¿Por qué vienen sin papeles las personas africanas llegadas en patera a España?

Canarias ha experimentado en los últimos meses un repunte en la llegada de pateras procedentes de África. Según los datos de la Agencia para los Refugiados de la ONU, hasta febrero habían arribado a las Islas Canarias 1.029 personas procedentes de África por vía marítima. En los últimos años miles de personas han arriesgado su vida (algunos la han perdido) y han pasado hambre, sed y frío, en lugar de poder viajar en avión y transitar de manera segura de un país a otro.

Más allá de las cifras y de las motivaciones personales, económicas y sociales que empujan a trasladarse fuera de la tierra de origen subyacen las causas que determinan la manera en la que vienen. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Senegal sostiene varias veces a lo largo de su último informe de 2018 sobre las nuevas dinámicas migratorias del país que el trayecto por la vía irregular e insegura es el resultado de las dificultades para obtener un visado y acceder a medios legales de viaje. “La vía marítima hacia España es la elección por falta de alternativas válidas”, señala el documento.

Es un sentir general entre las personas que han llegado a las costas canarias en los últimos meses que la principal barrera a la que se enfrentan desde que deciden partir es la dificultad para obtener una visa por parte de algún estado de la UE. Como relata un joven de Sierra Leona que desembarcó en noviembre en Gran Canaria y se aloja desde entonces en un centro de la capital de la Isla, quien asegura que en 2017 solicitó un visado a Alemania que le fue denegado sin saber los motivos. También un joven de Guinea que llegó en noviembre a Gran Canaria sostiene que no solicitó el visado porque es “una tarea imposible y un trámite muy costoso”. En la misma línea, un marfileño que se encuentra en un centro de Las Palmas de Gran Canaria desde diciembre manifiesta que su primera intención era venir en avión pero que la posibilidad de contar con una visa era remota. “Me vi obligado a venir por mar”, confiesa.

El mismo estudio de la OIM realizado sobre ciudadanos senegaleses refleja que “aunque los migrantes expresen claramente la elección del avión, las restricciones significativas relacionadas con la obtención de visas y permisos de residencia” pueden llevar a los candidatos a la migración a optar por la vía marítima.

Este intrincado sistema de concesión de visados que lleva a viajar de manera irregular responde a varios factores. Para Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies e investigadora asociada de GRITIM de la Universidad Pompeu Fabra, el primer problema es la falta de mecanismos efectivos para gestionar la movilidad de personas que desean partir para trabajar, ya que no se ha innovado lo suficiente y se sigue pensando en un modelo de movilidad que ya no existe. Para acceder de manera regular en España, y por tanto en la mayoría de los países de la UE, hay varios tipos de visados. Por un lado, el de estudiante y el de arraigo familiar, siendo prácticamente estas dos modalidades las únicas maneras de entrar de manera regular. Para Pinyol-Jiménez esto supone “una limitación de la movilidad enorme que no responde a las necesidades de los mercados de trabajo de ningún país europeo”.

La política migratoria no se ha adaptado a los tiempos

Para venir a trabajar por una vía regular la situación se complica. Se requiere un visado de residencia y trabajo que se basa en la oferta previa de un empleador. Esta posibilidad en un país como España, donde la tasa de paro ronda el 14% parece, a priori, una quimera. Sin embargo, la realidad es que existen numerosos puestos de trabajo en la economía sumergida que serán ocupados por las personas que se encuentran en situación irregular, como es el caso de algunos jornaleros y temporeros en los campos del Levante, del sur y del suroeste español. “Cuando no tienes los instrumentos necesarios para garantizar la entrada regular, pero el mercado sigue pidiendo este tipo de mano de obra, las personas acaban llegando de manera irregular, convirtiéndose en posibles víctimas de explotaciones”, denuncia Pinyol-Jiménez. Para contraatacar este fenómeno, propone una flexibilización de los instrumentos de las políticas migratorias para que se adapten a un país que no es el mismo que hace 15 años. “Es una cuestión utilitarista, para mí la movilidad tiene otras razones, pero esta como mínimo la reconocen públicamente la mayoría de los gobiernos”, señala Pinyol-Jiménez. Destaca que uno de los instrumentos que va en la buena dirección es un proyecto piloto puesto en marcha en el último trimestre del año pasado y denominado visado para la búsqueda de empleo, al que de momento solo se pueden acoger los nacionales argentinos descendientes de españoles y por el cual pueden venir a España de manera regular y buscar un empleo durante los tres primeros meses.

El otro tipo de visado al que se acogen algunas personas que desean llegar por una vía legal es el destinado a estancias menores de 90 días. Babacar vive en Dakar y asegura que ha solicitado dos veces el visado para venir España, ha aportado toda la documentación requerida más el pago de las tasas y ha sido rechazado en ambas ocasiones. Para este trámite tanto en Senegal y Costa de Marfil, dos de los países consultados, una persona debe pagar 80 euros de tasas de visado (no reembolsables en caso de denegación), aportar las nóminas de los últimos seis meses, extractos de la cuenta bancaria de los últimos tres meses, las declaraciones de impuestos sobre la renta de los últimos tres años, una prueba de seguro médico y las reservas de avión y hotel. El recelo de este sistema perjudica también a aquellos que tienen sus intenciones particulares para viajar a Europa, como Boye, un pintor residente en la capital senegalesa, que recuerda que en 2018 recurrió a la Embajada de Alemania en Senegal para acudir a una feria de arte y su visado fue denegado en dos ocasiones sin que le proporcionaran los motivos.

La mala praxis de la administración, de “toda la arquitectura de las políticas migratorias, que comienza en las embajadas y consulados y continúa en las oficinas de extranjería”, es otro gran problema enumerado por Pinyol-Jiménez. “Decir que faltan papeles cuando no faltan, tardar tres meses para algo que se resuelve en 15 días, perder la información y volver a pedir a la gente que pida cita, que haga cola… todo esto es mala gestión”, denuncia. Incluso se han detectado problemas en trámites de reagrupación familiar, “en este caso tenemos la vía regular establecida, pero la mala praxis administrativa lo imposibilita. Hay un problema de mala gestión general”, lamenta Pinyol-Jiménez.