Sostienen los más notables empresarios grancanarios, apoyados con mucha pasión por dirigentes patronales y por determinados líderes del PP, que aquí a cualquiera se le imputa un delito por el mero hecho de que alguien presente una querella. Cierto. Y se quejaron en su momento empresarios como Santiago Santana Cazorla de haber sido detenidos en el marco de operaciones contra la corrupción política a pesar de que los jueces que ordenaron tales detenciones se basaron en una investigación con escuchas telefónicas y otras acciones policiales con autorización judicial. Como donde las dan las toman, el empresario sureño ha decidido dar de la misma medicina a algunos que lo han colocado a él en situaciones embarazosas ante los tribunales. Quizá por eso haya interpuesto una querella contra el concejal de Contratación, la ex jefa de servicio de ese departamento, contra el alcalde y contra toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Telde por haberlo dejado sin poder contratar con esa institución a raíz de un incumplimiento de contrato que data de 1999. La juez titular de Instrucción 7 de Telde ha llamado a declarar a todos estos actuales responsables municipales para que declaren como imputados a partir de pasado mañana.