una "donación verbal" en 2006. Cuando se escritura este donativo, el donante lleva año y medio muerto.

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"Una donación verbal", con el donante muerto

24 de abril de 2012

El cuadro entra en el Museo del Prado

Sotheby's lleva el cuadro al Museo del Prado, donde Manuela Mena y otros técnicos lo someten a una radiografía para comprobar su autenticidad, entre otras pruebas.

24 de abril de 2012

El cuadro entra en el Museo del Prado

30 de mayo de 2012

OHL en la sede de la Dirección General de Patrimonio Histórico

Primeros movimientos en la sede de la Dirección General de Patrimonio Histórico a favor de la operación Canalejas. Se recopila la información sobre el expediente del edificio de La Equitativa, incoado como BIC, para una reunión con el grupo inversor OHL de Villar Mir, tal y como ha podido saber este periódico.

30 de mayo de 2012

OHL en la sede de la Dirección General de Patrimonio Histórico

16 de mayo de 2012

El marido de Aguirre se acoge a una redución de impuestos del 99%

Fernando Ramírez de Haro, marido de Aguirre, presenta una autoliquidación de impuestos por la "donación verbal", que supuestamente se produjo seis años antes. Paga solo 26.000 euros en impuestos, en vez de 2,6 millones, porque se aplica un descuento del 99% en la cuota de forma irregular.

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El marido de Aguirre se acoge a una redución de impuestos del 99%

19 de junio de 2012

Reunión con los funcionarios de Patrimonio

La directora General de Patrimonio Histórico, Laura de Rivera García de Leániz, convoca a sus técnicos de manera extraordinaria en las oficinas de la sede, en la calle Arenal, para que los promotores les expliquen cómo van a convertir el conjunto de seis edificios históricos en un centro del lujo, compuesto por un hotel "de máxima categoría", con 220 habitaciones, una gran superficie comercial, viviendas, oficinas y un aparcamiento de 500 plazas.

19 de junio de 2012

Reunión con los funcionarios de Patrimonio

18 de julio de 2012

Venden el Goya a Villar Mir

El marido de Aguirre vende el Goya al Fondo Cultural Villar Mir ante un notario de Madrid. La compraventa se escritura en una notaría de Madrid.

18 de julio de 2012

Venden el Goya a Villar Mir

23 de julio de 2012

El dinero llega a las cuentas de Aguirre y su marido

Ingresan el dinero de la venta del Goya en una cuenta a nombre de Esperanza Aguirre y su marido: 5.111.615 euros en un cheque.

Ver documento 23 de julio de 2012

El dinero llega a las cuentas de Aguirre y su marido

Agosto de 2012

OHL inicia el trámite con el Ayuntamiento

Consulta Urbanística Vinculante de OHL al Ayuntamiento de Madrid proponiendo la rebaja de catalogación de los seis edificios a nivel tres "parcial", modificación de las declaraciones BIC de dos de ellos, creación de un Área de Planeamiento Específico y modificación del PGOUM.

Agosto de 2012

OHL inicia el trámite con el Ayuntamiento

6 de septiembre de 2012

Nombramiento en la cúpula

Nombramiento de Ignacio Muñoz Llinás como Director General de Patrimonio Histórico en sustitución de Laura Rivera García de Leániz.

6 de septiembre de 2012

Nombramiento en la cúpula

13 de septiembre de 2012

Arranca la operación Canalejas

Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid en la que se da luz verde a la "Operación Canalejas", mediante modificación del PGOU en esa manzana.

13 de septiembre de 2012

Arranca la operación Canalejas

14 de diciembre de 2012

Desprotección de los BIC

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica la modificación de la declaración de BIC del edificio Banco Central Hispano y, el dos de enero de 2013, de La Equitativa.

14 de diciembre de 2012

Desprotección de los BIC

21 de diciembre de 2012

Venta del Complejo Canalejas por 215 millones de euros

El Banco Santander vende a OHL por 215 millones de euros el Complejo Canalejas, según anunció la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

21 de diciembre de 2012

Venta del Complejo Canalejas por 215 millones de euros

19 de junio de 2013

Nueva Ley de Patrimonio

Publicación en el BOCM de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que permite la agrupación de los edificios para hacer un único solar. Un año más tarde, el Tribunal Constitucional declarará ocho de sus artículos inconstitucionales. Desde entonces sigue sin reformarse y aparcada.

