De repente, un manto de silencio envuelve el conflicto que una veintena de familias sostiene en la urbanización Hoya Pozuelo, en Telde, contra su promotor, Jaime Cortezo, al sustanciarse el expediente abierto en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) y concluirse que hay que derribar totalmente una decena de casas y demoler parcialmente entre tres y cuatro más. Aquellas prisas de la agencia gubernamental por ejecutar la demolición, una vez la Justicia había dictaminado que la urbanización invade servidumbre de protección de costas, se han convertido ahora en silencio cómplice al detectar el Gobierno dónde ha de tener sus aliados. Nos alegramos por las sufridas familias que invirtieron sus ahorros y contrajeron durísimas hipotecas y que esperan una resolución del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se tramita una querella por estafa y falsedad en documento público contra Cortezo. A esta operación la podemos bautizar con el vocablo que en euskera define el muy capital pecado de la avaricia: zekenkeria.