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Demanda Penal para impedir el acuerdo del Gobierno argentino con los ‘fondos buitre’

La Asociación Americana de Juristas y varias agrupaciones civiles y sociales consideran que la derogación de las leyes que impiden el pago a los ‘holdouts’ implica un delito de “traición a la Patria”

Economistas vinculados a la medida judicial aseguran que el retorno “a la senda del endeudamiento” puede ocasionar, en el peor de los escenarios, un quebranto de “más de 500.000 millones de dólares”

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Cartel contra los 'fondos buitre' en una calle de la ciudad de Buenos Aires.

Cartel contra los 'fondos buitre' en una calle de la ciudad de Buenos Aires. EFE

Un nutrido grupo de organizaciones sociales, liderada por la Asociación Americana de Juristas, interpondrá, en los próximos días, una querella para suspender “cautelarmente por la vía penal” la reforma legislativa que permitiría al Gobierno argentino formalizar el acuerdo recientemente suscrito con los fondos buitres que litigan contra el país por el impago de deuda soberana. Los querellantes consideran que la reforma de las leyes cerrojo y de Pago Soberano, que impiden la rúbrica del acuerdo con los holdouts, no sólo supone sentar un peligroso precedente que “abre las puertas al endeudamiento masivo del país” sino que implica una vulneración del Código Penal que aconseja la reacción inmediata de las autoridades judiciales.

Según Eduardo Barcesat, miembro de la Asociación Americana de Juristas, la reforma supondría los delitos de traición (205 inciso primero del Código Penal), administración fraudulenta en perjuicio del Estado (173 inciso séptimo del Código Penal) y la violación de los deberes de los funcionarios públicos (248 del Código Penal). Para el prestigioso constitucionalista, en charla con CanariasAhora, la propuesta del Legislativo “también vulnera aspectos constitucionales como el principio de igualdad ante la ley, el orden público constitucional, la competencia del Poder Judicial de la nación Argentina y varias leyes sobre reestructuración de la deuda” así como “una cláusula de la Ley sobre la Emergencia del Estado Nacional que impide a los funcionarios negociar si no es mediante condena judicial basada en autoridad de cosa juzgada”.

El objetivo de esta demanda, que será presentada en los próximos días, es frenar en los tribunales la aprobación, en el Congreso y en el Senado de la Nación, de un nuevo marco legislativo que permitiría, como primer paso para solucionar el conflicto con los holdouts, el pago de 4.653 millones de dólares al fondo NML de Paul Singer. En la actualidad, la llamada Ley Cerrojo impide, junto a otro paquete de leyes y decretos entre la que se encuentra la Ley de Pago Soberano reabrir las negociaciones de reestructuración de deuda tras los acuerdos que, en 2005 y 2010, supusieron el inicio de una exitosa campaña de desendeudamiento reconocida internacionalmente. Para el Gobierno liderado por el conservador Mauricio Macri, este cambio en las reglas del juego es una condición necesaria para reintegrar al país a los mercados financieros y, a su juicio, volver a acceder al crédito internacional a tasas de interés bajo. En opinión de los querellantes supone, además de una vulneración flagrante de la ley, volver a poner a la Argentina a los pies de los caballos. “Estamos ante un caso de administración fraudulenta que pone en peligro la integridad de la nación, un extremo que justifica que hablemos de un caso de traición a la patria; no a través de un acto armado, sino a través de un acto de naturaleza económica”, defiende Barcesat.

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“Cuando un delito se está cometiendo, el deber primero del juez es que cese la comisión de este delito o que éste no se consume; es una especie de medida cautelar por la vía penal”. En este sentido, el objetivo prioritario de la demanda es “paralizar la reforma para que siga el status quo vigente hasta ahora y que no se vean afectados los derechos adquiridos de la Argentina fundamentalmente con el resto de la deuda ya reestructurada”, resalta Barcesat.

De menor a mayor

Esta iniciativa parte de la preocupación de colectivos sociales y organizaciones económicas y empresariales simpatizantes del Gobierno kirchnerista. Entidades como el Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (CIGES) que en boca de su coordinadora general, Felisa Miceli, estima que más allá de lo que supondrá para las cuentas públicas argentinas, el acuerdo con los fondos buitre “ coloca en una situación de extrema debilidad a otros países asediados por la deuda como Grecia, Portugal, Italia o España”. En el caso argentino, explica a esta redacción Miceli, el pago de esos iniciales 4.563 millones de dólares pueden abrir una verdadera "caja de Pandora".

