Batas blancas en peligro de extinción
Centenares de investigadores españoles dejaron el pasado 17 de octubre sus batas blancas en el armario para vestir de riguroso luto en señal de duelo por la ciencia. El día en el que se cumplían 79 años de la muerte de Santiago Ramón y Cajal, el primer premio Nobel de Medicina del país, la comunidad científica escenificó en la calle su hartazgo ante el maltrato presupuestario que ha padecido en los últimos cuatro años.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ya había dado la voz de alarma en verano al reclamar con urgencia 75 millones de euros para evitar el cataclismo del organismo. Desde 2009, los recortes del Estado se han cebado con la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) hasta dejarla al borde del colapso con un 40% menos de fondos.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al año 2012, España invierte el 1,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) en actividades de I+D+i, un porcentaje muy inferior a la media del área euro (17 países) y de los 27 países que conformaban en 2011 la UE, que destinaron ese año a la ciencia el 2,09% de su PIB. Solo en un año, el desplome ha sido del 7,4% en el sector público y del 5,6% en total.
En 2011, España gastó en investigación 307 euros por habitante, tres veces menos que Alemania (901). Francia, Gran Bretaña o Italia invirtieron por habitante 691, 496 y 326 euros respectivamente.
En el caso de Canarias, el escenario es aún más desalentador. La inversión con respecto al PIB fue de apenas el 0,51% en 2012. Un año antes, el porcentaje era del 0,58%, una cifra similar a la que maneja Letonia, y el gasto por habitante, de 115 euros. Sólo Baleares (86 euros) y Ceuta y Melilla (15 y 23 euros, respectivamente) empeoran los registros canarios, que se han mantenido prácticamente constantes desde 2005, cuando el gasto en I+D+i ya suponía el 0,58% de la riqueza de la comunidad autónoma.
La agonía del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) retrata la preocupante situación que atraviesa la I+D+ i en las Islas. Esta empresa pública del Gobierno de Canarias, centro puntero y reconocido en materias como las energías renovables, la desalación de aguas, la biotecnología o los organismos marinos, está pendiente de que la consejería de Economía y Hacienda determine cuál es su déficit para decidir los términos en los que acomete el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aprobó el 11 de diciembre y que podría afectar a la mitad de la plantilla.
La Consejería de Industria, Empleo y Comercio del Gobierno de Canarias había propuesto separar la investigación del desarrollo y la innovación, de manera que una parte de sus trabajadores (60) quedaran integrados en un ente empresarial dependiente de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) y la otra (105), en la Fundación Parque Científico Tecnológico, una entidad que depende del Cabildo de Gran Canaria y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Los trabajadores, por su parte, habían aceptado sacrificios salariales con una propuesta para ahorrar 1,2 millones de euros que incluía la eliminación de determinados complementos. Sin embargo, la direccion de la empresa dio por rotas las negociaciones con los trabajadores un día antes del anuncio del inicio del ERE, al considerar que éstos se habían negado a escuchar los detalles de la oferta de fraccionamiento realizada por la Consejería de Industria. Los empleados, en huelga indefinida desde el 29 de noviembre, han ofrecido una versión diametralmente opuesta e incluso han difundido una grabación de la última reunion que mantuvieron con la cúpula en la que el gerente del ITC, Antonio López Gulías, calificaba de “sólida y convincente” la propuesta sindical.
El ITC, empresa pública con una actividad investigadora puntera en determinados campos, agoniza tras los sucesivos recortes presupuestarios del Gobierno regional
Esta sociedad pública soportó en 2013 un recorte del 62% en los presupuestos de la comunidad autónoma, que se sumó al del 40% que había experimentado en 2012. El plan de ajuste que acometió en 2013 se cerró con el despido de 30 trabajadores (actualmente tiene 162) y con la imposición de rebajas salariales para el resto.
Héctor Mendoza ingresó en el ITC hace 16 años a través de una convocatoria pública nacional para la incorporación de doctores a empresas. Ya entonces supeditaron su contratación a la consecución de un proyecto. Desde esa fecha batalla cada año por ganar “cinco o seis concursos-oposición” que le permitan financiar su actividad investigadora al frente del departamento de Biotecnología de la empresa pública, en la que también ejerce como representante de los trabajadores a través de la presidencia del Comité Intercentros.