19 de junio de 2013

Nueva Ley de Patrimonio

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El extesorero del PP Luis Bárcenas ha hecho este miércoles una afirmación ante el juez del caso Púnica que cuestiona el archivo de la causa contra el empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó recientemente. Bárcenas ha asegurado en la Audiencia Nacional que el fundador de la constructora OHL le informó de que no solo financiaba de forma irregular al PP nacional sino que lo hacía también con la formación política “regional” en Madrid en la época en que Esperanza Aguirre era su presidenta.

La afirmación de Bárcenas se ha producido durante el turno de preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro. Este puso en duda la fiabilidad de la afirmación de Bárcenas ante la posibilidad de que se tratara de una “suposición” y el extesorero del PP replicó: “Es una afirmación que hace [Villar Mir] al tesorero [Álvaro Lapuerta] en mi presencia en una comida en su casa de La Florida en presencia de Pío García Escudero, si no recuerdo mal”. Lapuerta murió en 2018; García-Escudero sigue siendo senador del PP y figura como uno de los dirigentes que cobró sobresueldos en B de la contabilidad paralela del partido. También dirige la gestora que se ocupa del día a día del PP regional desde la caída de Cristina Cifuentes por el caso Máster.

Según fuentes presentes en la declaración de Bárcenas este miércoles en la Audiencia Nacional, el fiscal preguntó cuándo se pudo producir ese encuentro y Bárcenas respondió que en 2007 o 2008, ambos años en los que Esperanza Aguirre era presidenta del Partido Popular de Madrid y del Gobierno regional. También dijo que a Lapuerta y Villar Mir les unía una enorme amistad de los tiempos de ambos en política. Tanto el empresario de la construcción como el antecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP fueron altos cargos del franquismo y también durante la transición.

Juan Miguel Villar Mir ha estado imputado en dos piezas de Púnica, la del tren a Navalcarnero y la de la financiación irregular del PP madrileño. De ambas se ha librado por decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en contra del criterio del juez instructor, Manuel García-Castellón, y de la Fiscalía Anticorrupción. 

En un auto del pasado diciembre firmado por los magistrados conservadores Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Javier Echarri se lee: “No existe dato alguno que corrobore la participación, conocimiento o autorización del señor Villar Mir en esas supuestas donaciones, ya que como hemos dicho, ni en el año 2007, ni en el año 2011, durante las cuales, supuestamente se sufragó el gasto de las campañas electorales del citado partido político en la Comunidad de Madrid, no ostentaba cargo ejecutivo alguno en OHL”, la constructora que fundó y que pertenece al Grupo Villar Mir. 

En la pieza de financiación irregular sigue imputado su yerno, Javier López Madrid, al que Bárcenas se refirió este miércoles como la persona que efectuaba los pagos de parte de la constructora fundada por su suegro. “En paralelo financiaba el señor Villar Mir tanto la sede central como la regional”, ha añadido Bárcenas, según las citadas fuentes. 

Villar Mir estuvo imputado en el caso de la caja B del PP nacional: era uno más de los más de veinte grandes empresarios que aparecían en los papeles de Bárcenas por inyectar dinero negro a la formación nacional. La causa fue archivada para ellos en 2015 por falta de indicios para vincular entregas de dinero con adjudicaciones de administraciones controladas por los conservadores. Recientemente la línea de investigación del cohecho ha sido reabierta y el juez Pedraz analiza, entre otros, 23 contratos de siete ministerios del Gobierno de José María Aznar para determinar si se pagaron mordidas a cambio de obras concretas. 

Dinero negro para la reforma de la planta de Aguirre

El extesorero también ha puesto en cuestión este miércoles en la Audiencia Nacional que la primera planta del edificio de Génova 13, la que ocupaba el PP de Madrid, no fuera financiada con dinero negro de los empresarios, como defiende Esperanza Aguirre para distinguirse del resto del partido. 

Bárcenas ha explicado que esa planta, como el resto, tenía 750 metros cuadrados, de los que 100 eran ocupados por el PP nacional. Por la reforma de los los 650 restantes se pagaron, según dijo recordar Barcenas, unos 200.000 euros, “un precio infinitamente menor” que los 1,1 millones de euros que costó la reforma de cualquiera de las otras plantas de edificio. 

