Luz verde a la Ley de Cine por el procedimiento de urgencia
El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Cine que se tramitará por el procedimiento de urgencia en las Cortes, y que, según la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, logra un “importante grado de consenso” tras un proceso de “diálogo difícil, laborioso y fructífero”.
Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que señaló que esta es “la ley de cine más democrática”, adelantó las líneas generales de este texto, que, a su juicio, supone un “buen punto de equilibrio que ahora las Cortes deben confirmar”.
El Proyecto de Ley no supone cambios en la inversión de las televisiones en cine -que se mantiene en el 5%-, introduce incentivos fiscales y define, por primera vez, “los sectores independientes” de la industria.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, adelantó también que la “cuota de pantalla” -medida rechazada por los exhibidores- se contabilizará por sesiones, y no por días, y se tendrá en cuenta el conjunto de las salas integradas en un mismo complejo.
Según la vicepresidenta, “un matiz importante es que dada la gran cantidad de variables que pueden intervenir en la programación de las salas, se ha optado por cierta flexibilidad a la hora de valorar la cuota de pantalla”, y señaló, además, que se incentivará a aquellas que programen cine europeo e iberoamericano en un 40%.
Otro de los ejes del texto es la conversión del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en Agencia Estatal, según la vicepresidenta, quien insistió en que el cine “es cultura, pero también industria”.
La ministra de Cultura aseguró que este proyecto “define el espacio que ocupa el cine de manera independiente en cuanto a productores, distribuidores y exhibidores, con respecto a aquellos elementos que juegan en un mismo mercado de manera diferente y convergente, como las productores vinculadas a las televisiones, y al cine extranjero que llega desde las multinacionales”.
Calvo, que recordó la “responsabilidad añadida de nuestro cine, que llega a 500 millones de hispanohablantes”, afirmó que esta ley refuerza por primera vez la producción de documentales, cortos, películas para televisión y animación, en una “apuesta por la diversificación de formatos y en apoyo a los más jóvenes”.
Destacó que se ha “conseguido la vieja aspiración de atraer más dinero a la inversión de la industria cinematográfica a través de las excepciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, creándose la figura de las asociaciones de interés económico, que le van a permitir al capital no cinematográfico invertir en el cine con unas deducciones del 18% y que antes estaban en un cinco por ciento”.
A eso se añade “la Sociedad de Garantía Recíprocas, con la que el Gobierno se pone como avalista”, y además destacó que en el plazo de los cuatro próximos ejercicios se alcanzará un “fondo de cinematografía de cien millones de euros, que nos pondrá a la altura europea”.
Los exhibidores y distribuidores recibirán ayudas para “mejorar salas en todo el territorio” y los directores de fotografía serán considerados como autores. Además, en el Ministerio de Justicia se creará un registro para proteger la propiedad intelectual de las obras audiovisuales.
La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) está de acuerdo con el Proyecto de Ley y confía en que la tramitación parlamentaria discurra “sin sobresaltos, en los términos previstos y con el apoyo de todos los grupos”, dijo su secretario general, Jorge del Corral.
Del Corral recordó que “cuando en 1999 el Gobierno de Aznar impuso que el sector privado de la televisión tuviese que financiar obligatoriamente a otro también privado, como es el cine, UTECA lo criticó por considerarlo inconstitucional y contrario a los Tratados de la Unión Europea, y por eso decidió plantear recurso contencioso-administrativo ante el Supremo”, que ha llegado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Sin embargo, “las televisiones privadas apoyarán las ayudas públicas, rigurosas y controladas, que están dirigidas a acrecentar los aspectos culturales del cine”, añadió Del Corral.
La Federación de Productores (FAPAE) cree que el texto “deberá servir como el revulsivo que necesita el cine” y se pone a disposición del Parlamento para conseguir una ley “consensuada y equilibrada”, en la que lo “más relevante sean los contenidos económicos”.
El presidente de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), Luis Hernández de Carlos, se alegró de que el texto “salga adelante”, porque “lo que hay que hacer son buenas películas”.
Sin embargo, los exhibidores creen que el texto “criminaliza y margina a las salas de cine” y beneficia a los productores al perpetuar “un sistema de financiación basado en las subvenciones públicas, al tiempo que permite el abuso de dominio de las majors de Hollywood”.