“La singularidad canaria radica en una estructura caciquil, también en I+D. Los gerifaltes están dirigiendo los centros de investigación desde la época de Franco y son los becarios quienes lo mantienen casi todo. El tejido es muy pobre y las plantillas están muy decepcionadas porque viven en la cuerda floja”, sentencia Mendoza en una rápida y contundente radiografía.
La falta de inversión en talento, la carencia de incentivos para favorecer el retorno social de las investigaciones y de grandes programas públicos para conectar con las redes empresariales, el poco peso de los centros no académicos, el carácter academicista de los trabajos universitarios y el envejecimiento de las plantillas son, a juicio de este doctor en Biología, los grandes problemas que afectan a la I+D en el Archipiélago.
“En un entorno globalizado, las grandes infraestructuras pertenecen a la comunidad científica. La carencia no es de infraestructuras, es de talento. Te puedes gastar un presupuesto inmenso en un telescopio, pero tiene que haber gente que pueda investigar. Ahora no se estabilizan los grupos de investigación cuando lo que se requiere es precisamente estabilidad, es una labor a largo plazo. Cuando el investigador lleva 25 años alcanza su máxima capacidad productiva y cuando llega a los 40 logra la máxima capacidad creativa e interpretativa”, explica Mendoza.
Una plantilla envejecida
Una de las grandes amenazas que se ciernen sobre la I+D en Canarias es la proximidad de la fecha de jubilación de una parte considerable de la plantilla. La edad media de los investigadores en las universidades canarias, instituciones que absorben más del 70% de los recursos destinados a la I+D en las Islas, se sitúa en torno a los 55 años. La de los doctores, sobre los 48. Sin incorporaciones ni proyectos nuevos que alienten la renovación, la curva de edad se proyecta peligrosamente hacia los 60-70 años.
Para Antonio Falcón, vicerrector de Investigación de la ULPGC, la situación puede ser crítica en la próxima década debido a las restricciones que impone el Ejecutivo central para incorporar al sistema a nuevos investigadores: “El Gobierno de España nos impide contratar personal investigador, salvo por jubilación, pero con una tasa de reposición del 10%. Se tienen que jubilar 10 personas para que pueda entrar una. A corto plazo, vamos a tener serios problemas, la plantilla es poco operativa y dentro de 10 años estará fuera del sistema”.
El 36% de los componentes de los grupos de investigación que trabajan en la ULPGC es personal que no ha sido incorporado como funcionario, sino a través de determinados contratos temporales por proyectos o por becas. Desde el año 2005, la ULPGC desarrolla un programa propio de becas postdoctorales que renueva cada dos años con la convocatoria de diez plazas, una por cada área específica de conocimiento. Las negociaciones con el Gobierno de Canarias para cofinanciar este proyecto han resultado infructuosas, como también lo han sido los esfuerzos para lograr el respaldo de la Aciisi con las becas predoctorales, mediante las cuales la universidad ofrece un contrato de cuatro años a 10 alumnos con el objetivo de que puedan acabar sus tesis y continuar sus investigaciones.
El envejecimiento de la plantilla constituye una seria amenaza para el futuro del sector. La media de edad de la plantilla de profesores de la ULPGC es de 55 años
“Si consigues multiplicar esos 40 contratos simultáneos por tres, tendrías investigando en temas de interés para las Islas a 120 personas, de las que un tercio estaría ligada a la actividad empresarial. Tiene que haber esfuerzos por parte del Gobierno de Canarias para captar ese talento y que no se nos vaya. Nosotros ya estamos forzando nuestro presupuesto porque entendemos que, si no lo hacemos, no hay renovación generacional posible”, señala Falcón.
El 60% de la financiación de la ULPGC procede de inversiones directas. El 40% restante es inversión financiera, a préstamo, una fórmula que, en opinión del vicerrector de Investigación, “no es la más apropiada” para unos tiempos en los que se imponen duras condiciones para evitar que las administraciones públicas y las universidades se sigan endeudando.
