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Semana Santa negra del ministro Soria en Madrid

El ministro de Energía, Industria y Turismo en funciones pasa por unos días que se asemejan mucho a la semana de pasión que refleja la Biblia

“Varapalo del Consejo de Transparencia a Soria por no colaborar con la Justicia”; “Compromís pide que Soria informe al Senado sobre la situación de Castor tras el periodo de hibernación“; “Frente catalán en Madrid para recuperar los 1.350 millones que dio el PP a Florentino por el Castor”; “La fiscalía pide archivar la querella de Soria contra la juez de Podemos”; “Bancos alemanes presentan una demanda internacional contra España por el recorte a renovables”… Realmente la Semana Santa de 2016 será para el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, inolvidable. Y se asemeja mucho a la semana de pasión que refleja la Biblia, uno de cuyos evangelios –el de Judas– ha sido ya autentificado: el papiro con el Evangelio de Judas, de unas 30 páginas, fue hallado casualmente cerca de la localidad de Beni Masar, en Egipto, y afirma que la célebre traición no fue sino una orden de Jesús al discípulo para que se cumplieran las profecías.

No hacía falta ser profeta para comprobar lo que el periodista Baltasar Montaño ha descubierto: el organismo público que vela por que la Administración sea transparente ha dado un mes de plazo al ministro de Industria para que aporte al Supremo toda la información sobre las reuniones y los asistentes que influyeron en la redacción del controvertido Real Decreto que ha criminalizado el autoconsumo energético en los hogares: “Los recurrentes del Real Decreto (RD) sospechan que Soria y su número dos, Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, se dejaron influir por las tesis que defendían las eléctricas tradicionales y creen que representantes de éstas así como de los lobbies contratados por ellas asistieron a algunas de esas reuniones preparatorias del RD que estableció tantas barreras de entrada y costes (Impuesto al Sol) al autoconsumo que lo hace inviable en los hogares. Industria, sin embargo, se ha negado en reiteradas ocasiones a aportar esta información al expediente abierto en el Supremo. Ahora, el Consejo de Transparencia, en una resolución del pasado 10 de marzo, da un serio tirón de orejas al ocultismo y opacidad en las que se mueve el ministro y su equipo y les da un plazo de un mes para aportar al Alto Tribunal las actas de esas reuniones y sus asistentes”.

Según Daniel Pérez, abogado del bufete barcelonés Holtrop, el hecho de que el Supremo haya admitido a trámite el recurso contra el RD y que en el proceso se hayan personado cuatro (Viesgo, EDP, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) de las cinco grandes eléctricas (sólo falta Endesa) sugiere que el que se excusa se acusa y revela el papel que éstas han podido jugar en la elaboración de la redacción de la normativa. Un feo asunto que trata de descubrir porqué José Manuel Soria hizo caso omiso a las alegaciones de los consumidores. De ahí que la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, adscrita jerárquicamente al Ministerio de Hacienda. El problema es que la Unión Europea ha metido las narices en el asunto ante las sospechas de corrupción y de ahí que esté presente en el proceso la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, apoyada por Acces Info Europe. Y esta ha pedido “el listado de las reuniones internas y con terceras partes mantenidas por Industria en las que se tratasen temas relacionados con la elaboración del RD de Autoconsumo, así como las fechas de celebración de dichas reuniones, celebradas entre los años 2013 y 2015; los nombres de los asistentes y actas de las reuniones mencionadas y los documentos e información remitida por terceras partes en relación a la elaboración del mencionado RD".

Pero si la energía solar ha sido el primer demonio carnal de Soria en Semana Santa, el segundo tiene nombre de roedor: Castor. La Generalitat de Catalunya y En Comú Podem se han aliado en Madrid “en contra de las prebendas dadas por el Gobierno del PP a Florentino Pérez, que se llevó 1.350 millones de euros tras abandonar el Castor. Los grupos catalanes pelean por que los consumidores no carguen con estos costes y por el desmantelamiento del almacén de gas”, dice Montaño. Y el Tribunal Supremo también lo analiza: la Generalitat presentó un recurso en 2015 que fue admitido a trámite porque José Manuel Soria dijo que los 1.350 millones los pagarán los consumidores de gas durante los próximos 30 años. Y el gobierno catalán, al igual que Compromís y algunos movimientos y plataformas sociales de la Comunidad valenciana y el sur de Cataluña, pretenden anular todas las órdenes ministeriales que cargan los costes del Castor en la factura de la luz. Y el asunto es que un cambio de Gobierno puede hacer recaer responsabilidades penales sobre los 10 ministros de PP y PSOE que aprobaron el multimillonario almacén Castor, paralizado tras provocar 500 terremotos: Josep Piqué, Anna Birulés, José Montilla, Cristina Narbona, Rodrigo Rato, Joan Clos, Miguel Sebastián, Elena Espinosa, Carmen Chacón y el citado José Manuel Soria. Todos ellos firmaron órdenes y decretos que autorizaban este escandaloso asalto al erario público y ni de broma quieren que Podemos o los nacionalistas metan las narices en el mismo.