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que concluya la pieza número 3 del ‘caso Lezo', relativa a la presunta adjudicación irregular del tren de Navalcarnero, y proponga juzgar a seis personas, entre ellas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid, mientras que adelanta que no ve indicios suficientes para acusar al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, informa Europa Press. 

Anticorrupción considera que la investigación sobre el pago de una presunta comisión de 2,5 millones de dólares a Ignacio González para la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero --que no llegó a culminarse-- ya está concluida. Por ello, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que dicte un auto de pase de procedimiento abreviado para poder formular escrito su escrito de acusación contra seis investigados.

Así, ha anunciado que dirigirá su acusación por los delitos, según los casos, de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental al expresidente madrileño Ignacio González —para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por otras dos piezas del caso 'Lezo'—; el exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid (yerno de Villar Mir); a los directivos de la constructora Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas y Felicísimo Damián Ramos Ramos; el exgerente del Canal Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez; y al empresario Adrián de la Joya Ruiz de Velasco.

Asimismo, la Fiscalía ha adelantado que no aprecia que existan indicios suficientes para formular acusación contra otros investigados como Juan Miguel Villar Mir, quien en sus diversas declaraciones ante el juez ha negado tener conocimiento del pago de la comisión; el exconsejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada y el exconsejero delegado de OHL Tomás García Madrid.

OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.

Plan para asegurarse la adjudicación  

La Fiscalía explica en un comunicado que la investigación ha revelado que la adjudicación de este contrato “obedeció presuntamente a un plan ideado” por Javier López Madrid y el que fuera consejero director general de Construcción Nacional de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas para “asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual”.

Para lograr ese propósito, señala el Ministerio Público, ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel e Ignacio González, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidía la empresa pública de aguas.

Así para ejecutar este plan y llevar a cabo el pago de dicha comisión, todos estos investigados contaron con la “colaboración esencial” del entonces director de Control de Gestión de la constructora, Felicísimo Damián Ramos Ramos, y del empresario Adrián de la Joya.

El juez García Castellón ya ha enviado a juicio las dos primeras piezas de este causa sobre corrupción en el Canal Isabel II, relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa por las que sienta en el banquillo a 29 personas. Por estos hechos, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Ignacio González.

A dos meses de que finalice el plazo de instrucción del caso Púnica, el juez Manuel García-Castellón ha dictado una batería de autos en los que rechaza levantar la imputación a varios de los investigados y confirma esta condición para otros, entre ellos el gran empresario de la construcción Juan Miguel Villar Mir y su yerno, Javier López Madrid, sospechosos de participar en la financiación irregular del PP de Madrid.

La defensa de Villar Mir viene reclamando explicaciones de su imputación y había formalizado una denuncia por “dilaciones indebidas” al no recibir respuesta. García-Castellón replica que se han dictado “distintas providencias” que dan respuesta a la información que reclama el fundador de OHL. “La defensa sigue insistiendo sobre un pronunciamiento relativo a una eventual aclaración que este magistrado entiende más que contestado”, escribe el instructor en un auto fechado el pasado día 25 de junio y al que ha tenido acceso eldiario.es.

En el caso de López Madrid, su defensa solicitaba un “impulso” a la causa respondiendo a distintas peticiones realizadas por ella misma. García-Castellón rechaza la pretensión y acusa al exconsejero de OHL de intentar “retrasar” la investigación. “Resulta llamativo constatar cómo la misma representación procesal que interesa el impulso tiene evidente como estrategia de defensa precisamente retrasar el avance de la investigación mediante la reiterada presentación de escritos de aclaración, rectificación y reforma, como se constata del análisis de las investigaciones”, escribe el juez en otro auto en el que destaca que esta “estrategia” tiene “vistosidad y poco recorrido”.

García-Castellón citó a Villar Mir y López Madrid como investigados en febrero de 2018 acusados de participar en los amaños en las obras de Metro de Madrid cuando Francisco Granados estaba al frente de la Consejería de Transportes. La imputación responde a los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitalers, falsificación y tráfico de influencias.

