Para premiar a las empresas que realicen gestión medioambiental, Arnáiz ha anunciado esa sustanciosa rebaja, que supondrá para las arcas de la Autoridad Portuaria una merma de ingresos de 1.300.000 euros, según sus propios cálculos. A cambio, las compañías sólo deberán “solicitar a partir de hoy el Certificado EMAS”. Lo malo es lo que dice la ley, concretamente el artículo 19 de la Ley de Puertos: “La cuantía de la bonificación se determinará de conformidad con la escala que se establezca reglamentariamente, atendiendo a las inversiones realizadas y medidas de protección ambiental establecidas”, para remarcar al final que “por orden ministerial [Arnáiz todavía no es ministro, que sepamos] y a propuesta del Consejo Rector de Puertos del Estado, oídas las Autoridades Portuarias, podrán concretarse las condiciones, escalas y criterios necesarios para la aplicación de las bonificaciones”.