La vía telemática se aplicará en La Luz

La tramitación por vía telemática será una de las posibles alternativas para superar las actuales demoras producidas por los exhaustivos controles de documentación a los que se ven sometidas las flotas pesqueras de países como China, Corea o Japón, que recalan en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Así lo afirma el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino en una nota de prensa, tras celebrarse hoy en Madrid una reunión entre el director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Alejandro Polanca; la delegada del Gobierno en Canarias, Dominica Fernández; el presidente de la autoridad portuaria del puerto de Las Palmas, Javier Sánchez-Simón y representantes de asociaciones empresariales que operan en el citado puerto.

Este encuentro se produce con objeto de abordar la problemática de las descargas de pescado en Canarias por buques de terceros países. Entre otras medidas, se ha decidido que la Secretaría General del Mar y la Delegación del Gobierno en Canarias realicen una serie de seminarios informativos para el sector, sobre la tramitación de la documentación necesaria para evitar las importaciones de pescado ilegal.

En este sentido, se va a ultimar, mediante una prueba piloto con varios importadores afectados, la tramitación de la documentación vía telemática. Los asistentes a este encuentro han decidido asimismo reforzar la coordinación entre la administración y los sectores afectados, para mejorar el conocimiento de las obligaciones derivadas de los nuevos reglamentos comunitarios.

Elevado volumen de mercancía

La estratégica situación del puerto de Las Palmas en el Atlántico Centro Oriental, en la ruta de los continentes europeo, africano y americano, y cerca de los caladeros de pesca de África Occidental, hacen que muchas flotas de terceros países utilicen sus instalaciones como centro de sus operaciones, con la consiguiente llegada de un elevado volumen de mercancías y productos de la pesca.

Ante esta situación, la normativa comunitaria sobre pesca ilegal, aplicable desde el 1 de enero de 2010, ha establecido una serie de obligaciones para la introducción en territorio de la UE de los productos de la pesca originarios de terceros países.

En este contexto, en la reunión se han intercambiado puntos de vista para clarificar, agilizar y posibilitar que las operaciones comerciales en dicho puerto se realicen cumpliendo la legislación comunitaria, evitando que se vulneren los intereses de los empresarios canarios.