Riesgo energético

Nueva Canarias, a través de su diputado en las Cortes, Pedro Quevedo, elaboró una enmienda a la totalidad al proyecto de ley para la Garantía del Suministro e Incremento de la Competencia en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares, redactada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al considerar que este perjudica gravemente a Canarias. A ella se sumó posteriormente la diputada de CC, Ana Oramas, presentando conjuntamente la enmienda CC-NC. El Grupo Socialista presentó también una enmienda a la totalidad.

El texto legislativo del PP incumple la Ley del Sector Eléctrico, invade competencias de la Comunidad Canaria y olvida el Plan Energético de Canarias (Pecan). Asimismo, no potencia el ahorro en la producción eléctrica ni ayuda al desarrollo de las energías renovables, además de hipotecar inversiones y proyectos pendientes.

A pesar del anuncio del acuerdo alcanzado, cuyos contenidos no se han dado a conocer, entre la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario y el Ministerio sobre las enmiendas a presentar a este proyecto de ley durante su tramitación en la Cámara Baja, en Nueva Canarias consideramos que existen motivos más que sobrados para presentar una enmienda a la totalidad, con petición de devolución del texto al Ejecutivo estatal del PP.

Por otra parte, resultan poco creíbles y escasamente coherentes esos acuerdos cuando los dos grupos que sustentan al Ejecutivo de Paulino Rivero han mostrado, en la Cámara Baja, su completo rechazo a la mencionada modificación legal.

Nuestra enmienda a la totalidad está fundada en diversas razones. En primer lugar, porque no se consultó a Canarias ni tuvo la menor posibilidad de participar en su elaboración. Además, la nueva ley supondría una invasión de competencias de la comunidad canaria, especialmente, en lo que respecta a la planificación y a la autorización de nuevas instalaciones, que quedarían en manos del Gobierno central.

Aunque también incluye a Baleares, Ceuta y Melilla, es de facto una ley para Canarias. Las islas Baleares están interconectadas entre sí y, a su vez, están conectadas con la Península, perteneciendo de hecho al sistema eléctrico continental.

En segundo lugar, el proyecto de ley, en un afán centralizador, plantea que sea el Estado quien decida qué instalaciones se pueden autorizar o no, estableciendo nuevos trámites administrativos para nuevas instalaciones y fomento de otras, lo que a mi juicio supone eliminar la competencia autorizadora de Canarias.

Especificidades

Considero que el sistema eléctrico canario tiene especificidades que obligan a un tratamiento diferenciado del resto de territorios, cosa que no hace en modo alguno esta ley. Por su lejanía, por su demografía, por su realidad económica y su demanda energética, así como por constituir seis subsistemas diferenciados (las islas de Lanzarote y Fuerteventura están, como se sabe, interconectadas), Canarias precisa ese tratamiento diferenciado.

En tercer lugar, resulta muy endeble el argumento de que con la nueva legislación se pretende fomentar la competencia en nuestro sistema eléctrico, excluyendo a aquellos operadores que tengan más del 40% de la potencia de generación en cada sistema eléctrico, e incentivando económicamente la llegada de otros operadores, lo que elevará los costes.

Los altos costes de la producción y mantenimiento energético en las Islas, a lo que se añade la suspensión de las inversiones de los actuales operadores, que impide continuar con los gastos planificados, lleva a la descapitalización del sistema y al riesgo de apagones, como reconoció públicamente Red Eléctrica hace unas semanas.

Renovables

En cuarto lugar, el proyecto de ley continúa con el freno impuesto por el Gobierno del PP al desarrollo de las energías renovables, puesto de manifiesto, desde su llegada al Ejecutivo, con el incumplimiento en la tramitación de una norma que contenga el tratamiento diferencial de Canarias en materia de incentivos económicos a las energías renovables, suspendido por el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero.

En ese momento, el PP aseguró que haría una normativa específica para Canarias que posibilitara las primas a las renovables. Dieciséis meses después no ha hecho absolutamente nada. El proyecto de ley que analizamos era una oportunidad para cumplir ese compromiso, pero el mismo queda nuevamente postergado.

Defendemos el desarrollo de las energías renovables, para las que Canarias reúne las mejores condiciones, por razones de sostenibilidad pero también por el hecho de que en las Islas es más eficiente y barato producir energía con renovables que con las actuales y contaminantes energías fósiles.

En quinto lugar, rechazamos también las medidas que afectan al desarrollo de las centrales de bombeo de Chira-Soria, en Gran Canaria, y Gorona del Viento, en El Hierro, procediendo el Gobierno central a la expropiación de ambas.

En el caso de Chira-Soria, lleva un notable retraso y, con esta nueva ley, se impediría la inversión prevista, abriendo camino para la denuncia ante los tribunales por parte de la empresa expropiada, lo que llevaría a una judicialización que impediría que el proyecto llegue a realizarse.

Unos problemas de seguridad jurídica que están presentes en otros apartados de la ley. Especialmente porque la normativa comunitaria señala que quien produce energía no puede ser a la vez su gestor del transporte, y aquí se pretende que Red Eléctrica lleve ambas fases del proceso.

Por último, nos oponemos, asimismo, a las posibilidades que la ley abre para el uso de la fractura hidráulica (fracking), técnica empleada para extraer gas o petróleo del subsuelo mediante un sistema muy agresivo y nocivo ambientalmente.

El Gobierno de España debe rectificar este proyecto de ley tan erróneo. Escuchando a Canarias y respetando sus competencias en el sistema eléctrico. Apostando por una mayor eficacia y eficiencia, con una reducción de los actuales costes de producción que sólo se podrá conseguir potenciando decididamente las energías renovables.