“Lo primero a tener en cuenta”, declara a CanariasAhora la economista, “es que deja muy debilitada a la Argentina ante la posibilidad de que otros holdouts que no están dentro de los juicios aprobados por el juez Griesa pasen a pedir el mismo tipo de pago que se le va a abonar a estos buitres. Estamos ante un porcentaje que ronda el 3% de los bonistas, pero el impacto será de cientos de millones de dólares. Son varios fondos que aún no accedieron a la Justicia y son un riesgo más que probable a corto plazo”, declara.

El segundo punto a tener en cuenta tiene que ver con la “magnitud” del acuerdo. “En el año 2005 para canjear 100.000 millones de dólares de deuda se ofrecieron bonos a largo plazo por 35.000 millones de dólares. Ahora, para pagar sólo el 7% de la deuda se abre la posibilidad de que la Argentina deba endeudarse por unos 15.000 millones de dólares”. Otro punto oscuro del acuerdo, añade, es que “será el país el que abone unos 200 millones de dólares en concepto de honorarios para los abogados de los buitres”.

Y el tercer punto es que “nadie puede afirmar fehacientemente y de manera rotunda que parte o la totalidad de ese 93% de los deudores que entraron en los canjes, no vuelvan a reabrir alguna querella contra la Argentina para recibir el mismo trato”. Según indica Miceli, hay que tener en cuenta que a los canjes de 2005 y 2010 entraron multitud de bonos bajo diferentes legislaciones como Estados Unidos, Alemania, Italia o Japón entre otros. “Algún magistrado de uno de estos países podría tomar el ejemplo del juez Thomas Griesa y ante esa circunstancia Argentina quedaría totalmente indefensa y a merced de una cascada de demandas judiciales”, pronostica.

En esta situación hipotética, las consecuencias, denuncian, podrían ser nefastas: “Hemos calculado que el costo para el país podría estar entre 430.000 y 520.000 millones de dólares dependiendo de los plazos y de las tasas de interés que puedan calcularse para cada caso en concreto”, lamenta Miceli. Hay que recordar que según las fuentes del Banco Mundial, el PIB de Argentina ascendió a 540.000 millones de dólares en 2015.

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El riesgo del ‘Pari Passu’

Es el llamado principio de pari passu que implica, según la propia definición jurídica del término la obligatoriedad de dar ‘un trato igualitario para aquellos bonistas de un país que entren o no entren a un canje de deuda pública’. Es una de las razones fundamentales de la demanda. “Las condiciones de pago acordadas suponen mejores condiciones de pago para los holdouts en relación a los que accedieron a los canjes, un extremo que podría desencadenar una reacción muy perjudicial para los intereses del país”, advierte Juan Ángel Cioli, directivo de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN). “Entendemos que los diputados y senadores no deberían votar a favor de la derogación de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano ya que esto supondrá volver a abrir la puerta al endeudamiento”.

“Esto ya lo hemos vivido en épocas anteriores”, recuerda el dirigente de la CEEN. “La deuda generó un lastre que le dejamos a nuestros hijos y nietos; y hay que evitar que vuelva a pasar porque a día de hoy, Argentina tiene un nivel de endeudamiento soportable y razonable que le permite generar deuda para proyectos productivos o construir infraestructuras. Pero parece que vamos a volver a los tiempos en los que tomábamos deuda para pagar deuda y para hacer frente a los gastos corrientes. Creemos que esto supone una clara malversación de fondos públicos”, sentencia tajante Cioli.

Sobre la utilidad de la medida, Eduardo Barcesat es claro y pone sobre la mesa el debate sobre la independencia del sistema judicial argentino: “Todo depende de quién nos toque. Esto, lamentablemente es un sorteo informático lo que hace difícil por no decir imposible predecir qué actitud va a tener el que quede como encargado de la instrucción. Si hay un juez como (Daniel) Rafecas o (Sergio) Torres, el asunto se va a tomar con seriedad, pero es indudable que hay otros jueces que actúan como empleados del Gobierno”. En todo caso, y más allá de la efectividad jurídica de la demanda, uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa es “poner sobre la mesa el problema y crear una conciencia ciudadana sobre las consecuencias que puede traer volver a la senda del endeudamiento exterior”, resalta Juan Ángel Cioli. En este sentido, el directivo de la CEEN espera que, “una vez la demanda esté presentada y vaya adquiriendo fuerza”, sean “muchas las organizaciones sociales que se adhieran a la propuesta”.

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