Continúa levantando polémica en el Parlamento de Canarias la pregunta sobre las sentencias condenatorias al pago de costas judiciales que colecciona el vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria. El presidente de la Cámara, Antonio Castro, de común asustadizo y temeroso de la palabra prevaricación y sus consecuencias en el Código Penal, sabe que tiene que terminar admitiendo, con su voto de calidad, la iniciativa de la diputada socialista Gloria Gutiérrez, no sólo por respeto democrático, sino porque así lo han dictaminado los servicios jurídicos. Otra cosa es cómo se ponga el portavoz parlamentario del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, que este viernes advertía a los miembros de la Junta de Portavoces de que su partido no va a dejar pasar ni una sola pregunta, interpelación, traca, ruego o chascarrillo que no tenga que ver con la acción del Gobierno. Cabe por tanto analizar qué entiende por “acción del Gobierno” el diputado Pérez-Camacho y su partido, y si es de aplicación aquí, una vez más, la muy socorrida ley del fonil, también llamada del embudo donde su Mariano Rajoy hace de las suyas.