Todos los esfuerzos para la recuperación

Canarias realizó el pasado año 2020 un esfuerzo presupuestario sin precedentes con relación a sus servicios públicos. Con un crecimiento del 23,3% sobre las cuentas públicas iniciales del 2019 en materia sanitaria, unos 700 millones más de los presupuestados, lo que posibilitó la mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios, y la contratación de casi 5.000 profesionales para abordar las necesidades que suponía para el sistema enfrentarse a la pandemia de la Covid 19. Otro tanto sucedió en el ámbito educativo, con un 13,1% de aumento (225 millones más) y unos 3.000 nuevos docentes y no docentes en las aulas. A lo que se añadieron 150 millones para empresas, autónomos y familias vulnerables. Un esfuerzo que continuamos este año 2021. 

La magnitud de la crisis, que ha afectado a todas las economías, pero mucho más a las que, como la canaria, son muy dependientes del sector turístico, exigía y exige respuestas adecuadas. Con la adopción de medidas de signo muy distinto a las aplicadas en la anterior crisis financiera, donde las políticas de austeridad causaron un enorme daño social: empobrecimiento, desempleo, desahucios, recortes en los servicios públicos... Afortunadamente, en esta ocasión ha habido respuestas más justas, con presupuestos expansivos, en Canarias, en el Estado español y en la Unión Europea.

Planes extraordinarios

Al aumento de los presupuestos se añade el papel de los planes extraordinarios de recuperación, que la Unión Europea se encuentra aún pendiente de ratificar casi un año después de su aprobación por el Consejo.

Por su parte, el Gobierno de Canarias aprobó recientemente el decreto Ley de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Next Generation EU en el ámbito de la Comunidad Canaria, de manera que estemos preparados para administrarlos con la mayor eficiencia posible. En él se establece un modelo de gobernanza para la ejecución de estos proyectos. Se toman decisiones respecto a los recursos humanos, planteando la generación de nuevas unidades administrativas provisionales, readscripciones y, si fuera necesario, nuevas contrataciones. Se recogen medidas de gestión presupuestaria, administrativa, contractual y de gestión de subvenciones, con el fin de agilizar la dotación de los créditos de los proyectos financiados con fondos europeos. 

El presidente del Gobierno español ya adelantó las líneas centrales del Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos, con prioridades en las acciones en movilidad sostenible y rehabilitación de viviendas, que acaparan conjuntamente el 40% del total, modernización de las administraciones públicas, digitalización de pymes y 5G. Además de políticas industriales, competencias digitales, modernización del turismo, ciencia e innovación, preservación del litoral y recursos hidráulicos, energías renovables o nueva economía de los cuidados, entre otras.

Este Plan de Recuperación se trasladará a final de abril a la Comisión Europea y esta dispondrá de ocho semanas para aprobar los distintos planes de los estados miembros. Aunque ya se han estado negociando los contenidos. Y, una vez la Comisión dé el visto bueno, será el Consejo Europeo quien tenga la última palabra en julio. A partir de entonces, la Comisión podrá liberar el 13% de los recursos comprometidos y se empezará a certificar a quienes cumplan hitos y objetivos. 

Estos fondos europeos también llevan implícita la obligación de los estados beneficiarios de poner en marcha reformas fiscales encaminadas a elevar la recaudación y la sostenibilidad del gasto público; laborales, dirigidas a reducir el desempleo y la temporalidad; y del sistema de pensiones, garantizando su sostenibilidad. Aunque el documento del Gobierno central apenas perfila el contenido de estas reformas. Habrá que estar muy atentos a que esas exigencias de la UE no se traduzcan, a la hora de la letra pequeña, en una merma de derechos, sino en un mejor y más sostenible cumplimiento de estos.

Esos fondos tienen, sin duda, su gran relevancia, incluso de carácter simbólico por tratarse, por primera vez, de deuda mancomunada de la UE, superando resistencias históricas. Pero, tan importante como estos ha sido la política monetaria implementada por el Banco Central Europeo (BCE), que está permitiendo a los estados acceder al dinero a un precio justo, sin primas de riesgo ni hombres de negro. Con una emisión de 1,8 billones de euros que posibilitan comprar deuda pública a precios no especulativos.

Son cantidades inferiores a las que destina Estados Unidos para recuperar la economía, pese a partir de mejores condiciones que la UE. Inicialmente 1,9 billones de dólares en ayudas directas al sistema económico. Su presidente, Joe Biden, está dispuesto a comprometer dos billones de dólares adicionales más en ayudas e inversiones; por tanto, pretenden llegar a 3,9 billones de dólares en los próximos dos años. Aproximadamente 10 veces más que las previstas por la Unión Europea (390.000 millones en seis años).

2.000 millones adicionales

Respecto a Canarias, contaremos con 2.000 millones de euros adicionales a nuestro presupuesto en este 2021. Con 504 de los 630 millones incluidos en el REATC-EU (el resto corresponde a 2022), el 6,30% del global estatal para las nacionalidades y regiones, cuando representamos el 4,6% de la población. Igual sucede con los 1.144 millones de las ayudas a las empresas establecidas por el Gobierno central, triplicando lo que nos hubiese correspondido por población. No se trata de un privilegio, sino, en ambos casos, de tener en cuenta el mayor impacto de la crisis en nuestro Archipiélago. Además, hay otros recursos pendientes del Presupuesto estatal, entre otros el fondo contra la pobreza, los del Mecanismo de Recuperación o los recursos REF.

Estamos utilizando, asimismo, el superávit del 2020 que, a diferencia de etapas anteriores, no irá a amortizar deuda, a inversiones financieramente sostenibles o a los bancos. La suspensión de las reglas fiscales acabó con esas limitaciones. La Intervención General del Estado estima el superávit provisional de esta Comunidad en 232 millones que ya se están usando. Así ocurre con los 99 de libre disposición que se han incorporado a los remanentes de Tesorería de la Comunidad y que se han comprometido en la convocatoria de las ayudas directas a pymes y autónomos que ya se están percibiendo.

Otros 113 millones de euros corresponden a gastos finalistas que se comprometieron el año anterior, a través de distintas leyes y convenios, pero que se ejecutan en este. Caso de los 5,7 millones del pacto contra la violencia de género, los 20 para ayudas al alquiler o los 12 del plan de servicios sociales municipales, así como los referidos a la subvención de las plantas potabilizadoras o al sobrecoste de la desalación. Además, al margen de esos 113 millones, se encuentran los 20 del fondo Covid dirigidos a sanidad y educación, de los que 11 ya se han pagado en facturas farmacéuticas.

 Canarias se encuentra, como señala la Intervención General del Estado, por encima de la media de las comunidades en ejecución presupuestaria. Es la segunda en tiempo de pago a proveedores. Hemos reducido sustancialmente los intereses de la deuda. Y no hay un solo euro que no tenga una finalidad, un compromiso y una garantía. No hay un solo euro ocioso. No hay un solo euro perdido. Todos los recursos se están dirigiendo a la recuperación económica, al fortalecimiento de los servicios públicos y al bienestar de la ciudadanía, en un momento en que sigue siendo imprescindible avanzar en la vacunación para proteger la salud y facilitar la normalización de la actividad económica. Un esfuerzo de las administraciones que resulta imprescindible para mitigar la devastación económica y social causada por la pandemia y generar las mejores condiciones para una recuperación de la economía y del empleo que debe ser solidaria, justa y sostenible.