Villar Mir, que ha estado imputado en todos los grandes casos de financiación irregular del PP, responde en el caso Púnica dentro de la pieza 9, la que aborda la existencia de una caja B en la formación conservadora a nivel de la Comunidad de Madrid. En esta misma pieza está imputada la que fuera presidenta del partido regional y del Gobierno autonómico, Esperanza Aguirre.

La imputación de Villar Mir y López Madrid se produjo después de que David Marjaliza, exsocio de Granados, aportase en la Audiencia Nacional una serie de facturas que reflejaban el pago de comisiones por los amaños de las adjudicaciones, de los que también se beneficiaba el yerno del dueño de OHL.

Granados habría utilizado su condición de consejeros de Transportes para que la empresa pública Mintra adjudicara un lote de obras a Obrum, vinculada a Marjaliza. Por su parte, López Madrid aportó en los concursos las calificaciones precisas por parte de la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, pero luego, en un plan concertado, se la vendió a Marjaliza a bajo precio. Terminado el amaño, Granados, Marjaliza y López Madrid se repartieron 3,6 millones de euros en comisiones.

La defensa de López Madrid había impugnado el informe de tres peritos de la Agencia Tributaria que ratificaban la dinámica de corrupción antes descrita, así como que se dedujera testimonio de los funcionarios que rubrican dicha pericial. “La prueba pericial es eminentemente una diligencia personal, y por lo tanto no se puede pretender su impugnación como si se tratara de un documento, con carácter material”, contesta el juez.

La investigación de Púnica también ha destapado que el Grupo Villar Mir ha resultado adjudicatario de varios contratos licitados por Arpegio, la empresa que gestionaba el suelo público de la Comunidad de Madrid. En los autos del juez se señala a OHL como “presunto donante del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, de acuerdo a las menciones de la agenda intervenida al investigado Francisco Granados”.

El 27 de agosto, fin de la instrucción

La reforma del último Gobierno del PP que introdujo los plazos para la instrucción obligaba a que el caso Púnica dejara de investigarse el pasado 6 de junio, pero la suspensión de los plazos de instrucción a causa de la Covid-19 aplazó esa fecha al 27 de agosto. Esta segunda fecha se antoja apresurada si se atiende a los retrasos que está sufriendo la instrucción en su última fase. Las primeras declaraciones de testigos una vez retomada la actividad judicial se vieron retrasadas por la imposibilidad de la Audiencia Nacional de realizar una declaración telemática a la que pueden asistir decenas de abogados.

Otros investigados también han visto más próximo el banquillo después de esta última batería de autos del juez en los que rechaza archivar la causa contra ellos. Es el caso de los exconsejeros madrileños Juan José Güemes y Gádor Ongil; el que fuera consejero delegado de la agencia informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández; y la funcionaria de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder, investigada por los mismos hechos que mantienen imputada a Cristina Cifuentes.

Juan Miguel Villar Mir, uno de los empresarios más poderosos de España, imputado en algún momento en todos los casos de financiación irregular del PP, ha apostado este martes en el Congreso por “hacer la guerra más decidida a la corrupción”, fenómeno al que calificó de “desgracia”. 

Villar Mir se ha desligado en todo momento de prácticas corruptas. “En las comunidades donde se exigía un porcentaje yo no he trabajado”, ha dicho el dueño de la constructora. Ha mencionado Islas Baleares, pero hay “algunas más” de las que se ha retirado por la corrupción imperante, según ha dicho ante la comisión de investigación de la financiación irregular del PP. 

El dueño de OHL ha dicho que su antigua presidencia de la empresa le ha hecho tener que comparecer como investigado en dos casos, el de papeles de Bárcenas y el del hospital balear de Son Espases. De ambos, ha añadido, se ha realizado una “profusa investigación” con el resultado de archivo en su caso.

Villar Mir ha negado haberse reunido en su vida con Luis Bárcenas, a pesar de que aparece como el máximo donante del PP en los veinte años que recogen las anotaciones del extesorero del partido. “No todos los empresarios somos iguales”, ha afirmado.

Ha añadido que nunca ha entregado dinero a partidos políticos, pero sí a fundaciones y de forma legal. La más cuantiosa a Mujeres por África porque la presidía María Teresa Fernández de la Vega, pero que dejó de hacerlo a los dos años porque “era muy cara” y ya había problemas en España “para hacer donativos fuera”.

