Algo que decir sobre la reforma del sistema electoral canario

Sé que no va a ser la mejor solución, ni siquiera la menos mala, pero incluso aunque se convirtiera en la definitiva será mejor que el sistema actual: ningún demócrata, a no ser que lo sea solo de boquilla, puede aceptar que se vuelva a aplicar una vez más -y ya van nueve- un sistema electoral en el que, por los efectos de la triple paridad y de las barreras electorales, se ha producido en los últimos comicios tal distorsión de la voluntad popular en la que:

a) Dos formaciones políticas, Ciudadanos y Unid@s, se han quedado sin representación, pese a obtener entre los dos más de 70.000 votos, por no superar unas barreras que si no hubieran existido habrían conseguido dos Ciudadanos (uno por Tenerife y otro por Gran Canaria) y otro Unid@s (por Gran Canaria).

b) La Agrupación Socialista Gomera (ASG), con poco más de 5.000 votos, obtuvo 3 de los 4 diputados por La Gomera.

c) La formación que sacó más escaños –y que gobierna ahora en solitario-, CC con 18, fue la tercera en votos (el 18,19%), mientras que el PSOE, que ganó las elecciones con el 19,86% de los sufragios, fue la segunda con 15 escaños y el PP, con el 18,59% del respaldo popular, la tercera en diputados con 12.

Puede que el sistema actual tuviera su razón de ser hace 35 años, pero es generalizada la exigencia de su reforma para que, a través de romper con la triple paridad y disminuir de manera drástica las barreas, se logre mucha más pluralidad y proporcionalidad, permitiendo una autentica adecuación entre voluntad popular y representación; es decir, que el sistema gane en democracia.

Por eso no es aceptable que solo se eliminen las barreras electorales como quieren importantes sectores de CC y la ASG: las barreras viene a mitigar los efectos enormemente desproporcionales de la triple paridad, de tal manera que si se eliminaran, lejos de corregir el sistema, podría empeorarlo ya que permitiría la proliferación en todas las islas de partidos de corte exclusivamente local,  lo que a su ver produciría una atomización del Parlamento y la consiguiente dificultad para lograr mayorías de gobierno estables.

Aunque no lo parezca, sobre el sistema electoral descansa la construcción del Archipiélago como ente político, y en el actual se forzó compaginar los dos elementos representativos en este archipiélago creando este injusto equilibrio que posterga en la toma de  decisiones a la población y prima a los territorios insulares.

Cualquier reforma ha de ser intentar adoptar un nuevo equilibrio entre esas dos representatividades que logre desterrar viejos y nuevos recelos, buscando un modelo organizativo –y electoral– que armonizase el sujeto político (el Pueblo canario) con el hecho insular y archipelágico.

Por eso, en mi opinión –por cierto, qué paradoja que Monedero propusiera algo muy parecido-, la solución pasa por adoptar un sistema de corte federal separando las dos representatividades en distintas Cámaras; es decir, que la población esté representada en una Cámara y los territorios, a través de sus órganos de gobierno, los Cabildos, en otra (ya existe un embrión de esta segunda Cámara: la Comisión General de Cabildos Insulares prevista en art. 13.4 EAC que perfectamente puede servir para tal fin aunque con ciertas modificaciones, aprovechando la reforma estatutaria en curso) a la que se le daría capacidad de veto en cuestiones que afecten a sus respectivos territorios.

Estoy convencido de que es imprescindible lograr ese nuevo equilibrio entre población y territorio, donde ambas representatividades participen en condiciones de cierta igualdad en la toma de decisiones de Canarias como sujeto político con identidad propia. Somos archipiélago, pero también islas; y hemos de saber encontrar el lugar de ambas realidades en nuestra organización jurídico-política.

Pero hasta que no encontremos ese nuevo equilibrio –y como, por unas u otras razones, no creo que eso ocurra pronto porque no les interesa a una parte importante de nuestros representantes- cualquier sistema que adoptemos va a ser mejor que el actual, por lo menos en términos democráticos.

