Aquel 4 de julio de 2000 fue el de la primera prueba de fuego para José Manuel Soria, que acababa de ser ungido presidente regional del partido tras los malos resultados de José Miguel Bravo de Laguna, recientemente superados por su sucesor, qué cosas. Había que decidir qué se hacía con el dictamen de la comisión de investigación del caso Tindaya, y Soria convocó a los parlamentarios en la sede del PP en Tenerife. Además, asistían miembros de la dirección regional y los presidentes insulares porque la cuestión lo merecía. Desde el primer minuto, Bravo de Laguna (presidente del Parlamento) y Lorenzo Suárez (consejero de Industria) dejaron claro que no iban a apoyar el dictamen Sánchez-Simón porque, a su juicio, inculpaba a consejeros del PP de la anterior legislatura, probablemente en referencia a María Eugenia Márquez, Nacho González y el propio Suárez. Y, además, ponía en peligro la continuidad del pacto con CC.