Más contaminación, ruido y riesgo de accidentes: los efectos no tan secundarios de las centrales ‘antiapagones’ canarias
Las centrales térmicas proyectadas en Canarias para evitar apagones continúan su puesta a punto. El Gobierno regional concedió el pasado miércoles la autorización a la empresa Sampol para construir una planta de 18 megavatios (MW) con diez motores diésel en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, una de las ocho instalaciones propuestas para cubrir el déficit energético de 268 MW detectado por el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Habrá más centrales. El Ejecutivo ya ha planteado la posibilidad de instalar una planta eléctrica flotante de 120 MW en el Puerto de Las Palmas y dice que hace falta una más en la isla majorera. Pero las primeras ocho, que costarán alrededor de 150 millones de euros (gasto a cargo del Estado), utilizarán gas propano y gasoil y serán promovidas por las mercantiles Sampol y Disa (la principal distribuidora de productos energéticos en el Archipiélago), están muy cerca de echar a andar.
Seis de los proyectos cuentan ya con su informe de impacto ambiental que da luz verde a las obras. Quedan por emitirse los de las centrales ideadas en el barrio de Salinetas, en Telde, y en La Zamora, Los Realejos. Ambas han sido ampliamente rechazadas por los vecinos por la proximidad de las instalaciones a sus casas. Pero todas las plantas, sin excepción, presentan una serie de efectos no tan secundarios: más contaminación, ruido y posibles accidentes, además de afecciones sobre la fauna y el patrimonio.
Es verdad que los motores son para “emergencias”, para evitar apagones en caso de que las obsoletas centrales térmicas de Canarias sufran incidentes (algo muy habitual). Los documentos citan textualmente que “estarán preparados para operar de manera automática en caso de fallos en el suministro eléctrico”. Lo que abre la puerta a dos escenarios distintos: en caso de cero energético y ante el riesgo de cobertura de la demanda. Y debido a ello, los promotores estiman que funcionarán entre 500 y 1.000 horas al año, el equivalente a entre 20 y 40 días.
La Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Ejecutivo canario ha dado el visto bueno a las centrales asumiendo que estarán en “estado de reposo” durante la mayor parte del tiempo y bajo la condición de que estén operativas tres años en total. La orden ministerial que las ampara establece esa vigencia temporal, pero deja la puerta abierta a prórrogas anuales “hasta la puesta en servicio de la potencia eléctrica” definitiva. Salud Pública ya ha avisado de que en caso de que se superen los tres años, harán falta nuevos estudios “para un análisis de los impactos a largo plazo”.
De momento, las consecuencias en el corto plazo ya son reseñables. Las plantas emitirán gases contaminantes como dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero que recalienta la Tierra, óxido de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) o micropartículas (PM10 y PM2,5).
La de Los Realejos promovida por Sampol, por ejemplo, que tendrá ocho motores diésel, consumiría 11.743 metros cúbicos de gasóleo en caso de alcanzar el 100% de su carga de trabajo. El informe utiliza un factor de emisión de 2,68 kilos de CO2 equivalente (la unidad que se emplea para medir los gases responsables de la crisis climática) por cada litro consumido. Por lo que solo esta central emitiría unas 31.417 toneladas de CO2 a pleno rendimiento, algo menos que todo lo que emitió la isla de El Hierro en 2021 (43.057 toneladas) o el equivalente al uso de 7.328 vehículos impulsados por gasolina durante un año.
El Gobierno de Canarias reconoce que el gasóleo es “un combustible de alta intensidad emisora, con una huella de carbono considerablemente mayor que otros combustibles”. Con respecto al propano, dice que reduciría un 35% las emisiones respecto a los grupos de fuel y gasoil, y que los equipos están preparados pasa usar biopropano o hidrógeno en el futuro.
