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El regreso de la doctrina Hermoso

Coalición Canaria vuelve a sus orígenes: si en 1993 le unió contra el PSOE la búsqueda del poder, ahora es su conservación lo que le conduce a una nueva traición

La moción de censura de La Frontera es una excusa absurda: desde el año pasado se han unido los poderes económicos de Tenerife y Gran Canaria para volver con el PP

Los magistrados que redactan la sentencia del caso Patronato no guardaron escrupulosamente las formas durante la última sesión del juicio

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El ex presidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso durante un coloquio en 1994. (Asociación de Periodistas Europeos)

El ex presidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso durante un coloquio en 1994. (Asociación de Periodistas Europeos)

El primer político que rompió de manera escabrosa un acuerdo de Gobierno en Canarias es justo el que está atizando ahora las brasas de la ruptura del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Se llama Manuel Hermoso Rojas, quien en 1993 traicionó a Jerónimo Saavedra (PSOE) alegando que a los suyos no les gustaba el andar –hay que ver cómo se repite la historia- de la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Para hacer presidente a Manuel Hermoso fueron necesarias algunas operaciones digamos que cochinas. Por ejemplo, mandar a unos matones al hotel Mindanao de Madrid a darle cuatro hostias y traerse a rastras al parlamentario del PIL Honorio García Bravo o permitir que sumara su voto como diputado el honorable Dimas Martín, que acababa de ser condenado por el Supremo a una pena de seis años de inhabilitación. El que había sido dirigente de la UCD y luego líder carismático de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, se convertía gracias a esa moción de censura en presidente del Gobierno y, lo que es más gracioso, en líder espiritual del non nato partido nacionalista Coalición Canaria, conglomerado formado por otras seis ATI más Asamblea Majorera, el Centro Canario Independiente (CCI), Iniciativa Canaria (Ican) y más adelante el Partido Nacionalista Canario (PNC). De repente, al sumar todos 31 diputados, se volvieron como locos: los insularistas, los comunistas, los postcomunistas, los centristas y hasta los independentistas se conjuraron para enterrar sus viejas disputas y reducir sus ideologías a la mera condición de nacionalistas. Sin más adornos, nacionalistas y punto. Es bueno recordar un poquito de historia pare comprender –al menos en parte- lo que está pasando en la política canaria en estos momentos. Coalición Canaria es un invento exclusivamente de poder, no tiene ideología y sus tan cacareados sentimientos de canariedad son simplemente artificios que les han permitido de manera muy efectiva sintonizar con el electorado. Cuando el poder peligra, sea por la razón que sea, se activan los más primarios y evidentes mecanismos de autodefensa. Y eso es exactamente lo que viene ocurriendo desde que CC decidió apartar de un manotazo a Paulino Rivero.

 

Para que gobiernen los poderes ocultos

Para ser más precisos, habría que hablar de un sector muy concreto de CC, porque aquella amalgama de siglas que desembocó en el primer Gobierno “nacionalista” de la historia de Canarias sigue teniendo latente en el fondo del caldero una suerte indomable de intereses que solo han podido superarse hasta ahora por el fuerte pegamento del poder. Es evidente que no pueden tener las mismas sensibilidades políticas personas como Antonio Castro y Mario Cabrera; David de la Hoz y Juan Manuel García Ramos; Ignacio González y Marcial Morales; Milagros Luis Brito y Lorenzo Olarte, y hasta si nos apuran, Fernando Clavijo y Manuel Hermoso, por mucho que el primero se vea aunque sea vagamente influenciado por el segundo. Cada organización en cada isla se implica a su modo en lo que considera que debe hacer: en unos casos, cuidando el tejido productivo, es decir, protegiendo a las oligarquías  económicas locales para que sigan mandando sin presentarse a las elecciones, verbigracia, ATI en su feudo. En otros casos mucho más honrosos, tratando de mantener contra viento y marea las esencias organizativas originarias, como ocurre en Fuerteventura con Asamblea Majorera. Pero siempre con la variable irrenunciable del mantenimiento del poder. Paulino Rivero intentó a su manera hacer otra política, desligar a los poderes públicos de los poderes ocultos. Empezó a conseguirlo solo cuando pactó con un partido que le apoyaba en la tarea, el PSOE, y se tropezó con su propia Coalición Canaria, que por cierto, aún preside. ATI recibió el encargo de sus mandarines de cortarle el cuello y de regresar a un pacto con el PP, y desde hace más de un año se viene trabajando en esa línea. Aunque pueda parecer paradójico, que lo es, las oligarquías tinerfeñas han recibido para ese propósito, cómo no, el apoyo entusiasta del Círculo de Empresarios de Gran Canaria.

