Dependencia, otro fracaso del Gobierno de CC

El sistema de atención a las personas dependientes se vio muy negativamente afectado por las políticas de austeridad y recortes implementadas en el conjunto del Estado como errónea receta frente a la crisis económica iniciada en 2009. La importante reducción financiera que la dependencia padeció a partir del año 2012 y hasta, al menos 2015, han dejado muy tocado al desarrollo de una de las leyes más importantes aprobadas en este siglo y que convirtió en derecho de la ciudadanía lo que hasta entonces era objeto de la caridad. Y, una vez más, como ocurre con la sanidad, la educación y la vivienda; Canarias se coloca en lugares de cola en la implementación de la dependencia.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales -que agrupa a más de 200 profesionales del sector, de las áreas de trabajo social, psicología, sociología, etcétera, con puestos de responsabilidad en las instituciones o centros dedicados de este ámbito- señalaba en su más reciente informe que durante 2018 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia unas 30.000 personas en el conjunto del Estado, unos 80 diarios.

PGE 2019

Denuncia, además, en su informe anual que se mantienen “las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión”. En ese sentido, afirman que resulta previsible que haya algunas comunidades autónomas “que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y/o una inyección financiera específica”.

Apuntan, asimismo, que, pese a la mejora de la mayoría de los parámetros de gestión en 2018, “el 19,2% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas”. Esta situación afecta a unas 250.000 personas y a sus familias.

Tras años de auténtica desidia por parte del Gobierno estatal en esta materia, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 abrían una puerta a la esperanza para la dependencia. Planteaban, en su texto, un aumento significativo de las partidas que recibe la aplicación de la ley de la dependencia, con un incremento en este ejercicio de unos 832 millones de euros (un 59% más que en 2018) hasta alcanzar un total de 2.232 millones.

Pero esas cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez, con interesantes propuestas sociales (y, también, con graves olvidos en su trato a la comunidad canaria en su redacción, que desde Nueva Canarias (NC) rechazamos con firmeza, al tiempo que íbamos a intentar corregir en las enmiendas parciales, como hicimos en los PGE para 2017 y para 2018), fueron tumbadas por las derechas estatal y canaria y los soberanistas catalanes, impidiendo este y otros avances sociales. Y provocando el adelanto electoral.

Canarias

En Canarias, la dependencia va mal. Lo han venido señalando reiteradamente durante años los sucesivos informes de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que sistemáticamente han venido situando a Canarias entre las tres comunidades con peor aplicación y desarrollo de la dependencia, entre las que “no pueden absorber la lista de espera a base de incrementar atenciones al ritmo necesario, considerando el camino que les queda por recorrer”.

Un reciente estudio del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, organización que agrupa 1.800 empresas y unos 90.000 trabajadores y trabajadoras del sector, titulado El caos de la atención a la dependencia, una perspectiva desde la gestión, incide en la misma línea crítica sobre el estado actual de la dependencia en España, aunque se centra, especialmente, en la situación de las personas mayores de 65 años, que suponen una parte muy significativa del conjunto de dependientes.

En su análisis de la actual situación del sector, señalan que en el conjunto del Estado tienen reconocida su dependencia, y reciben prestación, el 8,48% de las personas dependientes mayores de 65 años. Los niveles más altos se dan en las comunidades de Castilla y León (11,20%), Murcia (10,93%) Castilla La Mancha (10,92%) y Andalucía (10,76%). Los más bajos, cómo no, en Canarias (4,46%), casi la mitad que la media estatal (8,48%), Comunidad Valenciana (5,61%) y Asturias (6,14%).

Una disparidad entre las distintas nacionalidades y regiones, muy significativa, de la que los autores del informe responsabilizan a “las dificultades de acceso al sistema en algunas comunidades, y/o a la aplicación de diferentes criterios a la hora de valorar a las personas solicitantes”.

Con relación a lo conocido como limbo de la dependencia (es decir, la diferencia entre personas que tienen reconocida su dependencia con las que no reciben ningún servicio o prestación), es, según el Círculo Empresarial de Atención a las Personas de más de 250.000 en el global estatal, de los que 151.801 son de grado I y 98.236 de grados II y III, las personas que precisan de mayor atención y cuidados.

La comunidad con más personas situadas en ese limbo de la dependencia en los grados II y III es,¡sorpréndanse!, Canarias, con un 16,51%, nueve puntos más que la media estatal (7,53%) y por delante, en este negativo parámetro, de Cataluña (11,52%), Cantabria (11,31%) y La Rioja (10,61%). Las que menos son Castilla y León (0,90%), Galicia (3,04%), Navarra (3,30%) y Extremadura (5,06%). A ello se le suma el hecho, recogido en otros estudios, de que el tiempo de espera para el reconocimiento es muy superior en Canarias a la media estatal.

Es imprescindible que Canarias y su Gobierno pongan como prioridad la mejora de la atención a las personas dependientes, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Superando sus actuales e intolerables déficits en la aplicación de la Ley de la Dependencia, que nos sitúan permanentemente, en los más variados informes, en la cola de las comunidades autónomas. Lo que supone incumplir gravemente un derecho de ciudadanía, dañando al bienestar de las personas afectadas y, asimismo, haciendo que los cuidados de los dependientes recaigan sobre los familiares, fundamentalmente las mujeres. El próximo 26 de mayo hay una oportunidad para comenzar a cerrar esta negativa etapa para los servicios públicos y para la dependencia.