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Extremadamente agresiva

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Estas movilizaciones han mostrado, fundamentalmente, la existencia de un descontento creciente en buena parte de la ciudadanía con un Gobierno sustentado en una amplia mayoría absoluta, que comienza a perder crédito; y que, en este caso, al igual que en el tema de los impuestos no ha cumplido con lo que prometió en la campaña electoral del 20-N.

Incrementar el desempleo

Es la primera reacción ciudadana, pero no será la última, ante la puesta en marcha de una legislación enormemente lesiva para los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Que se suma a un conjunto de medidas del Gobierno del PP para enfrentarse a la crisis ?continuistas con las ya iniciadas por Zapatero- que solo están consiguiendo paralizar la economía e incrementar aún más el desempleo, la pobreza y la exclusión social, como ha denunciado recientemente Cáritas. Procediendo a una auténtica demolición del Estado del Bienestar y degradando gravemente los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales.

Hay que señalar, en primer lugar, que esta reforma, rompe con los difíciles equilibrios entre empresarios y trabajadores que se vienen consiguiendo desde el comienzo de la transición política. Y que ha sido impuesta por decreto y al dictado de los intereses de los que mandan en Europa, de forma sumisa y sin dar respuesta a la grave situación de desempleo de España y Canarias.

Contrariamente a lo que pregona el PP y su Gobierno, lo único que persigue esta reforma es abaratar y facilitar el despido; y en ningún caso aporta auténticas soluciones para lo que debiera ser el objetivo fundamental del Ejecutivo y del conjunto de la sociedad, que es facilitar la contratación y generar empleo.

Las condiciones para que se produzcan despidos objetivos son allanadas enormemente, pues con el amparo de la crisis y la bajada de recaudación que padecerán todas las empresas, ahora y en el próximo período, éstas cuentan con todas las facilidades para "aligerar" plantillas, reduciéndose además notablemente los costos de los despidos.

Bajar salarios

Con la nueva legislación, las relaciones entre empresarios y trabajadores quedan al libre albedrío de los primeros, completamente favorecidos por las nuevas reglas de juego, porque se eliminan los procesos de negociación que hasta ahora equilibraban la relación entre ambas partes.

Los empresarios pueden ahora bajar los salarios de forma unilateral. Ese es el camino elegido para aumentar la productividad, la devaluación interna mediante la bajada de salarios, el 'modelo chino' de reducción de los costes de producción; en vez de optar por la diversificación, por la cualificación y la mayor presencia de la tecnología, es decir de la apuesta por la innovación y un desarrollo sostenible.

Asimismo, la reforma aprobada permite a los empresarios cambiar las condiciones de trabajo (horarios, salarios, días de libranza, vacaciones, etcétera) por razones productivas o de facturación, flexibilizando los asuntos internos de las empresas en contra de los trabajadores.

Por otra parte, la posibilidad de llevar a cabo Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) sin el menor control administrativo, acortando los plazos para ejecutarlos y ampliando el catálogo de situaciones que posibilitan a cualquier empresa acogerse a los mismos, deja sin protección a los empleados y llevará, con toda seguridad, a una habitual judicialización de los procesos. Unos ERE que se extienden ahora también al mundo público, afectando al personal laboral de las administraciones públicas y al personal de las empresas públicas.

Igualmente, puede ser despedido de forma objetiva aquel trabajador que en dos meses seguidos haya estado 9 días o más de baja de manera intermitente, aunque éstas ausencias estén completamente justificadas.

Plantea, igualmente, una normativa salvaje para los jóvenes, que pueden ser contratados por el período de un año y, al final de este, ser despedidos de forma completamente gratuita. Lo que sucederá, especialmente, en los empleos que exigen un menor nivel de cualificación.

Esta reforma conducirá a una mayor contracción de la economía, al retraerse la demanda por el miedo de la gente ante los evidentes riesgos de perder el empleo y/o de ver substancialmente disminuidos sus actuales ingresos; lo que llevará, con toda seguridad, a consumir menos, a menos demanda interna y a más recesión.

De manera inmediata, va a incrementar de manera significativa, como veremos en la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2012, que se publicará a finales de abril. Es muy probable que España alcance este año el récord de seis millones de desempleados y que Canaria se acerque a los 400.000, consolidando una sociedad cada vez más descohesionada, injusta y dual. Además, quieren dar más pasos, y ya apuntan a la modificación a la baja el derecho de huelga y a la reducción significativa de las prestaciones por desempleo.

Frente a esa reforma extremadamente agresiva, como ellos mismos reconocen, desequilibrada e injusta, la sociedad no puede permanecer impasible. Es preciso que la ciudadanía muestre pacíficamente en la calle su rechazo a la misma; y contra el conjunto de las políticas contra la crisis que no posibilitan salir de la misma y que están suponiendo enormes sacrificios para millones de personas, que han visto como caen en picado sus parámetros de calidad de vida, viéndose una buena parte obligados a depender de los servicios asistenciales, que tendrán cada vez menos recursos, y de las familias. Y sin que se perciba, a corto y a medio plazo, el menor lugar para la esperanza de un cambio que permita generar riqueza y empleo.

*Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*

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