A la cola en producción científica
Las dos universidades canarias se encuentran en el vagón de cola en diversas clasificaciones que miden la productividad científica en función de las patentes registradas, los artículos científicos publicados y otros baremos que se ponen en relación con el número de profesores de los distintos centros. Entre las 48 universidades públicas del Estado, la ULL ocupa el puesto 46 en la lista U-Ranking y el 47 en el estudio elaborado de forma conjunta por las universidades de Granada y Zaragoza. La ULPGC, por su parte, se sitúa en la trigésimo novena plaza en el primero y en el farolillo rojo en el segundo.
Los rectorados de las universidades canarias cuestionan los informes por su parcialidad y piden huir de la “obsesión” por estas clasificaciones. “Nuestra productividad en determinados campos puede ser baja, pero lo cierto es que las empresas de ranking tienen sus preferencias y sus indicadores específicos, que pueden ir orientados en un sentido o en otro”, apunta Falcón.
La actividad investigadora en la universidad se compatibiliza con la docente y la de gestión. Según los datos facilitados por la ULPGC, el 60% de los cerca de 1.500 profesores que tiene en plantilla desarrolla actividades de investigación cuantificadas a nivel internacional y, de éstos, aproximadamente el 35% tiene una “alta productividad científica”.
Héctor Mendoza considera que la investigación que se desarrolla en las universidades adolece de un academicismo que choca con el concepto de productividad y que separa a aquella del tejido empresarial. “La investigación está muchas veces orientada a engrosar el currículo de los profesores para que puedan cobrar los sexenios (complementos que perciben en función de la evaluación que se realiza cada seis años sobre su producción científica), pero no se incentiva el retorno a la sociedad, es investigación no aplicada”, asevera el doctor en Biología.
El vicerrector de la ULPGC asume esta crítica y reconoce que es un error pensar en la investigación como promoción exclusiva de los profesores dentro de la carrera universitaria. Falcón subraya que desde su departamento están trabajando para erradicar las “jaulas de cristal” que han creado algunos académicos que han acomodado su status en la universidad a través de una labor investigadora sin proyección y sin una visión de contribución a medio plazo a la actividad económica de la región.
Horizonte 2020
En este escenario de grandes recortes presupuestarios que ha sumido en el desaliento a una comunidad científica que teme por el futuro de la I+D+i en España, los vientos de esperanza llegan desde Europa. La UE ha impulsado el programa Horizonte 2020, con el que pondrá en circulación 69.000 millones de euros hasta 2020 para financiar proyectos de investigación de calidad con el objetivo de mejorar la ciencia básica de todo el continente.
Los vientos de esperanza llegan de Europa. Con el programa 'Horizonte 2020', la UE inyectará 69.000 millones de euros para financiar proyectos de investigación
El programa europeo plantea, entre otras propuestas, incentivar la inversión privada para que en el año 2012 represente el 70% de la financiación de la I+D+i. “La tendencia a nivel europeo es buscar vías que no tengan nada que ver con la parte pública, de manera que una parte sustantiva de la actividad investigadora venga soportada por el sector privado, que se beneficiará de ella si se orienta a aquellos resultados que tengan una rentabilidad interesante a corto-medio plazo para las empresas”, remarca Falcón.
El vicerrector de Investigación de la ULPGC defiende que la universidad se alinea con esta estrategia a través de iniciativas como el Parque Científico Tecnológico, un vivero para empresas de base tecnológica que nació en 2007. Falcón reconoce que el tejido es aún incipiente, pero confía en atraer a empresas que puedan cofinanciar tesis doctorales de las que después obtengan un provecho económico.
“El parque es una de las mejores herramientas de las que dispone esta Comunidad Autónoma. A través de él queremos fijar el talento, pero si no encontramos al inversor adecuado es complicado. Nuestras expectativas están en las relaciones con terceros países y en el Horizonte 2020 europeo, en sincronizar la actividad investigadora de la universidad con la empresarial del sector privado. De esa conjunción salimos reforzados todos. Nosotros no somos generadores de empleo, pero sí creamos el caldo de cultivo”, sostiene el vicerrector.
Héctor Mendoza, en cambio, aboga por centrar los esfuerzos en un gran proyecto industrial impulsado por el sector público y que se nutra del talento de los investigadores. “Hay una propensión política a apoyar a las pymes con microcréditos, pero sería mucho más rentable desarrollar una estrategia global vinculada a proyectos industriales. La inversión correctamente apoyada se convierte en negocio”, zanja el doctor.
