España está bajo Estado de Alarma. Parece mentira en una sociedad democrática tener que recurrir a esta medida que limita derechos civiles -menores que en Excepción y Sitio, pero derechos al fin y al cabo- y coloca bajo mando militar a los controladores. Que haya sido imposible resolver un conflicto laboral por la vía civil es inconcebible, pero el caos montado desde la tarde del viernes hasta la regularización paulatina del tráfico aéreo a lo largo de este domingo ha sido de tal magnitud, barbaridad e inconsciencia, que la vuelta al trabajo forzada de los controladores “a punta de pistola” ha provocado el aplauso de una sociedad hastiada de sentirse “rehén” de un colectivo privilegiado, justo cuando el común de los mortales puede darse una escapadita ante la que está cayendo y lo que queda. Aún así, se han levantado voces que ponen en duda la constitucionalidad de la medida, por no concurrir la paralización de un servicio público como es el tráfico aéreo con catástrofes naturales o crisis sanitarias, como recoge el 116.2 de la Carta Magna. El PP, de momento, apoya la decisión del PSOE y va más allá, dispuesto a agotar los 15 días de Alarma e incluso votar a favor de una prórroga en el Congreso de dos meses, en lo que se sustituye a los controladores civiles a despedir o imputar penalmente. Pero las huestes de Mariano Rajoy ya empiezan a enseñar la patita...