Dicen algunos abogados que en el mismísimo auto de archivo del caso Tindaya está la clave para poder reabrir el asunto y que la Justicia lo investigue por el camino correcto. Y esa clave podría estar en la ejecución de los avales por parte de la UTE formada por las empresas Nexo y FCC, que los empezaron a reclamar hace unos años al Gobierno en aplicación de los propios compromisos inclumplidos por parte del Ejecutivo. Es precisamente en esos pagos, que se elevarían a 1.960 millones de los de antes, donde puede aparecer un delito, lo que significaría que aún es un poco precipitado para que las personas que ya han descorchado el champán quemen los fuegos artificiales.