No acabaron ahí los problemas para Soria esta semana. El periodista F. Fernández de “La Voz de Galicia” informaba de que los árbitros que trabajan para el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI) del Banco Mundial, con sede en Washington (Estados Unidos) “estarán con la mosca detrás de la oreja después de recibir en los dos últimos años hasta 24 demandas contra el Gobierno español firmadas por inversores internacionales que apostaron su dinero en el negocio de las energías renovables en España. Todos buscan indemnizaciones y amparo legal en la institución tras ver cómo cambiaba la normativa española y se ponía fin a las primas a ese tipo de energías verdes y, por tanto, se despedían de las rentabilidades prometidas. El CIADI resuelve disputas entre gobiernos y nacionales de estados diferentes y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales”.

Pero es que Soria se ha buscado enemigos poderosos con su polémico decreto: Entre los denunciantes más recientes están un grupo de cuatro bancos regionales de Alemania (landesbank), que habían efectuado inversiones millonarias e invocan el tratado internacional sobre la Carta de la Energía para denunciar al Gobierno español por los recortes a las renovables y la inseguridad jurídica que ha generado con ellos. El fondo nipón Eurus (propietario del 50 % de la compañía eólica gallega Eurovento, del grupo Acciona) registró su propia denuncia contra el Reino de España por el recorte a las renovables, pero también hay otras de las eléctricas E.On y RWE. El problema de Soria es que ha confesado que si pierde las demandas, “el resultado sería que el sistema eléctrico quebraría”. Y es entonces cuando surge la pregunta que la sabiduría popular se formulaba cuando iba a los toros y presenciaba una mala faena como la de José “Manolo” Soria: “Hay, Manolete, Manolete… si no sabes torear, ¿pa´que te metes?”

Para colmo, esta semana toda la prensa nacional informaba de que la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitaba la inadmisión a trámite de su querella contra la jueza Victoria Rosell, hoy diputada de Podemos. El cabreo de Soria debió ser de aupa y toda su agria reacción mediática era lógica y hay que enmarcarla en este contexto. Aún más cuando el ex diputado de AP y hoy columnista de “La Razón”, Antonio Martín Beaumont, normalmente con buenas fuentes en sus tareas periodísticas, advertía, también esta semana, que el socialista Pedro Sánchez está dispuesto a contar con el ex JEMAD Julio Rodríguez y la juez Victoria Rosell en su futuro Gobierno de cambio. Soria vuelve a viejas estrategias de matar al mensajero cuando le va mal y por ello ha hecho esta declaración en “El Español” de Pedro Jota: “no soy partidario en general de las televisiones públicas, y mucho menos para dar un negocio a una empresa privada, que es lo que está ocurriendo con la televisión autonómica en Canarias”.

Para colmo, otro diario digital (El Plural) revelaba esta semana que “su situación de ministro en funciones y en rebeldía parlamentaria, paradójicamente le vale para ganar más dinero que cuando era ministro que cumplían plenamente su trabajo. Entonces sus ingresos se limitaban a sumar los 69.671 euros, que es el sueldo de cada ministro”. Se refería a la orden que ha dado Rajoy para que nadie comparezca en el Congreso por estimarlo también “en funciones”. Y ha sido otro colega corresponsal parlamentario, Federico Castaño, quien ha averiguado que varios ministros, entre ellos los de Exteriores, Fomento e Industria, están en desacuerdo con la orden dictada desde Moncloa para evitar que el Gobierno rinda cuentas ante el Parlamento cuando está en funciones. "Una torpeza política de enormes dimensiones”, señalan. ¿Por qué?: “Podemos estar a las puertas de una nueva campaña electoral. Con la negativa a comparecer, se está dando la imagen de un Gobierno acorralado, a la defensiva y completamente solo, al que parece no importarle nada la cortesía parlamentaria". La orden de Moncloa demuestra que todo este tiempo no hemos estado dirigidos por políticos, sino por abogados del Estado con la mente circunscrita a la técnica jurídica. No deberíamos temer el pim-pam-pum ni ceder todo el terreno de juego a la oposición, sobre todo cuando estas peticiones de comparecencia dan oportunidad a los ministros de lucirse, hacer política, explicar su gestión y, en suma, dar la cara, demostrando que tienen criterio y no se amparan en meros pretextos reglamentarios para escurrir el bulto".

Así que Soria está deseando que esta Semana Santa negra concluya. Solo una brizna con 3 buenas noticias ha pasado por su despacho: los precios de los carburantes en la Península han bajado un 17% respecto a la Semana Santa de 2015, lo cual ha supuesto un alivio para las carteras de los que hacen largos trayectos en coche en estas fechas vacacionales. Y además la ocupación hotelera está en el 90% pese a los atentados de Bruselas, vandalismos que siempre invitan a no viajar, lo cual es un buen dato sobre recuperación económica. También las familias tanto del copiloto como del sobrecargo —los dos canarios— que murieron en el accidente de Fly Dubai se han desplazado a Dubai y están a la espera de que puedan volar a Rusia una vez que las autoridades rusas determinen en qué momento pueden hacerse cargo de los cuerpos de las víctimas. Y es que los familiares de Alejandro Alava Cruz y Javier Alejandro Curbelo Caro desean traerse sus cuerpos o lo que quede de ellos. Y Soria se ha comprometido, a partir del lunes de Resurrección, a conseguirlo.

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