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El PP se resiste a garantizar la cohesión de Canarias una vez se privatice Aena

Rechazada en el Senado una moción de CC-AHI rebajada a mera declaración de intenciones "insuficiente" por el grupo popular

El senador herreño Narvay Quintero plantea que Canarias reciba un trato especial en la norma que regulará el proceso de privatización

Los aeropuertos isleños quedan expuestos a decisiones empresariales ante la negativa del partido del Gobierno a regular el interés general

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Aeropuerto de Gran Canaria

Aeropuerto de Gran Canaria

El senador de Coalición Canaria – Agrupación Herreña Independiente (CC-AHI), Narvay Quintero, defendió este lunes, en la Comisión de Fomento de la Cámara Alta, una moción en la que solicitó el apoyo de todos los grupos para que el Ministerio de Fomento garantice el interés general y la cohesión social y territorial en la red de aeropuertos de Canarias una vez que se concrete el proceso de privatización de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).

La moción fue rechazada por la oposición del Partido Popular, aunque su portavoz se comprometió con Narvay Quintero a velar por el interés general de Canarias en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que fijará el plan de AENA una vez que el Gobierno del Estado se desprenda del 49% de su capital, según informa Coalición Canaria.

El Partido Popular presentó una enmienda a la moción de CC-AHÍ con una declaración de intenciones “insuficiente”, a juicio de Narvay Quintero, ya que el objetivo “es que el Gobierno del Estado acepte una hoja de ruta intocable que proteja a los aeropuertos canarios de decisiones de interés empresarial que, sin duda, podrán ponerse sobre la mesa por parte de sus nuevos propietarios para mejorar su rentabilidad económica. Decisiones que, en el caso de Canarias, adquieren una dimensión que no admite cabida si el Gobierno prevé seguir garantizando la cohesión social y territorial de un Archipiélago cuyo futuro depende en gran parte de su red de aeropuertos”.

Quintero argumentó que “los poderes públicos, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, deben mantener, especialmente en el caso de ambos Archipiélagos, una capacidad de influencia decisiva sobre estas infraestructuras tanto por su carácter estratégico como porque son monopolios naturales en los que la tentación del gestor de tomar decisiones que multipliquen sus beneficios a costa de sus usuarios serán inevitables si no se fijan unas condiciones previas”.

“El Gobierno del Estado debe tener presente”, añadió, “que en Canarias no existen alternativas factibles al transporte aéreo para las conexiones exteriores y las compañías aéreas ejercen un gran poder de mercado sobre la industria turística y no sería prudente ceder a una entidad privada tal posición de dominio sobre la principal actividad económica. No en vano, el 99 % de los viajeros que llegan a Canarias procedentes del exterior lo hacen por vía aérea”.

Quintero explicó que “si no hay marcha atrás en la privatización hay que plantearse forzosamente algunos temas. En primer lugar, hasta qué punto los nuevos propietarios de AENA van a respetar el interés general. En segundo lugar, qué elementos forman parte de ese interés general -unas condiciones mínimas de explotación, una especie de obligaciones de servicio público-. Y, en tercer lugar, cómo  deben establecerse esas condiciones mínimas, especialmente en aquellas regiones donde los aeropuertos son la única alternativa viable”.

El senador herreño propuso que en el DORA se incluya como “condiciones mínimas la disponibilidad de las infraestructuras y la continuidad del servicio en los ocho aeropuertos, con un horario operativo y un nivel de servicios mínimos adecuados a las necesidades de conectividad de cada Isla, especialmente en El Hierro, La Gomera y La Palma”.

También se debe garantizar “la compensación del déficit en todas las terminales insulares, mientras que la política de tasas aeroportuarias deberá ajustarse al papel y al impacto aeroportuario en las islas.  Deberán aprobarse planes estratégicos y planes directores con un programa mínimo y obligatorio de inversiones que garanticen el desarrollo de las infraestructuras no sólo acorde con la evolución del tráfico sino que también en  función del impulso de la actividad económica. Y, por último, que garantice la gestión participativa de las administraciones autonómica y territoriales canarias”.

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