Esa tasa de desigualdad

Datos de Cáritas, de la fundación FOESSA, del Defensor del Pueblo, de la fundación Abbé Pierre... El panorama es para exclamaciones.

España, cuarto país de la Unión Europea (UE) con mayor tasa de desigualdad. Concretamente, por detrás de Bulgaria, España es el segundo país del conjunto europeo en el que mayor distancia existe entre ricos y pobres. Esta situación se ha agudizado desde el inicio de la crisis económica en el año 2008. Desde entonces, los niveles de pobreza se han disparado y a ellos se suma la inseguridad laboral y los contratos precarios.

No terminan ahí: en nuestro país casi cuarenta mil personas no tienen casa. Unas sesenta mil familias se han visto inmersas en los procesos de desahucio registrados en 2018. Seis de cada diez personas en situación de exclusión social (unos ochocientos mil hogares y unos dos millones cien mil ciudadanos) se ven por primera vez afectadas en la dimensión de la vivienda. En Madrid, se suceden las quejas de familias con niños, enfermos o mujeres embarazadas que no han logrado ser atendidos en la red de albergues y, por tanto, permanecían en la calle sin recibir protección municipal de emergencia. Al respecto, en el Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo se denuncia con claridad: “La carencia de recursos para atender demandas de alojamiento de personas en situación de emergencia social y de extrema exclusión”.

Que proliferen personas que duermen en la calle, en portales o en rincones, que no haya techo para todos, es unos de los factores que acentúan el problema de esa lacerante desigualdad. El Estado y las Comunidades Autónomas vienen acreditando flaquezas para atender demandas y para habilitar soluciones de emergencia, como albergues y similares. España es uno de los países con menor porcentaje de vivienda pública, a pesar de que la promoción de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) ha sido incluida en la Agenda Urbana Española, enmarcada a su vez en la estrategia para afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Cáritas señala que, desde 2013, las personas en situación de exclusión social se han incrementado en un doce por ciento. Es otro porcentaje significativo para entender el por qué de una elevada tasa de desigualdad social.

Volviendo con la escasez de vivienda. Ha sido acuñado un nuevo término identificativo, el sin-hogarismo, que parece cebarse con las mujeres. En concreto, en Madrid, en el pasado año las mujeres representaron algo más del dieciséis por ciento por ciento de las gestiones atendidas por el Samur Social en la calle. En 2017 fueron el catorce y medio por ciento. En Barcelona la situación se agrava y el porcentaje de los sin-hogar ha sido mayor (un sesenta y cinco por ciento) para las mujeres que para los hombres (cuarenta y cuatro por ciento). El frío y la inseguridad son los principales agentes adversos a los que tiene que enfrentarse un colectivo prácticamente invisible ante los ojos del resto de la sociedad.

Decir que la brecha es preocupante es quedarse corto. Es necesario tomar conciencia al respecto, teniendo en cuenta que a menudo se alardea de la pertenencia de España al primer mundo. Los índices de la desigualdad social reflejan con claridad que aún queda mucho por hacer. Las instituciones tendrán que esmerarse y hacer efectivo ese premisa de algunos discursos políticos: lo primero son las personas. Principalmente, aquellas que se ven afectadas por estas carencias que engrosan el capítulo de la exclusión social. Finlandia y Noruega han afrontado con valentía y decisión el problema y han logrado reducir los porcentajes de sin- hogarismo. ¿Está España en condiciones de hacerlo? ¿Habrá algún día un gobierno que demuestre que sus políticas tienen las bases adecuadas y el coraje suficiente siquiera para mitigar estas cifras? ¿Cuándo será posible superar o reducir esa tasa de desigualdad?

Mucho hay que hacer, ciertamente.