Con todos esos informes técnicos sobre la mesa, el jefe del Servicio de Ordenación Urbanística del Gobierno, Faustino García Márquez, firma el 28 de octubre de 1998 una propuesta técnica claramente negativa para la bodega de Juan Francisco Rosa: “Aunque se proyecte subterránea, la normativa del Plan Insular prohibe en esta categoría cualquier construcción así como toda obra que requiera movimientos de tierra”. A esa prescripción del planeamiento insular, García Márquez unió la negativa de la Consejería de Agricultura, que sólo avalaba, al igual que él, la rehabilitación de aquella vieja casona de 171 metros cuadrados. Un jarro de agua fría que paralizaba el expediente durante más de tres meses. La propuesta técnica ni siquiera es comunicada a la interesada, la interpuesta señora Del Río, quien, sin embargo, de buenas a primeras, se descuelga, vía fax con un escrito de alegaciones que tiene sello de entrada en Política Territorial el 5 de febrero de 1999. Al pie de esas alegaciones no aparece sin embargo la firma de esta ciudadana, sino otra hasta entonces desconocida por los técnicos, por todos menos por uno. Sin aludir al informe técnico denegatorio, el dual solicitante alegaba entonces que necesitaba el almacén-bodega para dar salida a la producción de uva de unas once hectáreas de viña plantadas supuestamente en aquella misma finca y en otra colindante. Nadie aportó documento alguno que acreditara este extremo ni la titularidad de las fincas preñadas de uva de tan altísima calidad vinícola.