Cuando el poder predica siendo pecador

Como ya viene siendo habitual, algunos gobernantes de nuestra tierra siguen intentando copiar a las comunidades godas o castellana del gobierno central. No son capaces de crear alternativas propias que permitan unas mejores prestaciones profesionales y unos sueldos dignos de la categoría de un abogado. Muchos profesionales de los distintos sectores del mundo laboral cobran horas extras, turnos de guardias y sueldos con arreglo a sus respectivos niveles profesionales. Sin duda, con esta nueva medida económica contra los abogados de Canarias, los verdaderos perjudicados serán las familias demandantes más desfavorecidas, limitadas en sus mal estrechas y débiles economías. Ruano dice no entender las quejas de los abogados, pero lo que no entendemos los canarios es como ustedes los políticos no predican con ejemplo y en lugar de congelarse los sueldos, deberían de rebajárselos.

Es hora y momento, que los sindicatos analicen y valoren las consecuencias que puedan tener en un futuro no muy lejano las prestaciones profesionales de los abogados canarios de cara a una demanda social más desfavorecida o debilitada por una economía sangrante y miserable. El colectivo de abogados de Canarias no puede ser perjudicado directamente, pues de llevarse a cabo el preocupante y futuro “decretazo”, copiado por José Miguel Ruano, consejero de Presidencia Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, como modelo de orgullo de algunas autonomías del gobierno español; los abogados se convertirían en meros informadores y no en abogados defensores de la Justicia y Derechos de los ciudadanos con recursos económicos más limitados.

Por todo ello, el colectivo de abogados de Canarias, han decidido ejercer sus derechos a la protesta y al desacuerdo con la citada medida que intenta aprobar el Gobierno de Canarias; donde el turno de oficio en la provincia tinerfeña quedará suspendido los próximos días. Ellos, ese importante colectivo del mundo del Derecho, no están exigiendo nada del otro mundo, solamente quieren cobrar lo que vale su trabajo o sus prestaciones profesionales; que se le respete sus emolumentos, sin que ello provoque por parte del Gobierno de Canarias, una alteración negativa en sus ingresos actuales.

Francisco Rodríguez, portavoz de la Comisión de Seguimiento de la Propuesta de Reforma de la Ley de Asistencia Gratuita en Canarias, junto con el colectivo de abogados de Canarias, muestra su preocupación, pero sobre todo por que entiende que las partes más afectadas son aquellas personas que necesitan de los servicios profesionales gratuitos de las personas del mundo del Derecho. Así pues, una vez más, el señor José Miguel Ruano se convierte en protagonista negativo al crear un borrador o “decretazo”, motivando perjudicar los ingresos que a cada letrado le corresponde por hacerse cargo del turno de oficio, pero también aquellas personas que necesitan por derechos democráticos la asistencia y defensa de un profesional del mundo del Derecho.

Rafael Lutzardo