Quienes ahora están en contra de que la reforma del Estatuto aborde el cambio del sistema electoral (CC y ASG) esgrimen un argumento con trampa porque, como la reforma de sistema electoral debe ser introducido por una ley del Parlamento canario que tienen que ser aprobada por las dos terceras partes de sus miembros (40 de los actuales 60 diputados), poseen una minoría de bloqueo de 21 escaños para impedirla (un tercio más uno), precisamente la que esas formaciones tienen (18 más 3). Por contra, el nuevo Estatuto prevé rebajar esa altísima mayoría de dos tercios a tres quintos (36 de 40), por lo que una vez aprobado perderían a posibilidad de vetar un nuevo sistema electoral porque necesitarían 4 diputados más para bloquearlo (25, dos quintos más 1).

En condiciones normales, la adopción de un nuevo sistema electoral requiere, primero, la reforma del Estatuto de Autonomía y, después, y en su caso, una Ley del Parlamento de Canarias. La reforma del Estatuto es necesaria porque desbloquea la posibilidad de adoptar varios modelos distintos (como permitir circunscripciones insulares conjuntamente con una archipelágica) que con el Estatuto vigente no caben, así como rebajar la mayoría necesaria (tres quintos frente a la actual de dos tercios) para la concreción del modelo (básicamente, número concreto de escaños por cada circunscripción, listas abiertas o cerradas y fórmula electoral).

Precisamente, el proceso de reforma estatutaria y electoral ha de pasar ineludiblemente por forzar a las distintas formaciones del arco parlamentario a que se pongan de acuerdo en torno a ese nuevo sistema electoral y creo que la única manera de conseguirlo es introduciendo, a modo de como en la actualidad lo hace la disposición transitoria segunda del Estatuto vigente con la triple paridad y la doble barrera, un modelo subsidiario que se aplicaría en las próximas elecciones de 2019 de no lograr un acuerdo en torno a un nuevo sistema.

Repárese en que el modelo actual está, desde 1982 (con el alza de las barreras introducido en 1996), contenido en esa disposición transitoria y su modificación requiere una ley aprobada por mayoría cualificada de dos tercios, de tal manera que como ese es el modelo que ha preferido una minoría de bloqueo han impedido durante todo este tiempo que el cambio haya sido posible.

La solución es, pues, relativamente fácil: aprovechando la reforma del Estatuto que se tramita, cambiemos esa disposición transitoria para introducir un modelo nuevo que, a falta de una nueva Ley electoral del Parlamento de Canarias aprobada por mayoría de tres quintos de sus miembros, sea el que rija en las próximas elecciones.

Aceptado lo anterior, el verdadero escollo radica en consensuar entre las formaciones del cambio qué sistema se ha de introducir como subsidiario con la finalidad de que se aplique, a falta de ley electoral, en las elecciones de 2019.

Yo creo que debería ser el más sencillo, aunque, como decía al empezar, no vaya a ser el mejor –incluso a riego de que, como el actual, se eternice 35 años-; y lo más sencillo es aumentar en 5 escaños a las dos circunscripciones más pobladas, Gran Canaria y Tenerife, que si bien no arregla del todo la desproporcionalidad, porque CC seguiría siendo el partido que más escaños obtuviera si aplicamos los resultados de 2015, las distancias se reducirían (la desproporción disminuye un tercio) y saldría un Parlamento más plural al permitir la entrada de nuevas formaciones.

El reparto de esos nuevos 10 escaños sería el siguiente: 2 para PP, Podemos, PSOE y Ciudadanos (uno por cada isla), más uno a CC por Tenerife y otro a Unid@s por Gran Canaria. Si esos nuevos escaños los sumamos al resto de los obtenidos en el conjunto de Canarias, CC hubiera obtenido 19 escaños, el PSOE 17, el PP 14, Podemos 9, NC 5, ASG 3, Ciudadanos 2 y Unid@s 2.

Plantear en los términos expuestos cualquier otro sistema, dada la dificultad de consensuarlo al existir posiciones muy dispares, sería dar excusas a los inmovilistas para que nada cambie. Si se entiende que no  es el mejor, precisamente eso servirá como aliciente para lograr alcanzar un acuerdo en la Comisión que en la actualidad estudia la reforma del sistema electoral en el seno del Parlamento y aprobar definitivamente la ley electoral que introduzca sin esa provisionalidad un nuevo sistema electoral. Pero mientras eso ocurre, los canarios no sufriremos más nunca el oprobio de comprobar cómo la voluntad popular ha sido de nuevo distorsionada. Al menos habremos logrado el triunfo de la democracia, que no es poco…