¿Somos un Estado fallido?

Queriendo dar a entender que se trata de espacios, delimitados geográfica pero sobre todo socialmente donde, además de la miseria, reina el mayor de los desórdenes sociales, donde no hay leyes ni tribunales para dirimir conflictos, donde no hay policía para hacer cumplir las leyes, donde se persigue con crueldad a las minorías (raciales, religiosas?), donde se trafica con los derechos humanos y, en el límite, los señores de la guerra y sus secuaces, por sí mismos, definen y ejecutan sumariamente “su ley”.

Frente a estas situaciones terribles (Somalia ¿Haití? ¿México???), nos sentimos y en realidad lo somos, unos auténticos privilegiados.

Pero les invito a repensar, aunque sea por un momento, en algunos hechos que ya estamos viviendo.

Primero. El sistema financiero español, en su conjunto y sobre todo después del desastre de Bankia, está fuera de combate. Y, precisamente en esta coyuntura, el Presidente del Gobierno de España, recién puesto en pie su segundo programa (¡esta vez, sí!) de medidas bancarias, mientras la famosa “prima de riesgo” se dispara y mientras la Bolsa entra en caída libre, nos comunica a todos los ciudadanos de este país que “he hecho todo lo que me pedían que hiciera, ya no puedo hacer más y le pido al Banco Central Europeo (BCE) que nos solucione el problema”. Es decir, el mismísimo Presidente, desde la representación democrática de la soberanía nacional que ostenta, desde el máximo nivel de La Política, es el que le pide al BCE que dé salida a la situación. Como no se puede desde la Política, se le ruega a la Economía que nos saque del pozo.

Porque el BCE ya no es una institución política, es “exclusivamente técnica”. El fundamentalismo liberal exigió, y consiguió, que los Bancos Centrales tengan plena autonomía. Para que no dependan de ningún Gobierno y que éstos no puedan poner en práctica políticas monetarias. Por eso, el BCE tiene como única y exclusiva misión, de acuerdo con sus estatutos, el evitar la inflación y mantener los precios.

Así, todo lo que se relacione con el paro y el crecimiento económico queda fuera de sus competencias.

En otras palabras, los Estados de la zona euro no pueden, en sus ámbitos nacionales, impulsar ninguna política monetaria, por ejemplo, para fomentar el crecimiento y crear empleo. Pero el BCE tampoco. Y su presidente (por cierto antiguo vicepresidente para Europa de Goldman Sachs, 4º banco inversor del mundo?), además y por si acaso, es un cargo cooptado y no elegido democráticamente.

¿No es esto un fallo clamoroso de La Política? ¿No se trata de una rendición vergonzosa ante los poderes fácticos económicos?

Segundo. De otra parte, el fundamentalismo liberalote del actual Gobierno de España le ha llevado a proclamar el onceavo mandamiento: “No pedirás prestado”. Y, a poco que se aclaren las cosas, quiere exigir el Déficit Cero. Postura mucho más radical que la que mantiene la UE y que quieren presentarla como el desarrollo legal de la decisión tomada al final de la anterior legislatura (a propuesta de Zapatero y con el apoyo entusiasta de Rajoy), de modificar nada menos que la Constitución, con nocturnidad y alevosía, para que los acreedores de la deuda española tengan prioridad de cobro y preferencia absoluta, por encima de todas las cosas.

De esta forma el Gobierno español se autoamarra las manos y se prohíbe a sí mismo realizar políticas expansivas, especialmente en las fases bajas de los ciclos, para crear empleo y estimular la actividad. Es decir, el Estado se automutila para impedirse actuar cuando la sociedad más lo necesita.

Pero es que hay más. Prohibir al Gobierno que pida crédito y se endeude es prohibirle que realice cualquier actividad de importancia [igualito que cualquier familia, cuando quiera comprarse una casa o un coche, como no pida crédito sabe que no lo va a conseguir]. Así, nunca se podrá hacer un Hospital General, una Universidad, un Aeropuerto, una Autovía, una Investigación de base? Y esa anulación de lo público se va a compensar, de forma que cualquier actividad de importancia, en el futuro, va a tener que hacerse por la iniciativa privada. El dichoso déficit cero, lo que de verdad persigue es acabar con cualquier vestigio de lo público. Hasta ¡las tasas judiciales de Gallardón! hay que entenderlas en este contexto.

¿No están haciendo fallar estrepitosamente al Estado?

Tercero. Es cierto que las funciones más importantes del Banco de España se transfirieron al BCE. Así y todo, sigue funcionando y tiene a su cargo el control y la inspección de la banca (de hecho las Cajas pasaron a peor vida) privada. También es cierto que ha tenido fallos enormes en el control de “las cuentas” (facilitando de hecho todos los farfullos de los “activos tóxicos”). Así y todo el Gobierno, en vez de reformarlo y meterlo a viaje, ha decidido quitarle en la práctica sus funciones y encargar a dos agencias de calificación privadas (una alemana y otra norteamericana con un historial para echarse a temblar) que chequeen el estado del sistema financiero español. Con lo que se hace un enorme daño institucional y se echa por tierra la confianza entre los agentes financieros internacionales.

Cuatro. Y justo la confianza es el último elemento que se va a comentar. A veces es bueno refrescar las obviedades que, de tanto conocidas, acabamos por desconocerlas. Y es que todos los sistemas financieros modernos son fiduciarios, es decir, se basan exclusivamente en la confianza social. Porque hace casi un siglo que ya no existe una base metálica (patrón oro, plata) sobre la que se instale el sistema. Y resulta verdaderamente sorprendente y casi milagroso que, todo el inconmensurable y ultracomplejo mundo monetario, se base en ese elemento tan inmaterial y frágil como es la confianza.

Siendo las cosas así, esa confianza seminal debería sustentarse y estar defendida y garantizada por aquellas instituciones fundamentales, que la sociedad civilizada ha venido construyendo desde siempre para “ordenar” la convivencia. Por tanto, deberían ser los Gobiernos, los Parlamentos, en suma, La Política la que tendría que jugar ese papel.

Y hoy está ocurriendo justo lo contrario. Son los Gobiernos los que demandan angustiosamente la famosa “confianza de los mercados”. Les rinden pleitesía y actúan siguiendo a pie juntillas sus actividades especulativas más indecentes. Y ponen a sus pies la “economía real”. Es tal la sumisión de la Política al mundo de las finanzas que se atreven a defender su reciente Amnistía Fiscal a las grandes fortunas defraudadoras, diciendo que “es la única manera que paguen al menos el 10% de lo que tendrían que haber pagado”.Eso sí, condonándoles las multas y los intereses correspondientes al delito. ¡Tiene delito!

Por eso cada vez más gente ve a los Gobiernos y al resto de las administraciones públicas, a La Política en último término, levitando en el espacio de los sueños y las pesadillas, mientras las fuerzas económicas organizan, mueven, exigen, prohíben e incluso se atreven a “explicar” el mundo de hoy.

Y ese cúmulo de derrotas y desapariciones de lo público, lo colectivo, lo de todos, constituye una situación perfecta de Estado Fallido. Por eso, cada vez y con más vigor, se viene rechazando ese tipo de Política Autoderrotada, vendida a las fuerzas que organiza el Capital, al Capitalismo en la versión más obscena que nunca haya existido.

Ese Estado Fallido es el que denuncian, por ejemplo, los componentes del Movimiento del 15 M: “Lo llaman Democracia y no lo es”.