El anuncio de esta queja contra la juez Victoria Rosell fue hecho por el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, al término de una reunión del Ejecutivo el 30 de septiembre de 2009. Fue uno de los tres o cuatro asuntos tratados que Marrero, periodista de profesión, anunció como más destacados de aquella sesión del Consejo de Gobierno. El portavoz, posiblemente muy mal asesorado por quien le obligó a resaltar ese asunto ante los medios de comunicación, confundió queja con denuncia, empleando erróneamente este segundo término, lo que ahora agrava aún más el tamaño de la dolosa metedura de pata del Ejecutivo. Porque “denuncia” equivale a un ilícito penal no contemplado en el artículo que el portavoz invocó para dar realce a una acción que tenía un padrino con nombres y apellidos, los del vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria López. El fin no era otro que el que siempre ha perseguido este personaje tan perjudicial para la vida pública canaria: amedrentar a los que osan criticar asuntos políticos protagonizados por él o por su hermano Luis. O ambos dos. Y, de paso, mandar perversos recaditos a los parientes de los osados.