Algo más económico que el agua que se beberán los empleados del Servicio Canario de Empleo va a costar a ese departamento gubernamental el ingeniero industrial que acaba de contratar por la remanguillé, es decir, en aplicación del artículo 33 de la ley de trapisondas, referido a cómo metemos al amiguete sin que parezca una ilegalidad, que entre otras arbitrariedades permite hacerse con “el asesoramiento en materia de ingeniería industrial en relación a las obras y trabajos necesarios para el mantenimiento y modernización de la red de oficinas del Servicio Canario de Empleo”. Como no hay ningún ingeniero en la Comunidad Autónoma que se ocupe de tan alta empresa, se han hecho con los servicios de don David Granados Gebara por el módico precio de 59.700 euros al año, la misma cantidad por la que se sacó a licitación este concurso negociado sin publicidad. Y tiran porque les toca.