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El Gobierno ve ahora “avances” en la negociación con la patronal para la reducción de la jornada laboral

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a su llegada a la mesa del diálogo social de esta lunes, 8 de julio, para la reducción de la jornada laboral

David Noriega

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Tras semanas de reproches y acusaciones cruzadas, el Gobierno ve ahora “avances” en la negociación con la patronal para la reducción de la jornada laboral. “La mesa (de diálogo social) ha avanzado”, ha dicho el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha celebrado tras la reunión de este lunes “la mayor concreción” de las propuestas de los empresarios, referidas principalmente a la flexibilidad para adaptarse a las 37,5 horas semanales.

El ministerio ha llevado a la mesa una nueva propuesta con la que pretende atraer a los empresarios al acuerdo, tras contar con el visto bueno de los sindicatos al texto sobre el que estaban trabajando las semanas previas. En esta ocasión, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha incorporado una medida que permitiría a las empresas jugar durante el primer año de la entrada en vigor de la jornada con el margen de la jornada irregular que permite la ley actualmente.

“Lo que el Gobierno ha puesto encima de la mesa es una cosa muy sencilla y razonable”, ha explicado Pérez Rey, que “mientras se aplica la reducción de jornada a 37,5 horas, es decir, durante el año 2025, las empresas puedan distribuir su jornada, como lo pueden hacer ahora, pero en lugar de las horas que resultarían tras la reducción de jornada, con las horas previas”. Esto daría, según el secretario de Estado, “un mayor margen” a las empresas para que puedan ir al nuevo módulo de 37,5 horas.

Un ejemplo. En este momento, el Estatuto de los Trabajadores señala que “la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo”. Con las 40 horas máximas actuales, esto serían 4 horas a la semana en cómputo anual. Con la entrada en vigor de las 37,5 horas, el Ejecutivo plantea que durante el primer año las empresas puedan seguir teniendo esas 4 horas de distribución irregular y no las 3,75 horas que corresponderían. La medida está pensada para sectores con ciclos productivos inconstantes, ha explicado Pérez Rey, como la agricultura o la hostelería.

Tras la mesa del diálogo social, las organizaciones sindicales han evitado valorar esta nueva medida, a la espera de estudiarla en sus órganos de decisión. “La propuesta que teníamos encima de la mesa nos parecía aceptable”, ha dicho el secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, que ha manifestado la “disposición” del sindicato para “valorar otras propuestas” que vayan “en la línea de acordar de forma tripartita esta reducción de jornada”. Su secretario general, Unai Sordo, había indicado este mismo lunes que la medida “debe ser pronto y debe ser ahora” pero había reconocido que existen “márgenes para negociar los plazos” y que “no tenga por qué entrar en vigor en el mes de agosto”.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha recordado que “las propuestas que se han hecho por parte del ministerio y de las organizaciones sindicales a la hora de flexibilizar la adaptación de las jornadas” es “mucho más de lo que se tuvo en 1983”, cuando se pasó de la jornada laboral máxima de 43 a 40 horas semanales. Entonces, “no vino el apocalipsis, no afectó a la productividad ni a la economía, ni a las empresas ni a como se desarrollaba el ciclo económico. Estamos siendo mucho más flexibles, diciéndole a la patronal que se incorpore”, ha insistido.

Trabajo ha insistido en que están negociando “para llegar a un acuerdo” y ha agradecido a la patronal que hayan planteado “por primera vez en seis meses”, desde que comenzó el proceso de diálogo en enero, “elementos de mayor concreción”. “Tendremos que estudiar cuáles son estas posibilidades de mayor flexibilidad del tiempo de trabajo y en la entrada de la reducción de trabajo”, ha señalado Pérez Rey, que ha descartado otros elementos, “del todo desproporcionados” y que ha enmarcado en “una estrategia negociadora”, como que la reducción no entre en vigor hasta el año 2030.

De hecho, tanto las organizaciones sindicales como el ministerio han insistido en la idea de que la reducción de la jornada laboral máxima de 37,5 horas y media debe entrar en vigor en 2025, como recoge el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar. Precisamente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había pedido a la patronal que abandonase las “declaraciones grandilocuentes” y avanzase en la negociación “donde corresponde, que es en la mesa”, a la vez que se abría a tener en cuenta las particularidades de las pequeñas y medianas empresas, de aquellas que tienen contratos con las administraciones públicas o las que tienen que hacer un mayor recorrido porque se sitúan actualmente en la jornada laboral máxima.

“Hay márgenes de flexibilidad”, ha coincidido Pérez Rey, que ha descartado “tomarle el pelo a los ciudadanos” con una reducción “fake” que suponga sustituir jornada ordinaria por extraordinaria. “Al margen de este elemento que nadie contempla, hay márgenes para seguir avanzando. El problema es que más que saberlos, los hemos tenido que ir adivinando”, ha dicho.

Un agravante en las sanciones

El Gobierno ha trasladado también a los interlocutores sociales su intención de establecer un agravante en materia de sanciones “cuando los excesos de jornada pongan en riesgo las personas trabajadoras”. Pérez Rey ha puesto como ejemplo que “estar conduciendo 16 horas al día puede provocar un grave riesgo para el conductor o estar con maquinaria peligrosa con excesos de jornada sin los descansos adecuados”. “Cuando trabajar en exceso pone en peligro la vida, la respuesta tiene que ser lo suficientemente grave como para que sea disuasoria”, ha señalado el número 2 del ministerio, que ha indicado que en estos casos las sanciones pasarán a ser consideradas “muy graves”.

El portavoz de Comisiones ha señalado en este sentido que “toda sanción es poca frente a infracciones que ponen en peligro la vida de los trabajadores y las trabajadoras”, pero también su salud “física y mental”.

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