El pasado 13 de diciembre de 2022 el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, destituía de su equipo de gobierno a los siete consejeros de Coalición Canaria, dejándole en minoría, con solo seis apoyos de los 23 miembros del pleno, concretamente los de AMF y PP.
El motivo del cese, según el propio Lloret, vino a raíz del voto en contra por parte de CC para la compra de un suelo a la empresa Gestur en la urbanización La Cerquita, en Antigua. Sin embargo, los nacionalistas tienen claro que el verdadero motivo fueron las discrepancias respecto al proyecto Dreamland, ya que no estaban de acuerdo en declarar de interés insular a la ciudad del cine. El presidente pronunciaba estas palabras tras escuchar la negativa de sus compañeros: “Estas cuestiones no son las normales y lógicas de un grupo de gobierno, pues dar tumbos flaco favor se le hace a la población de la isla. Tampoco tengo ningún miedo a tomar las decisiones que sean correspondientes si se ve que es imposible continuar adelante”.
Dos semanas más tarde y sin pestañear destituía a los siete consejeros, entre ellos, la vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García.
El 20 de diciembre, tan solo una semana después de cesar a sus compañeros de gobierno, el Partido Popular, que aún formaba parte del Cabildo, se negaba a participar en el Consejo de Gobierno de la corporación al ver que no estaba incluida en el orden del día la aprobación de los presupuestos para 2023 pero sí la compra de los terrenos en el polígono industrial La Cerquita que había quedado paralizado después de que el PP se abstuviera y Coalición Canaria votara en contra, lo que desencadenó el cese de los siete consejeros de CC.
El 22 de diciembre los cuatro consejeros del Partido Popular renunciaban a sus cargos, dejando a Lloret con un único apoyo, el de su compañero de partido Juan Nicolás Cabrera (AMF). A pesar de esta situación insólita, ambos se mantienen firmes a la hora de afirmar que no dimitirán.
De esta forma, ambos llevan el control absoluto de la institución y de todas las áreas de gestión de una isla con más de 120.000 habitantes. Ganadería, Turismo, Hacienda... y así hasta llegar a las 13 consejerías que componen el Cabildo de Fuerteventura.
Validez de los acuerdos
A raíz de esta situación tanto al Partido Popular como a Coalición Canaria le surgieron dudas jurídicas con respecto a que se pudiesen celebrar consejos de gobierno con tan sólo dos personas. Por ello, presentaron la moción que instaba a que la Secretaría General Técnica se pronunciase y aclarase la validez de los acuerdos.
Para celebrar los consejos Lloret se basaba en un informe de la asesoría jurídica del Cabildo para insistir en que sí que es posible llevarlos a cabo. Considera que él obró conforme a la ley y basándose en el informe.
No obstante, existe otro documento de la Secretaría General del Pleno que determina que “existe un tope mínimo de miembros del Consejo de Gobierno Insular y establece que tres, es decir, el presidente y dos consejeros, es el número mínimo de asistentes para la válida celebración de sesiones, tanto en primera como en segunda convocatoria”.
Informe de anulación de acuerdos
Estas dudas llegaron el pasado mes de febrero hasta el Parlamento de Canarias y en su momento, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aseguraba que se estaba analizando la posibilidad de impugnar aquellos acuerdos que afectaran a la comunidad autónoma, en los que sí tienen competencia.
Así, la Delegación del Gobierno en Canarias emitía este lunes 21 de marzo de 2023 un informe vinculante que obliga al Cabildo de Fuerteventura a anular todas las decisiones adoptadas en Consejo de Gobierno después del 22 de diciembre, fecha en la que perdieron el quórum mínimo de tres, que obliga el Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura (ROF).
Además, el informe da un plazo de un mes para que revoquen cuantas decisiones hayan sido adoptadas en Consejo de Gobierno a partir de esa fecha y pone de manifiesto la intención deliberada de Lloret de ignorar el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura. Este artículo señala que, para válida celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular, se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes. También indica que, si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, media hora después de la primera, siendo suficiente la presencia de la tercera parte de sus miembros y en todo caso un número no inferior a tres, incluyendo la Presidencia.
A pesar de que el texto es claro en ese aspecto, el Grupo Popular en el Cabildo ha recordado que el presidente se saltó de forma intencionada el máximo reglamento de funcionamiento de la institución amparándose para ello en un informe externo que no era vinculante. Los populares han señalado que, para articular y dar validez a la celebración de los Consejos de Gobierno, Sergio Lloret llegó incluso a amenazar al personal del Cabildo. Ante esto, el PP exigirá que se diriman todas las responsabilidades políticas necesarias ante una acción grave y continuada que ha llevado a la Institución insular a adoptar decisiones bajo un procedimiento ilegal.
Respuesta de Sergio Lloret, presidente del Cabildo de Fuerteventura
Respecto al informe emitido por la Delegación del Gobierno el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, ha manifestado que la “única interpretación que cabe es la de los tribunales”. “Se ha actuado con tranquilidad y trasparencia y no se oculta nada”, asegura.
Lloret ha insistido en que su decisión está amparada en el fundamento jurídico y ha recordado que existen tres sentencias del Tribunal Supremo que “avalaban la toma de acuerdos con órganos similares que daban el visto bueno con dos miembros”. “Se lo aclararemos a la Delegación del Gobierno y respetamos cualquier interpretación que quiera hacerse”, ha concluido.
Anulados acuerdos en materia de dependencia y carreteras
La consejera de Coalición Canaria y portavoz de la formación nacionalista en el Cabildo majorero, Lola García, ha asegurado que el informe de la Delegación del Gobierno genera “una situación sin precedentes que pone en peligro el funcionamiento de la institución insular”.
Según Lola García, “lo peligroso aquí es que el desgobierno en minoría de Lloret ha tomado acuerdos de temas que son de máxima prioridad para Fuerteventura, como la atención de la dependencia o el contrato millonario para carreteras”. “A pesar de que le advertimos que estaba gobernando al margen de la legalidad, Lloret hizo oídos sordos sin tener en cuenta el riesgo de resultar nulos”, ha señalado.
García era la vicepresidenta del Cabildo y formaba gobierno con Sergio Lloret y el Partido Popular hasta que fue cesada junto con el resto de consejeros nacionalistas por el presidente.