Uno de los redactores de la Ley del Suelo defiende que un ayuntamiento apruebe su Plan como hace con sus cuentas
El catedrático Francisco Villar Rojas, uno de los redactores de la Ley del Suelo que impulsa el Gobierno de Canarias, defendió este lunes por la tarde en una charla en Tinajo uno de los aspectos que más debate ha generado sobre la nueva normativa: que los ayuntamientos asuman competencias plenas en la tramitación de su planeamiento.
Hasta ahora, la tramitación de un nuevo Plan General por parte de un ayuntamiento implicaba que el Gobierno de Canarias asumía el documento y procedía a la aprobación definitiva del mismo, con el control de legalidad previo que efectúa la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).
La Ley del Suelo apuesta por un modelo distinto, con una única fase de tramitación, en manos de la corporación local. Villar defendió que de este modo “es posible agilizar” la elaboración de planeamiento, que ahora se extiende “entre nueve y 12 años”, y añadió que se le da “a cada administración capacidad para resolver en el ámbito de sus competencias”.
El jurista sostuvo que “los municipios se ocupan de cosas igual de importantes” que el planeamiento urbanístico “sin consultar a la comunidad autónoma”, como la aprobación de “presupuestos, de ordenanzas fiscales” con las que “nos crujen” con tributos como el Impuesto de bienes inmuebles, o como “cuando hacen concursos” para adjudicar concesiones como la recogida de residuos. Para esto, dijo, “no preguntan a ninguna Cotmac ni se consulta a la comunidad autónoma”.
No obstante, Villar insistió en que la Ley del Suelo contempla un informe de legalidad por parte del Gobierno de Canarias, de manera similar a los que emite el Gobierno estatal, y añadió que el dictamen de la comunidad autónoma “no es el único control”, sino que hay informes desde el inicio de la tramitación de cualquier plan. Cuestionado por que no se paralice un procedimiento si los informes preceptivos de las administraciones no llegan en plazo, defendió que está así previsto en la legislación estatal y que, de esta forma, se evita “el bloqueo por el bloqueo”.
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