A nadie se le puede esconder a estas alturas lo trascendental que es que la Justicia funcione en Canarias de una manera eficaz, no sólo por el bien del justiciable, sino por la propia imagen de la Justicia y de quienes la imparten. En ese escenario, el desempeño de la fiscalía es decisivo para el éxito o el fracaso de esta o aquella causa, de esta o aquella investigación. Por tratarse de un órgano fuertemente jerarquizado, las órdenes e instrucciones responden a ese sagrado principio, y los destinos no se designan por escalafón o concurso, sino por pura decisión de la superioridad. De ese modo es explicable, por ejemplo, que todo un ex delegado del Gobierno con aspiraciones incluso ministrables, se reincorporara a su puesto de fiscal en Las Palmas asumiendo tareas de coordinación de pleitos civiles, algo muy digno, sin duda, pero que quedaba tan pequeño a López que en señal de protesta acudió a trabajar durante mucho tiempo con la más raída y ajada de sus togas. Por desautorizarlo, hasta lo fue frente a un funcionario de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, el todopoderoso y al parecer intocable Joaquín García, jefe de recursos materiales. O algo así.