 

La Frontera como coartada

La primera crisis soterrada del actual pacto entre Coalición Canaria y el PSOE se produjo casi al alimón en el Puerto de la Cruz y en Santa Cruz de Tenerife. Los nacionalistas quebraban las esencias del pacto al echarse sin recato en brazos del Partido Popular. El PSOE trató de arreglarlo discretamente en la mesa del pacto y lo único que consiguió fueron buenas palabras y compromisos a largo plazo. Todavía están esperando. Luego se produjo un hecho insólito en el Cabildo de Lanzarote: su presidente, Pedro San Ginés, entregaba a los empresarios de la corrupción urbanística en bandeja de plata la cabeza del técnico Leopoldo Díaz en contra del criterio del que iba a ser su socio en la Corporación, el PSOE, al que correspondía el área de Ordenación Territorial. Los socialistas conejeros tuvieron más honra y adoptaron una postura políticamente aberrante: ni gobierno ni oposición, que gobierne CC en solitario. Entiéndase aberrante, eso sí, en su acepción más pura, “lo que se aleja de lo normal”, porque si lo analizamos con detenimiento, se trata de una jugada maestra que deja en pelotas la impunidad con la que Coalición Canaria quiebra sus acuerdos y humilla a su socio. Luego vino La Laguna, con otro arrodillamiento socialista a pesar de los esfuerzos de Javier Abreu por resistir. Pero también ese trance permitió un aplazamiento de la vida del pacto regional hasta las elecciones de diciembre. Ahora está sobre la mesa la moción de censura contra la alcaldesa de La Frontera, como si Barragán y Ruano no supieran desde hace meses que eso iba a ocurrir como consecuencias de sus propios incumplimientos en Valverde y en el Cabildo de El Hierro. Pretender que ahora todos tengamos que pasar por que el traidor de este sainete es el PSOE es demasiado atrevimiento. De lo que se trata es de romper, o al menos de transmitir a los poderes que apadrinan (y financian) este tránsito hacia el pacto con el PP que se pueden repanchingar tranquilos en sus butacones a la espera de diciembre. Todo dependerá de Casimiro Curbelo, quién lo iba a decir, y de que Asamblea Majorera recupere en parte sus esencias.

El dichoso burro del Palacio de Justicia

Es norma que los jueces no sólo deben ser imparciales sino, además parecerlo. Están obligados a adoptar resoluciones alejados de cualquier tipo de influencia y, para que la sociedad tenga la certeza de que así es, deben cuidarse mucho de las apariencias y de los gestos externos, de las relaciones que cultivan y de todo lo que pudiera resultar dudoso o inquietante. Y eso en aquellos casos en los que la amistad íntima o la enemistad manifiesta no les obliga legalmente a la abstención, en cuyo caso no hay discusión que valga. En los casos socialmente relevantes, como suelen ser todos los relacionados con la corrupción, aquellas cautelas de la imparcialidad y la apariencia de imparcialidad deben amplificarse, especialmente cuando las causas se dilucidan en los tribunales específicamente diseñados para juzgar a los políticos aforados, condición que en España disfrutan diputados y miembros de los Gobiernos autonómicos, senadores, diputados nacionales, miembros del Gobierno del Estado, jueces y fiscales. La semana pasada quedó visto para sentencia en el Tribunal Superior de Justiciad e Canarias (TSJC) el juicio que sentaba en el banquillo a la diputada regional y presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, tras dos sesiones en las que pudieron contrastarse ante un tribunal legalmente constituido las pruebas y los testimonios necesarios para la formación de una opinión jurídica de lo que ocurrió en torno al caso Patronato. Los tres miembros del tribunal, cada uno hijo de sus respectivos padres, sujetos a su propia ideología y sus sensibilidades, tienen ante sí la responsabilidad de ser imparciales en sus deliberaciones y en su veredicto. Y además, como decíamos al principio, la obligación de aparentar que así es. Ver a esos tres magistrados tomando café por los alrededores del Palacio de Justicia en compañía de los abogados de las defensas, durante el último receso previo a los alegatos finales, no ayuda precisamente a fortalecer esa imagen imprescindible de independencia. Sobrevuela sobre este caso la absolución de Jorge Rodríguez, compañero de partido de la señora Montelongo, aunque en este último la contundencia de las pruebas y de los testimonios haga más difícil volver a echar a volar al burro del Palacio de Justicia.

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