El Gobierno francés reformará el sistema de pensiones
El Gobierno francés envió este domingo a los principales líderes sindicales del país su propuesta para la reforma del sistema de pensiones, cuyos dos puntos más destacados son el aumento de la edad de jubilación y una aportación mayor de las rentas más altas.
El ministro de Trabajo, Eric Woerth, envió la propuesta de reforma de 14 páginas, con la que se busca reducir el alto déficit de Estado, de cara a las negociaciones con los sindicatos que comenzarán este lunes.
La intención del Gobierno es que se llegue a un acuerdo con los agentes sociales para junio, y pese a que Woerth anunció que el Ejecutivo intentará ser flexible en las negociaciones, el titular de Trabajo afirma en el texto de la propuesta que el retraso de la edad de jubilación es “la base” de un nuevo acuerdo que, según él, será más justo y sostenible.
La edad mínima de jubilación en Francia es de 60 años, mucho más baja que en la mayoría de los países europeos, aunque los sindicatos ya han manifestado su rechazo a que la edad de retiro suba.
En 2003 se llevó a cabo una reforma del sistema de pensiones que incrementaba progresivamente los años que los trabajadores tenían que cotizar a la seguridad social antes de cobrar la pensión completa. En 2003 se determinó que en 2012 ese periodo de tiempo sería de 41 años, aunque de cara a la actual reforma el Gobierno quiere aumentar dicho periodo de tiempo.
Aumento en las aportaciones
Como contrapartida a estas medidas, que cuentan con la oposición de los sindicatos, Woerth prevé también introducir en la reforma de las pensiones un aumento de las aportaciones de las personas que más ganan así como un incremento de los impuestos a las rentas del capital.
Las previsiones apuntan a que el sistema de pensiones galo arroje un déficit de 25.000 millones de euros este año, y el Gobierno teme que si no se reforma el agujero podría llegar a los 100.000 millones para 2050.
Por otro lado, el desencadenamiento de la crisis griega previsiblemente contribuirá a crear entre la opinión pública un clima propicio para la aprobación de estas medidas, ya que, pese a que son impopulares, están dirigidas a reducir el déficit público que en el caso de Grecia ha llevado al Estado al borde de la bancarrota.
