El ministro de Defensa se insubordina

Abundan las bufonadas y situaciones pintorescas en la historia de España, o de los pueblos hispanos como prefieran. Muchas de ellas, por desgracia, trágicas.

Miren por dónde, ha sido el Ministro de Defensa el primero en insubordinarse, en incurrir en grave indisciplina frente a la autoridad. Precisamente el ministro que debiera dar ejemplo de disciplina a las Fuerzas Armadas, Institución que tiene en la disciplina su principio vital, su código genético. No hay nada más que leer las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas para comprobarlo. Están sembradas de referencias a la disciplina como virtud castrense por excelencia. Y del acatamiento a la Constitución, como exigencia de las FFAA propias de un Estado de Derecho y de una sociedad democrática.

No sé si el Ministro de Defensa, al que le escuché ayer unas palabras de elogio merecido a las unidades de la Armada y del Ejército que han participado en operaciones de salvamento en el Mediterráneo de personas que huyen de todas las plagas bíblicas, es consciente de que ha recibido una orden, un preséntese aquí Sr. Ministro, dictada por la representación de la soberanía popular (o de la soberanía nacional, que los dos conceptos usa la Constitución).

El conservadurismo español es duro de mollera para entender el quid de la cultura democrática. Y el ministro de Defensa es un claro ejemplo de ese conservadurismo. Tal vez por eso no tiene conciencia de la gravedad de su insubordinación; porque ha recibido una orden de la principal autoridad, la que tiene mayor legitimidad para el mando: las Cortes Generales, sustento de la legitimidad democrática del propio Gobierno.

Mala casualidad que haya sido el Ministro de defensa el primero en aparecer en escena de un gobierno en rebeldía.

No es bueno en una España que vive momentos de debilidad de sus Instituciones y cuando algunos gobernantes autonómicos y los partidos que los sustentan cuestionan la existencia de España como comunidad política, su razón de ser, y por tanto su unidad.

Pésimo ejemplo que no se podrá enmendar con encendidas soflamas patrióticas. Porque en la vida de los pueblos tienen los hechos más trascendencia por su valor simbólico, que por su entidad objetiva. Que, en este caso, no es poca.

He oído estos días todos los intentos imaginables para justificar lo que no tiene justificación alguna: que si estamos en una situación inédita que la Constitución no había previsto, que si algunos gobernantes autonómicos no comparecieron ante sus Parlamentos mientras estaban en funciones, que si la ex ministra de Defensa Carmen Chacón tampoco compareció ante el Congreso cuando estaba en funciones, que si los grupos políticos van a aprovechar la actividad de control parlamentario para hacer propaganda y postureo…y la de traca: que el gobierno en funciones no tiene que dar cuenta Congreso, porque no tiene su confianza.

Claro que la Constitución lo ha previsto: las Cortes Generales “controlan la acción del Gobierno” (art. 66.2) y ya está.

Y si ha habido precedentes en la política estatal o autonómica, pretender utilizarlos como coartada es tan grave políticamente como jurídicamente improcedente. Porque no hace faltar ser un avezado jurista para saber que no caben ni costumbre ni precedentes contra lege. Y mucho menos, contra la Ley fundamental. Es el abc del Estado Constitucional de Derecho. Y para ser ministro de Defensa se necesita algo más que tener buenas relaciones con las empresas del sector del armamento. Al menos, para serlo en una sociedad democrática.

¿Y de qué tiene que rendir cuentas un gobierno en funciones al Parlamento? De lo que haga: si se limita a mantener el Estado en funcionamiento y los servicios públicos abiertos, pues de eso.

Y si se extralimita por voluntad propia, o si las circunstancias le llevan a tomar decisiones importantes por inaplazables --como es el caso de la postura europea sobre los refugiados--, pues tendrá que someter al control parlamentario las decisiones que tome, los compromisos que adquiera o las actividades que realice.

Las principales garantías de una Constitución no son las jurídicas, aunque son absolutamente imprescindibles. Hasta el mejor edificio jurídico puede ser burlado desde el poder político --o por los poderes fácticos-- si la sociedad no está completamente comprometida con su sistema de convivencia democrática. Y el compromiso debe ser más intenso cuanta más relevante sea la posición que uno ocupa y las responsabilidades que desempeña.

Ese compromiso es lo que algunos llaman patriotismo constitucional. Y se demuestra con el ejemplo, no con los discursos.

Pésimo ejemplo, Sr. ministro de Defensa. Pésimo ejemplo porque la disciplina es “factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado” que “tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas (art. 8 de las Reales Ordenanzas para las FFAA)”.

Y Vuecencia, Sr. ministro de Defensa, ha recibido la orden de comparecer ante la legítima autoridad y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Y la ha desobedecido.