El maltrato a los viejos

Sólo en Gran Canaria 16000 personas mayores de 65 años son maltratadas físicas, psíquica o económicamente. Son datos de un estudio que se presentó este fin de semana. Los autores del informe dicen que todavía no somos conscientes de un problema que se va a agravar porque la población está envejeciendo. También destacan que los casos de maltratos a mayores apenas se denuncian porque a los propios ancianos les cuesta reconocerse como víctimas por temor a represalias de sus supuestos cuidadores o simplemente por vergüenza.

En el estudio se destaca que este maltrato se está dando tanto en entre los mayores que viven con su familia como entre los que están ingresados en centros dependientes de instituciones públicas. Hay que tener en cuenta que el estudio se presentó en una residencia privada de ancianos, por lo que no se molestaron en profundizar en los datos sobre estas residencias. Otro estudio sobre este tema hecho en Madrid desvela que el porcentaje de personas mayores maltratadas es superior cuando son ancianos dependientes o grandes dependientes.

El retraso de la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias está impidiendo que muchos mayores dependientes puedan ser cuidados por profesionales. Cuenta el informe sobre la situación de los mayores en Gran Canaria que ante la falta de residencias públicas muchas veces los familiares tienen que hacer de cuidadores y que como no son profesionales, esos cuidadores terminan sufriendo alteraciones sicológicas que provocan situaciones de maltrato. La gran aportación de la Ley estatal de Dependencia es que el apoyo económico o personal a las personas dependientes se convierte en un derecho.

Dijo ayer el presidente Paulino Rivero que “Canarias no se hace por decreto sino por el impulso de su gente”. A lo mejor esto explica que da igual que se apruebe una Ley de Dependencia o un decreto, mientras tengamos un gobierno que sólo tiene impulso para repartir dinero entre sus amigos empresarios y un consejero de Economía que aunque ya estamos en junio mantenga en las cuentas corrientes bancarias gubernamentales casi todo el dinero presupuestado para la aplicación de la Ley de Dependencia este año. Así que habrá que joderse y esperar a que aparezcan más ciudadanos como Juan Felipe González, que tuvo el impulso de denunciar al ejecutivo canario ante los tribunales porque un año después de haber presentado todos los documentos para que apliquen a su hijo los derechos que recoge la Ley de Dependencia el gobierno de nuestra gente siga sin responderle. Claro que la consejera de Malestar Social Inés Roja podría defenderse echándole la culpa al ayuntamiento donde reside Juan Felipe González. Pero quizá en este caso no se le ocurra porque en Guía gobierna Coalición Canaria con mayoría absoluta, ¡fitetú qué mala suerte!

Juan García Luján