La Autoridad Portuaria de Las Palmas contra la ciudad

En los últimos tiempos nos vienen insistiendo en la necesidad de hacer más fructífera la “Relación Puerto-Ciudad” (La Luz-Las Palmas), para que todos los ciudadanos podamos disfrutar más y mejor de toda esa nuestra ribera marítima. Y es que con esta apuesta se intenta superar el fuerte impacto que origina toda la frontera de la valla portuaria (con resonancias aduaneras) que separa y distancia a la ciudadanía de su disfrute directo del mar de la Bahía de La Isleta. Está claro que todo esto se debe a la existencia de dos instituciones, El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, con competencias fronterizas. Ese solo dato explica los continuos y frecuentes conflictos, lógicos si tenemos presente que se trata del área más valiosa de la ciudad que, además, tiene todavía por definir su totalidad compleja.

Esa tensión viene de lejos. Por eso es imprescindible recordar que una de las principales razones que se vienen dando en las últimas décadas para justificar el enorme crecimiento del puerto, la ocupación parcial de La Isleta y la formidable ampliación de muelles y líneas de atraque, es que todo eso iba a servir para “compensar” a la ciudad, de modo que los fondos del antiguo puerto (Sanapú, El Refugio…) limítrofes con la trama urbana, pudieran ser “cedidos” y utilizados por el Ayuntamiento para solaz y disfrute de la ciudadanía.

Pero, a pesar de todo esto, se ha venido sucediendo una serie de actuaciones promovidas por la Autoridad Portuaria, eso sí dentro de “su” territorio, consistentes en construir y promover actividades en primera línea marítima, que no tenían nada que ver ni con tráficos ni con negocios portuarios, sino con funciones totalmente urbanas. Así el mamotreto del centro comercial El Muelle, perpetrado por el entonces presidente Luis Hernández y el reciente acuario de Kiessling, son los dos negocios privados promovidos y ultimados por la Autoridad Portuaria, transformada en corporación municipal por la gracia de los dioses. Eso sí, hubo otros intentos que afortunadamente fueron rechazados en su día por la movilización ciudadana, como el Frente Marítimo auspiciado por la alcaldesa Luzardo. Ahora, lo más inquietante es que sobrevuelan sobre ese ¿nuestro? espacio privilegiado, un montón de ocurrencias particulares para llenarlo con funiculares hasta la Montaña del Vigía, norias gigantes y hasta hoteles que quieren construir lo que no se puede construir.

La Autoridad Portuaria: ahora, el astillero

Y es la Autoridad Portuaria la que aprueba, defiende y lidera la construcción de ese astillero (llamarlo taller de megayates no deja de ser una argucia infantil). Porque, dice, puede atraer actividades nuevas y específicas y crear riqueza y empleo. Lo que no se discute. Pero el actual presidente defendiendo esta industria “se viene arriba” y afirma que “no tendrá ningún impacto visual con el Castillo de La Luz ni tampoco un impacto medioambiental negativo”.

*Lo del no impacto visual me parece una desmesura. El astillero tendrá una altura de 24 metros ¡nada menos que la equivalente a un edificio de hasta nueve plantas! Que se colocará entre la inmediata trama urbana del barrio de La Isleta y la línea de mar. Además en las cercanías de uno de los hitos del patrimonio monumental e histórico de la ciudad, el Castillo de La Luz. Creo innecesario comentar nada más a la tajante afirmación que no tendrá impacto visual.

Es cierto lo que dice que “en ese mismo sitio, siempre hubo instalaciones y edificaciones”. Dos comentarios. El primero, las edificaciones en esa zona nunca fueron de tamaña altura. El segundo, como ya se indicó, uno de los argumentos para que la ciudad permitiera el crecimiento espectacular del Puerto, fue la promesa de abandonar los usos portuarios del Istmo y “cederlos” para uso del Común. Como comprobamos, ahora se mantiene que de eso, nada. Si ya hubo edificios en su día ¿por qué no va a seguir de la misma manera? Como me dice con sorna mi inteligente odontólogo “A mejor la peoría”.

*Todavía me parece más atrevido que el presidente de la Autoridad Portuaria se arrogue competencias que no tiene y declare, como quien no quiere la cosa, que tampoco hay impacto medioambiental. Hay que recordar que quien único puede certificar ese hecho es el Órgano Ambiental competente. Que, como veremos, no se ha pronunciado. En cualquier caso, intentar sustituirlo, incluso puede ser objeto denunciable.

¿Y el Ayuntamiento?: No es necesario estudiar el impacto medioambiental

Se nos viene repitiendo una y otra vez que el Ayuntamiento no puede hacer más. Que se trata de actos reglados. Que ya se aprobó el Plan General del Municipio en 2012 y que, si la Autoridad Portuaria aprueba hacer la concesión para el astillero, hay que otorgarle de inmediato la licencia porque si no, sería prevaricar. El señor alcalde lo compara nada menos que con los ERE de Andalucía.

Por eso, siguen repitiendo que es un tema que tienen que resolver los técnicos. Nunca los políticos.

Y aquí aparece el meollo de la cuestión, porque, como se sabe, cualquier actividad industrial para obtener licencia necesita disponer de un informe de impacto ambiental que habilite su actividad. Y, en este caso no existe.

Después de una farragosa e inútil discusión burocrática, se produce el hecho que los técnicos municipales discrepan. Mientras la Asesoría Jurídica dice que el informe de impacto NO es necesario, los técnicos de Urbanismo, según confirman todas las informaciones, mantienen que SÍ es necesario. Y es aquí donde el Ayuntamiento se retrata. Porque siempre mantuvo que se haría lo que dijeran los técnicos. Pero ahora se encuentra con que los técnicos mantienen posturas contrarias. Y habrá que elegir y tomar una decisión.

En ese momento se lavan las manos, dicen que no están obligados a emitir el informe de impacto y señalan que la responsable final de permitir o no el astillero es la Autoridad Portuaria.

Por eso y en mi opinión, el Ayuntamiento y el alcalde de Las Palmas incurren en dos graves hechos. 1º). No aceptan lo que dicen los técnicos. Están aceptando lo que dicen unos técnicos y desechando lo que dicen otros técnicos. Es decir, tomando partido para que el astillero siga adelante. 2º). Se acepta, contra toda la práctica jurídica, la lógica urbana y el principio universal de la PREVENCIÓN (una de las bases teóricas de la lucha contra el Cambio Climático), que no se necesita el informe de impacto para dar licencia a una actividad industrial, vecina a la ciudad. Y que, en todo caso es responsabilidad de la Autoridad Portuaria.

Comentario final

1). La ciudad permitió y apoyó el formidable crecimiento del puerto, con el compromiso que éste cediera, para disfrute de la ciudadanía, las áreas portuarias más próximas a la trama urbana.

2). Dentro de La Luz ya hay zonas destinadas a una actividad de astilleros con creciente importancia y cualificación. Por eso, lo razonable es concentrar todas esas actividades donde ya están y no regarlas sin lógica alguna por toda la geografía portuaria.

3). El no hacerlo así y asumir la peligrosa deriva de menospreciar el control ambiental y aceptar que se pueden dar licencias industriales sin aportar el informe de impacto, podrá tener repercusiones legales. Desde luego, supone un peligroso desliz encubierto hacia el Negacionismo.

4). Creo necesario señalar que toda la ciudadanía debe mostrar su apoyo y reconocimiento al Foro por La Isleta, a Gran Canaria Renace y a todas las asociaciones y colectivos que vienen ocupándose y luchando para que, definitivamente, todo el Istmo se destine al disfrute del Común.