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Inevitable sensación de retroceso

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El clamor fue menospreciado y el Gobierno aprobó la Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación (LOMCE). La huelga, en cierto modo, fue una censura al ministro del ramo: la convocó la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en la que se integran sindicados, confederación de padres y madres de alumnos, estudiantes y movimientos de renovación pedagógica. ¿Qué tendrá esa Ley cuando todas las escalas, desde infantil-primaria a la universitaria, la rechazan. Pero, salvo el aplazamiento de una semana, ni el ministro ni el Gobierno se dieron por aludidos. La reforma educativa va, de todas maneras, va?

El clamor demandaba diálogo, acercamiento? pero qué va. El ejecutivo, a lo suyo: a la carga ideológica y a contentar intereses de sectores influyentes. El primer paso ya está dado: el presidente lo despacha con su resignación habitual y ahora sólo queda aguardar a si se ablanda el absolutismo de la mayoría popular en las Cortes y son admitidas algunas enmiendas. Cabe dudarlo. Wert pasará de esta censura moral a la ovación reparadora -pero efímera- de su bancada de apoyo.

Quienes discrepan, entienden que la nueva Ley, además de propiciar desigualdades y dejar a la escuela pública en situación delicada, es segregadora, selectiva y poco operativa para resolver los problemas más apremiantes de la educación. Por supuesto, en la protesta y en el rechazo va implícita la disconformidad con todos los recortes que han afectado al ámbito educativo.

Otros expertos hablan del giro ideológico que representa la Ley. Giro hacia las tesis más conservadoras del partido gubernamental. Demasiadas concesiones a quienes encarnan tales tesis y a la escuela concertada. Es como si se quisiera imponer un modelo educativo con el pretexto de los reajustes económicos y teóricas medidas de racionalización y eficacia derivadas de la crisis. Los mismos expertos convergen en que la LOMCE no trae causa de un riguroso diagnóstico previo pues, salvo el lugar común del fracaso educativo, cabe dudar de que algunas medidas técnicas introducidas sean consecuentes con las exigencias de la modernización y con lo que puede esperar la sociedad del siglo XXI. La comunidad educativa, además, salvo excepciones, no ha sido consultada.

Mientras el presidente de Catalunya habla de OPA hostil, el PNV lo hace de invasión competencial y regresión lingüística, el secretario general del PSOE señala que la Ley tiene fecha de caducidad e Izquierda Unida califica el texto de contrarreforma, todo da a entender que la necesaria revisión del modelo educativo terminará en el Tribunal Constitucional. Y ya se verá para cuando haya que fallar. La sensación de retroceso, en cualquier caso, no la borra nadie. El partido gubernamental se ha olvidado del centrismo, o le da igual; pero debe saber que, independientemente de cómo discurra el trámite parlamentario, qué es lo que se respira en determinados ámbitos y así, al menos, no construyen irrealidades en la tribuna de oradores.

Salvo que la mentira sistemática siga otorgando dividendos.

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