Ha obviado, por otra parte, que sigue imputado en los casos Púnica y Lezo por el pago de mordidas que iban a parar presuntamente al PP de Madrid. Ha asegurado más tarde que el juez de ambas causas le ha comunicado que está citado como investigado para salvaguardar su derecho de defensa y poder ir acompañado de abogado. La empresa de Villar Mir es sospechosa de haber pagado 1,4 millones de euros a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero. Villar Mir ha dicho que ha ordenado a sus letrados que investiguen la transferencia, que ha calificado de “grave anormalidad” y “absoluta irregularidad”.

El portavoz de EH Bildu, Óscar Matute, ha sacado a relucir la declaración de José María García en el programa Salvados, de La Sexta, según la cual un empresario con antiguas responsabilidades políticas y 30.000 empleados y el 60 por ciento de contratos de su empresa con la Administración le admitió que pagaba a cambio de obra pública. Cuando fue llamado a declarar, el periodista dijo que no se refería a Villar Mir. Matute ha recordado al dueño de OHL que él mismo había reconocido tener ese volumen de negocio y emplear exactamente a ese mismo número de empleados. El empresario ha dicho que García es “un completo mentiroso”.

Villar Mir ha presumido de haber dicho no en dos ocasiones a ser ministro “en la etapa política anterior”, como se ha referido a la dictadura franquista. En ese sentido ha negado que su actividad política esté vinculada con sus negocios. También ha obviado, en este aspecto, sus cargos como director general de Puertos o de Empleo, en los años sesenta, o como presidente del Fondo Nacional del Trabajo, igualmente en esa década. Por contra, ha defendido su contribución a la legalización de los sindicatos y asociaciones como ministro de Hacienda en el primer gobierno de Adolfo Suárez. 

El periodista José María García ha negado este lunes ante el juez Manuel García Castellón que se refiriera al constructor Juan Miguel Villar Mir en la entrevista al programa Salvados emitida la noche anterior. A la salida, el comunicador ha asegurado que no tenía constancia de que fuera Villar Mir la persona a la que se refirió, a pesar de que por lo que se le preguntaba es por un encuentro entre él y ese empresario que había desvelado el propio García.

“Sigo diciendo lo que dije ayer, he mantenido una conversación hace años con un empresario que desempeñó cargos políticos importantes y que me había dicho lo que dije. No he dado ningún nombre y la deducción de Villar Mir es una deducción de Jordi Évole”, ha dicho José María García al término de su declaración.

García dijo en el programa de Jordi Évole que un exministro dueño de una constructora le había confesado que llevaba años pagando al “partido” porque “para hacer un metro de obra pública, tengo que pasar por caja”. Con esa descripción, Évole preguntó si se estaba refiriendo a Villar Mir, antiguo ministro de la UCD. García contestó afirmando: “Empieza por V y acaba por R”. Ahora, García asegura que esta última expresión se refiere a que esas letras encajan en el nombre que dio Évole.

Ante la insistencia de los medios, García ha añadido esta tarde: “Es una deducción de Jordi Évole, pero hay un hecho claro, yo no tengo por qué perjudicar a nadie. Si yo tuviera la constancia de que era el señor Villar Mir yo no iba a decir que no era Villar Mir. Yo no tengo ninguna prueba de que fuera el señor Villar Mir, solo mi constatación de que hablé con ese constructor, pero sería mi palabra contra la de él”.

El periodista ha sido interrogado acerca del hecho de que solo un exministro está al frente de una gran constructora y al tiempo imputado en las tres causas en las que se investiga la financiación irregular del PP. A esa pregunta, García ha contestado: “Vamos a ver cómo se desarrollan las causas”.

García ha explicado que la conversación tuvo lugar hace años porque “se había producido un hecho muy significativo en el que había alguna incidencia deportiva”. Al preguntársele si ese empresario, caso de Villar Mir, se había presentado a las elecciones de un equipo de Primera División, García ha respondido: “Agua”.

José María García ha sido citado como testigo por el juez García Castellón. Solo los abogados de Villar Mir y de su yerno, Juan Miguel Villar Mir, han asistido a la declaración, a pesar de que ésta había sido extendida a todas las partes.