La lucha contra el fraude fiscal hace aflorar 180 millones de euros en Canarias en 2014
Las medidas de lucha contra el fraude fiscal en Canarias han hecho aflorar 180 millones de euros en 2014, lo que supone 20 millones más que en el ejercicio anterior, según ha informado en comisión parlamentaria el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz.
El consejero precisó que, en torno al 70% de esta cantidad, 130 millones, procede de los controles realizados sobre los tributos relacionados con la importación de mercancías, es decir, el IGIC y el AIEM. Añadió que los 50 millones restantes se detectaron en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el de Sucesiones y Donaciones junto a otras actuaciones desarrolladas por los servicios de inspección.
Javier González Ortiz explicó que el Gobierno tiene como eje estratégico de actuación la lucha contra el fraude fiscal, una conducta irregular que, dijo, “afecta a la financiación de los servicios públicos, distorsiona la actividad económica y provoca competencia desleal”.
A este respecto, indicó que cada año se elabora un plan de control y gestión tributario que en 2014 tuvo como objetivo combatir el fraude con medidas que “abarcan no sólo la represión, sino actuaciones para su prevención, el control del cumplimiento ordinario de las obligaciones además de facilitar tal cumplimiento a empresas y ciudadanos”, apuntó.
Avance de la colaboración
El consejero subrayó que una de las líneas estratégicas del plan ejecutado el pasado año fue el avance en la colaboración con la Agencia Estatal Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, especialmente en el intercambio de información, así como con las Fuerzas de Seguridad, las corporaciones locales y las instituciones profesionales y empresariales.
González Ortiz añadió que se desarrollaron acciones determinadas para cada área, con planes específicos para los tributos interiores y propios, para los tributos cedidos y para los impuestos a la importación, además de la puesta en marcha de medidas dirigidas a lograr una efectiva recaudación con un mayor seguimiento y control de las deudas y créditos tributarios.
También destacó que, junto a la persecución del fraude, se potenció el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Para ello, se incrementó el número de trámites que el contribuyente puede realizar a través de Internet; se ampliaron los recursos de la red de oficinas de atención al ciudadano; se crearon programas para asistir a pymes y autónomos; aumentaron en un centenar los efectivos destinados a la gestión de tributos; y se firmaron nuevos convenios de colaboración con colectivos profesionales como los notarios.
Por otro lado, las actuaciones de la Consejería se centraron en someter a revisión todas las declaraciones presentadas por los contribuyentes mediante el cruce de información, intensificar el control sobre sectores y actividades de mayor riesgo y potenciar la investigación patrimonial de los deudores para lograr una efectiva recaudación.
El consejero consideró que la línea ascendente iniciada en el afloramiento del fraude se incrementará con la reciente creación de la Agencia Tributaria Canaria, que, dijo, “nos dota de un nuevo modelo organizativo más eficaz para la gestión e inspección con el fin de maximizar la recaudación y fortalecer las estructuras para combatir el fraude”.
Por último, resaltó que la Agencia Tributaria es el instrumento “más potente” para aumentar la recaudación mediante la educación a la ciudadanía, nuevas fórmulas para la lucha contra el fraude, la ejemplaridad o la publicación de las acciones llevadas a cabo por la entidad para demostrar que las actividades irregulares son perseguidas y castigadas.
Clave del progreso
Por el grupo solicitante, Román Rodríguez (NC) destacó que una de las claves del progreso de la sociedad moderna está en la fiscalidad, que, a su juicio, tiene que garantizar que “pague el que más tiene” mediante un modelo fiscal de progresividad que, según Rodríguez, debe conllevar la modificación del actual sistema.
Asimismo, debe hacer que “pague todo el mundo”, lo que significa perseguir el masivo fraude fiscal que hay en España, que está en torno al 24% del PIB, unos 270.000 millones al año, y en Canarias, que se coloca en torno al 28% del PIB. Según Rodríguez, “eso se traduce en menos ingresos para el sector público, competencia desleal y, en definitiva, retraso para la mayoría”.
Por todo ello, animó al consejero a seguir persiguiendo el fraude, haciendo comprender a la ciudadanía que la fiscalidad es una obligación “básica de convivencia”, previniendo y adoptando estrategias para que se haga difícil que los defraudadores actúen, y persiguiéndolo.
