¡Aleluya! Con reparos

El TSJC obliga al Gobierno de Canarias a pagar casi 4 millones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el “Viera y Clavijo”. (Hubiera sido más explícito por lo del “Viera y Clavijo”).

Motivo: El Ejecutivo regional incumplió el convenio con el Ayuntamiento para la rehabilitación del parque, según sentencia… Ambas administraciones negocian un nuevo acuerdo… (Pongámonos a temblar de nuevo).

Tras casi una década de perseverante reivindicación ciudadana, aparece este indicio de esperanza, aunque a todas luces insuficiente por la necesaria intensidad luminosa que precisa la trasparencia de un caso tan enturbiado por el humo que lo envuelve siempre con titulares llamativos y declaraciones abstractas.

Está muy bien la cantidad de 3.823.381,24 € que debe pagar el Gobierno, en concepto de indemnización por la penosa gestión desarrollada por la Consejería “multiusos” de entonces, Cultura, Deportes, Vivienda y Políticas sociales –Consejera, Ilma. Sra. Dª Inés Rojas–. Pero dicha cuantía es apenas un símbolo por exigua, con una parte positiva por cuanto se reconoce judicialmente la mala praxis oficial.

En un principio (año 2006, adenda al convenio de cesión de 2004) se distrajo la cantidad de 5,9 millones de €, destinados a iniciar las obras del conjunto BIC, Viera y Clavijo, según lo redactado en la sentencia, porque “el Gobierno aseguró en esa época que no podía invertir por carecer de fondos”… cuando la realidad fue que dicho presupuesto, previamente asignado, se desvió a la restauración del Teatro Guiniguada de Las Palmas; con mucho éxito por cierto.

La sentencia responsabiliza al Consistorio, como propietario de la estructura cedida, “por no vigilar que el Gobierno cumpliera los términos del convenio firmado sobre un espacio BIC”. Y a la Comunidad Autónoma por flagrante incumplimiento del convenio firmado.

Nos encontramos ante un desolador panorama en que la ausencia de voluntad política, por ambas partes, en la protección y defensa de este patrimonio histórico y cultural ha determinado que a lo largo de una década, se haya deteriorado la estructura por mor del abandono que siguió al inicio de la supuesta obra de rehabilitación, apenas comenzada con la demolición de la cubierta y parte de la estructura del teatro Pérez Minik, a manos de la empresa contratada Palerm y Tabares de Nava; (a la que hubo que indemnizar con una cuantía millonaria por la repentina suspensión de la obra).

Llama la atención que en las alegaciones contempladas en el auto del TSJC se haga repetida referencia a la tormenta DELTA como causante de los daños estructurales, que en realidad fueron debidos a la fallida actuación técnica. De hecho, en los sucesivos temporales de alerta máxima sufridos con posterioridad, en ningún momento se han producido daños, inundaciones, goteras ni otro tipo de percances en los alojamientos ocupados, acondicionados en precario como viviendas eventuales por personas que han acondicionado, en lo posible, recintos en los antiguos camerinos y dependencias de lo que fue el teatro.

La asociación: “Por la Rehabilitación del Viera y Clavijo”. CIF: G76569961, tuvo que intervenir en Fiscalía para evitar la demolición del Pérez Minik anunciada por la Consejera antes mencionada. Lo que da idea de la intencionalidad institucional con respecto a la protección del patrimonio BIC.

En el archivo documental de dicha asociación consta, entre otros, el informe pericial emitido el 19/12/2014 por la Dirección Técnica de Arquitectura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde se rebaten, uno por uno, todos los dictámenes –algunos referidos en la sentencia aquí comentada– que sesgada y tendenciosamente trataron de justificar la pretendida demolición e inviabilidad de restauración por potencial estado de ruina. El estudio detallado, exhaustivo y de excelente calidad técnica, contradijo con datos fehacientes todos los argumentos de quienes trataron de meter la pala donde no debían.

Por cierto. La Dirección Técnica Municipal, antes aludida, ha sido erradicada del organigrama consistorial.

Muy gratificante, también en apariencia, el titular que acompaña la información de la sentencia: “El nuevo convenio supondría [sic] (en condicional) una inversión de 10 millones en el parque”. Aparte de que no cuadran las cifras por insuficientes, ¿un “nuevo convenio” con la falta de fiabilidad que dimana del incumplimiento precedente? ¿Más “No. Es que esto no es de mi competencia”? ¿Otros diez años de negociaciones, concursos de ideas, triquiñuelas burocráticas y otro contencioso-administrativo, para eternizarse en el tiempo, en lugar de la vía penal por el presunto delito de “expolio de patrimonio por la administración”, como tal tipificado en el C.P.?

Por fortuna, la perseverante y poco reconocida “participación ciudadana” seguirá en la brecha, bajo el principio de que “la sociedad civil es la única capacitada para resolver sus propios problemas”