Pero no es Gallardón el único que este martes se las tuvo que entender con la Constitución y con el embudo que su partido utiliza para medirla y adaptarla a sus conveniencias electoralistas. Desde Canarias, el presidente Rivero lanzó un aviso a navegantes especialmente destinado al ministro de Industria, Energía y Turismo, su ex compadre José Manuel Soria, por haberse mantenido en sus trece de frustrar la penetración de las energías renovables en las Islas y por perseverar en las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Rivero tenía la carta guardada a la espera de que los anuncios ministeriales sobre el petróleo se plasmaran en una comunicación oficial, y ésta llegó a Presidencia del Gobierno el mismo martes en que su titular comparecía ante el Parlamento. Y fue en sede parlamentaria donde soltó un anuncio nada habitual: un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 1/2012, de supresión de las primas a las renovables. Rivero invoca el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el que define cuál es el ámbito de desarrollo legislativo y de ejecución de materias que corresponden a la Comunidad Autónoma. Efectivamente, en el punto 9 de ese artículo se puede leer que Canarias tiene las competencias en materia de “régimen energético y minero ajustado a sus singulares condiciones, en especial, la seguridad en la minería del agua”. Doctores tiene la Iglesia para desentrañar el alcance de tales preceptos, pero todo hace prever que el pulso entre esos conocidos socios va para largo, a no ser que se restablezca el diálogo y se hagan las cosas como mandan los cánones. Que las chulerías son flor de un día, señor ministro, como acaba de comprobarse con el plantón dado al viceconsejero de Turismo.