En Puerto del Rosario, por otro lado, el estudio de dispersión de contaminantes de la central Mezque admite que se superarán los límites legales horarios de dióxido de nitrógeno (NO2) en hasta 25 ocasiones al año en zonas colindantes. Salud Pública ha advertido de que si el viento sopla del norte o del noroeste (en lugar del alisio habitual), la nube tóxica iría directa al centro de la capital de la isla. También en Fuerteventura, la operación simultánea de esa planta y la de La Herradura, situadas a escasos cien metros una de la otra, crearán “dos nuevos focos de emisión de elementos contaminantes en un lugar donde hasta ahora no había ninguno”. Una de las medidas exigidas por el Ejecutivo regional es elaborar un nuevo estudio de dispersión conjunto antes de que comiencen a operar.
El ruido es otro factor relevante. En la instalación La Campana, en Santa Cruz de Tenerife, hay viviendas a 144 metros (Granja Marrero) y el ruido previsto si sus cinco grupos electrógenos entraran en funcionamiento alcanzaría los 48 decibelios (db), muy cerca del límite tolerable (55 db) recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el exterior de zonas residenciales. El Ayuntamiento capitalino ha solicitado monitoreo continuo para no depender solamente de exámenes puntuales. En Puerto del Rosario, la de Mezque cuenta con motores de gas (Ciclo Otto) que generan un ruido de baja frecuencia con una longitud de onda mayor, lo que “puede generar molestias locales en las áreas circundantes”, aunque las casas más próximas están a cerca de 1.000 metros.
Los informes de impacto remarcan también los riesgos de seguridad asociados a las instalaciones. En Los Realejos, se destaca la cercanía de la central con la tienda de pirotecnia Hermanos Toste. La Dirección General de Emergencia ha pedido que se evalúe qué pasaría si un accidente en la planta afectase al comercio o viceversa, generando un posible “efecto dominó”. Preocupa que se dé asimismo en Puerto del Rosario por la proximidad de dos gasolineras Disa a 500 metros y la carretera FV-10.
En Granadilla de Abona y Puerto del Rosario se advierte de que las vías de acceso se convertirán ‘de facto' en rutas de mercancías peligrosas por el tránsito de camiones cisterna con combustible. En la primera, la distancia con la TF-1 es de apenas 880 metros, calificando este impacto potencial como “alto”. Además, las centrales de La Campana y la del Puerto de Santa Cruz están dentro de la zona eco del Aeropuerto de Tenerife Norte, así que habrá que “predecir y valorar los efectos que un probable accidente podría tener sobre el tráfico aéreo”. La de La Herradura, en Fuerteventura, es limítrofe con el área de seguridad aérea. Una nube de humo densa por incendio podría obligar a desviar vuelos o paralizar el aterriza o despegue de aeronaves.
Los documentos precisan igualmente las posibles afecciones sobre la biodiversidad de las Islas. Existe riesgo en Tenerife para la Pimelia canariensis, un escarabajo protegido, y el halcón tagarote, ambas incluidas en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. En Fuerteventura preocupan las aves guirre y la hubara que, aunque no anidan en la parcela donde se levantarán las centrales, sí pueden verse afectadas. Se obliga de hecho la instalación de señalética de los vallados perimetrales y evitar elementos cortantes o de espino para que los ejemplares no choquen con ellas.
Fuerteventura es también Reserva Starlight, es decir, un espacio natural protegido por la calidad de su cielo nocturno. La iluminación de las plantas durante la noche podría deslumbrar a la fauna y afectar a la calidad del cielo. Por lo que se prohíbe la luz blanca y se exige enfocar estrictamente hacia el suelo. En la isla majorera existe además un yacimiento arqueológico (código ARQ-001) y un enclave etnográfico a muy poca distancia de la instalación de Mezque (230 y 17 metros, respectivamente). Se impone un balizamiento y la presencia de un arqueólogo a pie de obra para evitar su destrucción.
Por último, tanto la central del Puerto de Santa Cruz de Tenerife como la de La Campana se ubican en zonas de riesgo hidráulico. Sobre la primera, los barrancos del Macizo de Anaga no están bien canalizados en la dársena, lo que podría inundar la instalación en caso de lluvias torrenciales.