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La Fiscalía ve indigno, pero no delictivo, el trato a los inmigrantes abandonados en la cochera de una comisaría

Un superviviente de una patera que naufragó en Canarias es atendido por Cruz Roja en la comisaría de Maspalomas

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

La Fiscalía Provincial de Las Palmas considera indigno, pero no delictivo, el trato dispensado por la Policía Nacional y el Servicio Canario de Salud (SCS) a los inmigrantes que el 7 de febrero de 2016 fueron abandonados durante horas en el garaje de una comisaría del sur de Gran Canaria tras sobrevivir al naufragio de la patera con la que habían navegado sin alimentos y sin agua potable durante seis días. Para el fiscal delegado del servicio de delitos de Odio y Discriminación, José Antonio Díez, la “dudosa conducta” de determinados profesionales que participaron en el operativo evidencia cierta “conciencia y voluntad” de no proporcionar a los inmigrantes “el trato digno correspondiente a cualquier otro grupo de personas (que no fuesen inmigrantes ilegales (sic) africanos) víctimas de un siniestro marítimo con privación prolongada de alimento y agua potable”.

A pesar de ello, el representante del Ministerio Público ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana el archivo de la causa, al no apreciar, con las pruebas recogidas durante la investigación, “suficientes elementos acreditativos” para determinar responsabilidades penales por la “manifiesta falta de la debida asistencia sanitaria y tratamiento administrativo policial”.

La patera partió el martes 2 de febrero de 2016 de Cabo Bojador, en la costa norte del Sáhara Occidental. Fue localizada por el SIVE (Servicio Integral de Vigilancia Exterior) a las 18.37 horas del domingo 7  y rescatada por Salvamento Marítimo a diez millas al sur de Gran Canaria con 42 personas a bordo.  Otras siete murieron durante la travesía por una de las rutas migratorias más peligrosas para llegar a España. Algunos de los supervivientes llegaron a manifestar que varios de los fallecidos aún respiraban cuando fueron arrojados por la borda. Otro joven de 20 años murió en el Hospital Insular de Gran Canaria tras llegar deshidratado y con síntomas de hipotermia al Muelle de Arguineguín.

El escrito de la Fiscalía, adelantado por Canarias 7 y al que ha tenido acceso este periódico, reprocha a las instituciones la carencia de un protocolo “elemental” de asistencia sanitaria a los inmigrantes y detalla una serie de hechos que cataloga como “ineficacias” del Servicio Canario de Salud y de la Policía Nacional.

Díez alude, en primer lugar, a la ausencia de identificación y examen médico inicial de las 42 personas que viajaban en esa patera. Solo “un pequeño número” de inmigrantes fue hospitalizado de forma inmediata, entre ellos el joven que falleció en el hospital. El resto pasó la noche del domingo en una cochera de la comisaría de Maspalomas. Estaban deshidratados y sufrían “cólicos fortísimos, fiebres y quemaduras”, según informaron días después el entonces delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, y la Cruz Roja. A pesar de su delicada situación física, algunos permanecieron horas esperando ante el centro de  salud “en un furgón al sol” sin poder evitar “hacerse sus necesidades encima”.

El fiscal remarca que tampoco hay constancia de que se le facilitara a los agentes de Policía que custodiaban a los inmigrantes examinados el tratamiento o la pauta de seguimiento establecida por el médico. Además, el ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco se produjo sin que se les identificara como parte de un grupo que había padecido una situación extrema con grave riesgo para su salud y sin que cada uno de ellos tuviera su respectiva indicación médica aplicada.

El Ministerio Público rechaza que estas deficiencias en la asistencia se debieran a una situación de desbordamiento de los medios y recursos de las instituciones investigadas. En primer lugar, porque el tiempo que transcurrió desde que se localizó la patera, que se sabía que podía coincidir con la que había salido de la costa africana y que no había llegado a Gran Canaria, “permitía haber evitado, si no dilaciones y demoras, si la denegación de facto de una mínima atención médica inicial incluyendo la información al paciente con un traductor”.

A ello se le suma que el sur de Gran Canaria es un destino frecuente de las pateras que salen de la costa norteafricana y que en noviembre de 2014 se había producido en el mismo lugar un episodio similar que había evidenciado la descoordinación entre el SCS y la Policía. En aquella ocasión, una veintena de inmigrantes permaneció cinco horas a pleno sol en la playa de Maspalomas sin recibir asistencia médica esperando a que las autoridades decidieran si debían activar el protocolo ante casos de ébola. Finalmente fueron trasladados de la playa a la comisaría en un camión del servicio de Limpieza. La Fiscalía abrió diligencias de investigación por estos hechos, pero acabaron siendo archivadas.

En su escrito, José Antonio Díez incide en que fue precisamente el revuelo que generó la imagen de los inmigrantes en el suelo del garaje de la comisaría de Maspalomas el que propició que las autoridades llegaran a un acuerdo para la mejora del protocolo de actuación, a través de una mesa técnica en la que están representados los gobiernos central y autonómico y la Cruz Roja.

Sin embargo, en el momento de los hechos el protocolo no era “suficientemente concreto y eficaz”, a juicio del fiscal, que exime de responsabilidades penales a los profesionales implicados en el episodio de febrero de 2016 porque carecían de “una guía concreta y medios para la actuación debida”.

Por último, Díez distingue entre el “comportamiento encomiable” de algunos profesionales “por su implicación personal” en este episodio de la “dudosa conducta de otros”.

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